CE - 010306000202300179001AUTOQUERESUELDECLARARC20231011114006

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejera ponente: María del Pilar Bahamón Falla

Bogotá D.C., cinco (5) de septiembre de 2023

Número único: 11001 03 06 000 2023 00179 00.

Referencia: Conflicto negativo de competencias administrativas.

Partes: Procuraduría General de La Nación - Procuraduría Regional

De Boyacá, Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) Asunto: Autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 de 2011), respectivamente modificados por los artículos 2 y 19 de la Ley 2080 de 2021 1, procede a estudiar el asunto de la referencia.

I. ANTECEDENTES

Con base en la documentación recibida, se exponen a continuación los antecedentes que dan origen al presente conflicto:

1. Mediante Resolución 001 de 22 de diciembre de 2020, la Comisión de Personal de la Corporación Autónoma de Boyacá CORPOBOYACA, no accedió a la reclamación por inconformidad en la concertación de evaluación de compromisos

periodo 2020 – 2021, del servidor público de carrera administrativa Diego Francisco Sánchez Pérez, profesional especializado de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales; al mismo tiempo , remitió copias a la Secretaría General de la queja disciplinaria formulada en contra del subdirector Diego Alfredo Roa Niño,

Sánchez Pérez, profesional especializado de la Subdirección de Administración de Recursos Naturales; al mismo tiempo , remitió copias a la Secretaría General de la queja disciplinaria formulada en contra del subdirector Diego Alfredo Roa Niño, quien aparentemente no realizó de manera consensuada la concertación de compromisos.

2. Por Aut o número 352 de 21 de mayo de 2021, Césa r Camilo Camacho Suárez en calidad de Secretario General y Jurídico de la corporación, con funciones de control disciplinario, dispuso la apertura de indagación preliminar en averiguación de responsables en desarrollo del expediente 2021-003.

3. Por Resolución número 2633 de 28 de diciembre de 2021, el director general de la Corpoboyacá aceptó el impedimento planteado por el secretario general, quien manifestó haber conocido del asunto previamente como integrante de la Comisión

1 «Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -Ley 1437 de 2011 - y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la Jurisdicción».Radicación: 11001 03 06 000 2023 00179 00 Página 2 de 33

de Personal de la entidad; en el mismo acto administrativo, asignó a la asesora de la Dirección General para continuar el conocimiento de las diligencias disciplinarias.

4. Mediante escrito de 15 de julio de 2022, la asesora de la Dirección General de la corporación, le manifestó al representante legal, falta de competencia para continuar con el conocimiento del proceso disciplinario al señalar que con motivo de

4. Mediante escrito de 15 de julio de 2022, la asesora de la Dirección General de la corporación, le manifestó al representante legal, falta de competencia para continuar con el conocimiento del proceso disciplinario al señalar que con motivo de la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019 en el mes de marzo de 2022, y su modificatoria, la Ley 2094 de 2021, el jefe de la Oficina de Control Disciplinario debía ser abogado y pertenecer al nivel directivo, sin que ella reúna esas condiciones.

5. El 2 de agosto de 2022, el director general de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, expidió la Resolución 1403 por la cual declaró la falta de competencia y remitió el proceso disciplinario a la Procuraduría Regional de Boyacá.

6. Mediante Auto del 2 2 de septiembre de 20222, la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá devolvió el expediente a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, al considerar que la competencia debía ser asumida por el director de la corporación, quien como máxima autoridad ostenta la facultad para investigar a los servidores públicos de su entidad, conforme lo previsto en el artículo 3° de la Ley 1952 de 2019.

7. El 16 de noviembre de 2022, mediante Resolución 2380 3 el director de la Corporación Autónoma Regional de Boyac á se abstuvo de avocar el proceso disciplinario y nuevamente remitió las diligencias a la Procuraduría Regional de Boyacá para que adelante las actuaciones pertinentes.

8. Por segunda ocasión, mediante Auto 2557 de 7 de diciembre de 2022, la

disciplinario y nuevamente remitió las diligencias a la Procuraduría Regional de Boyacá para que adelante las actuaciones pertinentes.

8. Por segunda ocasión, mediante Auto 2557 de 7 de diciembre de 2022, la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá devolvió el proceso disciplinario a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá para que asum iera la competencia de dicho asunto.

