CE - 010306000202200294001AUTOQUERESUELDECISIONC20230613000000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero ponente: Óscar Darío Amaya Navas

Bogotá, D.C., diez (10) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Número único: 11001-03-06-000-2022-00294-00

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas

Partes: Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas y la

Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda.

Asunto: Autoridad competente para conocer de un proceso disciplinario en contra de un empleado judicial

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en ejercicio de la competencia que le confiere el artículo 39, en armonía con el artículo 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificado por los artículos 2° y 19 respectivamente, de la Ley 2080 de 2021, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en la información que obra en el expediente, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. El 23 de agosto de 20171, las señoras Diana Rocío Córdoba Muñoz, Liliana del Rocío Ojeda Insuasty y Diana María Posada García, y el señor Johnier Alberto Mosquera Osorio actuando en calidad de empleados judiciales del Juzgado Tercero Administrativo de Manizales (Caldas) presentaron, ante el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial -seccional de Caldas -, ante el Grupo de Asuntos

Mosquera Osorio actuando en calidad de empleados judiciales del Juzgado Tercero Administrativo de Manizales (Caldas) presentaron, ante el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial -seccional de Caldas -, ante el Grupo de Asuntos Laborales y Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Rama Judicial -seccional de Caldas - y ante la Procuraduría Regional de Caldas, queja disciplinaria por presunto acoso laboral en contra del señor Francisco Javier Osorio Herrera, secretario del respectivo juzgado.

2. Mediante oficio del 21 de noviembre de 20172, el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial de Manizales remitió a la Oficina de Apoyo Judicial el expediente de la queja en contra del señor Francisco Javier Osorio Herrera , para que «se someta a reparto entre los magistrados de la Sala Disciplinaria Seccional Caldas» para lo de su competencia.

1 Archivo 11 del expediente digital, cuaderno 1, pdf 7. 2 Archivo 11 del expediente digital, cuaderno 1, pdf 154.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00294-00 Página 2 de 22

3. Por medio de Auto del 30 de noviembre de 2017 3, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria de Caldas no aceptó la competencia para conocer de la queja correspondiente, por tal motivo, remitió el expediente al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales (Caldas) por considerarlo de su competencia.

4. El 11 de diciembre de 2017 4, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de

Administrativo del Circuito de Manizales (Caldas) por considerarlo de su competencia.

4. El 11 de diciembre de 2017 4, el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales (Caldas) remitió por competencia la queja en contra del señor Francisco

Javier Osorio Herrera, a la Procuraduría Provincial de Manizales.

5. Por medio de Auto Inhibitorio del 14 de febrero de 2018 5, la Procuraduría Provincial de Manizales resolvió inhibirse de ejercer la acción disciplinaria por «la ausencia de la certificación del Comité de Convivencia Laboral, respecto del debido agotamiento del requisito de procedibilidad a su instancia y del análisis de la caducidad de la acción».

Por tal motivo, remitió las diligencias al Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial -seccional Caldas - para que, cumplieran las disposicion es ordenadas dentro del auto inhibitorio.

6. El 13 de agosto de 2018 6, la Procuraduría Provincial de Manizales abrió investigación disciplinaria en contra del señor Francisco Javier Osorio Herrera, en calidad de secretario del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, para la época de los hechos.

7. Mediante Auto del 21 de agosto de 2018 7, la Procuraduría Provincial de Manizales remitió la investigación disciplinaria a la Procuraduría Regional de Caldas, para que conociera del presente caso, «por haber encontrado configurada la causal de impedimento del artículo 84, numeral 5º de la Ley 734 de 2002, en cabeza del procurador provincial».

8. El 27 de agosto de 20188, la Procuraduría Regional de Caldas notificó de manera

la causal de impedimento del artículo 84, numeral 5º de la Ley 734 de 2002, en cabeza del procurador provincial».

8. El 27 de agosto de 20188, la Procuraduría Regional de Caldas notificó de manera personal al señor Francisco Javier Osorio Herrera, el Auto de Apertura de investigación Disciplinaria del 13 de agosto de 2018, proferido por el procurador provincial de Manizales dentro del proceso IUC-2018-1157370.

