CE - Sentencia 76001233300020220096601

Consejo de Estado

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Título
CE - Sentencia 76001233300020220096601
Autor
Consejo de Estado
Categoría
Jurisprudencia
Área del derecho
Administrativo
Año
—

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación: 76001-23-33-000-2022-00966-01 (73112)

Demandante: MD Asesores S.A.S.

Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Referencia: Controversias contractuales

Temas: CONTRATO ESTATAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES – se rige por lo establecido en las normas vigentes al momento de su celebración / LIQUIDACIÓN – era obligatoria de conformidad con lo establecido, en su momento, por el artículo 60 de la Ley 80 de 1993. Las partes acordaron el agotamiento de esa etapa de acuerdo con los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 / ALCANCE DEL BALANCE FINAL DE CUENTAS – no se constituyó como un negocio adicional / CADUCIDAD DE LA ACCIÓN – debe contabilizarse a partir de la liquidación de mutuo acuerdo del contrato. El demandante no puede determinar según su conveniencia el momento en que inicia a contar el término para demandar, por tratarse de un instituto de orden público. / CONFIGURACIÓN DE LA CADUCIDAD – debe ser declarada de oficio.

1. La Sala decide la segunda instancia del proceso, a propósito del recurso de apelación interpuesto por la demandante en contra de la sentencia del 28 de febrero de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

apelación interpuesto por la demandante en contra de la sentencia del 28 de febrero de 2025, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca negó las pretensiones de la demanda.

SÍNTESIS DEL CASO

2. La sociedad MD Asesores S.A.S. (en adelante, demandante o contratista) alegó que el departamento del Valle del Cauca ( en lo sucesivo, demandado o contratante) incumplió el contrato No. 0428 de 2009 por falta de pago de las actividades de gestión y apoyo desarrolladas para lograr el recaudo de las cuotas partes pensionales adeudadas a la entidad. Bajo ese contexto, pidió condenar a la demandada al pago de la cont raprestación por concepto de honorarios profesionales, así como al monto del daño emergente y el reconocimiento del valor de la cláusula penal pactada.

ANTECEDENTES

La demanda

3. El 15 de noviembre de 2022, la sociedad MD Asesores S.A.S. presentó demanda de controversias contractuales en contra del departamento del Valle del Cauca, con el fin de que se declare el incumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 0428 del 18 de mayo de 2009.

4. Las pretensiones corresponden a las siguientes (se transcriben de forma literal):

“Primera. Declarar que el departamento del Valle del Cauca incumplió el contrato de prestación de servicios profesionales No. 0428 del 18 de mayo de 2009 y su prórroga de fecha 17 de mayo de 2011, denominada acta de liquidación, para que se le dé cumplimiento a lo pactado y se resarzan los perjuicios materiales, ocasionados a la

fecha 17 de mayo de 2011, denominada acta de liquidación, para que se le dé cumplimiento a lo pactado y se resarzan los perjuicios materiales, ocasionados a la peticionaria MD Asesores SASSAS (sic).Radicación: 76001-23-33-000-2022-00966-01 (73112)

Demandante: MD Asesores S.A.S.

Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Referencia: Controversias contractuales

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Segunda. Que se declare que el contrato de prestación de servicios profesionales No. 0428 de fecha 18 de mayo de 2009 y su prórroga de fecha 17 de mayo de 2011, suscritos entre el Departamento del Valle del Cauca y la sociedad MD Asesores SASSAS (sic), no se liquidó como ordena la ley y antes por el contrario lo que se hizo fue modificar el mismo para darle continuidad.

Tercera. Condenar al Departamento del Valle del Cauca, al pago de la suma de cuatro mil trescientos cinco millones trescientos ochenta y nueve mil ochocientos sesenta pesos con veintisiete centavos ($4.305.389.860,27) Mcte que adeuda por honorarios a la so ciedad MD Asesores SASSAS (sic).

Cuarta. Condenar al Departamento del Valle del Cauca, al pago del daño emergente que corresponde a la suma de ocho mil setecientos dieciséis millones cuatrocientos treinta y dos mil trescientos cinco pesos con cuarenta y nueve centavos ($8.716’432.305,49) Mcte.

Quinta. Condenar al Departamento del Valle del Cauca, al pago de la pena por incumplimiento, pactada en un 10%.

Quinta. Condenar al Departamento del Valle del Cauca, al pago de la pena por incumplimiento, pactada en un 10%.

Sexta. Condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandada”.