9. El 17 de mayo de 2023 4, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá formuló ante la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, conflicto negativo de competencias administrativas con la Procuraduría General de la

Nación.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011, modificado por el artículo 2° de la Ley 2080 de 2021, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala por el término de cinco días, con el fin de que las autoridades

2 Archivo digital SAMAI, anexo 6. Fl 136 3 Archivo digital SAMAI, anexo 6. Fl 140 4 Archivo digital SAMAI, NroActua 2, archivo 1.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00179 00 Página 3 de 33

involucradas y las personas interesadas presentaran sus alegatos en el trámite del conflicto.5

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá , a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá , al señor Diego Francisco Sánchez Pérez en

Consta que se informó sobre el presente conflicto a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá , a la Procuraduría General de la Nación, a la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá , al señor Diego Francisco Sánchez Pérez en calidad de quejoso y al señor Diego Alfredo Roa Niño como disciplinado.6

Obra constancia de la Secretaría de la Sala en el sentido de que, durante la fijación del edicto las autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.7

Mediante Auto del 5 de julio de 2023, se ofició a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá con el objeto de que allegaran información relevante para el presente trámite.

De conformidad con el informe secretarial del 14 de julio de 2023, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá allegó información a través del sistema para la gestión judicial Samai.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES

1. De la Corporación Autónoma Regional de Boyacá

Mediante escrito del 11 de julio de 2023, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá presentó alegatos de conclusión, en los cuales señaló no ser competente para conocer del proceso disciplinario.

Lo anterior, pues to que de acuerdo con el artículo 93 de la L ey 1952 de 2029, modificado por el artículo 14 de la Ley 2094 de 2021, el jefe de la oficina de control interno disciplinario deberá ser abogado y pertenecer al nivel directivo.

La función disciplinaria en la mencionada Corporación Autónoma Regional, está a cargo de la Secretaría General y Jurídica en cabeza del secretario general, quien es el único funcionario que además de ser abogado pertenece al nivel directivo de

La función disciplinaria en la mencionada Corporación Autónoma Regional, está a cargo de la Secretaría General y Jurídica en cabeza del secretario general, quien es el único funcionario que además de ser abogado pertenece al nivel directivo de la corporación.

Sin embargo, el secretario general se declaró impedido para adelantar la fase de instrucción del presente proceso disciplinario , pues este recae sobre posibles irregularidades y omisiones frente a la concertación de la evaluación de compromisos laborales para empleados de carrera administrativa, en este caso , el

5 Archivo digital SAMAI, Nro Actua 10. 6 Archivo digital SAMAI, Nro Actua 9. 7 Archivo digital SAMAI, NroActua 10.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00179 00 Página 4 de 33

quejoso Diego Francisco Sánchez Pérez, para el periodo 2020 - 2021, además hace parte de la Comisión de Personal , en calidad de representante del empleador y conoció en su momento del proceso y de las respuestas otorgadas al quejoso.

La Corpora ción Autónoma Regional precisó que al no contar con ningún otro integrante del equipo directivo que sea abogado y que reúna los requisitos señalados por la Ley 1952 de 2019, no le es posible garantizar la fase de instrucción en el proceso disciplinario, por lo cual considera que su potestad disciplinaria ha quedado limitada y que, por lo tanto, le corresponde a la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá conocer del presente conflicto.

2. De la Procuraduría General de la Nación – Regional de Instrucci ón de

Boyacá8

quedado limitada y que, por lo tanto, le corresponde a la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá conocer del presente conflicto.

2. De la Procuraduría General de la Nación – Regional de Instrucci ón de

Boyacá8

La Procuraduría Regional de Instrucción , no presentó alegatos de conclusión, no obstante, sus argumentos pueden ser extraídos del Auto 22 de septiembre de 2022, mediante el cual dicha autoridad expuso lo que a continuación se sintetiza:

Mencionó que, las presuntas irregularidades en investigación involucran a servidores por determinar de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, de acuerdo con los artículos 74 y 76 de la ley 734 de 2002, la competencia para adelantar la acción disciplinaria está en cabeza de la oficina de control interno disciplinario de la Corporación.

Frente al argumento de la Corporación de no contar con otro integrante del equipo que re úna los requisitos para iniciar la fase de instrucción , posteriormente la Procuraduría Regional, ex presó que de acuerdo al artículo 83 de la Ley 1952 de 2019, le puede corresponder también al nominador el ejercicio de la acción disciplinaria, pues, como má xima autoridad, puede investigar a los servidores públicos de la Corporación y por lo tanto la competencia para llevar el proceso disciplinario no le corresponde a la Procuraduría Regional, sino a la Corporación Autónoma Regional de Boyacá en cabeza de su director general, quien es el nominador.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

a. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban

nominador.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil

a. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regularon,

8 Archivo digital SAMAI, anexo 6.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00179 00 Página 5 de 33

en vigencia de la Código Disciplinario Único, por el artículo 82 de esta normativa, que estableció lo siguiente:

Artículo 82. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. [Se subraya].

