CE - Sentencia 11001031500020250647400

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Título
CE - Sentencia 11001031500020250647400
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

www.consejodeestado.gov.co Calle 12 No. 7–65 – Tel: (601) 350-6700 Bogotá D.C. – Colombia

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: LUIS EDUARDO MESA NIEVES

Bogotá D.C., seis (6) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06474-00

Accionante: ESE Hospital General de Medellín

Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión

Tema: Acción de tutela contra providencia judicial

Decisión: Niega las pretensiones de la acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

I. ASUNTO

1. La Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado decide la acción de tutela1 interpuesta por la E.S.E. Hospital General de Medellín “Luz Castro de Gutiérrez”, por conducto de apoderado en contra de l Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva, ocurrida con ocasión de su providencia del 4 de agosto de 2025 2, que revocó 3 parcialmente la providencia del 16 de diciembre de 2021 proferida por el Juzgado Veintiocho Administrativo Oral del Circuito de Medellín, dentro del proceso se guido a través del medio de

del 16 de diciembre de 2021 proferida por el Juzgado Veintiocho Administrativo Oral del Circuito de Medellín, dentro del proceso se guido a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho bajo el radicado 05001-33-33028-2018-00117-00/01.

II. ANTECEDENTES

2.1. Hechos

2. Del escrito de tutela y del expediente se colige que la señora Jinne Vanessa Quintana Hernández, por conducto de apoderado judicial, promovió una demanda4 de nulidad y restablecimiento del derecho contra la E.S.E. Hospital General de Medellín “Luz Castro de Gutiérrez”.

3. El proceso fue asignado al Juzgado Veintiocho Administrativo de Medellín,

1 Presentada el 15 de octubre de 2025. 2 Índice 20 del aplicativo SAMAI, certificado 03219EE79A21A269 FA0E99ABE89C171B 6C04AE593A50A0F2 5C9649C79C8D5B00, 023.1 Segunda instancia, 014Sentencia_028201800117Contrato.pdf 3 En el sentido de revocar el ordinal cuarto de providencia y lo relativo a la negativa del reconocimiento y pago de la nivelación salarial a partir del 1 de julio de 2014 en adelante, la cual también fue adoptada por la primera instancia. Asimismo, modificó el ordinal tercero de la decisión del a quo y confirmó en todo lo demás la decisión. 4 Cuyas pretensiones estuvieron encaminadas a la declaratoria de nulidad del Oficio núm. HGM 012-2017002797 del 23 de junio de 2017, mediante el cual se negó el reconocimiento de sus acreencias laborales y como

4 Cuyas pretensiones estuvieron encaminadas a la declaratoria de nulidad del Oficio núm. HGM 012-2017002797 del 23 de junio de 2017, mediante el cual se negó el reconocimiento de sus acreencias laborales y como consecuencia de lo anterior, que se declarara la existencia de una relación laboral entre el 6 de octubre de 2011 y el 30 de junio de 2014, y el pago de salarios, prestaciones sociales, y demás emolumentos derivados del vínculo laboral. Asimismo, solicitó el reconocimiento de la nivelación salarial desde el 1° de julio de 2014 en adelante, fecha en la que fue vinculada formalmente mediante nombramiento en el cargo de Auxiliar Área de la Salud (Auxiliar de Enfermería).Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06474-00

Accionante: ESE Hospital General de Medellín

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2 donde mediante sentencia del 16 de diciembre de 2021, declaró la existencia de una relación laboral por contrato realidad. No obstante, negó la nivelación salarial solicitada, al considerar que no existía igualdad frente a la funcionaria Luz Marina García Zapata 5. Las dos partes 6 interpusieron recurso de apelación contra la referida decisión.

4. El Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de Decisión, mediante sentencia del 4 de agosto de 2025, revocó parcialmente el fallo de primera instancia. En consecuencia , ordenó, adicionalmente, el reconocimiento de la

4. El Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de Decisión, mediante sentencia del 4 de agosto de 2025, revocó parcialmente el fallo de primera instancia. En consecuencia , ordenó, adicionalmente, el reconocimiento de la nivelación salarial a favor de l a señora Jinne Vanessa Quintana Hernández, a partir del 1° de julio de 20147.

