CE - 010315000202203053011SENTENCIA20230615153630

Demandantes: Héctor Arturo Rodríguez Escobar y otros Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-03053-01

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-03053-01

Demandantes: HÉCTOR ARTURO RODRÍGUEZ ESCOBAR Y OTROS

Demandados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS

Temas: Tutela de fondo – confirma sentencia de primer grado.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve las impugnaciones presentadas por la Agencia de Renovación del Territorio y la Unidad Nacional de Protección contra la sentencia proferida en primera instancia el 27 de octubre de 2022, por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

En esta providencia se ampararon los derechos fundamentales al debido proceso, a la vida digna, a la seguridad y al mínimo vital de las familias inscritas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos , en el corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco (Nariño) congregados en la Asociación Porvenir Campesina.

I. ANTECEDENTES

al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos , en el corregimiento de Llorente del municipio de Tumaco (Nariño) congregados en la Asociación Porvenir Campesina.

I. ANTECEDENTES

1.1. La tutela

1. El señor Héctor Arturo Rodríguez Escobar, actuando en nombre propio y en representación de la s familias inscritas al Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) del corregimiento de Llorente (Tumaco ) congregadas en la Asociación Porvenir Campesina ( en adelante Asoporca) instauró acción de tutela contra la Presidencia de la República, la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos y la Agencia de Renovación Territorial . Con la solicitud de amparo pretende que se le protejan sus derechos fundamentales al mínimo vital, a la igualdad, a la vida, a la seguridad y al debido proceso.

2. La transgresión de los derechos constitucionales mencionados se laDemandantes: Héctor Arturo Rodríguez Escobar y otros Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-03053-01

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

adjudicó a la presunta falta de implementación de algunos puntos de los Planes de Atención Inmediata (PAI) 1, suscritos en el A cuerdo Colectivo pactado entre Asoporca y otros con el Gobierno Nacional y otros, el 26 de agosto de 2017.

1.2. Pretensiones

de Atención Inmediata (PAI) 1, suscritos en el A cuerdo Colectivo pactado entre Asoporca y otros con el Gobierno Nacional y otros, el 26 de agosto de 2017.

1.2. Pretensiones

3. La parte actora solicitó lo siguiente:

PRIMERA-. Tutelar los derechos fundamentales de Orden Constitucional consagrados en los artículos 13 y 22 como lo son: El derecho fundamental a la vida, a la igualdad, en conexidad con el derecho al mínimo vital. Así como la protección del interés prevalen te de las personas pertenecientes a comunidades campesinas, los cuales están siendo vulnerados en las circunstancias de modo, tiempo y lugar, precisados en esta sentencia por parte de la CONSEJERÍA

PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN - DIRECCIÓN

PARA LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS, AGENCIA DE RENOVACIÓN

TERRITORIAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA a la Asociación Porvenir Campesina (ASOPORCA).

SEGUNDA-. Ordenar a la CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN, en forma imperiosa y urgente a que se cumplan con los procedimientos de asistencia técnica y el desarrollo del proyecto de seguridad alimentaria del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito en un plazo razonable a ASOPORCA. Todo esto, co n el fin de

EVITAR UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.

TERCERA-. Ordenar a la CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA

ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN - DIRECCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN

DE CULTIVOS ILÍCITOS, AGENCIA DE RENOVACIÓN TERRITORIAL,

TERCERA-. Ordenar a la CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA

ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN - DIRECCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS, AGENCIA DE RENOVACIÓN TERRITORIAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA a cumplir en un plazo razonable con los pagos bimensuales de seguridad alimentaria del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito con respecto a las 619 familias de ASOPORCA afectadas con la suspensión o eliminación de esta ayuda.

CUARTA-. Ordenar a la CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA

ESTABILIZACIÓN Y LA CONSOLIDACIÓN - DIRECCIÓN PARA LA SUSTITUCIÓN DE CULTIVOS ILÍCITOS, AGENCIA DE RENOVACIÓN TERRITORIAL, PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA a cumplir activamente en un plazo razonable con el d esarrollo de los proyectos de ciclo corto y largo del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de uso Ilícito a las familias inscritas en ASOPORCA.

QUINTA-. Ordenar a la CONSEJERÍA PRESIDENCIAL PARA LA ESTABILIZACIÓN Y CONSOLIDACIÓN a reintegrar a las personas y familias de ASOPORCA que fueron suspendidas, retiradas y/o excluidas del programa debido a las cotizaciones que realizaron al sistema de seguridad social. (Sic a toda la cita).

