CE - Sentencia 76001233300020250021701
Detalles
- Título
- CE - Sentencia 76001233300020250021701
- Autor
- Consejo de Estado
- Categoría
- Jurisprudencia
- Área del derecho
- Administrativo
- Año
- —
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B Bogotá DC, cinco (5) de mayo de dos mil veinticinco (2025). Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 76001-23-33-000-2025-00217-01 Demandante: JHON JAIR SEGURA TOLOZA Demandado: JUZGADO QUINTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE CALI Y OTRO Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA AUTORIDAD PÚBLICA. PRESUNTA MORA JUDICIAL Y DISCUSIÓN SOBRE LA NECESIDAD DE ADOPTAR UNA MEDIDA CAUTELAR QUE YA SE HA SOLICITADO EN VARIAS OPORTUNIDADES EN UN PROCESO ORDINARIO. Síntesis del caso: el accionante solicitó que se ordene al juzgado demandado emitir un pronunciamiento expreso frente a la solicitud de medida cautelar presentada el 5 de marzo de 2025, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que promovió y en el cual cuestionó la idoneidad del esquema de protección implementado por la Unidad Nacional de Protección, así como que se le ordene a esa autoridad que le cambie vehículo otorgado mientras se resuelve de fondo ese proceso. La Sala modificará la decisión que negó las súplicas de la demanda y, en su lugar, negará la pretensión relacionada con la presunta mora del juzgado y declarará improcedente por falta de subsidiariedad la pretensión frente a la UNP. La Sala decide la impugnación interpuesta por la parte demandante contra la sentencia del 3 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual se dispuso: “PRIMERO. Negar la tutela interpuesta, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia”. (SAMAI,
interpuesta por la parte demandante contra la sentencia del 3 de abril de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca mediante la cual se dispuso: “PRIMERO. Negar la tutela interpuesta, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia”. (SAMAI, índice 18, archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI - negrillas y mayúscula del original). I. ANTECEDENTES
La demanda El 21 de marzo de 2025, el señor Jhon Jair Segura Toloza promovió proceso de acción de tutela en contra del Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali y la2 Expediente: 76001-23-33-000-2025-00217-01 Actor: Jhon Jair Segura Toloza Acción de tutela Unidad Nacional de Protección (UNP), con el fin de que se protegieran sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, vida y seguridad, por tanto, se ordenara que se resolviera la medida cautelar presentada en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento por el promovido y, mientas se resuelve de fondo el asunto, se ordene el cambio de vehículo (SAMAI, índice 01).
Los hechos de la demanda Como fundamento fáctico de la acción el demandante señaló, en síntesis, lo siguiente: 1) En su condición de representante legal de la Asociación de Víctimas de la Costa Pacífica se le concedió un esquema de seguridad tipo 2, otorgado por el Consejo de Estado en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho el 12 de julio de 2019 1. 2) Sin embargo, en razón a un atentado que sufrió el 11 de noviembre de 2022, a través de un fallo proferido en una acción de tutela de 9 de marzo de 2023, el Juzgado Dieciséis Laboral del Circuito Judicial de Cali ordenó a la Unidad Nacional de Protección (en adelante UNP) “inici[ar] los trámites necesarios para que en un plazo No Mayor a Diez (10) Días, efectúe una nueva valoración de [su] situación [...], incluyendo las variables que sean necesarias, con miras a determinar el grado de riesgo y la necesidad o no de que se adopten las medidas de protección para la defensa de su seguridad personal” y mientras eso ocurría, decretó como medida provisional que “se le asign[ara] [...] un esquema de seguridad tipo 4, dotado de armamento”. 3) El 3 de octubre de 2024, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el señor Jhon Jair Segura Toloza presentó demanda en contra de la UNP, en la cual solicitó que se declare la nulidad del acto administrativo OFI24-00053830 del 12 de septiembre de 20242 y se ordene al director de la UNP reconocer en su favor un valor mensual equivalente a la cotización del servicio prestado de vehículo rentado a su disposición3.