2.2. Fundamento jurídico

5. El hospital accionante alegó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia, igualdad y tutela judicial efectiva al supuestamente configurarse los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial en la providencia censurada.

6. En primer lugar , con respecto a la existencia de l defecto fáctico , lo sustentó en la supuesta omisión de valoración del Acuerdo 100 de 2013, del cual adujo que establece una estructura salarial diferenciada de acuerdo con la fecha de vinculación a la institución de salud . En ese entendido, indicó que la demandante ingresó en el año 2014, por lo que le aplicaba el nuevo régimen, sin que existiera vulneración por comparación con funcionarios anteriores.

7. La entidad actora sostuvo que el Tribunal concedió la nivelación salarial sin considerar que el acto administrativo no había sido demandado y conservaba plena validez jurídica. Alegó que, de haberse valorado adecuadamente dicho acuerdo, se habría evidenciado la legalidad del trato salarial diferenciado, excluyendo la necesidad de equiparación. Afirmó que con dicha omisión se incumplió el deber de análisis probatorio previsto en los artículos 164 y 167 del

acuerdo, se habría evidenciado la legalidad del trato salarial diferenciado, excluyendo la necesidad de equiparación. Afirmó que con dicha omisión se incumplió el deber de análisis probatorio previsto en los artículos 164 y 167 del Código General del Proceso y en el artículo 187 del CPACA.

5 La primera instancia argumentó que la señor a García Zapata ingresó a la planta de personal antes de la expedición del Acuerdo 100 de 2013, por medio del cual se modificó el régimen salarial de los servidores del Hospital General de Medellín. En virtud de ello, concluyó que no era procedente aplicar dicho acuerdo a la señora Quintana Hernández, quien fue vinculada con posterioridad, y por tanto no se configuraba el derecho a la equiparación salarial. Esta interpretación condujo a la denegación parcial de las pretensiones formuladas en la demanda. 6 Índice 20 del aplicativo SAMAI. 7 El Tribunal reconoció la existencia de una relación laboral entre la señora Jinne Vanessa Quintana Hernández y el Hospital General de Medellín desde el 6 de octubre de 2011 hasta el 30 de junio de 2014 y como consecuencia, ordenó restablecer sus derechos laborales condenando al hospital al pago de todas las prestaciones sociales que le habrían correspondido como “Auxiliar Área Salud (enfermería)” durante ese periodo , así como las diferencias salariales entr e los honorarios recibidos y el salario de planta. Adicionalmente a lo anterior, ordenó pagar la diferencia entre la asignación básica que recibió desde el 1° de julio de 2014 y lo correspondiente al cargo de planta de “Auxiliar del Área de Salud 1, código 412”. Finalmente, indicó que el hospital debía cotizar las diferencias

diferencia entre la asignación básica que recibió desde el 1° de julio de 2014 y lo correspondiente al cargo de planta de “Auxiliar del Área de Salud 1, código 412”. Finalmente, indicó que el hospital debía cotizar las diferencias en aportes pensionales desde el 6 de octubre de 2011 hasta el 30 de junio de 2014, y desde el 1° de julio de 2014 en adelante, si existieran. No obstante, revocó la orden dada por el a quo en el ordinal cuarto de su providencia respecto a que el hospital debía pagar a la señora Quintana Hernández las sumas que aportó para seguridad social, y que por ley correspondían al empleador y su indexación. En lo demás, confirmó la providencia de primera instancia. El ad quem reafirmó que el uso de contratos de prestación de servicios para funciones permanentes vulnera el principio de igualdad frente a otros trabajadores de planta, lo que justificaba el rest ablecimiento de los derechos de la demandante.Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06474-00

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8. En segundo lugar, se colige que también reprochó un desconocimiento del precedente judicial8, pues s ostuvo que, en los fallos citados, la autoridad judicial accionada negó el derecho a la nivelación salarial al concluir que no se acreditó igualdad sustancial en funciones, requisitos ni adscripción a cargos equivalentes.

9. Al respecto, la parte actora afirmó que en estos procesos supuestamente

judicial accionada negó el derecho a la nivelación salarial al concluir que no se acreditó igualdad sustancial en funciones, requisitos ni adscripción a cargos equivalentes.

