CE - 002336000201200256011SENTENCIA20220802150948

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 13 de mayo de 2022

Radicación: 25000-23-36-000-2012-00256 01 (53.091) Actor: Claudia María Cárdenas y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011)

Temas: Reparación directa – Responsabilidad extracontractual del Estado por p rivación injusta de la libertad – Falla del servicio - Ausencia de análisis sobre la necesidad de la medida de aseguramiento

Síntesis del caso: La víctima directa fue privada de la libertad , con ocasión del proceso penal adelantado en su contra por la presunta comisión de los delitos de peculado por apropiación, interés ilícito en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento pú blico y falsedad en documento privado, en concurso homogéneo y heterogéneo. Dicha actuación finalizó con el auto que declaró la prescripción de la acción penal

Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la Sentencia proferida el 14 de agosto de 20 14 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

demandante en contra de la Sentencia proferida el 14 de agosto de 20 14 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección A, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

La Sala es competente para proferir esta providencia por tratarse de un recurso de apelación en contra de una sentencia emitida por un Tribunal Administrativo, con independencia de la cuantía de las pretensiones solicitadas en la demanda, de conformidad co n lo previsto por el artículo 150 del CPACA1.

Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones; 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3. Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación 1.1. Posición de la parte demandante

1. El 30 de agosto de 2012, el grupo familiar de Gilberto Cárdenas Ramírez

(Q.E.P.D) presentó demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra de la Nación - Ministerio de Justicia y del Derecho, Fiscalía

1 Artículo 150. Competencia del Consejo de Estado en segunda instancia y cambio de radicación. “El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribu nales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra

decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código”.Radicación: 25000-23-36-000-2012-00256 01 (53.091) Actor: Claudia María Cárdenas y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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General de la Nación y Rama Judicial 2, para obtener la reparación de los perjuicios sufridos con ocasión de la privación de su libertad, ocurrida dentro del proceso penal adelantado en su contra, por la presunta comisión de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público3.

2. En la demanda se formul ó la siguiente pretensión declarativa (se

trascribe):

“PRIMERO: Se declare que la NACIÓN – MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL DERECHO, la DIRECCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA y la FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN son civilmente responsable s de los perjuicios materiales e inmateriales causados a ROSANA GISELA PORTACCIO DIAZ en calidad de esposa, NICOLÁS MAURICIO CÁRDENAS PORTACCIO, YOLANDA PATRICIA CÁRDENAS PINEDA, CLAUDIA MARÍA CÁRDENAS PINEDA, JULIÁN ANDRÉS CÁRDENAS FONSECA y ÁNGELA MARÍA C ÁRDENAS FONSECA en calidad de hijos, por haber sido detenido arbitraria e injustamente el señor

ANDRÉS CÁRDENAS FONSECA y ÁNGELA MARÍA C ÁRDENAS FONSECA en calidad de hijos, por haber sido detenido arbitraria e injustamente el señor Gilberto Cárdenas Ramírez (Q.E.P.D.), de acuerdo a la providencia de fecha 11 de marzo de 2003, emitida por la Fiscalía 201 delegada de la unidad primera de del itos contra la administración pública y de justicia, por el presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación y falsedad en documento público”4.

3. Como consecuencia de la declaratoria de responsabilidad, solicitaron que se condenara a las entidades demandadas al pago de los siguientes

perjuicios:

Perjuicio Demandante Calidad Monto Perjuicios morales Rosana Gisela Portaccio Díaz Cónyuge de la víctima directa 100 SMLMV5 Nicolás Mauricio Cárdenas Portaccio Hijo de la víctima 100 SMLMV Julián Andrés Cárdenas Fonseca Hijo de la víctima 100 SMLMV Ángela María Cárdenas Fonseca Hija de la víctima 100 SMLMV Claudia María Cárdenas Pineda6 Hija de la víctima 100 SMLMV Yolanda Patricia Cárdenas Pineda Hija de la víctima 100 SMLMV Daño a la vida de relación A favor de cada uno de los demandantes7 100 SMLMV Daño emergente A favor de todos los demandantes

$20.000.000

Lucro cesante A favor de todos los demandantes $409.153.977.00 - Gilberto Cárdenas Fonseca Hijo de la víctima