Esta misma disposición fue reproducida por el artículo del Código General del Proceso [artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021].

ARTÍCULO 99. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El funcionario que se considere

Proceso [artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021].

ARTÍCULO 99. CONFLICTO DE COMPETENCIAS. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expediente en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia.

Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que este dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes.

El funcionario de inferior nivel no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente.

Sin embargo, en el presente caso no cabe aplicar esta disposición, debido a que las dos partes en conflicto, la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Regional de Boyacá) y la Corporación Autónoma Regional de Boyacá no tienen un superior común en materia disciplinaria.

Dada la imposibilidad de aplicar esta regla especial, le corresponde al Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, ejercer su función general de resolver los conflictos de competencias admi nistrativas que se presenten entre dos o más autoridades, entidades u organismos del Estado, en los términos previstos en los artículos 39 y 112, numeral 10 del CPACA.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00179 00 Página 6 de 33

b. Competencia de la Sala

artículos 39 y 112, numeral 10 del CPACA.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00179 00 Página 6 de 33

b. Competencia de la Sala

La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»9 se contienen en el capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual:

Artículo 39 . Conflictos de competencia administrativa . Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado.

[…]

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribun al administrativo. Una vez el expediente ingrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto.

Con base en las normas citadas, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber:

• Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación.

9 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL.

Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no previsto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001 03 06 000 2023 00179 00 Página 7 de 33

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la Procuraduría Regional de instrucción de Boyacá han negado su competencia para iniciar la etapa de instrucción del proceso disciplinario adelantado en contra del subdirector de la primera.

La Corporación Autónoma Regional de Boyacá y la Procuraduría Regional de instrucción de Boyacá han negado su competencia para iniciar la etapa de instrucción del proceso disciplinario adelantado en contra del subdirector de la primera.

• Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en determinar la autoridad competente para iniciar la etapa de instrucción en el proceso disciplinario iniciado en contra de servidor público determinado de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá. En este caso, el proceso disciplinario iniciado contra el señor Diego Alfredo Niño Roa, en calidad de subdirector de administración de recursos naturales, con ocasión del impedimento del secretario general de esa entidad encargado de la potestad disciplinaria, y ante la dificultad de reemplazarlo por un funcionario que reúna las condiciones legales, ser abogado y hacer parte del nivel directivo. Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación (Procuraduría Regional de Boyacá) , que, de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional.

Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-030 de 2023, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones 10. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

Asimismo, las funciones disciplinarias de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá son también de naturaleza administrativa.

actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa.

Asimismo, las funciones disciplinarias de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá son también de naturaleza administrativa.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán»11.

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de

10 De acuerdo con lo informado en el comunicado del 16 de febrero de 2023. 11 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00179 00 Página 8 de 33

las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6 de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funcio nes administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará

deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competencia.

Las eventuales alusiones que se hagan a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico.

En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para iniciar la etapa de instrucción de un proceso disciplinario en contra de Diego Alfredo Niño Roa en calidad de subdirector de administración de recursos naturales, por presuntas irregularidades en la concertación de objetivos laborales con el empleado de carrera administrativa, Diego Francisco Sánchez Pérez, para el periodo 20202021.

Roa en calidad de subdirector de administración de recursos naturales, por presuntas irregularidades en la concertación de objetivos laborales con el empleado de carrera administrativa, Diego Francisco Sánchez Pérez, para el periodo 20202021.

Sobre el particular, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá señaló que no tiene la competencia para adelantar la etapa de instrucción, pues dentro de la estructura de la entidad no cuenta con los funcionarios para satisfacer las garantías en las condiciones previstas en la ley.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00179 00 Página 9 de 33

En consecuencia, y al no contar con funcionarios que sean abogados y que hagan parte del nivel directivo para iniciar la etapa de instrucción, la competencia debe ser asumida por la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá.

Por su parte, la Procuraduría Regional de Instrucción de Boyacá consideró que la competencia está en cabeza de la oficina interna de control disciplinario de Corpoboyacá. También afirmó que al no haber ningún otro funcionario que fuera abogado y perteneciera al nivel directivo para iniciar la etapa de instrucción, el director general, en su calidad de nominador, tiene la facultad para ejercer la acción disciplinaría.

Por tal motivo, la Procuraduría Regional de instrucción de Boyacá reenvió el proceso disciplinario a la Corporación Autónoma Regional para que iniciara la etapa de instrucción y llevara el proceso disciplinario.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza jurídica de las corporaciones autónomas regionales. Reiteración

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado

Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza jurídica de las corporaciones autónomas regionales. Reiteración

1. La potestad disciplinaria de la administración - Ley 1952 de 2019, modificada por la Ley 2094 de 2021.

1. Competencia de la Procuraduría General de la Nación en salvaguarda de las garantías de instrucción y juzgamiento.

1. La obligación de las entidades u órganos del Estado de conformar una oficina de control interno disciplinario y de separar los funcionarios que adelantan las etapas de instrucción y juzgamiento.