5. Como fundamentos fácticos, en síntesis, se mencionaron:

6. El 18 de mayo de 2009, la empresa MD Asesores S.A.S. y el departamento del Valle del Cauca suscribieron el contrato de prestación de servicios profesionales No.

0428. Según lo acordado, la contratista se obligó a apoyar la recuperación de la cartera correspondiente a cuotas partes pensionales adeudadas a la entidad territorial. El plazo para llevar a cabo las actividades se fijó en un término de 2 años contados a partir del perfeccionamiento del negocio; sin embargo, el 17 de mayo de 2011 se amplió por 3 meses.

7. El 22 de noviembre siguiente, las partes firmaron un documento titulado “Acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato No. 0428 del 18 de mayo de 2009”; pero según MD Asesores S.A.S., no puede ser tenido como un cruce de cuentas definitivo porque la información consignada evidencia que se establecieron nuevas obligaciones a su cargo y en favor del departamento del Valle del Cauca.

8. MD Asesores S.A.S. alegó que no pudo ejecutar actividades durante las vigencias de 2013 a 2015, porque el departamento del Valle del Cauca no se lo permitió; lo que conllevó a una parálisis en los procesos de cobro por concepto de cuotas partes pensionales y a la falta de recaudo en favor de la entidad territorial.

9. El 13 de junio de 2016, de conformidad con un concepto emitido por el Subdirector

pensionales y a la falta de recaudo en favor de la entidad territorial.

9. El 13 de junio de 2016, de conformidad con un concepto emitido por el Subdirector de Gestión y Representación Judicial del departamento del Valle del Cauca, la demandante continuó con la prestación de los servicios profesionales, dentro del marco de las ac tividades contempladas en el contrato No. 0428 de 2009. En todo caso, indicó que, desde octubre de 2016, la entidad contratante se abstuvo de firmar los documentos proyectados por el contratista y que eran necesarios para adelantar los procesos de cobro.

10. Con ocasión de lo anterior, la parte accionante arguyó que, a pesar de haber cumplido con sus obligaciones, el departamento del Valle del Cauca impidió que continuara ejecutando las labores de apoyo acordadas en el contrato referido.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00966-01 (73112)

Demandante: MD Asesores S.A.S.

Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Referencia: Controversias contractuales

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Trámite relevante previo a la admisión de la demanda

11. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, a través de auto del 14 de diciembre de 20221, rechazó la demanda por considerar que operó la caducidad de la acción contractual. Al respecto, indicó que el cómputo inició al día siguiente de la suscripción del documento denominado “ Acta de liquidación bilateral de mutuo acuerdo del contrato No. 0428 del 18 de mayo de 2009 ”, lo cual ocurrió el 22 de noviembre de 2011, por lo que la demanda se presentó por fuera del término

suscripción del documento denominado “ Acta de liquidación bilateral de mutuo acuerdo del contrato No. 0428 del 18 de mayo de 2009 ”, lo cual ocurrió el 22 de noviembre de 2011, por lo que la demanda se presentó por fuera del término previsto en el inciso segundo, literal j del numeral 2 del artículo 164 de la Ley 1437 de 2011.

12. MD Asesores S.A.S. interpuso recurso de reposición, en el cual sostuvo que, a pesar de la intención de las partes de liquidar bilateralmente el contrato No. 0428 de 20172, el contenido del documento del 22 de noviembre de 2011 no materializó un balance final de cuentas, sino que allí se pactaron nuevas obligaciones que consistieron en realizar el seguimiento en todas las instancias a los procesos judiciales iniciados para cumplir con el objeto contractual y entregar a la entidad toda la información relevante. Además, expuso que el departamento reiteró el compromiso de pagar como contraprestación el 10% del valor que efectivamente le fuera adeudado por concepto de cuotas partes pensionales.

13. El a quo, mediante auto del 13 de julio de 20233, revocó4 la decisión que rechazó la demanda, con fundamento en que no existió una liquidación total del contrato No. 0428 de 2011, debido a que se trató de una renovación y prórroga del negocio inicial y que subsistía al momento de presentación de la demanda, por lo que no operó la caducidad. Finalmente, el libelo inicial se admitió en proveído del 20 de octubre de

2023.

Contestación de la demanda

14. El departamento del Valle del Cauca se opuso a las pretensiones. Como

caducidad. Finalmente, el libelo inicial se admitió en proveído del 20 de octubre de 2023.