1 Los cuáles serán desarrollados en el acápite de antecedentes.Demandantes: Héctor Arturo Rodríguez Escobar y otros Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-03053-01

3

Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-03053-01

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.3. Hechos

4. La Sala resume los supuestos fácticos relevantes de la tutela de la

referencia, de la siguiente manera:

5. El 24 de noviembre de 2016 se suscribió el Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, entre el Gobierno Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC – EP).

6. El punto 4. de dicho acuerdo se denominó «Solución al Problema de las Drogas Ilícitas». En el numeral 4.1. se dispuso que el Gobierno crearía y pondría en marcha un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito

(en adelante PNIS) , «en particular para las comunidades campesinas en situación de pobreza», con el fin de encontrar una solución económica y social definitiva y sostenible para las poblaciones afectadas por la erradicación de este tipo de cultivos.

7. La parte actora adicionó que en el punto 6.2.3., literal c, se dispuso la necesidad de fortalecer los sistemas de seguridad de los pueblos étn icos. En cuanto al literal d, del mismo numeral, indicó que se estableció la garantía de la participación y consulta de las comunidades y organizaciones representantes de los pueblos étnicos en el diseño y ejecución del PNIS.

cuanto al literal d, del mismo numeral, indicó que se estableció la garantía de la participación y consulta de las comunidades y organizaciones representantes de los pueblos étnicos en el diseño y ejecución del PNIS.

8. El 26 de mayo de 2017, la Gobernación de Nariño, el alcalde municipal de Tumaco, el director de la Dirección para la Sustitución de Cultivos Ilícitos, el delegado de las FARC EP y los representantes de las organizaciones sociales Recompas, Coccam, Asominuma, Asoporca, Sabaleta, Pianulpi – La Guarapera, La Espriella, La viña y La Guayacana, todas del departamento de Nariño firmaron un acuerdo colectivo.

9. El 29 de mayo de 2017, mediante el Decreto 896, se materializó la creación del PNIS . El objeto del programa es «promover la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, a través del desarrollo de programas y proyectos para contribuir a la superación de condiciones de pobreza y marginalidad de las familias campesinas que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito».

10. Dentro de los compromisos a cargo de las comunidades estuvieron, entre

otros:

(i) El levantamiento manual total de los cultivos de uso ilícito, incluida la raíz, en un plazo máximo de 60 días calendario contados a partir del primer desembolso por concepto de asistencia alimentaria. (ii) No resembrar, cultivar, ni involucrarse en labores asociadas a los cultivos de uso ilícito.Demandantes: Héctor Arturo Rodríguez Escobar y otros Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-03053-01

de uso ilícito.Demandantes: Héctor Arturo Rodríguez Escobar y otros Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-03053-01

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

(iii) Participar activamente en la construcción, ejecución y seguimiento del PISDA. (iv) Intervenir en actividades relacionadas con la asistencia técnica.

11. En cuanto al Gobierno Nacional, se comprometió a cumplir con los componentes del PAI, de conformidad con lo establecido en el numeral 4.1.3.6.2 del acuerdo final. Respecto al PAI, en el acuerdo colectivo se estableció lo

siguiente:

1. Plan de Atención Inmediata (PAI), para los núcleos familiares de

cultivadores y cultivadoras:

Durante el primer año: 1) Realizar la entrega de la Asistencia Alimentaria Inmediata para desarrollar actividades de sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, preparación de tierras para siembras legales o trabajos de interés comunitario, hasta por 12 meses por valor de $1.000.000 mensuale s, el cual se entregará a cada familia de manera bimestral por valor de $2.000.000. 2) Invertir por familia para el proyecto de auto sostenimiento y seguridad alimentaria la suma de $1.800.000, por una sola vez. 3) Invertir por núcleo familiar para el proyecto de ciclo corto e ingreso rápido la suma de $9.000.000 por una sola vez.

(…)

Durante el segundo año: Para asegurar a las familias mejores ingresos y

ciclo corto e ingreso rápido la suma de $9.000.000 por una sola vez.

(…)

Durante el segundo año: Para asegurar a las familias mejores ingresos y condiciones de vida dignas, el Gobierno Nacional invertirá por familia, a partir del segundo año, $10.000.000 (…) para proyectos productivos de ciclo largo y sufragar mano de obra (…).