Daño emergente A favor de todos los demandantes

$20.000.000

Lucro cesante A favor de todos los demandantes $409.153.977.00 - Gilberto Cárdenas Fonseca Hijo de la víctima No solicitaron perjuicios a su nombre

2 En relación con las entidades demandadas, la parte actora desistió de la vinculación del Ministerio de Justicia y del Derecho en el escrito de subsanación de la demanda. Folio 32 y 33 del cuaderno del Tribunal No.1. 3 Folios 6 al 22 del cuaderno del tribunal No. 1. 4 Folio 7 del cuaderno del tribunal No. 1. 5 La expresión “SMLMV” hace referencia a salarios mínimos legales mensuales vigentes. 6 Mediante providencia de 9 de septiembre de 2013, se declaró la ineptitud de la demanda respecto de Yolanda Patricia Cárdenas Pineda y Claudia María Cárdenas Pineda (folios 86 al 91 del cuaderno del tribunal No. 1). Esta decisión fue modificada el 21 de octubre de 2013 y, en su lugar, se ordenó el rechazo de la demanda respecto de dichas personas (folios 93 al 96 del cuaderno del tribunal No. 1). 7 Con excepción de Gilberto Cárdenas Fonseca.Radicación: 25000-23-36-000-2012-00256 01 (53.091) Actor: Claudia María Cárdenas y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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4. Finalmente, pidió que se diera cumplimiento a lo previsto por los artículos 172 y 178 del C.C.A.

5. Como fundamento de las pretensiones, la parte demandante refirió, en

síntesis, los siguientes hechos:

6. 1) El 24 de diciembre de 1997, Gilberto Cárdenas Ramírez, en su calidad de representante legal de la firma Cárdenas Medina Asociados Ltda., suscribió un contrato con el SENA para realizar la instalación eléctrica en el taller de fotomecánica del Centro Nacional de la Industria Gráfica y afines de Bogotá.

7. 2) Con ocasión de la celebración de ese contrato, la Fiscalía 201 delegada de la Unidad primera de delitos contra la administración pública y de justicia de Bogotá inició investigación penal en contra de Gilberto Cárdenas, como presunto coautor de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contrato, peculado por apropiación y falsedad en documento público.

8. 3) El 11 de marzo de 2003, la fiscalía definió su situación jurídica y le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos ya mencionados. Su captura se materializó el 25 de marzo de 2003.

9. 4) El 12 de septiembre de 2003 , la Unidad de Fiscalías delegadas ante

el Tribunal Superior de Bogotá D. C. revocó la medida de aseguramiento

ya mencionados. Su captura se materializó el 25 de marzo de 2003.

9. 4) El 12 de septiembre de 2003 , la Unidad de Fiscalías delegadas ante

el Tribunal Superior de Bogotá D. C. revocó la medida de aseguramiento proferida en contra de Gilberto Cárdenas.

10. 5) El 3 de febrero de 2009, el Juzgado 51 penal del circuito de Bogotá profirió Sentencia de primera instancia y lo condenó a 36 meses de prisión, multa de $2.580.075 e inhabil itación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, por el mismo tiempo de la pena privativa de la libertad.

Lo anterior, al encontrarlo responsable por el delito de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, en calidad de interviniente.

11. 6) El 30 de junio de 2010, el Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, revocó la anterior decisión y decretó la prescripción de la acción penal y la cesación del procedimiento a favor de Gilberto Cárdenas Ramírez.

1.2. Posición de la parte demandadaRadicación: 25000-23-36-000-2012-00256 01 (53.091) Actor: Claudia María Cárdenas y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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12. El 7 de junio de 2013, la Rama Judicial presentó escrito de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones formuladas8. Al

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12. El 7 de junio de 2013, la Rama Judicial presentó escrito de contestación a la demanda, en el que se opuso a las pretensiones formuladas8. Al respecto, sostuvo que, en este caso, no se configuró una falla en el servicio, debido a que la mora presentada en el proceso penal era atribuible a los apoderados del sindicado, los cuales apelaron las diferentes decisiones adoptadas al interior del trámite y el funcionario judicial tenía el deber de atender cada una de sus solicitudes . Además, la extinción de la acción penal por su prescripción no pr obaba la inocencia del procesado, de manera que no era posible determinar si su privación de la libertad fue justa o injusta. Finalmente, propuso las excepciones de “ausencia de causa petendi – la declaratoria de prescripción de la acción penal y la imposibilidad del procesado de demostrar su inocencia” y “la innominada”.

