CE - 010306000202300478001AUTOQUERESUELDEFINECON20231103103240

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL

Consejero Ponente: Óscar Darío Amaya Navas

Bogotá, D.C., 25 de octubre de 2023

Radicación: 11001-03-06-000-2023-00478-00

Referencia: conflicto negativo de competencias

Partes: Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá

D.C y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

Asunto: autoridad competente para adelantar un proceso disciplinario en contra de un auxiliar de la justicia

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 112, numeral 10, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), Ley 1437 de 2011, modificados por los artículos 2° y 19, respectivamente, de la Ley 2080 de 20211, procede a estudiar el conflicto negativo de competencias administrativas de la re ferencia.

I. ANTECEDENTES

1. El 10 de noviembre de 2021, el señor Jorge Ignacio Arcos Hernández presentó ante la Comisión de Disciplina Judicial de Bogotá queja en contra del señor Mario Héctor Monroy Rodríguez, quien fungió como auxiliar de la justicia (secuestre), en el proceso 2017-0022. Proceso que se incorporó al de insolvencia económica de persona natural comerciante que se adelanta en el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá , con radicado núm. 2017-0656.

2. Mediante Auto del 20 de mayo de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial

natural comerciante que se adelanta en el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá , con radicado núm. 2017-0656.

2. Mediante Auto del 20 de mayo de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá avocó conocimiento y abrió investigación disciplinaria en contra del señor

Mario Héctor Monroy Rodríguez.

1 Por medio de la cual se reforma el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo –Ley 1437 de 2011 – y se dictan otras disposiciones en materia de descongestión en los procesos que se tramitan ante la jurisdicción.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00478-00 Página 2 de 25

3. Mediante Auto del 30 de agosto de 2022, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá declar ó su falta de competencia para continuar con el trámite de investigación disciplinaria en contra del señor Mario Héctor Monroy Rodríguez según lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley 1952 de 2019, modificad a por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021 , y ordenó el envío de las diligencias a la Procuraduría General de la Nación.

4. Mediante Auto del 23 de junio de 2023, la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá manifestó su falta de competencia y ordenó el envío de las diligencias a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para resolver el conflicto de competencias administrativas suscitado entre esa autoridad y la

Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

el conflicto de competencias administrativas suscitado entre esa autoridad y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá.

II. ACTUACIÓN PROCESAL

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley 1437 de 2011 (modificado por el artículo 2º de la Ley 2080 de 2021) e l 24 de agosto de 2023, se fijó edicto en la Secretaría de esta Sala, por el término de cinco días, para que las autoridades involucradas y los particulares interesados presentaran sus alegatos o consideraciones2.

Consta en el expediente, que se comunicó sobre el inicio de este trámite a la Procuraduría General de la Nación; a la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá; a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Bogotá; al Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá y a los señores Mario Héctor Monroy Rodríguez y Jorge Ignacio Arcos Hernández3.

El 31 de agosto de 20234, la Secretaría de la Sala informó al despacho que , dentro del término de fijación del edicto, el Juez 13 Civil del Circuito de Bogotá allego alegatos, las demás autoridades involucradas y particulares interesados guardaron silencio.

III. ARGUMENTOS DE LAS PARTES E INTERVINIENTES

3.1. Comisión Seccional de Disciplina Judicial d e Bogotá

2 Fijación por edicto núm. 461, documento 10, expediente digital. 3 Constancia de comunicación, documento 12, expediente digital. 4 Documento «SAMAI ALDESPACHOPORREPARTO_INFORMESECRETARIAL(.pdf) NroActua 7 ,

2 Fijación por edicto núm. 461, documento 10, expediente digital. 3 Constancia de comunicación, documento 12, expediente digital. 4 Documento «SAMAI ALDESPACHOPORREPARTO_INFORMESECRETARIAL(.pdf) NroActua 7 , expediente digital.pdf», expediente digital.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00478-00 Página 3 de 25