12. En el caso de Asoporca, el accionante refirió que 4364 familias vinculadas a esta asociación suscribieron acuerdos individuales en procura de comprometerse con lo dispuesto en el PNIS y el Acuerdo Colectivo de 26 de agosto de 2017, así como para recibir los beneficios respectivos que les permitieran cambiarse a una opción legal para recibir ingresos.

13. Refirió que transcurridos 5 años desde la firma del Acuerdo Colectivo y los formularios individuales, a 619 fami lias les adeudan dineros por concepto de seguridad alimentaria, mientras que de estas, a 282 no les han dado ninguna suma por este concepto. Señaló que 89 núcleos familiares fueron suspendidos del programa y 337 excluidos, sin que se les notificara alguna decisión ni se les permitiera ejercer su derecho de defensa.

14. Afirmó que ninguna de las familias congregadas en Asoporca en el corregimiento de Llorente han recibido los proyectos productivos de ciclo corto e ingreso rápido ni de ciclo largo.

2 Componentes de los planes integrales de sustitución.Demandantes: Héctor Arturo Rodríguez Escobar y otros Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-03053-01

5

2 Componentes de los planes integrales de sustitución.Demandantes: Héctor Arturo Rodríguez Escobar y otros Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-03053-01

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

1.4. Sustento de la vulneración

15. La parte accionante solicitó que se tengan en cuenta el Acto Legislativo 02 de 20 17, el Decreto 896 de 2017, el Acuerdo F inal para la terminació n del conflicto armado interno para la construcción de una paz estable y duradera y especialmente las sentencias C -630 de 2017 y C -493 de 2017 de la Corte

Constitucional.

16. Precisó que en este caso se cumplen todos los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. Agregó que la vulneración que se alega por esta vía comporta un perjuicio irremediable. Explicó que el PAI aún no se ha completado y hay familias a quienes no se les ha otorgado la asistencia alimentaria. Aludió que las afectaciones son de alta gravedad para el derecho al mínimo vital de las personas de su comunidad.

17. Indicó que con la firma del A cuerdo Final de P az, el Gobierno Nacional adquirió un conjunto de compromisos de connotación internacional que impactan en l a toma de decisiones e implementación de políticas públicas en el país.

Asimismo, que el Acto Legislativo 02 de 2017 constituye un marco de referencia para lo que debe realizar el Gobierno en procura de atender las obligacio nes a

en l a toma de decisiones e implementación de políticas públicas en el país. Asimismo, que el Acto Legislativo 02 de 2017 constituye un marco de referencia para lo que debe realizar el Gobierno en procura de atender las obligacio nes a las que se comprometió. Explicó que en el inciso 2 del citado Acto Legislativo se dispuso que:

Las instituciones y autoridades del Estado tienen la obligación de cumplir de buena fe con lo establecido en el Acuerdo Final. En consecuencia, las actuaciones de todos los órganos y aut oridades del Estado, los desarrollos normativos del Acuerdo Final y su interpretación y aplicación deberán guardar coherencia e integralidad con lo acordado, preservando los contenidos, los compromisos, el espíritu y los principios del Acuerdo Final.

18. Aludió que la Corte Constitucional señaló que la disposición citada en el

párrafo anterior generó tres efectos:

 El Acuerdo es una política de Estado. Es decir, que es una estrategia de mediano y largo plazo para la consolidación de una paz estable y duradera.  En el Acuerdo se estableció una obligación de medios que implica que el Estado realice su mejor esfuerzo para cumplir con los compromisos pactados.  Allí se dispuso que todas las instituciones públicas del país deben cumplir los contenidos y finalidades del Acuerdo.

19. Añadió que la Rama Judicial también está sujeta a los efectos otorgados por la Corte Constitucional al Acto Legislativo 02 de 2017 en la sentencia C -630Demandantes: Héctor Arturo Rodríguez Escobar y otros Demandados: Presidencia de la República y otros

por la Corte Constitucional al Acto Legislativo 02 de 2017 en la sentencia C -630Demandantes: Héctor Arturo Rodríguez Escobar y otros Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-03053-01

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

de 2017. Explicó que el control constitucional de las normas del A cuerdo constituye un criterio de validez. En ese sentido, aludió que todos los jueces de la República tienen el deber de garantizar la preservación de los postulados del Acuerdo en los asuntos bajo sus competencias, así como de comprometerse con el desarrollo y ejecución de los planes que allí se fijaron.