13. Mediante Auto de 12 de agosto de 2013, el Tribunal tuvo por no contestada la demanda por parte de la Fiscalía General de la Nación , al haberla presentado de manera extemporánea9.

1.3. Sentencia de primera instancia

14. El 14 de agosto de 2013, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca profirió Sentencia de primera instancia , en la que negó las pretensiones de la demanda 10. Como fundamento de la decisión sostuvo que, la responsabilidad de las demandadas por privación injusta de la libertad procedía cuando existiera una sentencia absolutoria en favor del procesado o la aplicación del principio in dubio pro reo, pero en este caso se decretó la prescripción de la acción penal. En consecuencia, no se

procedía cuando existiera una sentencia absolutoria en favor del procesado o la aplicación del principio in dubio pro reo, pero en este caso se decretó la prescripción de la acción penal. En consecuencia, no se cumplía con los presupuestos para declarar su responsabilidad patrimonial , bajo ese título de imputación.

15. Por otra parte, analizó el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y señaló que, l os demandantes no demostraron que, en el proceso penal se omitió desarrollar cada una de las etapas procesales en debida forma, tal como fue alegado en la demanda. Por el contrario, a pesar de que solo se aportaron algunas piezas del proceso, de ellas se podía deducir que todas las fases de la actuación si se agotaron. De todas maneras, al no contar con la integridad del expediente penal, no era posible verificar, en concreto, si hubo mora o violación de alguna norma, más cuando, en un solo trámite se acumularon 5 procesos; se revisaron, por lo menos, 16 contratos celebrados sin el aparente cumplimiento de los requisitos legales ; se vincularon a más de 20 procesados; se presentaron

8 Folios 70 al 75 del cuaderno del tribunal No. 1. 9 Folio 80 del cuaderno del tribunal No. 1. 10 Folios 134 al 143 del cuaderno del Consejo de Estado. “FALLA. PRIMERO: Negar las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante, por lo cual deberá pagar a favor de la Nación -Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, el valor de cuatro millones noventa y un mil quinientos treinta y nueve

SEGUNDO: Condenar en costas a la parte demandante, por lo cual deberá pagar a favor de la Nación -Rama Judicial y de la Fiscalía General de la Nación, el valor de cuatro millones noventa y un mil quinientos treinta y nueve pesos ($4.091.539.oo) por agencias en derecho, distribuidas en dos partes iguales. (…)”Radicación: 25000-23-36-000-2012-00256 01 (53.091) Actor: Claudia María Cárdenas y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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múltiples recursos contra la providencia que resolvió la situación jurídica y se realizaron al menos 49 sesiones de audiencia pública de juzgamiento.

1.4. Recurso de apelación

16. El 28 de agosto de 2014 , la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia y, en su lugar, se accediera a las pretensiones de la demanda 11.

En su escrito indicó que, no existía justificación para la imposición de la medida de detención preventiva, si la acción estaba prescrita desde un principio, por lo que esta situación demostraría un acto irregular. También quedó demostrado que hubo un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia , dado que, el tribunal reconoció que habían trascurrido más de 5 años desde la ejecutoria de la resolución de acusación y la fecha en que fue asumido el proceso por la sala penal del tribunal.

administración de justicia , dado que, el tribunal reconoció que habían trascurrido más de 5 años desde la ejecutoria de la resolución de acusación y la fecha en que fue asumido el proceso por la sala penal del tribunal.