1 11001-03-24-000-2019-00211-00. 2 De las pruebas obrantes no se observa la decisión adoptada mediante dicho acto. 3 El proceso se registró con radicación número 76001-33-33-015-2024-00233-00.3 Expediente: 76001-23-33-000-2025-00217-01 Actor: Jhon Jair Segura Toloza Acción de tutela 4) En el marco de ese proceso, solicitó como medida cautelar que se ordenara a la UNP suministrar un vehículo en óptimas condiciones o, en su defecto, el pago mensual de $16.500.000 a título de subsidio de transporte. 5) Mediante auto del 8 de noviembre de 2024, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali resolvió negar la medida cautelar solicitada4, decisión contra la cual el actor presentó recurso de reposición en el que manifestó que aunque contaba con orden judicial dirigida a la UNP para que garantice su seguridad, los vehículos pertenecen a otra entidad contratista distinta y no está facultado para demandar el contrato por su incumplimiento. 6) Mediante auto del 4 de diciembre de 2024, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali no repuso la decisión e indicó que el servicio de transporte solicitado por el actor ya se encuentra comprendido dentro del esquema de protección que le fue asignado por la UNP en cumplimiento de una orden judicial previamente expedida. 7) Adicionalmente, dejó constancia del comportamiento ofensivo y hostil del actor, quien abandonó el vehículo asignado frente a las instalaciones judiciales con pancartas injuriosas, razón por la cual ordenó a la UNP que informara si ha practicado una evaluación psicológica o psiquiátrica al señor Segura Toloza, y de no haberlo hecho, proceder con la misma. 8) Finalmente, concedió en efecto devolutivo
razón por la cual ordenó a la UNP que informara si ha practicado una evaluación psicológica o psiquiátrica al señor Segura Toloza, y de no haberlo hecho, proceder con la misma. 8) Finalmente, concedió en efecto devolutivo el recurso de apelación interpuesto por la parte actora y reiteró que no resultaba procedente ordenar el pago del valor solicitado, toda vez que el esquema vigente incluye el vehículo de protección, cuya implementación corresponde hacer cumplir mediante el trámite incidental de desacato. 9) A través de auto del 20 de febrero de 2025, el juzgado negó nuevamente la medida con base en las mismas razones.
4 “Al respecto, se debe señalar que no es procedente ordenar que se le consigne un valor mensual de $16.500.000 ni ninguna otra suma para el pago de su seguridad, toda vez que en la actualidad cuenta con una medida cautelar que le garantiza medidas de protección, es decir que no se le estaría causando un perjuicio irremediable”. (índice 30 de SAMAI)4 Expediente: 76001-23-33-000-2025-00217-01 Actor: Jhon Jair Segura Toloza Acción de tutela 10) Según lo expuesto por el accionante, los vehículos asignados por la Unidad Nacional de Protección no se encuentran en condiciones adecuadas para la prestación del servicio, presentan deficiencias estructurales y mecánicas, y en algunos casos no son reemplazados de manera oportuna, situación que no solo le ha generado afectaciones personales, sino que constituye un incumplimiento contractual por parte de las empresas que rentan los vehículos y de la propia entidad estatal. 11) Indicó que la UNP habría celebrado contratos con empresas que no contaban con la totalidad de los vehículos requeridos, razón por la cual se han entregado automotores en mal estado, lo cual también ocurre respecto de otros beneficiarios del esquema de protección. 12) En razón de lo anterior, el 5 de marzo de 2025, nuevamente presentó una tercera solicitud de medida cautelar con las mismas razones, sin embargo, a la fecha de presentación de la acción de tutela el juzgado no ha emitido un pronunciamiento de fondo sobre la misma.
Fundamento de la vulneración El actor cuestionó que el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali, a pesar de haber recibido la solicitud de medida cautelar con carácter urgente, no ha emitido pronunciamiento alguno al respecto, situación que, a su juicio, configura una mora judicial por omisión en el cumplimiento del deber de resolver oportunamente las peticiones elevadas dentro de un proceso judicial. Por otra parte, reprochó la conducta de la Unidad Nacional de Protección, por cuanto pese a reconocer la existencia de fallas en el vehículo asignado, se ha limitado a señalar que la prestación del servicio se encuentra a cargo de empresas contratistas, sin asumir de forma directa las obligaciones que le competen frente a su esquema de protección. Pretensiones Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó que se acceda a las siguientes súplicas:5 Expediente: 76001-23-33-000-2025-00217-01 Actor: Jhon Jair Segura Toloza Acción de tutela “Sirvas (sic) usted honorable magistrado como medida provisional ordenar a la UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION el cambio del vehículo de placa EIZ421 TOYOTA mientras se resuelve esta demanda de fondo. Sírvase usted honorable magistrado ordenar al señor JUEZ 15 administrativo que resuelva el escrito de la medida cautelar solicitada el 5 de marzo 2025 por las razones expuestas en esta tutela”. (Fl. 9 de la demanda de tutela, índice 01 de Samai) Actuación procesal Mediante auto del 21 de marzo de 2025, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca admitió la acción de tutela y ordenó la notificación del Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali y la Unidad Nacional de Protección, con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción (Samai, índice 07).