20. Señaló que el PAI fue desarrollado en el literal a del punto 4.1.3.6. y fue incluido como uno de los compromisos del Acuerdo Colectivo y de los formularios de inscripción individual. Precisó que este constituye un conjunto de medidas de apoyo económico de mediano y largo plazo.

1.4.1. Los Acuerdos C olectivos y los formularios individuales son vinculantes

21. Manifestó que 4364 familias del corregimiento de Llorente congregadas en Asoporca se comprometieron con el Gobierno Nacional a cumplir lo pactado en el PNIS. Ello implicaba que tuvieran derecho al PAI individual y comunitario, a que se les entregaran los proyectos productivos de seguridad alimentaria, los de ciclo corto y ciclo largo, entre otros. Discutió que tanto el Acuerdo Colectivo, como los formularios individuales, fueron desconocidos.

que se les entregaran los proyectos productivos de seguridad alimentaria, los de ciclo corto y ciclo largo, entre otros. Discutió que tanto el Acuerdo Colectivo, como los formularios individuales, fueron desconocidos.

22. Alegó que la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación (en adel ante CEC) mencionó que los Acuerdos Colectivos y formularios individuales no eran vinculantes para el Estado en el «informe de gestión del PNIS a corte de 2019». A juicio de la parte actora tales declaraciones son contrarias a la Constitución Política y a la Ley. Esto, dado que el Acto Legislativo 02 de 2017 estableció que era obligación del Estado y sus instituciones cumplir con los pactos del Acuerdo de buena fe.

23. Indicó que las aseveraciones de la CEC demuestran la mala fe del PNIS para omitir lo s compromisos acordados con el Acuerdo C olectivo que suscribió Asoporca y los formularios individuales. Refirió que ello desconoce jurisprudencia tanto de la Corte Constitucional como del Consejo de Estado. Al respecto, citó la sentencia del 7 de abril de 20 14 (exp. 11001 -03-24-000-2013-00055-00) en la que se indicó que los procesos consensuados del Estado «constituye en un mecanismo articulador de la participación ciudadana y en un instrumento orientado a la ponderación de derechos e intereses».

1.4.2. Pese a la vinculatoriedad de los Acuerdos Colectivos , se encuentra incumplido el punto 4 respecto de los núcleos familiares de Asoporca que suscribieron formularios individuales

1.4.2. Pese a la vinculatoriedad de los Acuerdos Colectivos , se encuentra incumplido el punto 4 respecto de los núcleos familiares de Asoporca que suscribieron formularios individuales

24. Informó que distintas familias que suscribieron los formularios individuales han sido suspendidas y ello ha impedido que reciban los beneficios del PNIS. AlDemandantes: Héctor Arturo Rodríguez Escobar y otros Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-03053-01

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

respecto, refirió que 4298 recibieron la asistencia técnica a marzo de 2021. En lo que refiere a los proyectos de ciclo corto y largo, no se han recibido por ninguna de las familias adscritas a Asoporca, del municipio de Llorente.

25. Adicionó que 337 personas fueron retiradas del programa y 89 permanecen suspendidas. A 619 familias se les adeudan pagos correspondientes a la seguridad alimentaria y 282 no han recibido ningún monto por ese mismo concepto.

1.4.3. El incumplimiento del Acuerdo Colectivo y los acuerdos individuales suscritos por las familias del municipio de Llorente adscritas a Asoporca vulnera distintos de sus derechos constitucionales fundamentales

26. Aludió que se transgredió el derecho fundamental a la igualdad de las personas y familias adscritas a Asoporca que, estando en la misma situación de otros pertenecientes a otras asociaciones, los retiraron del programa.

26. Aludió que se transgredió el derecho fundamental a la igualdad de las personas y familias adscritas a Asoporca que, estando en la misma situación de otros pertenecientes a otras asociaciones, los retiraron del programa.

27. Asimismo, que se conculcó el derecho al mínimo vi tal, pues el PNIS generó la expectativa de mejorar los proyectos de vida de quienes se comprometieron con la erradicación y sustitución de cultivos de uso ilícito, para a su vez, recibir incentivos económicos. No obstante, el acogerse al PNIS les ocasionó todo lo contrario, ya que estas personas dejaron de desarrollar la actividad económica ilegal en la que se desempeñaban, pero no obtuvieron la retribución que se suponía que tendrían.