No se pronunció sobre este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala. Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos del Auto del 30 de agosto de 2022. Sostuvo que carece de competencia para conocer de la queja presentada en contra del señor Mario Héctor Monroy Rodríguez , en calidad de auxiliar de la justicia, dentro del proceso ejecutivo con radicado núm. 2017-0022, incorporado al proceso de insolvencia económica de persona natural comerciante , radicado con el núm. 2017-0656 que cursa en el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá, Como fundamento de su posición , señaló que: […] conforme viene dicho, podemos afirmar que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera ocasional o transitoria al interior de los procesos de carácter judicial cuando quiera que un funcionario judicial requiera de especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos que escapan a su natural competencia en materia jurídica y que su investigación y juzgamiento desde el punto de vista disciplinarlo, se surten bajo los preceptivas de la ley 1.952, de 2.019, modificada por la ley 2094 de 2.021, establece que

competencia en materia jurídica y que su investigación y juzgamiento desde el punto de vista disciplinarlo, se surten bajo los preceptivas de la ley 1.952, de 2.019, modificada por la ley 2094 de 2.021, establece que

ARTÍCULO 92. COMPETENCIA POR LA CALIDAD DEL SUJETO DIS CÍPLINABLE.

Artículo modificado por el artículo 13 de la Ley 2094 de 2021. El nuevo texto es el siguiente. Corresponde a las entidades y órganos del E stado, a las administraciones central y descentralizada territorialmente y, por servicios, disciplinar a sus servidores; salvo que la competencia esté asignada a otras autoridades y, sin perjuicio del poder preferente de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación conocerá de la Investigación y el juzgamiento de las faltas disciplinarias imputables a los servidores públicos de elección popular y las de sus propios servidores. El particular disciplinable conforme a este código lo será por la Procuraduría General de la Nación y las personerías, salvo lo dispuesto en el artículo 76 de este código, cualquiera que sea la forma de vinculación y naturaleza de la acción u omisión. 3.2. Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá No se pronunció sobre este conflicto de competencias durante el término de traslado para presentar alegatos ante la Sala. Sin embargo, los argumentos sobre su competencia pueden ser extraídos de l Auto del 23 de junio de 2023 , donde propone el conflicto de competencias administrativas. Manifestó que los auxiliares de la justicia son particulares que desarrollan oficios públicos

pueden ser extraídos de l Auto del 23 de junio de 2023 , donde propone el conflicto de competencias administrativas. Manifestó que los auxiliares de la justicia son particulares que desarrollan oficios públicos ocasionales y que, en virtud del artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, le correspondía a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura o de los consejos seccionales examinar su conducta y sancionar las faltas en las que pudieran haber incurrido.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00478-00 Página 4 de 25

Sostuvo que el artículo 1° del Acuerdo 1518 de 2022, expedido por el Consejo S uperior de la Judicatura , indica que los auxiliares de la justicia prestan colaboración en el ejercicio de la función judicial y esto conlleva a entender que la acción disciplinaria debe ser ejercida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus Comisiones Seccionales, por tratarse de auxiliares de la justicia particulares . Afirmó que en los términos de lo preceptuado en el inciso 6° del artículo 2° de la ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 1 ° de la Ley 2094 de 2022, compete a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus Comisiones Seccionales ejercer la acción disciplinaria contra los particulares disciplinables conforme a esa Ley . Por último, precisó que el artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, no es contrario o antitécnico a la Ley 734 de 2002, sino que más bien complementa la función jurisdiccional disciplinaria de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales,

a la Ley 734 de 2002, sino que más bien complementa la función jurisdiccional disciplinaria de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y sus comisiones seccionales, en tanto que esa misma norma expresamente cita la función de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y sus seccionales prevista en la Constitución Política de Colombia Así las cosas, concluyó lo siguiente: Es decir, es una norma que desarrolla el principio constitucional de autonomía judicial y de autocontrol del poder judicial a sus propios colaboradores o auxiliares, que en este caso son particulares. 3.3. Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá Mediante Oficio 0049 del 25 de agosto de 2023, rind ió un informe del estado actual del proceso al proceso de insolvencia económica de persona natural comerciante núm. 2017-0656, y por último informa que no se encuentra registro de que el señor Mario Héctor Monroy Rodríguez, hubiere rendido cuentas ni informes me nsuales por su gestión, ni figuran depósitos judiciales realizados por el mismo.