Sentencia de primera instancia Mediante sentencia proferida el 3 de abril de 2025 (índice 18 de SAMAI), la Sala de Decisión Tercera del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca “negó” la acción de tutela por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, tras sostener que el accionante contaba con otros medios judiciales para controvertir las actuaciones y que no se acreditó la existencia de un perjuicio irremediable que justificara la intervención del juez constitucional. En consecuencia, las solicitudes relacionadas con la idoneidad del vehículo blindado asignado por la Unidad Nacional de Protección deben ser tramitadas a través del proceso ordinario en curso, en el cual el actor solicitó una medida cautelar ante el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali, autoridad judicial a la que le corresponde pronunciarse sobre ello. Finalmente, advirtió que el señor Segura Toloza había promovido múltiples acciones de tutela en relación con el mismo esquema de protección, lo cual denotaba una utilización reiterada del mecanismo constitucional con base en hechos que ya habían sido objeto de estudio en decisiones anteriores.
Impugnación El actor impugnó con los argumentos que se exponen de manera textual:6 Expediente: 76001-23-33-000-2025-00217-01 Actor: Jhon Jair Segura Toloza Acción de tutela “PRIMERO desde que se convirtió la justicia en la virtualidad esto se convirtió en una recocha sacan fallos que al leerlos da hasta ASCO y me pronuncio así para que los magistrados jueces y asistentes sean más serios y lean bien los escrotos (sic) de las demandas y no fundarse en una simple repuestas de los demandados hacer un análisis de fondo. SEGUNDO mire que sinvergüenza estos magistrados y sus pobre asistentes óseas que por el hecho que el juzgado 15 administrativo haya resuelto dentro del proceso varias MEDIDAS CAUTELARES no tiene derecho o razones de darle tramite a la solicitud de la MEDIDA CAUTELAR solicitada el 5 de marzo 2025 ósea que a la misma no debe darle tramite esto no puede pasar por la cabeza ni de un estudiante de 3 semestre en derecho. TERCERA conclusión el juez debe darle tramite a toda petición que se le haga al interior del proceso accediendo o negando por lo que los magistrados que fallaron la tutela están meando fuera del tiesto por lo que los invitos a estudiar de nuevo perdieron su plata en la universidad que supuestamente estudiaron y esto es una vergüenza para la rama judicial. Por último, el fallo debe ser revocado y el señor juez 15 administrativo debe darle tramite a la solicitud de la MEDIDA CAUTELAR del 5 de marzo 2025 incluso puede causar nulidades actuaciones siguientes”. (índice 20 de SAMAI). II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero 1)
20 de SAMAI). II. LAS CONSIDERACIONES DE LA SALA Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado la Sala procede a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero 1) finalidad de la acción de tutela, 2) el caso concreto, 3) caracterización de la mora judicial, 3.1) análisis de la presunta mora judicial alegada frente al Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali, 4) caracterización del requisito de subsidiariedad, 4.1) análisis del requisito de subsidiariedad en relación con la pretensión frente a la Unidad Nacional de Protección y, 5) exhorto.
