CE - 010315000202206421011SENTENCIA20230608153556

Demandantes: Berta Martínez de Mestizo y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca Radicado:11001-03-15-000-2022-06421-01

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CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN QUINTA MAGISTRADO PONENTE: PEDRO PABLO VANEGAS GIL Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023) Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2022-06421-01 Demandantes: BERTA MARTÍNEZ DE MESTIZO Y OTROS Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAUCA Temas: Tutela contra providencia judicial – revoca y en su lugar declara improcedente – defecto fáctico. SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA OBJETO DE LA DECISIÓN La Sala resuelve la impugnación presentada por la parte accionante contra la sentencia de primera instancia del 9 de marzo de 2023 proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación. En esta providencia se negaron las pretensiones de la acción de tutela. Esto, porque no se encontró acreditado que la autoridad judicial accionada hubiese incurrido en un defecto fáctico. I. ANTECEDENTES 1.1. Solicitud de amparo 1. El 1 de diciembre de 2022, las señoras y señores Berta Martínez de Mestizo, Uriel Orrego, Luz Mira Menza Yule, Leticia Yule Méndez, José Belarmino Yule Tenorio, Alciviades Escue

Mestizo, Leonor Quitumbo Calambas, Octavio Arcila Álzate; Carmen Elisa y Sara Eva Muñoz Osorio; María Mercedes Arias1; Derly Fernanda y Verónica Arias Isaza2; así como María Manuela Chalco Chalco, Rolando, Luis Ever, Rubén Eisenhower, María Edith y Erly Dinora Rodríguez Chalco3; Cielo Victoria, Ana Silvia, Andrés Guillermo, Ángela María, Nelly, Richard, Leidy Ericela, Jesús William, Oveimar, Segundo y Rodolfo Pequi Ramos4, por intermedio de apoderado judicial, presentaron acción de tutela contra el Tribunal 1 Heredera de Blanca Flor Cerón Arias (demandante dentro del proceso ordinario). 2 Herederas de Jorge Eliecer Arias (demandante dentro del proceso ordinario). 3 Herederos de Luis Alberto Rodríguez Alomotto (demandante dentro del proceso ordinario). 4 Herederos de Guillermo Pequi Pavi (demandante dentro del proceso ordinario).Demandantes: Berta Martínez de Mestizo y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca Radicado:11001-03-15-000-2022-06421-01

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Administrativo del Cauca. Los accionantes consideraron que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso. 2. Lo anterior, con ocasión de la expedición de la sentencia proferida el 23 de junio de 2022 mediante la cual la autoridad judicial accionada modificó la decisión de primer grado dictada en el medio de control de reparación directa ejercida por los accionantes contra la Nación – Ministerio de Defensa – Policía Nacional por los daños y perjuicios ocasionados en razón de la destrucción total y/o parcial de sus viviendas y establecimientos de comercio, como consecuencia del ataque guerrillero dirigido contra la estación de policía del municipio de Toribio (Cauca) ocurrido el 9 de julio de 2011. 1.2. Pretensiones 3. Los accionantes solicitaron: Proteger de manera inmediata el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes, dejando parcialmente sin efecto la sentencia n.º 116 de fecha 23 de junio de 2022 proferida por la Sala de Decisión 001 del Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca, en relación con el numeral primero que revocó el numeral tercero de la sentencia dictada el 25 de julio de 2016 por el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Popayán - Cauca en primera instancia. Adicionalmente, se servirá ordenar al Tribunal Contencioso Administrativo del Cauca para que en un término prudencial emita sentencia complementaria conforme a las motivaciones y resoluciones que se produzcan en la presente acción de tutela. 1.3. Hechos probados y/o admitidos 4. El 9