IV. CONSIDERACIONES

1. Competencia

1.1. Regla especial de competencia en los procesos disciplinarios según la Ley 1952 de 2019 Los conflictos de competencia que se presenten entre autoridades que deban conocer de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente

de una actuación disciplinaria, en cualquiera de sus instancias, se regulan por una norma especial contenida en el artículo 99 de la Ley 1952 de 2019, que dispone: Artículo 99. Conflicto de competencias. El funcionario que se considere incompetente para conocer de una actuación disciplinaria deberá expresarlo remitiendo el expedienteRadicación: 11001-03-06-000-2023-00478-00 Página 5 de 25

en el estado en que se encuentre, en el menor tiempo posible, a quien por disposición legal tenga atribuida la competencia. Si el funcionario a quien se remite la actuación acepta la competencia, avocará el conocimiento del asunto; en caso contrario, lo remitirá al superior común inmediato, con el objeto de que éste dirima el conflicto. El mismo procedimiento se aplicará cuando ambos funcionarios se consideren competentes. El funcionario de inferior nivel, no podrá promover conflicto de competencia al superior, pero podrá exponer las razones que le asisten y aquel, de plano, resolverá lo pertinente. No obstante, en el presente asunto no cabe aplicar esta disposición, debido a que las autoridades a las que concierne el conflicto planteado, esto es, la Procuraduría Segunda de Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá no tienen un superior común. Ante la imposibilidad de aplicar la norma especial, es necesario acudir a las disposiciones que regulan el procedimiento administrativo general, contenidas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 d e 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA (Ley 1437 d e 2011), en particular, aquellas que establecen la competencia y el procedimiento para dirimir los conflictos de competencia que puedan surgir entre dos o más autoridades.

1.2. Competencia de la Sala de Consulta y Servicio Civil La parte primera del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011) regula el «Procedimiento administrativo». Su Título III se ocupa del «Procedimiento Administrativo General», cuyas «reglas generales»5 se contienen en el Capítulo I, del que forma parte el artículo 39, modificado por el artículo 2 de la Ley 2080 de 2021, conforme al cual: Conflictos de competencia administrativa. Los conflictos de competencia administrativa se promoverán de oficio o por solicitud de la persona interesada. La autoridad que se considere incompetente remitirá la actuación a la que estime competente; si esta también se declara incompetente, remitirá inmediatamente la actuación a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en relación con autoridades del orden nacional o al Tribunal Administrativo correspondiente en relación con autoridades del orden departamental, distrital o municipal. En caso de que el conflicto involucre autoridades nacionales y territoriales, o autoridades territoriales de distintos departamentos, conocerá la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado.

5 Ley 1437 de 2011. Artículo 34. «PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO COMÚN Y PRINCIPAL. Las actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes

actuaciones administrativas se sujetarán al procedimiento administrativo común y principal que se establece en este Código, sin perjuicio de los procedimientos administrativos regulados por leyes especiales. En lo no p revisto en dichas leyes se aplicarán las disposiciones de esta Parte Primera del Código».Radicación: 11001-03-06-000-2023-00478-00 Página 6 de 25

De igual manera se procederá cuando dos autoridades administrativas se consideren competentes para conocer y definir un asunto determinado. (Se resalta) En el mismo sentido, el numeral 10 del artículo 112 del citado código, modificado por el artículo 19 de la Ley 2080 de 2021, dispone que una de las funciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado es la siguiente:

10. Resolver los conflictos de competencias administrativas entre organismos del orden nacional o entre tales organismos y una entidad territorial o descentralizada, o entre cualesquiera de estas cuando no estén comprendidas en la jurisdicción territorial de un solo tribunal administrativo. Una vez el expediente i ngrese al despacho para resolver el conflicto, la Sala lo decidirá dentro de los cuarenta (40) días siguientes al recibo de toda la información necesaria para el efecto. (Se resalta).