Finalidad de la acción de tutela Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular. Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los mecanismos de defensa idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o para revivir términos precluidos o acciones caducadas.7 Expediente: 76001-23-33-000-2025-00217-01 Actor: Jhon Jair Segura Toloza Acción de tutela
El caso concreto En el asunto de la referencia se demanda por esta vía constitucional al Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cali y la UNP con el fin de que se protejan los derechos constitucionales fundamentales del debido proceso, vida y seguridad, presuntamente vulnerados ante la falta de pronunciamiento frente a la solicitud de medida cautelar formulada el 5 de marzo del presente año y para que se ordene el cambio de vehículo otorgado al actor mientras se resuelve de fondo la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. En los términos en que ha sido propuesta la controversia la Sala modificará la decisión de primera instancia que “negó” la acción de tutela y, en su lugar: i) negará lo relacionado con la presunta mora judicial, iii) declarará improcedente lo relacionado con la solicitud para que se ordene un cambio de vehículo, iii) exhortará al Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali para que, en un término razonable, se pronuncie de manera expresa sobre la solicitud de medida cautelar presentada el 5 de marzo de 2025 y iv) al demandante para que en lo sucesivo se abstenga de seguir presentando memoriales y escritos irrespetuosos e injuriosos, por las siguientes razones: 2.1 Análisis de los requisitos de procedibilidad frente a la alegada mora judicial En este caso la Sala precisa que se cumplieron los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, por cuanto se invocó la afectación de los derechos fundamentales del debido proceso, vida y seguridad. Asimismo, en su condición de parte demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho del cual se predica el supuesto retardo, el actor se encuentra legitimado en la causa por activa para reclamar por esta vía la afrenta a los derechos de los cuales es el titular. Asimismo, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali se encuentra legitimado por pasiva para responder por la presunta mora injustificada en la solución de la
se encuentra legitimado en la causa por activa para reclamar por esta vía la afrenta a los derechos de los cuales es el titular. Asimismo, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali se encuentra legitimado por pasiva para responder por la presunta mora injustificada en la solución de la medida cautelar.8 Expediente: 76001-23-33-000-2025-00217-01 Actor: Jhon Jair Segura Toloza Acción de tutela Igualmente, el presupuesto de la inmediatez se encuentra superado, pues, el escrito de tutela fue presentado el 21 de marzo de 2025, esto es, en menos de un mes después de haber radicado la solicitud de medida cautelar objeto de reproche el 5 de marzo de 2025, término que se advierte razonable. En cuanto al requisito de subsidiariedad, la Sala recuerda que no existe un mecanismo idóneo y eficaz que permita proteger sus garantías si se tiene en cuenta que lo que se procura es que se resuelva una solicitud de medida cautelar.
La mora judicial en el trámite de los asuntos En cuanto a la mora, la Sala debe afirmar que, en diferentes oportunidades, la Corte Constitucional5 resaltó la importancia de que los jueces dicten las providencias dentro de los términos legales con el fin de evitar que se vulneren los derechos fundamentales del debido proceso y del acceso a la administración de justicia. Sin embargo, también señaló que en la mayoría de los casos el incumplimiento de los términos procesales no es imputable a las actuaciones de los funcionarios judiciales, sino a las dificultades que debe afrontar la Rama Judicial por el exceso de carga laboral o de congestión judicial y la complejidad de los asuntos, entre otras, lo cual justifica, de cierto modo, el retardo para adelantar alguna actuación. En esa medida, se ha dicho que para establecer si una dilación es o no injustificada es preciso tener en cuenta i) la complejidad del asunto, ii) la actividad procesal del interesado, iii) la conducta de las autoridades judiciales y iv) el análisis global del procedimiento. Por su parte, el Consejo de Estado6 manifestó que existen condiciones estructurales en la Rama Judicial no imputables a los jueces que producen congestión y lentitud en los despachos que dificultan la resolución oportuna de los asuntos.
5 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, sentencia T-052 de 22 de febrero de 2018. 6 Consejo de Estado. Sentencia de 4 de septiembre de 2014, radicación: 11001-03-15-000-2014-01444-00. MP Jorge Octavio Ramírez.9 Expediente: 76001-23-33-000-2025-00217-01 Actor: Jhon Jair Segura Toloza Acción de tutela En conclusión, todo ciudadano tiene derecho a una pronta y oportuna resolución de sus solicitudes; por lo cual, para que se estructure una violación del derecho fundamental del debido proceso u otro por el incumplimiento de los términos judiciales resulta imprescindible analizar i) si no existe un motivo razonable que justifique dicha demora y ii) si la tardanza es imputable a la dilación en el cumplimiento de las funciones por parte de la autoridad judicial. 3.1. Análisis de la presunta mora judicial frente al Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali 1) En su escrito de demanda, el señor Jhon Jair Segura Toloza solicitó que se ordenara al Juzgado Quince Administrativo Oral del Circuito de Cali pronunciarse de fondo sobre la medida cautelar solicitada en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, por medio del cual cuestionó la idoneidad del esquema de protección brindado por la Unidad Nacional de Protección. 2) Asimismo, también pidió que se reconociera un perjuicio irremediable, por considerar que su vida e integridad personal se encuentran en peligro por el estado mecánico del vehículo asignado y por la supuesta omisión de la autoridad judicial de resolver la aludida solicitud. 3) En el presente asunto se advierte que, por una parte, la acción de tutela gira en torno a que se ordene al Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali que resuelva la medida