de julio de 2011, el entonces grupo armado FARC atacó la Estación de Policía del municipio de Toribio – Cauca, haciendo estallar un vehículo de transporte «chiva bomba», cuya onda explosiva afectó las zonas urbana y rural del municipio, con la pérdida de bienes y de afectación de las costumbres de la población. 5. Por estos hechos, los accionantes, en ejercicio del medio de control de reparación directa, presentaron demanda con el fin de que se declarara administrativa y patrimonialmente responsable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional por los perjuicios ocasionados por la destrucción parcial y/o total de sus viviendas y establecimientos de comercio, como consecuencia de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2011 en el municipio de Toribio – Cauca. 6. En primera instancia el asunto fue conocido por el Juzgado 6.º Administrativo del Circuito Judicial de Popayán. Esta autoridad judicial, en sentencia del 25 de julio de 2016, declaró administrativa y patrimonialmente responsable a la demandada de los perjuicios causados a los accionantes por la destrucción de sus viviendas, y, en consecuencia, la condenó a pagar los perjuicios materiales y morales causados. 7. Como fundamento de su decisión, expuso que de conformidad con los informes oficiales se encontró acreditado que la incursión guerrillera tuvo comoDemandantes: Berta Martínez de Mestizo y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca

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objetivo la Estación de Policía de Toribio – Cauca, de manera que dicha entidad era la responsable de los daños alegados bajo el título de imputación de daño especial, pues sufrieron las consecuencias de un atentado dirigido contra un bien estatal en el marco del conflicto armado interno, lo cual no estaban en la obligación de soportar5. 8. De otro lado, encontró probado que algunos de los demandantes padecieron perjuicios morales como consecuencia de los hechos del 9 de julio de 2011, en razón a que tuvieron que desplazarse de su lugar de residencia; sin embargo, respecto a los demás actores no se demostró situación alguna de congoja, lo cual era necesario acreditar. 9. En este punto, el juez de primera instancia también consideró que había lugar a reconocer el daño emergente padecido por los accionantes como consecuencia de la avería de sus predios conforme al dictamen pericial realizado por el ingeniero Ismael Enrique Vivas aportado por el extremo activo. No obstante, señaló que no había lugar a condenar a la entidad demandada al pago del lucro cesante, en tanto que aquel no se acreditó. 10. Contra la anterior decisión, la parte actora6 y la Policía Nacional, interpusieron recurso de apelación. Las alzadas fueron decididas por el Tribunal Administrativo del Cauca. Este operador en sentencia del 23 de junio de 2022 confirmó la declaratoria de responsabilidad del Estado, pero modificó el fallo apelado, específicamente en las condenas emitidas por daño emergente a favor de los accionantes; negar los perjuicios morales y reconocer indemnización por daños a bienes constitucionalmente protegidos respecto de los demandantes a los que se acreditó el desplazamiento en razón del atentado, bajo los siguientes argumentos: 11. En cuanto a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, el operador judicial encontró que

por daños a bienes constitucionalmente protegidos respecto de los demandantes a los que se acreditó el desplazamiento en razón del atentado, bajo los siguientes argumentos: 11. En cuanto a los perjuicios materiales en la modalidad de daño emergente, el operador judicial encontró que era procedente su reconocimiento pero de conformidad con los montos7 señalados en el documento denominado «presupuesto Toribio viviendas» realizado por la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Toribio, que se basó en la apreciación directa de los predios al poco 5 Consideró que era procedente reparar los daños causados a las víctimas en la medida que padecieron los efectos de los ataques armados que los grupos guerrilleros dirigen contra las bienes e instalaciones que sirven como medio para el cumplimiento de los deberes y el desarrollo de las actividades estatales. Así las cosas, al tenor de la jurisprudencia se considera que los atentados cometidos por la guerrillera contra un objeto claramente identificable como Estado en el marco del conflicto armado interno era dable imputar al Estado a título de daño especial no porque estos bienes e instalaciones puedan ser considerados peligrosos en sí mismos, sino porque se ha desarrollado en cumplimiento de un encargo o mandato legal y en beneficio del interés general, pero con ella se ha producido un perjuicio concreto, grave y especial a un grupo de particulares, afectando su patrimonio en razón a que son blanco de continuos y violentos ataques por parte de la guerrilla que los considera objetivos militares. 6 Como fundamento de su alzada, señaló que el reconocimiento de los perjuicios inmateriales fue restrictivo por cuanto sólo se reconoció a los demandantes que se desplazaron por causa del atentado, cuando, en realidad, todos padecieron aflicciones por la destrucción de sus casas de habitación. 7 Aquellos montos eran inferiores a los señalados en el dictamen pericial