Con base en el artículo 39 transcrito y en armonía con el numeral 10 de l artículo 112, la Sala ha precisado los elementos que la habilitan para dirimir los conflictos de competencia administrativa, a saber: i) Que, simultáneamente, las autoridades concernidas nieguen o reclamen competencia para conocer de la actuación;

Las dos autoridades involucradas en el presente trámite, la Procuraduría Segunda de Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Bogotá, han

competencia para conocer de la actuación;

Las dos autoridades involucradas en el presente trámite, la Procuraduría Segunda de Instrucción de Bogotá y la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de l Bogotá, han negado su competencia para adelantar el proceso disciplinario en contra del señor Mario Héctor Monroy Rodríguez, como auxiliar de la justicia , por las presuntas irregularidades ocurridas dentro del proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa (Cundinamarca) radicado con el núm. 2017 -0022, que se incorporó al proceso de insolvencia económica de persona natural comerciante que se adelantó en el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá núm. 2017-0656

1. Que una de las autoridades inmersas en el conflicto de competencia administrativa sea del orden nacional, o que, en todo caso, no estén sometidas a la jurisdicción de un solo tribunal administrativo.

Como se evidencia en los antecedentes, este conflicto de competencias fue planteado entre dos autoridades del orden nacional: la Procuraduría General de la Nación, por intermedio de la Procuraduría Segunda Distrital de Instrucción de Bogotá y, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial a través de su Seccional de Bogotá.

1. Que se trate de una actuación de naturaleza administrativa, particular y concreta.

El conflicto versa sobre una actuación particular y concreta, consistente en la investigación disciplinaria en contra de Mario Héctor Monroy Rodríguez, como auxiliar deRadicación: 11001-03-06-000-2023-00478-00 Página 7 de 25

investigación disciplinaria en contra de Mario Héctor Monroy Rodríguez, como auxiliar deRadicación: 11001-03-06-000-2023-00478-00 Página 7 de 25

la justicia, por la presunta irregularidad ocurrida dentro del proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa (Cundinamarca) radicado con el núm. 20170022, el cual posteriormente , se incorporó al proceso de insolvencia económica de persona natural comerciante que se adelantó en el juzgado 13 civil del circuito de Bogotá radicado núm. 2017-0656 .

Ahora bien, en relación con la naturaleza administrativa del conflicto, es importante destacar que este involucra a la Procuraduría General de la Nación, que de acuerdo con lo previsto en la Ley 1952 de 2019, ejercía funciones disciplinarias de naturaleza jurisdiccional. Sin embargo, la Corte Constitucional, mediante Sentencia C -030 de 2023 6, declaró inexequible la naturaleza jurisdiccional de dichas funciones. Por lo tanto, en la actualidad, las funciones disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación son de naturaleza administrativa. En cuanto a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá, esta entidad ejerce una función disciplinaria de orden jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 257A de la Constitución. La Sala es competente para resolver los conflictos de competencia entre una autoridad que cumplen función administrativa (la PGN) y otra que cumple función jurisdiccional (la CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la S ala

CNDJ) por cuanto no se trata de un conflicto entre jurisdicciones ni autoridad que ejerza función jurisdiccional, de modo que es un imperativo constitucional y legal que la S ala resuelva el conflicto, en atención al expreso mandato de los artículos 29, 236 y 237 de la Carta Política, así como de los artículos 3°, 39 y 112 del CPACA, y de los artículos 2° y 93 de la Ley 1952 de 2019. Así las cosas, de acuerdo con la posición de la Sala de Consulta y Servicio Civil, se concluye que el presente conflicto de competencias debe ser resuelto y decidido por la Sala.

2. Términos legales

El inciso final del artículo 39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo ordena: «Mientras se resuelve el conflicto, los términos señalados en el artículo 14 se suspenderán» 7.