17. Además, aseguró que el juez de primera instancia no valoró de manera adecuada las pruebas aportadas, pues con base en ellas se p odía demostrar que si hubo mora y , en consecuencia, la violación en el trámite de alguna de las etapas procesales. Por último, señaló que, de acuerdo con las pruebas, si era posible observar que Gilberto Cárdenas sufrió perjuicios derivados de l tiempo que permaneció detenido, lo que a su vez afect ó moralmente a su entorno familiar.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán; 2.2. Identificación del daño; 2.3. Análisis de la legalidad de la medida de aseguramiento; 2.4. Entidad a la que se le atribuye el daño; 2.5. Liquidación de perjuicios; 2.6. Costas

2.1 Síntesis de la controversia y decisiones que se adoptarán

18. El Tribunal en primera instancia negó las pretensiones de la demanda, al no encontrar acreditado el daño alegado por los demandantes. La parte actora presentó recurso de apelación , en el que solicitó la revocatoria de dicha decisión y el reconocimiento de los perjuicios que les fueron causados con ocasión de la privación de la libertad de su esposo y padre Gilberto Cárdenas Ramírez (Q.E.P.D), así como por la mora en el trámite del proceso penal que se siguió en su contra.

con ocasión de la privación de la libertad de su esposo y padre Gilberto Cárdenas Ramírez (Q.E.P.D), así como por la mora en el trámite del proceso penal que se siguió en su contra.

19. En el presente asunto está demostrado que, Gilberto Cárdenas Ramírez estuvo privado de la libertad, por lo menos , desde el 25 de marzo de 2003 hasta el 12 de septiembre siguiente , fecha en la que la fi scalía revocó la

11 Folios 149 y 150 del cuaderno del Consejo de Estado.Radicación: 25000-23-36-000-2012-00256 01 (53.091) Actor: Claudia María Cárdenas y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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medida de aseguramiento impuesta en su contra y ordenó su libertad inmediata12.

20. Además, se pudo advertir que, mediante Sentencia de 30 de junio de 2010, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá , en segunda instancia, declaró la prescripción de la acción penal en favor de Gilberto Cárdenas

Ramírez.

21. En esta providencia, la Sala decidirá el fondo del asunto, porque encuentra reunidos los presupuestos procesales para fallar, entre ellos, la oportunidad en la presentación de la demanda. En efecto, la providencia que finalizó el proceso penal, de acuerdo con las normas procesales, debió quedar ejecutoriada el 23 de mayo de 201213 y la demanda fue presentada el 30 de agosto de 2012 , por lo que se conclu ye que la acción se ejerció

que finalizó el proceso penal, de acuerdo con las normas procesales, debió quedar ejecutoriada el 23 de mayo de 201213 y la demanda fue presentada el 30 de agosto de 2012 , por lo que se conclu ye que la acción se ejerció dentro del término previsto por el artículo 164, numeral 2, inciso i del CPACA.

22. La Sala revocará la Sentencia de primera instancia y declarará la responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación por la privación injusta de la libertad de Gilberto Cárdenas Ramírez, toda vez que, no justificó la necesidad de la medida de aseguramiento impuesta en su contra.

Además, condenará al pago de perjuicios de acuerdo con los criterios desarrollados por esta Sala de Subsección en casos similares, pero negará la reparación respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por la alegada mora injustificada del proceso penal.

23. Con ese fin, la Sala abordará los asuntos en el siguiente orden: primero, identificará que se acreditó un daño derivado de la afectación del derecho a la libertad y negará el derivado de la demora injustificada en el trámite del proceso penal. Luego, profundizará en las razones anunciadas por las cuales no se cumpli eron los requi sitos para imponer medida de aseguramiento, al no haber justificado su necesidad. Ante la ausencia de la culpa de la víctima, como causal eximente de responsabilidad posible en estos casos, atribuirá el daño a la Fiscalía General de la Nación. Finalmente,

12 Folios 6 al 102 del cuaderno del Tribunal No. 4. 13 El artículo 187 de la Ley 600 de 2000 establece lo siguiente: Ejecutoria de las providencias. “Las providencias