3 Archivo 11 del expediente digital, cuaderno 1, pdf 159. 4 Archivo 11 del expediente digital, cuaderno 1, pdf 161. 5 Archivo 11 del expediente digital, cuaderno 1, pdf 163. 6 Archivo 11 del expediente digital, cuaderno 1, pdf 206. 7 Archivo 11 del expediente digital, cuaderno 1, pdf 232. 8 Archivo 11 del expediente digital, cuaderno 1, pdf 240.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00294-00 Página 3 de 22

9. Mediante Resolución núm. 583 del 7 de septiembre de 2018 9, la Procuraduría General de la Nación designó «[…] como funcionario especial al procurador regional de Risaralda, dentro de la actuación número IUC -D2018-1157370 en contra del señor Francisco Javier Osorio Herrera para que adelantara el trámite de primera instancia y llevara el proceso hasta su culminación»

Por lo anterior, el 12 de septiembre de 201810, la Procuraduría Regional de Caldas remitió la investigación a la Procuraduría Regional de Risaralda conforme a lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación.

Por lo anterior, el 12 de septiembre de 201810, la Procuraduría Regional de Caldas remitió la investigación a la Procuraduría Regional de Risaralda conforme a lo ordenado por la Procuraduría General de la Nación.

10. El 17 de octubre de 2018 11, la Procuraduría Regional de Risaralda , mediante auto, avocó conocimiento de las diligencias disciplinarias adelantadas en contra del señor Francisco Javier Osorio Herrera y adicionó apertura de la investigación con

núm. IUS E-2018-122116 LMA.

11. Mediante Auto del 20 de febrero de 2020 12, la Procuraduría Reg ional de Risaralda ordenó «prorrogar el término de la investigación disciplinaria conforme el artículo 156 inciso tercero del CDU».

12. El 26 de abril de 2022 13, la Procuraduría Regional de Risaralda profirió «Auto que ordena el cierre de la investigación disciplinaria y traslado para la presentación de alegatos precalificatorios artículo 220 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021», bajo los siguientes argumentos:

El 29 de marzo del presente año 2022, entró en vigencia la ley 1952 de 2019, reformada por la ley 2024 de 2021, norma que en su artículo 220 establece lo referente al Cierre de la Investigación Disciplinaria, e introdujo el traslado a los sujetos procesales para la presentación de Alegatos Precalificatorios, una vez se ha decretado el Cierre de Investigación. […]

En ese orden de ideas, y siendo que la presente Investigación Disciplinaria se

sujetos procesales para la presentación de Alegatos Precalificatorios, una vez se ha decretado el Cierre de Investigación. […]

En ese orden de ideas, y siendo que la presente Investigación Disciplinaria se encuentra vencida, en atención a que el Auto de Apertura de Investigación fue expedido por la Procuraduría Provincial de Manizales, el día 13 de agosto del año 2018, se impone al despacho proceder a la evaluación del mérito del material obrante en el expediente, previo Cierre de la Investigación Disciplinaria y Traslado para la Presentación de Alegatos Precalificatorios […].

9 Archivo 11 del expediente digital, cuaderno 1, pdf 255. 10 Archivo 11 del expediente digital, cuaderno 1, pdf 260. 11 Archivo 11 del expediente digital, cuaderno 1, pdf 325. 12 Archivo 11 del expediente digital, cuaderno 5, pdf 406. 13 Archivo 11 del expediente digital, cuaderno 5, pdf 421.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00294-00 Página 4 de 22

13. Mediante Auto del 31 de octubre de 2022 14, la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda remitió la investigación disciplinaria «núm. E-2018-122112/ IUC D 2018 -1157370» a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, «en razón a que es en dicho lugar donde se ejecutaron los hechos objeto de esta investigación», y de acuerdo a la normatividad relacionada con el acoso laboral como lo expresa el artículo 12 de la Ley 1010 de 2006.

«en razón a que es en dicho lugar donde se ejecutaron los hechos objeto de esta investigación», y de acuerdo a la normatividad relacionada con el acoso laboral como lo expresa el artículo 12 de la Ley 1010 de 2006.

14. El 30 de noviembre de 202215, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas declaró su falta de competencia para conocer de la actuación disciplinaria contra el servidor Francisco Javier Osorio Herrera, pues para el 13 de enero de 2021 los hechos de acoso laboral no estaban replicándose, por lo anterior, decidió remitir las diligencias a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

Lo anterior, bajo el siguiente argumento:

[…] el último acto constitutivo de acoso laboral se perpetró […] para finales del año 2018.

De manera que, no se trata de hechos continuados o que para el 13 de enero de 2021, estuvieren replicándose. […].