9. Al respecto, la parte actora afirmó que en estos procesos supuestamente se aportaron los mismos documentos probato rios que se presentaron en este caso, por lo que no existía una justificación para apartarse del criterio previamente adoptado. Así las cosas, alegó que la decisión impugnada incurrió en una contradicción jurisprudencial, afectando la coherencia judicial y el principio de igualdad procesal.

10. Finalmente, el hospital sostuvo que el fallo comprometía recursos de una entidad en riesgo financiero medio, en proceso de saneamiento fiscal. Por ello, pidió anular la sentencia y emitir una nueva que val orara integralmente las pruebas, especialmente el Acuerdo 100 de 2013.

2.3. Pretensiones

11. Con fundamento en lo anterior, señaló lo siguiente:

«1. PRIMERA. - Se tutelen los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia y a la igualdad, vulnerados por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA QUINTA DE DECISIÓN, dentro del proceso de nulidad y establecimiento de derecho bajo el radicado No. 05001-33-33-028-2018-00117-01.

SEGUNDA.- Que como consecuencia de lo anterior, se solicita dejar sin efectos la providencia y se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA - SALA QUINTA DE DECISIÓN se profiera una nueva decisión q ue en derecho corresponda con respecto a la Nivelación Salarial pretendida por la parte demandante a partir del 01 de julio de

ANTIOQUIA - SALA QUINTA DE DECISIÓN se profiera una nueva decisión q ue en derecho corresponda con respecto a la Nivelación Salarial pretendida por la parte demandante a partir del 01 de julio de 2014, con base en las pruebas que obran dentro del expediente, especialmente, con el análisis probatorio del Acuerdo 100 de 2013, a través del cual se aprobó la modificación de los salarios de la planta de personal del Hospital General de Medellín. .». (Sic en toda la cita).

2.4. Intervenciones

12. La acción de tutela fue admitida mediante auto del 16 de octubre de 20259, a través del cual se ordenó notificar como accionad o al Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión . Asimismo, se notificó a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su competencia.

13. Posteriormente, mediante auto del 20 de octubre de 2025 10, se vincu ló al

8 Contenido en los radicados 05001 -33-33-036-2016-00499-02 y 05001 -33-33-009-2016-00504-01 que la parte actora consideró equiparables a su asunto, proferidos por el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión. 9 Índice 4 del aplicativo SAMAI 10 Índice 10 del aplicativo SAMAIAcción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06474-00

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4 Juzgado Veintiocho Administrativo del Circuito de Medellín y se notificó a la señora Jinne Vanessa Quintana Hernández , quien actuó como demandante en el proceso seguido bajo el radicado 05001 -33-33-028-2018-00117-00/01, como terceros interesados en el resultado del proceso.

2.4.1. El Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión 11 señaló que su decisión se basó en las pruebas allegadas al plenario y se ajustó a la ley. Afirmó que la tutela presentada por la parte actora no demostraba una vulneración ius fundamental y pretendía simplemente reabrir un debate judicial ya resuelto en dos instancias, por lo que al no cumplir con el requisito de relevancia constitucional debía declararse improcedente.

14. No obstante, respecto a los defectos alegados, el Tribunal indicó que valoró integralmente las pruebas y concluyó que la diferencia salarial no obedecía a criterios objetivos, sino a una práctica institucional injustificada amparada en el Acuerdo 100 de 2013, el cual debía interpretarse conforme a la justicia material.

15. Expuso que, si bien la parte actora alegó una contradicción con fallos anteriores, los casos referenciados no acreditaron igualdad de condiciones, por lo que no eran comparables probatoriamente con el de la señora Quintana

Hernández.

16. El ad quem señaló que encontró pruebas contundentes de igualdad funcional

anteriores, los casos referenciados no acreditaron igualdad de condiciones, por lo que no eran comparables probatoriamente con el de la señora Quintana Hernández.

16. El ad quem señaló que encontró pruebas contundentes de igualdad funcional al verificar que la trabajadora ejercía las mismas funciones que sus pares mejor remunerados, por lo que se dio una solución diferente en el caso concreto. En consideración a todo lo anterior, indicó que, de ser estudiada la acción de fondo, debían negarse las pretensiones.