12 Folios 6 al 102 del cuaderno del Tribunal No. 4. 13 El artículo 187 de la Ley 600 de 2000 establece lo siguiente: Ejecutoria de las providencias. “Las providencias quedan ejecutoriadas tres (3) días después de notificadas si no se han interpuesto los recur sos legalmente procedentes. L a que decide los recursos de apelación o de queja contra las providencias interlocutorias, la consulta, la casación, salvo cuando se sustituya la sentencia materia de la misma y la acción de revisión quedan ejecutoriadas el día en que sean suscritas por el funcionario correspondiente ”. Lo anterior, en concordancia con la sentencia de la Corte Constitucional C -641 de 2002, que declaró la exequibilidad condicionada de dicha disposición, según la cual “ es pertin ente concluir que la norma es constitucional en el sentido de que efectivamente dichas sentencias y providencias interlocutorias quedan ejecutoriadas el día en que son suscritas por el funcionario correspondiente. Sin embargo, como la notificación de las mismas es indispensable y solamente a partir de dicho conocimiento, es posible imponer voluntaria o coactivamente el cumplimiento de las ordenes proferidas en la decisión judicial, la Corte considera que la ejecutoria de dichas sentencias y providencias no produce efectos jurídicos mientras no se surta su notificación ”. Por tanto, habida cuenta de que una decisión judicial resuelve de manera definitiva el asunto sometido a su conocimiento cuando queda en firme (con independencia de sus efectos jurídicos, por ejemplo, para efectos de la prescripción de la acción penal), se entiende que, en este caso, la sentencia quedó ejecutoriada cuando se resolvió el recurso de casación por parte

independencia de sus efectos jurídicos, por ejemplo, para efectos de la prescripción de la acción penal), se entiende que, en este caso, la sentencia quedó ejecutoriada cuando se resolvió el recurso de casación por parte de la Corte Suprema de Justicia.Radicación: 25000-23-36-000-2012-00256 01 (53.091) Actor: Claudia María Cárdenas y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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liquidará la indemnización de los perjuicios y condenará en costas a la entidad demandada.

2.2. Identificación del daño

24. En este caso, uno de los hechos alegados como generador del daño deriva de la privación injusta de la libertad de Gilberto Cárdenas Ramírez por el lapso de 5 meses y 19 días. Así se constata con la Resolución de 12 de septiembre de 2003, en la que se indicó que el entonces procesado fue capturado el 25 de marzo de 2003 y notificado de la Resolución de definición de su situación jurídica proferida el 11 de marzo de 2003 y , con ocasión de la revocatoria de la medida de aseguramiento, se ordenó su libertad -sin que se mencione otra providencia anterior en la que se hubiera dispuesto su libertad -14. Después de este momento no se advierte que se hubiere materializado nuevamente la restricción de su libertad.

25. También se alegó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por la mora injustificada en el trámite del proceso penal y la falta

hubiere materializado nuevamente la restricción de su libertad.

25. También se alegó un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por la mora injustificada en el trámite del proceso penal y la falta de agotamiento de algunas etapas procesales en e sa misma actuación .

Sobre esto último, la Sala debe precisar que, la parte demandante no probó que la investigación hubiera sufrido un retardo especial, ni señaló qué etapa fue la que no se agotó. Por el contrario, simplemente indicó que la actuación tuvo una duración excesiva al haber trascurrido más de 5 años, desde la ejecutoria de la resolución de acusación hasta la fecha en que fue asumido el proceso por la sala penal del Tribunal Superior de Bogotá, aunque sin exponer las razones concretas por las cuales ese tiempo comportó una dilación injustificada que no debía soportar.

26. Incluso, la Sala pone de presente, tal como lo hizo el tribunal en primera instancia que, en el proceso penal referido por la demanda se acumularon 5 trámites seguidos en contra de empleados y contratistas del SENA, por diversas irregularidades presentadas en las contrataciones de esa entidad; se investigaban, por lo menos, a 13 procesados y, por el mismo número de sujetos procesales, se resolvieron múltiples recursos en contra de las decisiones proferidas por la fiscalía y numerosas solicitudes presentadas por las respectivas defensas, como se constata con esas mismas providencias.

27. Esta circunstancia permite afirmar que el proceso tenía una notoria complejidad, que incidió, de manera significativa, en el trámite de la actuación. En consecuencia, se negarán las pretensiones respecto del

27. Esta circunstancia permite afirmar que el proceso tenía una notoria complejidad, que incidió, de manera significativa, en el trámite de la actuación. En consecuencia, se negarán las pretensiones respecto del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por demora injustificada del proceso penal y la falta de agotamiento de algunas etapas procesales.