Contestación de la demanda

14. El departamento del Valle del Cauca se opuso a las pretensiones. Como fundamento propuso las excepciones de: (i) caducidad, porque el término debía contabilizarse a partir del día siguiente a la firma del documento de liquidación de común acuerdo del contr ato; y (ii) falta de competencia para liquidar el negocio jurídico, en tanto precluyeron las etapas previstas en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Sentencia de primera instancia

15. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en providencia del 28 de febrero de 2025, negó las pretensiones y se abstuvo de condenar en costas.

1 Índice 5 de Samai del Tribunal. 2 En el recurso de reposición, la demandante adujo: “ El departamento del Valle del Cauca y la sociedad MD Asesores S:A.S. el día 22 de noviembre de 2011 pretendieron liquidar de común acuerdo el contrato No. 0428. (…). Las partes lo que hicieron de común acuerdo fue renovar y prorrogar el contrato, pues no o bstante el vencimiento del plazo inicial del contrato, que era de dos (2) años, el contratista se obligó a asumir todas las instancias legales necesarias para el cumplimiento del objeto del contrato”. índice 9 de Samai del Tribunal. 3 Índice 17 de Samai del Tribunal. 4 El a quo consideró que el recurso de reposición era procedente en atención al artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, que dispone: “ El recurso de reposición procede contra

4 El a quo consideró que el recurso de reposición era procedente en atención al artículo 242 del CPACA, modificado por el artículo 61 de la Ley 2080 de 2021, que dispone: “ El recurso de reposición procede contra todos los autos, salvo norma legal en contrario. En cuanto a su oportunidad y trámite, se aplicará lo dispuesto en el Código General del Proceso”.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00966-01 (73112)

Demandante: MD Asesores S.A.S.

Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Referencia: Controversias contractuales

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16. De manera previa a la resolución del caso, decidió las excepciones planteadas por el departamento del Valle del Cauca, así: (i) sobre la oportunidad de la demanda, indicó que debía sujetarse al pronunciamiento contenido en el auto del 13 de julio de 2023 en el que se concluyó que fue presentada en el término legal; y (ii) estimó que la falta de competencia para liquidar el negocio no puede prosperar porque el documento del 22 de noviembre de 2011 no materializó un balance final de cuentas sino que estableció obligaciones que se prolongaron en el tiempo.

17. El Tribunal apreció que el dictamen pericial aportado con la demanda carece de soportes y no demuestra las actividades que la contratista alegó haber ejecutado.

Seguidamente, expresó que no se aportaron pruebas de los costos en que habría incurrido MD Asesores S.A.S. para cumplir con el objeto contractual. De ese modo, concluyó que no se acreditaron los honorarios, el daño emergente invocado, ni el incumplimiento de pago del departamento del Valle del Cauca5.

El recurso de apelación

concluyó que no se acreditaron los honorarios, el daño emergente invocado, ni el incumplimiento de pago del departamento del Valle del Cauca5.

El recurso de apelación

18. La sociedad MD Asesores S.A.S. cuestionó la sustentación y las conclusiones a las que arribó el Tribunal, por lo que pidió que se revoque el ordinal segundo6, que negó las pretensiones de la demanda, con fundamento en las siguientes razones:

19. Alegó que el a quo no tuvo en cuenta e l testimonio del exdirector del contrato No. 0428 de 2009 por parte de MD Asesores S.A.S., que permitió evidenciar el incumplimiento del departamento del Valle del Cauca y el interrogatorio rendido por la representante legal de la sociedad demandante. Tamb ién expresó que el documento denominado liquidación bilateral contiene obligaciones que se mantienen vigentes, relacionadas con el acompañamiento a la gestión de recaudo a cargo del contratista. Sobre la idoneidad del dictamen pericial, indicó que los soportes utilizados para elaborar la experticia se encuentran en el expediente y corresponden a los documentos contractuales del negocio7.

Trámite relevante en segunda instancia

20. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 8 de septiembre de 2025 8.

En esta instancia, las partes ni el Ministerio Público se pronunciaron.