15. Por medio de oficio del 6 de diciembre de 2022 16, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas , solicitó a esta Sala dirimir el conflicto negativo de competencias administrativas.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

En cumplimiento del artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, inciso tercero, modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021, se comunicó la presentación del conflicto de competencias a las autoridades involucradas y a los particulares interesados, y se fijó un edicto en la Secretaría de esta S ala por el término de cinco días, con el fin de que aquellos presentaran sus alegatos o consideraciones17.

Obra constancia de que se informó sobre el presente conflicto a la Comisión

se fijó un edicto en la Secretaría de esta S ala por el término de cinco días, con el fin de que aquellos presentaran sus alegatos o consideraciones17.

Obra constancia de que se informó sobre el presente conflicto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, a la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda, al señor Francisco Javier Osorio Herrera, al Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, al Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, a la Procuraduría Provincial de Manizales, a la Procuraduría

14 Archivo 11 del expediente digital, cuaderno 5, pdf 484. 15 Expediente digital, pdf 9. 16 Archivo 10 del expediente digital. 17 Archivo 1 del expediente digitalRadicación: 11001-03-06-000-2022-00294-00 Página 5 de 22

Regional de Caldas, a la Procuraduría General de la Nación, a los quejosos dentro del procesos disciplinario, el señor Jonhier Alberto Mosqu era Osorio, la s señoras Liliana del Rocío Ojeda Insuasty , Diana Rocío Córdoba Muñoz, Diana María Posada García, y al doctor Rafael Ricardo Aníbal Guerra, apoderado de los quejosos18.

Dentro del término de la fijación del edicto, las autoridades involucradas y los particulares o personas interesadas no allegaron alegatos ni consideraciones19.

El 19 de diciembre de 2022, la secretaria de la Sala , mediante informe secretarial, indicó al despacho que, el doctor Rafael Ricardo Aníbal Guerrapresentó documentación en un archivo en formato PDF con tres folios20.

El 19 de diciembre de 2022, la secretaria de la Sala , mediante informe secretarial, indicó al despacho que, el doctor Rafael Ricardo Aníbal Guerrapresentó documentación en un archivo en formato PDF con tres folios20.

El consejero ponente , mediante auto para mejor provee r, comunicó a la Procuraduría General de la Nación del presente conflicto el 28 de febrero de 2023.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

3.1. Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda

La Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda no se pronunció dentro del término de traslado para presentar alegatos , en consecuencia , se tendrán en cuenta los argumentos expuestos en el Auto de 31 de octubre de 2022, donde manifestó que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas es la autoridad competente para conocer del presente asunto, así:

[…] Queda claro que siendo el señor FRANCISCO JAVIER OSORIO HERRERA , disciplinado y los quejosos, servidores públicos adscritos a la Rama Judicial, la competencia para conocer de la presente acción disciplinaria radica en la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, en razón a que es en dicho lugar donde se eje cutaron los hechos objeto de esta investigación, pues conforme a la normatividad vigente, la Procuraduría General de la Nación no tiene el poder preferente sobre esta clase de disciplinados. […]

3.2 Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas no presentó alegatos, por lo que se retoman los argumentos expuestos en el escrito del 30 de noviembre de

[…]

3.2 Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas

La Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas no presentó alegatos, por lo que se retoman los argumentos expuestos en el escrito del 30 de noviembre de 2022, mediante el cual declaró su falta de competencia para conocer de la

18 Archivo 15 del expediente digital. 19 Archivo 2 del expediente digital. 20 Archivo 5 del expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00294-00 Página 6 de 22

investigación disciplinaria en contra del señor Francisco Javier Osorio Herrera, en calidad de secretario del Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Manizales, bajo el siguiente argumento:

[…] De suerte que, tratándose de empleados judiciales la competencia radicaba en el Ministerio Público pues, a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus respectivas Seccionales, sólo se les dio la facultad de investigar a los empleados de la rama judic ial en virtud del artículo 257 A de la Constitución Política, adicionado por el artículo 19 del acto legislativo No. 2 del 2015; empero dicha disposición no entró a regir de manera inmediata sino que su vigencia se condicionó a que tomaran posesión los mie mbros de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, […], hecho que acaeció el 13 de enero del año 2021.

De manera que, sólo los hechos ocurridos con posterioridad a esa data o aquellos que por su ejecución permanente pudieren continuar sucediendo hasta después del 13 de enero de 2021, serían asumidos por la Comisión Nacional y sus diferentes seccionales.

que por su ejecución permanente pudieren continuar sucediendo hasta después del 13 de enero de 2021, serían asumidos por la Comisión Nacional y sus diferentes seccionales.

Lo anterior explica porque en su momento el conocimiento de este asunto disciplinario debió ser remitido y asumido por la Procuraduría General de la Nación.