2.4.2. El Juzgado Veintiocho Administrativo de Oralidad del Circuito indicó que no trasgredió ningún derecho fundamental del accionante con sus actuaciones. Adicionalmente, remitió el vínculo de acceso al expediente.

2.4.3. No se rindieron más informes.

3. CONSIDERACIONES

3.1. Competencia

17. La Sala de Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado es competente para resolver el asunto de la referencia, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas concordantes.

3.2. Problema jurídico

18. El problema jurídico se centra en resolver si el Tribunal Administrativo de Antioquia, Sala Quinta de Decisión, con ocasión de su providencia del 4 de

11 Índice 8 del aplicativo SAMAIAcción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06474-00

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5 agosto de 2025, que revocó12 parcialmente la providencia del 16 de diciembre de 2021 proferida por el Juz gado Veintiocho Administrativo Oral del Circuito de Medellín dentro del proceso seguido a través del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 05001-33-33-028-2018-00117-00/01 incurrió en los defectos fáctico y por desconocimi ento del precedente, y si con ellos, trasgredió los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justici a, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva de la ESE Hospital General de Medellín.

3.3. Procedencia de la acción de tutela

19. La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política de Colombia de 1991 y desarrollada por los Decretos 2591 de 1991 y 1069 de 2015. Fue creada para proteger los derechos constitucionales fundamentales de las personas, cuando estos sean vulnerados o amenazados por parte de las autoridades o por particulares en los casos expresamente señalados en el primer decreto anotado, siempre y cuando no se disponga de otro medio de defensa judicial para hacer valer tales derechos; por ello se puede afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

afirmar que aquella tiene el carácter de residual o subsidiaria, es decir, entra a operar cuando no exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

20. De igual forma, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional vigente, es posible acudir al recurso de amparo para obtener la protección material de los derechos fundamentales, cuando estos resulten amenazados o vulnerados por decisiones judiciales. Ello, en atención a que el ejercicio de la judicatura como cualquier rama del poder en el Estado democrático, supone la absoluta sujeción a los valores, principios y derechos que la propia Constitución establece, y en esa perspectiva, cualquier autoridad investida de la potestad de administrar justicia, es susceptible de ser controlada a través de ese mecanismo constitucional cuando desborda los límites que la Carta le impone.

21. Ahora bien, siendo la tutela una acción de carácter excepcional y residual, supone el cumplimiento de ciertas exigencias por parte de quien pretende la protección de sus derechos, en tanto que el ejercicio natural de la jurisdicción se inscribe dentro de procedimientos destinados a la eficacia de estos y en esa medida las cont roversias que allí surjan son subsanables en el contexto del proceso. De ahí que la Corte Constitucional estructurara después de años de elaboración jurisprudencial, los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra decisio nes judiciales, que tienen como sano propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

propósito garantizar el delicado equilibrio entre el principio de seguridad jurídica, la autonomía e independencia de los jueces para interpretar la ley y la necesidad de asegurar la vigencia efectiva de los derechos constitucionales fundamentales.

22. Los presupuestos generales responden al carácter subsidiario de la tutela y por lo mismo deben cumplirse en cualquier evento para su interposición, como

12 En el sentido de revocar el ordinal cuarto de providencia y lo relativo a la negativa del reconocimiento y pago de la nivelación salarial a partir del 1 de julio de 2014 en adelante, la cual también fue adoptada por la primera instancia. Asimismo, modificó el ordinal tercero de la decisión del a quo y confirmó en todo lo demás la decisión.Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06474-00

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6 son: (i) que el asunto que esté sometido a estudio sea de evidente r elevancia constitucional; (ii) que en el proceso se hayan agotado todos los medios de defensa, tanto ordinarios como extraordinarios que se encuentren al alcance de quien demande el amparo, salvo, claro está, que se busque evitar un perjuicio irremediable; (iii) que la presentación de la acción cumpla con el requisito de inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los

inmediatez; (iv) que la irregularidad procesal devenga en sustancial: cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora; (v) que se identifique la situación fáctica que devino en la vulneración de derechos; y (vi) que no se trate sentencias de tutela.

3.3.1. En el presente asunto, la S ala advierte que la pretensión de amparo constitucional cumple con los requisitos generales diseñados por la jurisprudencia, que habilitan su interposición.