5 De manera adicional, el a quo interpretó que el contrato de prestación de servicios adoleció de objeto ilícito por delegar en el contratista el desarrollo de una función de naturaleza tributaria -cobro de las cuotas partes pensionales-; sin embargo, precisó que no había lugar a declarar la nulidad absoluta del contrato, de

por delegar en el contratista el desarrollo de una función de naturaleza tributaria -cobro de las cuotas partes pensionales-; sin embargo, precisó que no había lugar a declarar la nulidad absoluta del contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 1742 del Código Civil, porque operó el término de prescripción extraordinaria establecido en el artículo 6 de la Ley 791 de 2002. 6 En el ordinal primero se declararon no probadas las excepciones de caducidad y falta de competencia para liquidar el negocio jurídico. 7 El recurrente también indicó, a modo de explicación, que el objeto del negocio se limitó a que el contratista brindara apoyo profesional a la entidad territorial, pero sin suplantar sus facultades legales por lo que no se configuró ningún vicio de nulidad. En ese sentido, dado que el a quo estimó que cualquier irregularidad se saneó por el paso del tiempo -prescripción extraordinaria -, de conformidad con lo previsto en el artículo 1742 del Código Civil, esa argumentación dirigida a defender la validez del negocio no incide ni ataca la ratio de la sentencia de primera instancia, que correspondió a la falta de prueba para soportar las pretensiones y no a la ilegalidad del acuerdo de voluntades. 8 Índice 03 de Samai.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00966-01 (73112)

Demandante: MD Asesores S.A.S.

Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Referencia: Controversias contractuales

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CONSIDERACIONES

21. A la Sala le corresponde decidir la segunda instancia de la presente controversia 9, para lo cual debe definir si se configuró o no la caducidad de la acción judicial, a pesar de no haber sido un aspecto controvertido en la apelación, por tratarse de un

21. A la Sala le corresponde decidir la segunda instancia de la presente controversia 9, para lo cual debe definir si se configuró o no la caducidad de la acción judicial, a pesar de no haber sido un aspecto controvertido en la apelación, por tratarse de un presupuesto procesal necesario para resolver de fondo las pretensiones planteadas en el litigio 10 y un asunto sobre el que debe pronunciarse el ad quem incluso oficiosamente11.

22. Al efecto de fijar la oportunidad en la presentación de la demanda, resulta necesario determinar: (i) la norma procesal que gobierna el caso concreto; y (ii) la regla aplicable al cómputo, según la controversia planteada. Para ello, la Sala analizará - inicialmenteel régimen jurídico y la naturaleza del contrato No. 0428 de 2009 y las vicisitudes sobre su liquidación.

23. El departamento del Valle del Cauca y la empresa MD Asesores S.A.S. celebraron el mencionado contrato de prestación de servicios profesionales 12, que tuvo por objeto “apoyar la gestión de cobro y recaudo de cuotas partes pensionales en mora de pago, llevar la sustentación de los procesos de cobro que se adelanten por la Secretaria de Desarrollo Institucional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las cuotas p artes pensionales”13 y que ese dinero sirviera al desarrollo de los planes y programas del ente público14.

9 Además de lo señalado en la nota al pie No. 7 de esta sentencia, la Sala estima que no es procedente la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, porque lo pactado consistió en el acompañamiento en la gestión

planes y programas del ente público14.

9 Además de lo señalado en la nota al pie No. 7 de esta sentencia, la Sala estima que no es procedente la declaratoria de nulidad absoluta del contrato, porque lo pactado consistió en el acompañamiento en la gestión de cobro de las cuotas partes pensionales adeudadas a la entidad territorial y no en el traslado o la asunción de la función estatal. Al examinarse lo plasmado en el negocio jurídico, se encuentra que la contratista debía prestar sus servicios profesionales para acompañar la recuperación de cartera por el concepto mencionado (actividades relacionadas con la recopilación de información, apoyo en la sustanciación del trámite requerido y asistencia para llevar a cabo procesos judiciales) y la contratante verificaba esas tareas desarrolladas por su colaborador a efectos de proceder con las diferentes opciones planteadas y adoptar las decisiones necesarias para cumplir con el objetivo propuesto. De ese modo, se entiende que la entidad territorial no se despojó de sus facultades legales, ni asignó a su c ontrayente obligaciones que involucraran directamente el ejercicio de prerrogativas públicas. Entre éstas, se encuentra la de regularizar los saldos pendientes, realizar acuerdos de pago y efectuar el cobro coactivo. Al respecto, se destaca que no cualquie r labor relacionada con la gestión de cobro de la Administración implica el ejercicio de funciones administrativas, tal como lo consideró esta Subsección en sentencia del 25 de octubre de 2024, expediente 68.940, C.P. José Roberto Sáchica, conforme a la cu al las entidades estatales pueden contratar los servicios profesionales para la gestión administrativa y su funcionamiento, como “la elaboración de las comunicaciones y solicitudes ante autoridades públicas”, lo que