6 La Ley 2094 de 2021 en su artículo 1° otorgó funciones jurisdiccionales a la Procuraduría General de la Nación, lo cual fue replicado en sus artículos 54, 73 y 74 que modificaron los artículos 2°, 238A, 265 de la Ley 1952 de 2019. Sin embargo, la Corte Co nstitucional mediante Sentencia C -30 de 2023 declaró la inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas. Esta decisión que fue dada a conocer por la Corte Constitucional, mediante comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023.

inexequibilidad de las funciones jurisdiccionales de la Procuraduría General de la Nación atribuidas por las referidas normas. Esta decisión que fue dada a conocer por la Corte Constitucional, mediante comunicado número 04 del 16 de febrero de 2023. 7 La remisión al artículo 14 del CPACA debe entenderse hecha al artículo 1 de la Ley 1755 de 2015.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00478-00 Página 8 de 25

En consecuencia, el procedimiento consagrado en la norma citada para el examen y decisión de los asuntos que se plantean a la Sala, como conflictos negativos o positivos de competencias administrativas, prevé la suspensión de los términos de las actuaciones administrativas, de manera que no corren los términos a que están sujetas las autoridades para cumplir oportunamente sus funciones.

El mandato legal de suspensión de los términos es armónico y coherente con los artículos 6º de la Constitución Política y 137 de la Ley 1437 de 2011, por cuanto el ejercicio de funciones administrativas por autoridades carentes de competencia deviene en causal de anulación de las respectivas actuaciones y decisiones.

Como la suspensión de los términos es propia del procedimiento y no del contenido o alcance de la decisión que deba tomar la Sala, en la parte resolutiva se declarará que, en el presente asunto, los términos suspendidos se reanudarán o comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la comunicación de esta decisión.

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en

3. Aclaración previa

El artículo 39 del CPACA le otorga a la Sala de Consulta y Servicio Civil la función de definir la autoridad competente para adelantar o continuar un trámite administrativo en concreto, lo que efectúa la Sala con base en los supuestos fácticos puestos a su consideración en la solicitud y en los documentos que forman parte del expediente. Por tanto, esta Sala no puede pronunciarse sobre el fondo de la solicitud o el derecho que se reclama ante las entidades estatales frente a las cuales se dirime la competen cia.

Las eventuales alusiones que se haga a aspectos propios del caso concreto serán las necesarias para establecer las reglas de competencia. No obstante, le corresponde a la autoridad que sea declarada competente, la verificación de las situaciones de hecho y de derecho y la respectiva decisión de fondo sobre la petición de la referencia. Debe agregarse que la decisión de la Sala sobre la asignación de competencia se fundamenta en los supuestos fácticos puestos a consideración en la solicitud y en los documentos que hacen parte del expediente.

4. Síntesis del conflicto y problema jurídico En el presente caso, la Sala debe definir cuál es la autoridad competente para conocer y asumir la investigación disciplinaria en contra de Mario Héctor Monroy Rodríguez, como auxiliar de la justicia , dentro del proceso ejecutivo adelantado en el Juzgado Civil del Circuito de la Mesa (Cundinamarca) radicado con el núm. 2017 -0022, que se incorporó al proceso de insolvencia económica de persona natural comerciante que se adelantó en el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá, núm. 2017-0656

al proceso de insolvencia económica de persona natural comerciante que se adelantó en el Juzgado 13 Civil del Circuito de Bogotá, núm. 2017-0656

Sobre el particular, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bogotá manifestó queRadicación: 11001-03-06-000-2023-00478-00 Página 9 de 25

que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera ocasional o transitoria en los procesos de carácter judicial, cuando un funcionario judicial requiera de especiales conocimientos técnicos, científicos o artísticos que escapan a su natural competencia en materia jurídica y que su investigación y juzgamiento, desde el punto de vista disciplinarlo, se surten bajo los preceptivas de la ley 1952, de 2019, modificada por la ley 2094 de 2021.

La Procuraduría Segunda de Instrucción d e Bogotá, en Auto del 23 de junio de 2023, manifestó que los auxiliares de la justicia son particulares que desarrollan oficios públicos ocasionales y que, en virtud del artículo 41 de la Ley 1474 de 2011, le correspondía a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, o de los consejos seccionales, examinar su conducta y sancionar las faltas en las que pudieran haber incurrido. Para resolver el problema jurídico planteado, la Sala analizará los siguientes temas:

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración ii) Competencia del extinto Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración

1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia. Reiteración ii) Competencia del extinto Consejo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración iii) Funciones de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial y de sus comisiones seccionales frente a auxiliares de la justicia. Reiteración iv) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con posterioridad a la entrada en funcionamiento de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

Reiteración v) El régimen disciplinario de los auxiliares de la justicia con la entrada en vigencia de la Ley 1952 de 2019. Reiteración vi) Conclusiones sobre el régimen jurídico aplicable. Reiteración. vii) Caso concreto.