Ahora bien, tampoco sería factible decir que los hechos continúan cometiéndose pues véase que la queja se hizo conocer ante el comité de convivencia laboral de la rama judicial en el mes de agosto del año 2017 […] y el último acto constitutivo de acoso laboral se perpetró […] para finales del año 2018.

De manera que, no se trata de hechos continuados o que para el 13 de enero de 2021, estuvieren replicándose.

3.3 Del señor Rafael Ricardo Aníbal Guerra, quien actúa en calidad de apoderado de los quejosos dentro del proceso disciplinario.

Mediante oficio de «19 diciembre de 202221», el doctor Rafael Ricardo Aníbal Guerra apoderado de los quejosos intervinientes dentro del proceso disciplinario, indicó a este despacho que quien debe conocer del proceso disciplinario en contra del señor Francisco Javier Osorio Herrera es la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, «por la calidad del sujeto disciplinable, el territorio donde se cometió la falta y al factor funcional.»

IV. CONSIDERACIONES

Competencia

21 Archivo 3 del expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00294-00 Página 7 de 22

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

Competencia

21 Archivo 3 del expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00294-00 Página 7 de 22

1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios

Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019 22, norma especial sobre la materia, que dispone:

Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero p odrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

En el presente asunto, no aplica la citada disposición debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas y la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda) no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las

Disciplina Judicial de Caldas y la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda) no tienen un superior común.

Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), particularmente aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los confli ctos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

2. Regla general de resolución de conflictos de competencia administrativos

La Parte Primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «procedimiento administrativo general», cuyas «reglas generales» se conti enen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado en su inciso 3 por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, que dispone:

22 Por medio de la cual se expide el código general disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00294-00 Página 8 de 22

ARTÍCULO 39. CONFLICTOS DE COMPETENCIA ADMINISTRATIVA. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente,

conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio C ivil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…]

En el mismo sentido, el artículo 112, numeral 10, del código en cita, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, establece que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es:

Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. [...]

Con base en las disposiciones mencionadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencias administrativas, a saber:

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreta por que se origina de la queja por acoso laboral interpuesta por Diana Rocío Córdoba Muñoz,

concreta.

El asunto discutido es de naturaleza administrativa, particular y concreta por que se origina de la queja por acoso laboral interpuesta por Diana Rocío Córdoba Muñoz, Johnier Alberto Mosquera Osorio, Liliana del Rocío Ojeda Insuasty y Diana María Posada García, en contra del señor Francisco Javier Osorio Herrera, secretario del Juzgado Tercero Administrativo de Manizales (Caldas).

1. Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación administrativa particular.

Tanto la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda de la Procuraduría General de la Nación, como la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas, negaron la competencia para conocer del asunto de la referencia.Radicación: 11001-03-06-000-2022-00294-00 Página 9 de 22

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

En el presente caso, las dos autoridades en conflicto son del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Regional de Instrucción de Risaralda, y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Caldas autoridad territorialmente desconcentrada, conforme a lo establecido en la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia (Ley 270 de 1996)

4. Competencia de la Sala en el caso concreto

En el presente caso, el conflicto negativo de competencias planteado corresponde a la actuación disciplinaria que habrá de adelantarse en contra del señor Francisco

4. Competencia de la Sala en el caso concreto

En el presente caso, el conflicto negativo de competencias planteado corresponde a la actuación disciplinaria que habrá de adelantarse en contra del señor Francisco Javier Osorio Herrera, ( secretario del Juzgado Tercero Administrativo de Manizales), por presuntas conductas de acoso laboral.

Si bien es cierto, que la Sala de Consulta y Servicio Civil en recientes decisiones23 ha señalado que la Procuraduría General de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1952 de 2019 modificada por la Ley 2094 de 2021, ejerce funciones jurisdiccionales, también lo es que con el comunicado de prensa núm. 04 del 16 de febrero de 2023 la Corte Constitucional Señaló:

(v) Inexequibilidad parcial y exequibilidad condicionada de las normas estudiadas.