entidades estatales pueden contratar los servicios profesionales para la gestión administrativa y su funcionamiento, como “la elaboración de las comunicaciones y solicitudes ante autoridades públicas”, lo que significa “una actividad de apoyo a la g estión municipal encaminada a incrementar los ingresos por concepto del impuesto predial unificado. Esto no comportó el ejercicio de funciones administrativas”. 10 Consejo de Estado, Sala Plena de la Sección Tercera, sentencia del 6 de abril de 2018, expediente 46.005, C.P. Danilo Rojas Betancourth, a cuyo tenor: “ si se apela un aspecto global de la sentencia, el juez adquiere competencia para revisar todos los asuntos que hacen parte de ese aspecto más general (…) desde luego, sin perjuicio de la potestad que tiene el juzgador de pronunciarse oficiosamente sobre to das aquellas cuestiones que sean necesarias para proferir una decisión de mérito, tales como la caducidad, la falta de legitimación en la causa y la indebida escogencia de la acción, aunque no hubieran sido propuestos por el apelante como fundamentos de su inconformidad con la providencia censurada”. 11 Ídem. Se debe destacar que la competencia del superior, al desatar el recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, se encuentra circunscrito, por regla, a los cargos puntuales planteados por el recurrente, salvo -se iterapor aquellos aspectos que oficiosamente deben ser definidos por el juzgador conforme a la ley, como el de la caducidad de la acción judicial, según lo previsto en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, y en el artículo 187 de este cuerpo normativo. 12 Folios 33 a 41 del documento “03AnexosDemanda” visible en el índice 3 del Samai de Tribunal.

del artículo 306 del CPACA, y en el artículo 187 de este cuerpo normativo. 12 Folios 33 a 41 del documento “03AnexosDemanda” visible en el índice 3 del Samai de Tribunal. 13 Contrato 0428 de 2009. “ Primera. Objeto. El contratista se compromete para con el departamento a prestar sus servicios profesionales para apoyar la gestión de cobro y recaudo de cuotas partes pensionales en mora de pago, llevar la sustentación de los procesos de cobro que se adel anten por la Secretaria de Desarrollo Institucional y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de las cuotas partes pensionales. Parágrafo. La totalidad de las actuaciones y de los proyectos o documentos que elabore el contratista para la firma de los funcionarios del departamento, se entenderá pagado con los honorarios que por cualquier concepto reciba con ocasión de la ejecución del contrato (…)” id. 14 Descripción contenida en los estudios previos, id, índice 33 de Samai del Tribunal.Radicación: 76001-23-33-000-2022-00966-01 (73112)

Demandante: MD Asesores S.A.S.

Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Referencia: Controversias contractuales

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24. Se constata, a su vez, que la entidad contratante se encuentra entre las descritas en el artículo 2 de la Ley 80 de 1993 15 y acudió a la modalidad de selección de contratación directa 16 para perfeccionar el negocio jurídico, en el que se establecieron obligaciones recíprocas entre los contrayentes17.

25. De ese modo, según la naturaleza jurídica de la contratante y el propósito del acuerdo, aunado a que no existe ninguna norma que lo circunscribiera en un

establecieron obligaciones recíprocas entre los contrayentes17.

25. De ese modo, según la naturaleza jurídica de la contratante y el propósito del acuerdo, aunado a que no existe ninguna norma que lo circunscribiera en un régimen jurídico especial, se concluye que se trató de un contrato estatal sometido a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública

(EGCAP), según la normativa vigente a la fecha de su celebración -18 de mayo de 2009-.

26. Adicionalmente, se halla que el acuerdo de voluntades se prolongó en el tiempo y, por ende, en virtud del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 18 -previo a la modificación prevista en el artículo 217 de Decreto Ley 019 de 2012 -, requería liquidación.

Asimismo, los extremos de la relación previeron en la cláusula vigésima sexta19 del negocio agotar dicha etapa bajo la regulación prevista en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

27. En ese contexto, se advierte que, según lo pactado, MD Asesores S.A.S. se obligó a brindar su apoyo en la sustanciación del trámite necesario para el cobro persuasivo, coactivo o judicial que debía adelantarse con el objeto de recuperar los recursos que le fueran adeudados al departamento del Valle del Cauca por concepto de las cuotas pa rtes pensionales en mora de pago 20. Para ello, debía realizar el

15 Artículo 2: “Para los solos efectos de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las

15 Artículo 2: “Para los solos efectos de esta ley: 1o. Se denominan entidades estatales: a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista di cha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles”. 16 “Artículo 2. La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa, con base en las siguientes reglas: (…).