28. Refirió que de los estudios realizados por el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Nacional de Colombia realizados en 2019 y 2021 a personas que se comprometieron con el PNIS en Tumaco, se encontró que los ingresos reportados en 2021 son inferiores al del 2019. Así, mientras en 2019 lo devengado osciló entre $900.000 y $700.000, en 2021 fue de $500.000 y

$400.000.

29. Puso de presente que varias de las personas de Asoporca que suscribieron el PNIS también están inscritas en el Registro Único de Víctimas (en adelante RUV). Sin embargo, por esta situación han sido desvinculados del RUV, bajo el argumento de que no es posible percibir doble ingreso proveniente del Estado, sin que se tuviera en cuenta que los pagos otorgados por el PNIS no son puntuales aunado a que muchas personas no han recibido un solo pago.

bajo el argumento de que no es posible percibir doble ingreso proveniente del Estado, sin que se tuviera en cuenta que los pagos otorgados por el PNIS no son puntuales aunado a que muchas personas no han recibido un solo pago.

30. Agregó que las familias representadas por Asoporca son campesinos y trabajadores rurales sujetos de especial protección en ciertos escenarios. Al respecto, expuso que, de conformidad con la sentencia SU -213 de 2021 se estableció que este tipo de personas merecen la protección constitucional de acuerdo a su nivel de marginalización y vulnerabilidad socioeconómica. EntreDemandantes: Héctor Arturo Rodríguez Escobar y otros Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-03053-01

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

estos se encuentra la población desplazada por la viole ncia, las madres cabeza de familia, los menores y el adulto mayor.

31. De acuerdo con lo anterior, en su sentir, las familias de Asoporca se enmarcan dentro de los sujetos de especial protección en tanto que allí hay afrodescendientes, madres cabeza de famili a, menores, adultos mayores, y especialmente, víctimas del conflicto armado.

32. Aseveró que se desconocieron los derechos fundamentales a la vida y a la integridad física de los líderes sociales que impulsaron la sustitución de cultivos de uso ilícito y que hacen parte de Asoporca. Ello, dado que, ante el incumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional con la comunidad, los

la integridad física de los líderes sociales que impulsaron la sustitución de cultivos de uso ilícito y que hacen parte de Asoporca. Ello, dado que, ante el incumplimiento de los compromisos del Gobierno Nacional con la comunidad, los líderes han sido amenazados y asesinados por promover el programa.

33. Informó que, de conformidad con un estudio elaborado por el Observatorio de Restitución y Regulación de los derechos de propiedad agraria, entre los años 2016 y 2019 han asesinado alrededor de 47 líderes sociales que incentivaron la erradicación voluntaria de cultivos de uso ilícito en sus comunidades. En cuanto a 2020, se reportaron 75 homicidios.

34. Comentó que, de conformidad con el Programa Somos Defensores realizado por la Universidad de los Andes, en las zonas donde se implementó el PNIS hubo un aumento del asesinato de líderes sociales. De otro lado, en el Tercer Informe al Congreso sobre el Avance en la Implementación del Acuerdo de Paz, la Procuraduría General de la Nación ha manifestado que es necesario implementar estrategias integrales de seguridad « que permitan intensificar la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, que son una amenaza para los líderes de sustitución y en general para la sostenibilidad del

Programa».

1.5. Trámite de primera instancia

35. Por auto de 10 de junio de 2022, la Sección Cuarta del Consejo de Estado admitió esta solicitud de amparo . En consecuencia, ordenó no tificar en calidad de accionados al presidente de la República, a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a la Agencia de Renovación del Territorio y a

admitió esta solicitud de amparo . En consecuencia, ordenó no tificar en calidad de accionados al presidente de la República, a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, a la Agencia de Renovación del Territorio y a la Dirección de Sustitución de Cultivos Ilícitos.

36. Adicionalmente, ordenó vincular en calidad de terceros con interés a la Gobernación de Nariño, a la alcaldía de Tumaco y al Fondo Colombia en Paz.

37. De otro lado, por auto de 19 de julio de 2022, el despacho ponente de la primera instancia dispuso:Demandantes: Héctor Arturo Rodríguez Escobar y otros Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-03053-01

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

(i) Tener como parte actora tanto a Asoporca, co mo al señor Héctor Arturo Rodríguez Escobar, quien interpuso esta tutela en su nombre y en el de la asociación.

(ii) Requerir a Asoporca para que informara sobre su relación con las familias del corregimiento de Llorente (Tumaco ) explicara de qué forma se congregaron esos grupos en la asociación y qué servicios les presta.