y por la supuesta omisión de la autoridad judicial de resolver la aludida solicitud. 3) En el presente asunto se advierte que, por una parte, la acción de tutela gira en torno a que se ordene al Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali que resuelva la medida cautelar que el demandante presentó el 5 de marzo de 2025 en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación no. 76001-33-33-015-2024-00233-00, mediante la cual pretendía el cambio del vehículo asignado por la Unidad Nacional de Protección o, en su defecto, el reconocimiento de un subsidio mensual por valor de $16.500.000 para sufragar un medio de transporte particular. 4) Sobre, el particular, el a quo verificó que el actor había formulado acciones de tutela anteriores con idéntico objeto, entre ellas, las registradas con radicaciones 76001-23-33-000-2024-00680-00 y 76001-31-10-012-2024-00404-00, ambas resueltas en sentido desfavorable, incluso, en una de esas decisiones se le advirtió que la reiteración de acciones con idénticos fundamentos podría constituir una actuación temeraria, sin embargo, la Sala verificó cada uno de esos procesos para analizar si respecto de ellos se podría configurar una actuación temeraria por parte del actor, pero encontró que si10 Expediente: 76001-23-33-000-2025-00217-01 Actor: Jhon Jair Segura Toloza Acción de tutela bien están relacionados, lo cierto es que se trata de solicitudes distintas frente a la que aquí se predica la mora judicial.
- Lo anterior, por cuanto como se explicó en precedencia el actor había solicitado previamente en dos oportunidades medidas cautelares similares en el proceso ordinario, respecto de las cuales acudió a la acción de tutela para que se resolvieran, sin embargo, en esta oportunidad lo que reprocha es que no se ha resuelta la medida provisional que presentó el 5 de marzo de 2025, lo cual no fue objeto de análisis en aquellas oportunidades porque inclusive para la época en que se profirieron dichas sentencias de tutela ni siquiera había presentado la medida cuya resolución echa de menos en esta oportunidad, motivo por el cual no podría hablarse de una actuación temeraria de su parte. 6) Asimismo, en la sentencia impugnada el tribunal verificó que mediante providencias del 8 de noviembre, 4 de diciembre de 2024 y 20 de febrero de 2025, el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali negó las referidas medidas cautelares presentadas con anterioridad, con base en que “no es procedente ordenar que se le consigne un valor mensual de $16.500.000.oo, ni ninguna otra suma para el pago de su seguridad, toda vez que en la actualidad cuenta con una medida cautelar que le garantiza medidas de protección, es decir que no se le estaría causando un perjuicio irremediable”. 7) Del estudio del expediente electrónico y de las constancias que obran en la plataforma SAMAI, esta Colegiatura constata que el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali no ha incurrido en la mora judicial alegada, pues, por el contrario, se advierte que no ha transcurrido un tiempo excesivo desde la fecha de presentación de la medida cautelar el 5 de marzo de 2025 hasta la actualidad. 8) Debe aclararse que por el hecho de que el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali no ha emitido pronunciamiento respecto de la solicitud de medida cautelar radicada el 5 de marzo de 2025, ello,
el 5 de marzo de 2025 hasta la actualidad. 8) Debe aclararse que por el hecho de que el Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali no ha emitido pronunciamiento respecto de la solicitud de medida cautelar radicada el 5 de marzo de 2025, ello, por sí solo, no permite concluir que dicha autoridad haya incurrido en una mora judicial que comprometa derechos fundamentales, ya que no toda inactividad procesal configura una omisión reprochable, pues resulta indispensable acreditar la existencia de un retardo injustificado, real y objetivamente verificable. 9) Así las cosas, que el juzgado no se haya pronunciado aún sobre la referida solicitud no puede interpretarse como una omisión, toda vez que no se ha demostrado un margen11 Expediente: 76001-23-33-000-2025-00217-01 Actor: Jhon Jair Segura Toloza Acción de tutela de dilación irrazonable que permita predicar una afectación grave a los derechos del actor, de ahí que se negará el amparo de este reparo. La existencia de cargas de trabajo, la reiteración de solicitudes ya resueltas y fenómenos objetivos que afectan a toda la Rama Judicial, como es el caso de la congestión judicial, impiden exigir al juez un pronunciamiento inmediato y excluyen la posibilidad de exigirle un deber de decisión automático. 10) En ese orden de ideas, al no configurarse un retardo injustificado ni una vulneración actual y concreta, no resulta procedente el amparo constitucional frente al Juzgado Quince Administrativo del Circuito de Cali; en todo caso, dada la naturaleza de la solicitud y los motivos que expone el actor en su escrito de tutela, como se explicará en detalle con posterioridad, la Sala exhortará a dicha autoridad para que resuelva en un término razonable dicha medida.