restrictivo por cuanto sólo se reconoció a los demandantes que se desplazaron por causa del atentado, cuando, en realidad, todos padecieron aflicciones por la destrucción de sus casas de habitación. 7 Aquellos montos eran inferiores a los señalados en el dictamen pericial rendido por el ingeniero Vivas.Demandantes: Berta Martínez de Mestizo y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca Radicado:11001-03-15-000-2022-06421-01

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tiempo del atentado según lo narrado por los testigos, entre los que se encontraban 2 demandantes; y además, porque estimó los daños a partir de las condiciones reales y originales de los inmuebles, lo cual no cumplió el dictamen practicado como prueba anticipada allegado por la parte demandante. 12. También, el Tribunal Administrativo de Cauca consideró que en lo concerniente al contenido del informe, en especial del presupuesto de la reparación de las viviendas, era posible advertir que en aquel se señaló de manera detallada la calidad, las cantidades y los precios sobre los daños que apreciaron en los inmuebles visitados, en los que se tuvieron en cuenta los diferentes materiales en los que original e individualmente estaban construidos los predios. 13. Con relación a los perjuicios morales, la autoridad judicial accionada consideró que no era procedente su reconocimiento, en tanto que no se aportaron pruebas que dieran cuenta de que los actores sufrieron alguna congoja por cuenta de la afectación de sus predios. 14. Finalmente, el Tribunal accionado reconoció a favor de 2 accionantes, la indemnización8 por concepto de daño a bienes constitucionalmente protegidos, en razón a que por estos hechos se tuvieron que desplazar a la localidad de Santander de Quilichao por un tiempo después del atentado. 1.4. Fundamentos de la vulneración 15. La parte actora alegó que la autoridad judicial accionada vulneró su derecho al debido proceso, toda vez que incurrió en un defecto fáctico, el cual estructuró así: 1.4.1. Defecto fáctico en su dimensión negativa9 16. Los accionantes indicaron que el Tribunal accionado realizó una valoración defectuosa de los informes rendidos por el peritaje realizado por el Ingeniero Ismael Enrique Agredo Vivas, practicado como prueba anticipada que daba cuenta de los perjuicios materiales a ellos

negativa9 16. Los accionantes indicaron que el Tribunal accionado realizó una valoración defectuosa de los informes rendidos por el peritaje realizado por el Ingeniero Ismael Enrique Agredo Vivas, practicado como prueba anticipada que daba cuenta de los perjuicios materiales a ellos ocasionados a título de daño emergente, dado los siguientes motivos: - El tribunal objetó el dictamen pericial presentado por el Ismael Enrique Agredo porque aquel tuvo en cuenta para calcular el valor de la reconstrucción de las «humildes casas de bahareque» destruidas en el ataque guerrillero, los requerimientos previstos en el Código Nacional de Sismo Resistencia NSR-2010. Sin embargo, tal postura es «injusta e incaptable», pues niega la posibilidad de recuperar sus viviendas conforme a las normas de seguridad previstas en el Estado Colombiano, promoviendo así un fallo de justicia condiciones de «pobreza, debilidad y exclusión». 8 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes para cada una de las accionantes. 9 Obran argumentos in extenso a folios 8-14 del escrito de tutela.Demandantes: Berta Martínez de Mestizo y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca Radicado:11001-03-15-000-2022-06421-01