Al resolver el problema jurídico, la Corte verificó la vulneración del artículo 116 superior, porque la asignación de funciones jurisdiccionales a la PGN no cumplió con los presupuestos fijados por la Constitución. Se precisó que dicho otorgamiento i) debe ser excepcional; ii) debe estar contenido en una norma con fuerza material de ley; iii) las materias sobre las que se ejercerán esas funciones deben ser precisas, esto es, deben estar definidas de manera clara y de acuerdo con un «ámbito material» delimit ado y iv) no se podrán asignar funciones jurisdiccionales a autoridades administrativas para la investigación y juzgamiento de delitos. Las normas analizadas implicaron la habilitación amplia, general, exclusiva y extensa de la PGN como órgano investido d e jurisdicción para el ejercicio de la

jurisdiccionales a autoridades administrativas para la investigación y juzgamiento de delitos. Las normas analizadas implicaron la habilitación amplia, general, exclusiva y extensa de la PGN como órgano investido d e jurisdicción para el ejercicio de la acción disciplinaria y la imposición de sanciones, inclusive las de destitución,

23 Decisión del 21 de septiembre de 2021 (radicación -2021-00081), Decisión del 27 de julio de 2020 (radicación - 2020-00137), Decisión del 26 de mayo de 2020 (radicación - 2020-00041), Decisión del 6 de julio de 2022 (radicación - 2022-00026), Decisión del 3 de junio de 2022 (radicación - 2022-00031)Radicación: 11001-03-06-000-2022-00294-00 Página 10 de 22

suspensión e inhabilidad contra servidores públicos de elección popular. En bloque, se redefinió la naturaleza de una función, que no es taba en cabeza de la Rama Judicial, sin que implicara su fortalecimiento ni descongestión. Ello es contrario a la Carta, 6 por lo que la Corte procedió a declarar la inexequibilidad de las expresiones “jurisdiccionales” y “jurisdiccional” de los artículos 1, 54, 73 y 74 de la Ley 2094 de 2021.

La Sala precisó que las funciones disciplinarias que ejerce la PGN son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional. En tal sentido, la Corte declaró la exequibilidad condicionada de los artículos 13, 16 y 17 de la Ley 2094 de 2021, en el entendido de que las funciones disciplinarias que ejerce la PGN son de

exequibilidad condicionada de los artículos 13, 16 y 17 de la Ley 2094 de 2021, en el entendido de que las funciones disciplinarias que ejerce la PGN son de naturaleza administrativa y no jurisdiccional.

En seguida, al estudiar el reproche sobre la violación del artículo 29 de la Carta y el artículo 8 de la CADH, sobre la garantía de juez natural, la Sala consideró que el artículo 277.6 de la Constitución dispone que la PGN es competente para, conforme a la ley, adelantar las investigaciones e imponer sanciones disciplinarias a los servidores públicos, incluidos los de elección popular, excepto aquellos cuyo régimen está regulado por la Constitución. Dicha atribución debe ejercerse bajo la aplicación de los estándares constitucionales, entre los cuales se encuentra el de reserva judicial, en virtud del cual, los jueces, con independencia de su especialidad, son los competentes para imponer las limitaciones antes mencionadas a los servidores públicos de elección popular, siempre que brinden las garantías del debido proceso, pues tal restricción no puede ser impuest a por autoridades administrativas. Dicha consideración es respetuosa de la arquitectura institucional dispuesta por el Constituyente de 1991 para la vigilancia de la función pública, porque conserva la potestad disciplinaria en cabeza de la Procuraduría General de la Nación 1 Cfr. Sentencia C-146 de 2021. 7 y, adicionalmente, recoge la ampliación de la garantía de juez natural, mediante el establecimiento de la decisión judicial como condición indispensable para la imposición de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, a

la ampliación de la garantía de juez natural, mediante el establecimiento de la decisión judicial como condición indispensable para la imposición de sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad a servidores públicos de elección popular, a partir de los estrictos estándares derivados del bloque de constitucionalidad.

Adicionalmente, la naturaleza de la queja de acoso laboral constituye un trámite administrativo que debe presentarse ante el comité de convivencia laboral24 de cada entidad, el cual fue creado por la Ley 1010 de 2006 , con la finalidad de prevenirlo, corregirlo o sancionarlo en el marco de las relaciones de trabajo, con el objetivo de mejorar el clima organizacion al y disminuir los riesgos psicosociales. Y en la administración pública, se asocia a la función disciplinaria la cual hace parte del derecho administrativo sancionador del Estado, cuyas decisiones son susceptibles de ser impugnadas ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

24 Resolución núm. 652 de 2012 “Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones”Radicación: 11001-03-06-000-2022-00294-00 Página 11 de 22

5. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos previstos en el artículo 14 se suspenderán»25.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y

previstos en el artículo 14 se suspenderán»25.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en el artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo para el examen y decisión de los asuntos que plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspe nsión de los términos e