14 Folios 6 al 102 del cuaderno del Tribunal No. 4.Radicación: 25000-23-36-000-2012-00256 01 (53.091) Actor: Claudia María Cárdenas y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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2.3. Análisis de legalidad de la medida de aseguramiento

28. La investigación penal fue adelantada bajo las previsiones de la Ley 600 de 2000. De acuerdo con el artículo 354 de dicha normativa, la situación jurídica se define solo en aquellos casos en que es procedente la detención preventiva. Asimismo, de conformidad con los artículos 355 al 357 ibidem, la detención preventiva se impondrá cuando se trate de un delito que tenga prevista pena de prisión cuyo mínimo sea o exceda de 4 años; cuando el delito imputado esté dentro de la lista del artículo 357, numeral 2, del mismo código; o cuando estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o preterintencional que tenga pena de prisión. Además, si aparecen, por lo menos, 2 indicios graves de responsabilidad, de acuerdo

código; o cuando estuviere vigente sentencia condenatoria ejecutoriada por delito doloso o preterintencional que tenga pena de prisión. Además, si aparecen, por lo menos, 2 indicios graves de responsabilidad, de acuerdo con las pruebas recopiladas legalmente en el proceso y si resulta necesaria para el cumplimiento de alguno de sus fines.

29. La Sala advierte que, Gilberto Cárdenas fue investigado por la presunta comisión de 5 delitos, esto es, peculado por apropiación, interés ilícito en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y falsedad en documento privado, en concurso homogéneo y heterogéneo . Según el Código Penal, al menos 4 de esos delitos contemplaban una pena de prisión cuyo mínimo excedía de 4 años 15, por lo que procedía la imposición de medida de aseguramiento.

30. Además, la fiscalía contaba con los 2 indicios graves de responsabilidad exigidos por la norma procesal penal. Según la Resolución de 11 de marzo de 2003, que definió la situación jurídica de Gilberto Cárdenas, la investigación en su contra inició por la denuncia presentada por la jefe de la Oficina Jurídica del SENA, regional Bogotá, al detectar varias irregularidades en la mayoría de los contratos que suscribió esa entidad entre el 22 y 31 de diciembre de 1997. Asimismo, Gilberto Cárdenas suscribió el 24 de diciembre de 1997 el contrato No.22, en calidad de representante legal de la firma Cárdenas Medina Asociados Ltda. por valor de $84.516.229, para la instalación eléctrica en el taller de fotomecánica del Centro

el 24 de diciembre de 1997 el contrato No.22, en calidad de representante legal de la firma Cárdenas Medina Asociados Ltda. por valor de $84.516.229, para la instalación eléctrica en el taller de fotomecánica del Centro Nacional de la Industria Gráfica y afines en Bogotá.

31. Como indicios graves, la fiscalía puso de presente el testimonio del jefe de la Oficina de Sistemas de la Regional del SENA para la época, en el que señaló que los contratos celebrados en los últimos días del año 1997 no contaban con estudios o conceptos previos económicos , ni administrativos que justificaran esas contrataciones. Así también lo constató el Subdirector de planeación del SENA regional Bogotá, que informó a la fiscalía que “para

15 Falsedad ideológica en documento público: de 4 a 8 años (art. 286 C.P); falsedad en documento privado: de 1 a 6 años (art. 289 C.P); p eculado por apropiación : de 6 a 15 años de prisión (art.397 C:P); inte rés ilícito en la celebración de contratos: de 4 a 12 años (art. 409 C.P) y contrato sin cumplimiento de requisitos legales: de 4 a 12 años (art. 410 C.P).Radicación: 25000-23-36-000-2012-00256 01 (53.091) Actor: Claudia María Cárdenas y otros Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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Demandado: Nación – Fiscalía General de la Nación y otros Referencia: Acción de reparación directa (Ley 1437 de 2011) Decisión: Revoca la sentencia apelada _____________________________________________________________________________________________________________

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el caso de los contratos 022, 025, 028, 029, 030, 036 y 039 de 1997, los archivos de la entidad no daban razón de documento alguno dando cuenta de estudios previos para el objeto de esas contrataciones” (negrillas fuera del texto).

32. También se valoró la declaración del funcionario encargado de la Dirección de servicios generales y construcciones del