1. El control interno disciplinario en la Corporación Autónoma Regional de Boyacá.

1. Caso concreto.

5.1. Naturaleza jurídica de las corporaciones autónomas regionales. Reiteración12

12 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil, radicado núm. 11001-03-06-000-202200081-00.Radicación: 11001 03 06 000 2023 00179 00 Página 10 de 33

La Constitución Política de Colombia en sus artículos 79 y 80 establece la obligación del Estado en la protección del medio ambiente, así como la garantía del derecho colectivo a gozar de un medio ambiente sano de todos los colombianos. Con base en esas funciones se concibió la creación de las corporaciones autónomas regionales como las entidades encargadas de proteger, regular y vigilar el adecuado manejo y uso de los recursos naturales renovables.

en esas funciones se concibió la creación de las corporaciones autónomas regionales como las entidades encargadas de proteger, regular y vigilar el adecuado manejo y uso de los recursos naturales renovables.

Para ello, el numeral 7 del artículo 150 de la Carta Política otorgó la facultad al Congreso de la República de reglamentar su creación y funcionamiento, de la siguiente forma:

[…]

Corresponde al Congreso hacer las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones:

[…]

7. Determinar la estructura de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; reglamentar la creación y funcionamiento de las Corporaciones Autónomas Regionales dentro de un régimen de autonomía ; así mismo, crear o autorizar la constitución de empresas industriales y comerciales del estado y sociedades de economía mixta. (Subraya la Sala).

Con fundamento en la citada función, el Congreso de la República aprobó la Ley 99 de 1993, por medio de la cual se creó el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se estableció la naturaleza jurídica de las corporaciones, así:

Artículo 23. Naturaleza Jurídica. Las Corporaciones Autónomas Regionales son entes corporativos de carácter público, creados por la ley, integrados por las entidades territoriales que por sus características constituyen geográficamente un mismo e cosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área

mismo e cosistema o conforman una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica, dotados de autonomía administrativa y financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargados por la ley de administrar, dentro del área de su jurisdicción, el medio amb iente y los recursos naturales renovables y propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las políticas del Ministerio del Medio Ambiente.

De acuerdo con estas disposiciones y los desarrollos de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, las CAR están revestidas de las siguientes características para su funcionamiento13:

13 Ver conceptos: radicación núm. 814 del 29 de abril de 1996; radicación núm. 836 del 29 de julioRadicación: 11001 03 06 000 2023 00179 00 Página 11 de 33

• Son personas jurídicas de naturaleza pública que integran la estructura administrativa del Estado.

• Su creación tiene origen legal.

• No hacen parte de las ramas del poder público.

• Pertenecen al orden nacional14.

• Gozan de autonomía administrativa, financiera y patrimonial.

• Están conformadas por entidades territoriales que configuren geográficamente un mismo ecosistema o integren una unidad geopolítica, biogeográfica o hidrogeográfica.15

• Tienen como objetivo la preservación del medio ambiente 16, la planeación y promoción de la política ambiental regional.17

• Su competencia es regional: porque «la realidad ecológica supera los linderos territoriales, es decir, los límites políticos de las entidades territoriales. En otras palabras, la jurisdicción de una CAR pue de comprender varios municipios y varios

• Su competencia es regional: porque «la realidad ecológica supera los linderos territoriales, es decir, los límites políticos de las entidades territoriales. En otras palabras, la jurisdicción de una CAR pue de comprender varios municipios y varios departamentos».18

Además de lo ya mencionado sobre las CAR, es importante indicar que el artículo 30 de la Ley 99 de 1993 encarga dos cometidos a las corporaciones autónomas regionales, a saber: el primero, consist e en ejecutar «las políticas, planes, programas y proyectos sobre medio ambiente y recursos naturales renovables», y el segundo, en dar cumplida y oportuna aplicación a las normas legales vigentes sobre disposición, administración, manejo y aprovechamiento del medio ambiente y

de 1996; radicación núm. 963 del 3 de abril de 1997; y, radicación interna 2188 del 10 de febrero de 2014 radicado núm. 11001-03-06-000-2013-00529-00. Conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. 14 «Las corporaciones autónomas regionales son órganos constitucionales de orden nacional sui generis, pues reúnen varias de las características de los órganos descentralizados por servic