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• El Tribunal accionado incurrió en un error cuando afirmó que en el dictamen, el perito incurrió en imprecisiones al estimar cuáles eran los daños a reparar. Esto, porque tal argumento constituye una «prevención injustificada» respecto a la experticia rendida por el Ingeniero, quien en su escrito presentó una relación detallada por ítems sobre la reconstrucción que requiere cada inmueble. - La autoridad judicial indicó que el perito incluyó en los gastos un ítem de administración, imprevistos y utilidades del orden del 25% que no debió tenerse en cuenta. Sin embargo, en sentir de los peticionarios, dicha afirmación es una «imprecisión», pues el valor por este concepto si fue pretendido en la demanda de reparación directa, razón por la que sí tenía que ser objeto del dictamen pericial. 1.4.2. Defecto fáctico en su dimensión positiva10 17. Los accionantes señalaron que el tribunal accionado para «determinar el valor de los perjuicios apreció como prueba definitiva, en la categoría de informe técnico emitido por la entidad oficial, un archivo digital o mensaje de datos en formato Excel arrimado al proceso por el Alcalde del municipio de Toribio» que no cumple con los requisitos para ser considerado como documento público idóneo por los siguientes motivos: - Por ausencia de requisitos formales: el archivo digital no tiene fecha, tampoco nombre o identificación del funcionario público que lo realizó, no explica la metodología empleada para su elaboración, carece de planos y fotografías de soporte y su contenido es totalmente inestable o editable, por lo que no tiene garantía de confiabilidad. Por esto, en su sentir, el Tribunal adoptó una vía violatoria del debido proceso, al tomar dicho mensaje de datos como un informe técnico oficial. Adicionalmente, el tribunal accionado al tener en cuenta el aludido archivo digital para efectos de determinar el monto de los perjuicios, desconoció que de conformidad con los

su sentir, el Tribunal adoptó una vía violatoria del debido proceso, al tomar dicho mensaje de datos como un informe técnico oficial. Adicionalmente, el tribunal accionado al tener en cuenta el aludido archivo digital para efectos de determinar el monto de los perjuicios, desconoció que de conformidad con los artículos 243 y 244 del CGP, el documento público es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de sus funciones y existe certeza sobre la persona que lo ha elaborado. Esto, porque del indicado mensaje de datos no es posible identificar el funcionario que lo elaboró o inició. - Por falta de competencia: De acuerdo con el artículo 3 del Decreto 1420 de 1998, le corresponde al Instituto Geográfico Agustín Codazzi o a las personas naturales o jurídicas de carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar donde se ubican los bienes objeto de la valoración, determinar el valor comercial de los bienes inmuebles, regular y realizar los avalúos sobre estos; no así a la Secretaría de Planeación de los municipios como en efecto ocurrió con el archivo digital que el Tribunal tuvo en cuenta para efectos de determinar el monto de los perjuicios. - La valoración expresada en la sentencia respecto del archivo de datos multicitado para otorgarle la fuerza probatoria de una experticia, se estructura a partir de una cadena de suposiciones, que carecen por completo de respaldo probatorio, a saber: i) el fallador supone que el archivo de datos fue elaborado y emitido por la Secretaría 10 Obran argumentos in extenso a folios 8-14 del escrito de tutela.Demandantes: Berta Martínez de Mestizo y otros Demandado: Tribunal