3.3.1.1. En efecto, esta Sala considera que los hechos que presuntamente generaron la vulneración de sus derechos fundamentales se encuentran plenamente individualizados.

3.3.1.2. Así mismo se advierte que la providencia objeto de tutela carece de recursos ordinarios y extraordinarios para obtener el amparo constitucional.

3.3.1.3. Se observa igualmente que la interposición del mecanismo constitucional se dio en un lapso «razonable y proporcionado», pues no han transcurrido más de 6 meses desde que se profirió la providencia cuestionada, esto es, 4 de agosto de 2025 y la interposición de la acción de tutela que se realizó el 15 de octubre de la misma anualidad.

3.3.1.4. El asunto por resolver es de relevancia constitucional, en la medida que se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva del accionante como consecuencia de los presuntos defectos fáctico y

se centra en establecer una posible vulneración iusfundamental al debido proceso, al acceso a la administración de justicia, a la igualdad y a la tutela judicial efectiva del accionante como consecuencia de los presuntos defectos fáctico y por desconocimiento del precedente , los cuales se encuentran fundamentados razonablemente.

23. Visto lo anterior, la Sala procede a resolver el fondo de la controversia.

3.4. El defecto fáctico como causal de procedibilidad de tutela contra providencia judicial

24. De conformidad con la jurisprudencia constitucional, el defecto fáctico se configura cuando el juez carece de apoyo probatorio que le permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión. Sobre el particular la Corte Constitucional13 ha identificado dos dimensiones en las que puede presentarse:

13 Véase: Corte Constitucional, sentencias SU-632 de 2017, SU-195 de 2012, T-143 de 2011, T-456 de 2010, T567 de 1998, T-456 de 2010, T-311 de 2009, entre otras.Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06474-00

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7 a. Una dimensión negativa14, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de

7 a. Una dimensión negativa14, que ocurre cuando el juez niega o valora la prueba de manera arbitraria, irracional y caprichosa, u omite su valoración y sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente. Esta dimensión, comprende las omisiones en la valoración de pruebas determinantes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez.

b. Una dimensión positiva 15, que se pres enta generalmente cuando el juzgador aprecia pruebas esenciales y determinantes de lo resuelto en la providencia cuestionada que no ha debido admitir ni valorar.

25. Ahora bien, en virtud del principio de autonomía judicial, la intervención del juez de tutela en relación con el manejo dado por el juez natural es, y debe ser, de carácter extremadamente reducido, toda vez que:

«[…] las diferencias de valoración en la apreciación de las pruebas no constituyen defecto fáctico pues, si ante un evento determinado se presentan al juez dos interpretaciones de los hechos, diversas pero razonables, le corresponde determinar al funcionario, en el ámbito su especialidad, cuál resulta más convincente después de un análisis individual y conjunto de los elementos probatorios»16.

26. En ese sentido, no es procedente la acción constitucional cuando se encamina a obtener una nueva valoración de la actividad evaluativa realizada por el juez que ordinariamente conoce de un asunto.

3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto bajo examen

27. La Sala advierte que no se configuró el defecto fáctico alegado, toda vez

3.4.1. Análisis de la presunta configuración del defecto fáctico en el asunto bajo examen

27. La Sala advierte que no se configuró el defecto fáctico alegado, toda vez que la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia valoró de forma integral, razonada y explícita el acervo probatorio obrante en el expediente 05001-33-33-028-2018-00117-01, conforme a los artículos 176 y 187 del CPACA y 167 del CGP.

28. Contrario a lo planteado por la parte actora, la providencia del 4 de agosto de 2025 no omitió considerar el Acuerdo 100 de 2013, sino que lo interpretó en armonía con el principio de igualdad material consagrado en el artículo 13 de la Constitución , sin desconocer su validez formal, pero cuestionando s u aplicación aislada frente a situaciones funcionalmente equivalentes.

29. Al respecto el Tribunal precisó lo siguiente:

«[…] d) Nivelación salarial y prestacional posterior al 1 de julio de 2014.