4. Contratación directa. La modalidad de selección de contratación directa, solamente procederá en los

siguientes casos: (…). h) Para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, o para la ejecución de trabajos artísticos que sólo puedan encomendarse a determinadas personas naturales”. 17 La tipología contractual de prestación de servicios se encuentra contemplada en el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 18 Artículo 60: “ De Su Ocurrencia y Contenido. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar.

cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto de liquidación. También en esta etapa las partes acordarán los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar. En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo (…)”. Se precisa que se trata del texto con la reforma de la Ley 1150 de 2007 y previo a la modificación sufrida con el artículo 217 del Decreto Ley 19 de 2012. 19 “Vigésima sexta. Liquidación La liquidación del presente contrato se requerirá por lo estipulado en el capítulo VI, artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007”. 20 Contrato 0428 de 2009. “ Quinta. Obligaciones del contratista. 1) adelantar, preparar, impulsar y sustanciar los actos administrativos que se requieran para adelantar el proceso de cobro de las cuotas partes pensionales bien sea en la parte persuasiva como en la coactiva y velar porque se adelanten de manera eficiente y oportuna, 2) sustanciar y apoyar jurídicamente todos los trámites legales que deban adelantarse con el objeto de cobrar a favor del departamento del Valle del Cauca la sustanciación y el apoyo jurídico comprende ent re otras actividades: levantamiento de toda la información relacionada con los pagos efectuados por cuotas partes pensionales, valor de la deuda, fórmulas de pago, realizar labores de investigación de los bienes o patrimonio del deudor (….) 3) contactar y atender a los deudores del portafolio asignado, planteado formulas o alternativas

pensionales, valor de la deuda, fórmulas de pago, realizar labores de investigación de los bienes o patrimonio del deudor (….) 3) contactar y atender a los deudores del portafolio asignado, planteado formulas o alternativas de arreglo dentro de los lineamientos fijados por el departamento del Valle del Cauca, así como gestionar lasRadicación: 76001-23-33-000-2022-00966-01 (73112)

Demandante: MD Asesores S.A.S.

Demandado: Departamento del Valle del Cauca

Referencia: Controversias contractuales

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levantamiento de toda la información relacionada con los pagos y la deuda. Posteriormente, acompañaría la etapa de contactar a los deudores y ayudar a fomentar e impulsar el cumplimiento de las fórmulas de pago que se acordaran. También se comprometió a revisar los casos en que se acudiera a la acción judicial para la recaudación de obligaciones contenidas en títulos ejecutivos.

28. Para el cumplimiento del objeto contractual, se previó un término de ejecución de dos años, que corrió desde su perfeccionamiento. Sin embargo, según el documento denominado “Contrato adicional al contrato de prestación de servicios No. 4028 del 18 de mayo de 2008”21, se acordó prolongar el plazo del negocio hasta el 18 de agosto de 2011. Así las cosas, vencido ese lapso, los contrayentes, de conformidad con la referida cláusula vigésima sexta del negocio, debían procedercomo se ya se anotó - a su liquidación, confor me a los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

conformidad con la referida cláusula vigésima sexta del negocio, debían procedercomo se ya se anotó - a su liquidación, confor me a los términos previstos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

29. En ese orden, terminado el plazo de ejecución e iniciada la etapa de liquidación, el departamento del Valle del Cauca y MD Asesores S.A.S. suscribieron -el 22 de noviembre de 2011el “Acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato No. 0428 del 18 de mayo de 2009”, en la que se declararon a paz y salvo y consignaron unos compromisos a cargo del contratista relativos a la entrega de la información sobre los procesos judiciales atendidos y al deber de acompañamiento sobre estos hasta su finalización, así como reiter aron que la remuneración correspondía al 10% del valor adeudado a la entidad contratante -tal como se había pactado en la cláusula segunda del negocio-. Por la relevancia, se transcribe (con los eventuales errores de ortografía y redacción) su contenido principal:

“Primero. Liquidar de mutuo acuerdo el contrato de prestación de servicios profesionales No. 0428 del 18 de mayo de 2009 (…). Segundo. Para efectos del presente acuerdo de voluntades las partes de mutuo acuerdo proceden a liquidar el presente contrato, así: a) de conformidad con el parágrafo II de la cláusula cuarta no obstante se haya vencido el plazo del contrato, el contratista se obliga a asumir todas las instancias legales neces

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