Caracterización del requisito de subsidiariedad La acción de tutela es un mecanismo excepcional y extraordinario para acudir ante el juez constitucional cuando el ordenamiento jurídico no prevea una herramienta jurisdiccional idónea y eficaz para la protección de los derechos fundamentales, como se infiere del texto del inciso 3 del artículo 86 de la Carta Política. En desarrollo del precepto constitucional aludido, el numeral 1 del artículo 6 del Decreto 2591 de 1991 exige como presupuesto procesal de la acción de tutela que el demandante no disponga de otro medio de defensa judicial, a menos que se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La finalidad de este presupuesto de procedibilidad de la acción es que las personas hagan uso de todos los mecanismos que el sistema judicial consagra para conjurar la situación que amenaza o vulnera sus derechos fundamentales, de modo que se restrinja el uso indiscriminado e indebido de este mecanismo constitucional como vía preferente o instancia judicial alterna de protección para desplazar o reemplazar a las herramientas judiciales que el legislador estableció para la protección de los derechos.12 Expediente: 76001-23-33-000-2025-00217-01 Actor: Jhon Jair Segura Toloza Acción de tutela En esa medida, cuando se presenta la acción de tutela con el fin de obtener una decisión más rápida o para burlar los procedimientos judiciales previamente estatuidos se desconoce el carácter subsidiario y residual de este mecanismo constitucional. Ahora bien, como lo ha reiterado la jurisprudencia constitucional, el presupuesto de la subsidiariedad debe ser estudiado en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican su procedibilidad, así: (i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las
en cada caso concreto y, por ende, aun en los eventos en que existan otros medios de defensa judicial, existen dos excepciones que justifican su procedibilidad, así: (i) cuando el medio de defensa judicial dispuesto por la ley para resolver las controversias no es idóneo y eficaz conforme a las especiales circunstancias del caso estudiado, procede el amparo como mecanismo definitivo; y, (ii) cuando, pese a existir un medio de defensa judicial idóneo, éste no impide la ocurrencia de un perjuicio irremediable, caso en el cual la acción de tutela procede como mecanismo transitorio. En suma, la acción de tutela condiciona el ejercicio de la acción de tutela a la inexistencia de otro medio de defensa judicial, salvo que este no suponga un mecanismo idóneo y efectivo para evitar la vulneración o amenaza del derecho fundamental o que se pretenda un amparo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable. 4.1. Análisis del requisito de subsidiariedad en relación con la pretensión frente a la Unidad Nacional de Protección 1) Por otra parte, en relación con la pretensión para que el juez de tutela directamente ordene a la UNP que cambie el vehículo del actor mientras se resuelve de fondo el proceso ordinario, se advierte que no se cumple el requisito de subsidiariedad, dado que tal pretensión constituye un trámite propio del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, y cuya competencia recae de forma exclusiva en el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Judicial de Cali. 2) El mecanismo judicial idóneo para que el actor obtenga una decisión sobre la posibilidad de cambiarle el
vehículo es, precisamente, el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, dentro del cual formuló dicha petición, por lo tanto, no resulta procedente acudir a la acción de tutela como vía paralela o sustitutiva, ni mucho menos pretender que el juez constitucional interfiera en trámites que son de la órbita exclusiva del juez natural de la causa.13 Expediente: 76001-23-33-000-2025-00217-01 Actor: Jhon Jair Segura Toloza Acción de tutela 3) En el caso concreto, no solo existe un proceso en curso, sino que también se ha verificado que el juez competente se ha pronunciado previamente frente a múltiples solicitudes que ha presentado el actor, iguales a la que motiva esta acción, lo cual evidencia que el actor no se encuentra desprovisto de los medios judiciales idóneos para la protección de sus derechos ni enfrenta una situación que haga procedente la tutela como mecanismo principal o transitorio. 4) Por consiguiente, la acción de tutela resulta improcedente por incumplimiento del requisito de subsidiariedad, toda vez que la pretensión relacionada con que
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