5. Análisis de la normativa aplicable al conflicto planteado 5.1. Naturaleza de las funciones de los auxiliares de la justicia . Reiteración8

El ejercicio y la naturaleza de la función de auxiliar de la justicia está regulada en el artículo 47 de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012 9, que señala: Naturaleza de los cargos. Los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos ocasionales que deben ser desempeñados por personas idóneas, imparciales, de conducta intachable y excelente reputación. Para cada oficio se requerirá idoneidad y

8 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001-0306-000-2021-00025-00(C) 9 Ley 1564 del 12 de julio de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se

06-000-2021-00025-00(C) 9 Ley 1564 del 12 de julio de 2012, Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones.Radicación: 11001-03-06-000-2023-00478-00 Página 10 de 25

experiencia en la respectiva materia y, cuando fuere el caso, garantía de su responsabilidad y cumplimiento. Se exigirá al auxiliar de la justicia tener vigente la licencia, matrícula o tarjeta profesional expedida por el órgano competente que la ley disponga, según la profesión, arte o actividad necesarios en el asunto en que deba actuar, cuando fuere el caso.

Los honorarios respectivos constituyen una equitativa retribución del servicio y no podrán gravar en exceso a quienes acceden a la administración de justicia. (Resaltado fuera de texto original).

Ahora bien, la Corte Constitucional10 ha señalado expresamente que los auxiliares de la justicia son particulares que ejercen funciones públicas de manera ocasional o transitoria:

[…] los cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable imparcialidad. Además, los auxiliares de la justicia no tienen un vínculo laboral con el Estado, sino que son particulares que cumplen transitoriamente funciones públicas, sujetos a un régimen de impedimentos y recusaciones como el señalado en el artículo 22 del Decreto 2265 de 1969 o el artículo 235 del Código de Procedimiento Civil. (Resaltado fuera de texto original)

De igual manera, la Sala ha precisado 11 que los auxiliares de la justicia prestan los

235 del Código de Procedimiento Civil. (Resaltado fuera de texto original)

De igual manera, la Sala ha precisado 11 que los auxiliares de la justicia prestan los servicios técnicos, administrativos o científicos que resulten útiles o necesarios para la debida administración de justicia.

Cuando se trata de procesos disciplinarios contra personas jurídicas que han prestado funciones como auxiliares de la justicia, deben responder y/o concurrir al mismo el representante legal y los miembros de junta directiva.

5.2. Competencia del extinto Conse jo Superior de la Judicatura para adelantar procesos disciplinarios en contra de auxiliares de la justicia. Reiteración12 El artículo 256 de la Constitución Política , en su versión originaria, consagró como atribuciones del Consejo Superior de la Judicatura las siguientes:

Corresponden al Consejo Superior de la Judicatura o a los Consejos Seccionales, según el caso y de acuerdo a la ley, las siguientes atribuciones: […]

10 Corte Constitucional Sentencia C798 del 16 de septiembre de 2003. 11 Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 18 de junio de 2019 (Radicado núm. 11001-03-06-0002019-00063-00(C)), y Decisión del 16 de mayo de 2018 (Radicado núm. 11001-03-06-000-2017-0020000(C). 12 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Decisión del 22 de junio de 2021. Exp. 11001-0306-000-2021-00025-00(C).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00478-00 Página 11 de 25

06-000-2021-00025-00(C).Radicación: 11001-03-06-000-2023-00478-00 Página 11 de 25

3. Examinar la conducta y sancionar las faltas de los funcionarios de la rama judicial, así como las de los abogados en el ejercicio de su profesión , en la instancia que señale la ley.

7. Las demás que señale la ley. (Resaltado fuera de texto original)

En armonía con el numeral 7 de l