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de Planeación del municipio de Toribio; ii) que la información contenida en el archivo de datos fue realizada por personal que tenía conocimiento de la materia; y iii) que dicho documento es un informe técnico oficial. 1.5. Trámite de la acción de tutela 18. En auto del 2 de febrero de 2023, el magistrado ponente de la decisión de primera instancia admitió11 la acción de tutela y dispuso la notificación del Tribunal Administrativo del Cauca como accionado. 19. De igual forma, se ordenó la vinculación como terceros con interés a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional; así como notificación del trámite constitucional a todas las personas que intervinieron en el medio de control de reparación directa. 20. De otro lado, se reconoció personería jurídica al abogado de los accionantes, para actuar dentro del proceso. 1.6. Intervenciones e informes 1.6.1. Tribunal Administrativo del Cauca 21. El funcionario sustanciador de la decisión reprochada solicitó declarar improcedente la acción de tutela o, en su defecto negar el amparo. Para dichos efectos, manifestó remitirse a lo expuesto en la sentencia del 23 de junio de 2022, en la que advirtió, se realizó un análisis pormenorizado de las razones que sustentaron la decisión cuestionada, basada en la normativa y jurisprudencia aplicables al caso. 1.6.2. Policía Nacional 22. El tercero con interés a través de la Secretaría General – Área Jurídica, solicitó negar las suplicas de los accionantes, en atención a los siguientes argumentos: 23. La decisión enjuiciada no se adoptó de manera caprichosa, sino que estuvo fundamentada en la prueba aportada por la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Toribio – Cauca, la cual determinaba

de los accionantes, en atención a los siguientes argumentos: 23. La decisión enjuiciada no se adoptó de manera caprichosa, sino que estuvo fundamentada en la prueba aportada por la Secretaría de Planeación de la Alcaldía de Toribio – Cauca, la cual determinaba no solo los perjuicios ocasionados a las personas y sus inmuebles en los hechos ocurridos el 9 de julio de 2011, sino el presupuesto frente a los daños materiales, situación que conllevó tazar de manera objetiva los montos indemnizatorios de los accionantes. 11 Previo a la admisión de la tutela, mediante auto del 6 de diciembre de 2022, el magistrado de primera instancia inadmitió la solicitud de amparo y requirió a quien figuraba como apoderado judicial de los accionantes para que allegara los poderes especiales conferidos por 2 accionantes con el lleno de los requisitos formales. Surtida la etapa de notificaciones, el 25 de enero de 2023, el apoderado atendió el requerimiento.Demandantes: Berta Martínez de Mestizo y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca Radicado:11001-03-15-000-2022-06421-01

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24. También, mencionó que los demandantes contaron con la etapa procesal de traslado de los informes para controvertir el contenido de la prueba; sin embargo, ninguno de ellos objetó su contenido, configurándose así la aceptación tácita de la prueba y/o aplicación del principio de preclusión procesal. 25. De otro lado, refirió que, el tribunal para estimar los perjuicios sufridos con ocasión de los hechos ocurridos el 9 de julio de 2011, estudió el peritaje realizado por el Ingeniero Ismael Enrique Agredo Vivas, evidenciando que el perito no realizó un avalúo técnico de los perjuicios ocasionados a los accionantes, sino una proyección de los costos de adecuación de los bienes inmuebles de acuerdo a las nuevas normas de sismo resistencia, de manera que no era dable dar valor a dicha experticia, puesto que los valores indemnizatorios superaban la realidad de los padecidos y se encontraban fijados en nuevas normas de sismo resistencia. 26. El Ministerio de Defensa Nacional y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, pese a que fueron notificadas guardaron silencio en esta oportunidad. 1.7. Sentencia de primera instancia 27. En sentencia del 9 de marzo de 202312, la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación negó las pretensiones de la acción de tutela porque no encontró configurado el defecto fáctico, por los siguientes motivos: 28. El juez de tutela de primera instancia evidenció que no existió una valoración defectuosa de los informes rendidos en el peritaje practicado como prueba anticipada por el ingeniero