(iii) Requerir a la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación - CEC para que acreditara el cumplimiento de los pagos por concepto de asistencia alimentaria y de los proyectos de auto sostenimiento y ciclo corto e ingreso rápido y largo con respecto a las familias del municipio de Llorente.

Consolidación - CEC para que acreditara el cumplimiento de los pagos por concepto de asistencia alimentaria y de los proyectos de auto sostenimiento y ciclo corto e ingreso rápido y largo con respecto a las familias del municipio de Llorente.

(iv) Requerir a la Agencia de Re novación del Territorio para qu e aportara la Resolución N.° 24 de 2020, o la norma que regula actualmente el protocolo de suspensión o exclusión de los usuarios del PNIS.

(v) Vincular en calidad de terceros con interés a la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), a la Fundación Panamericana para el Desarrollo Colombia (FUPAD) y a la Unidad Nacional de Protección (UNP).

1.6. Intervenciones

1.6.1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República – presidente de la República

38. Solicitó que se declara improcedente el mecanismo constitucional, o que en su lugar, se desvinculara de esta tutela tanto al DAPRE, como al presidente de la República. Esto, teniendo en cuenta que ninguna de estas entidades tiene la competencia para adoptar las medidas solicitadas en las pretensiones.

39. Aludió que la función del DAPRE se circunscribe a asistir al presidente de la República como jefe de Estado, jefe de Gobierno y suprema autoridad administrativa.

40. Indicó que la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se encontraba adscrita a l a Consejería Presidencial para el Posconflicto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, per o

administrativa.

40. Indicó que la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito se encontraba adscrita a l a Consejería Presidencial para el Posconflicto del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, per o actualmente hace parte de la Agencia de Renovación del Territorio.Demandantes: Héctor Arturo Rodríguez Escobar y otros Demandados: Presidencia de la República y otros Radicado: 11001-03-15-000-2022-03053-01

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

41. En ese sentido, solicitó la desvinculación de la Presidencia de la República y del presidente de la República . De forma subsidiaria, pidió que se declare improcedente ante la falta de hechos atribuibles a estas autoridades.

1.6.2. Agencia de Renovación del Territorio (en adelante (ART)

42. Puso de presente que en el Plan Nacional de Desarrollo 2018 -2022 se cambió su adscripción. En ese sentido, pasó de estar en el sector de agricultura y desarrollo rural, a la Presidencia de la República, con el fin de dar cumplimiento e implementación a la política pública de «paz con legalidad». Precisó que dentro de otros ajustes realizados, se creó la Dirección de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (en adelante DSCI), mediante el Decreto 2107 de 20193.

43. Mencionó que la DSCI tiene dentro de sus funciones la puesta en marcha y funcionamiento del PNIS. Pese a ello, la acción de tutela no es la vía para

43. Mencionó que la DSCI tiene dentro de sus funciones la puesta en marcha y funcionamiento del PNIS. Pese a ello, la acción de tutela no es la vía para controvertir sus decisiones administrativas, dado que quienes persigan tal cuestión tienen a su alcance el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

44. Refirió que los acuerdos colectivos, de conformidad con el Acuerdo Final de Paz y el Decreto 896 de 2017 son instrumentos a través de los cuales se socializa y materializa la formalización de los compromisos derivados del PNIS.

45. Añadió que la Corte Constitucional estudió el Decreto 896 de 2017 en la sentencia C-493 de 2017. Al respecto, declaró exequible el apartado que indica que la vinculación al PNIS es por grupos familiares. Sobre el PNIS en concreto, explicó que en la hoja de ruta metodológica se definieron unas etapas previas a la implementación, lueg o el acuerdo colectivo y finalmente los acuerdos individuales suscritos por los representantes de los núcleos familiares. Estos últimos documentos se caracterizan por contener la voluntad expresa e inequívoca de quienes los suscriben de sustituir sus cultivos de uso ilícito y de no realizar ninguna actividad de este tipo.

46. Comentó que se firmaron 99 097 acuerdos individuales con familias ubicadas a nivel nacional en zonas con presencia de cultivos ilícitos. Respecto de Asoporca, señaló que no ostenta legitimación en la causa por activa como sí lo hace un consejo comunitario. No obstante, de esta asociación se vincularon a través de acuerdos individuales 4335 familias del corregimiento de Llorente. De

de Asoporca, señaló que no ostenta legitimación en la causa por activa como sí lo hace un consejo comunit