De conformidad con lo expuesto en el marco normativo de esta providencia para dar aplicación al principio “a trabajo igual salario igual” es necesario probar que se cumple con las mismas funciones del cargo del cual se reclama el salario, que se tiene las mismas responsabilidades y categoría

14 Corte Constitucional, sentencia T-576 de 1993, magistrado ponente: Jorge Arango Mejía. 15 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 16 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.Acción de Tutela

15 Corte Constitucional, sentencia T-538 de 1994, magistrado ponente: Eduardo Cifuentes Muñoz. 16 Corte Constitucional, sentencia SU-222 de 2016, magistrada ponente: María Victoria Calle Correa.Acción de Tutela Radicación: 11001-03-15-000-2025-06474-00

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8 del empleo y que se exigen los mismos requisitos para ocuparlo.

Así entonces, de la respuesta al exhorto No.8456 emitida por el Hospital General de Medellín, se observa que la señora LUZ MARÍA GARCÍA ZAPATA desde el año 1987 labora en dicha institución en el cargo de “Auxiliar Área Salud 1 (Auxiliar de Enfermería) con una asignación básica mensual de $2.560.167 y con una jornada ordinaria de trabajo de 12 horas.

Por su parte, la demandante, labora para la demandada desde el 1 de julio de 2014, en el cargo de Auxiliar Área de la Salud (auxiliar de enfermería), con una asignación básica mensual de $1.946.488 y con un horario de trabajo de 12 horas.

Asimismo, se observa que, según el Manual de Funciones y Competencias aportado por el Hospital General de Medellín , las variaciones entre ambos cargos radican únicamente en el grado (1 y 2) y la experiencia solicitada (6 y 12 meses de experiencia relacionada), pues el código, las funciones esenciales, la

aportado por el Hospital General de Medellín , las variaciones entre ambos cargos radican únicamente en el grado (1 y 2) y la experiencia solicitada (6 y 12 meses de experiencia relacionada), pues el código, las funciones esenciales, la dependencia, el cargo del jefe inmediato, el propósito principal, las contribuciones individuales, los conocimientos bási cos y los requisitos de estudio son idénticos para ambos cargos.

Sobre las funciones, la testigo quien también hace parte de la planta de cargos de la entidad demandada según su afirmación como “auxiliar de enfermería” desde “hace 28 años” señaló:

“PREGUNTÓ. (…) Hoy en día ella devenga las mismas prestaciones que una persona vinculada o en carrera como usted. CONTESTÓ. No vea, tiene las prestaciones sociales que yo, trabaja el mismo horario igual que yo, tenemos las mismas funciones, responsabilidades y obligaciones, pero yo gano más que ella . Ella se gana 2.060.000 y yo me gano 2.700.000 y algo. (…)” Negrilla fuera del texto original.

En lo atinente a la diferencia salarial, el Hospital General de Medellín explicó

(Expediente digital, archivo “Fl.502 al 623.pdf” página 16 a 20):

“conforme a la modificación de la estructura salarial realizada por medio del Acuerdo 100 de octubre de 2013, en la cual la Junta Directiva de la entidad luego de un estudio gerencial con miras a permitir la viabilidad financiera teniendo en cuenta el impacto que tendría crecer en número de plazas a la planta de cargos existentes y danto cumplimiento a la Ley 1429 de 2010, modificó los sala rios de la planta de personal del Hospital General de

teniendo en cuenta el impacto que tendría crecer en número de plazas a la planta de cargos existentes y danto cumplimiento a la Ley 1429 de 2010, modificó los sala rios de la planta de personal del Hospital General de Medellín para las 173 plazas de planta de personal de la entidad y consagra salario personalizado para los servidores públicos que se encontraban vinculados para la fecha de entrada en vigencia el acuer do mencionado, quienes continuarán devengando los salarios que traen sus respectivos cargos, hasta que permanezcan en ellos y solo se aplicará la nueva estructura salarial a aquellos servidores públicos que se vinculen después de la aprobación de esta nuev a estructura salarial esto es el 18 de octubre de 2013.

Ahora bien, la señora JINNE VANESSA QUINTANA HERNÁNDEZ por vincularse el 01 de julio de 2014, ingresa bajo la nueva estructura salarial de la entidad conforme al Acuerdo 100 de 2013, acto administrativo que no ha sido demandado por lo que es un acto vigente con plena validez jurídica (…)”.

De ahí que, la aludida diferencia responde a una nec

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