civil Ismael Enrique Agredo Vivas. El tribunal señaló las razones por las que dicha experticia no atendía al estado real de los inmuebles antes de sufrir el atentado, sino que buscaba la adecuación de los bienes a nuevas normas de sismo resistencia, lo cual no se advertía irracional o desproporcionada, si se tenía en cuenta que lo analizado en el asunto fue la reparación de los perjuicios materiales en su modalidad de daño emergente. 29. Luego, el juez del amparo de primer grado, consideró que el tribunal analizó el archivo digital o mensaje de datos en formato Excel elaborado por la Secretaría de Planeación Municipal de Toribio, al evidenciar que esta prueba ofrecía mayor veracidad con respecto de los perjuicios materiales padecidos por los demandantes, dejando claro que fue una prueba solicitada por la parte actora en la demanda, ordenada por el a quo y a la cual se le corrió traslado en audiencia del 20 de febrero de 2015, sin que se manifestara oposición a su contenido. De esta manera, consideró que no era cierto que la autoridad judicial accionada hubiese sorprendido a las partes con la incorporación de dicha prueba, distinto es que se le dio valor probatorio relevante en la segunda instancia. Por los demás, consideró que la institucional constitucional no es la oportunidad para controvertir la valoración probatoria realizada por los jueces. 12 La decisión de primera instancia fue notificada el 10 de abril de 2023.Demandantes: Berta Martínez de Mestizo y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca

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1.8. Impugnación 30. La parte accionante presentó escrito de impugnación13 en el que solicitó revocar la decisión de primera instancia y, en su lugar, amparar sus derechos fundamentales. Como fundamento de su alzada, reiteraron los argumentos expuestos en el escrito inicial. 31. Mediante auto del 25 de abril de 2023, el magistrado ponente de primera instancia concedió el recurso de impugnación presentado contra la decisión del 9 de marzo de 2023. 1.9. Trámite de segunda instancia 32. El despacho ponente de segunda instancia, mediante auto del 18 de mayo de 2023, dispuso la vinculación en calidad de tercero con eventual interés en las resultas del proceso, al Juzgado 6.º Administrativo del Circuito Judicial de Popayán. 33. El Juzgado 6.º Administrativo del Circuito Judicial de Popayán, rindió informe en el que indicó que, teniendo en cuenta que la inconformidad del actor es con el fallo de segunda instancia, se atiene a lo resuelto por esta Corporación en el trámite de tutela. II. CONSIDERACIONES 2.1. Competencia 34. Esta Sala es competente para conocer de la impugnación del fallo de tutela del 9 de marzo de 2023 dictado por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación. Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991 y en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Legitimación en la causa 35. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento

como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación. 2.2. Legitimación en la causa 35. La legitimación en la causa consiste, de una parte, en que quien promueve la acción sea el titular del derecho o del interés que se invoca como fundamento de las pretensiones que se aducen (activa), y, de otra, en que el accionado sea el sujeto frente a quien deben reclamarse y controvertirse estas (pasiva). 36. Con fundamento en el marco conceptual expuesto, la Sala advierte que Berta Martínez de Mestizo, Uriel Orrego, Luz Mira Menza Yule, Leticia Yule Méndez, José Belarmino Yule Tenorio, Alciviades Escue Mestizo, Leonor Quitumbo Calambas, Octavio Arcila Álzate, Carmen Elisa y Sara Eva Muñoz Osorio, se encuentran

13 El escrito de impugnación fue presentado el 13 de abril de 2023.Demandantes: Berta Martínez de Mestizo y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca Radicado:11001-03-15-000-2022-06421-01 9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

legitimados en la causa por activa. Esto, porque figuran como demandantes en el proceso de reparación directa en el que se profirió la providencia aquí cuestionada. 37. Igual suerte corren, María Mercedes Arias14; Derly Fernanda y Verónica Arias Isaza15; así como María Manuela Chalco Chalco, Rolando, Luis Ever, Rubén Eisenhower, María Edith y Erly Dinora Rodríguez Chalco16, Cielo Victoria, Ana Silvia, Andrés Guillermo, Ángela María, Nelly, Richard, Leidy Ericela, Jesús William, Oveimar, Segundo y Rodolfo Pequi Ramos17, quienes se encuentran legitimados en la causa por activa al ser los herederos de las demás personas que figuran como demandantes dentro del proceso ordinario en el que profirió la sentencia aquí reprochada. 38. Por su parte, esta Colegiatura encuentra que el Tribunal Administrativo de Cauca está legitimado en la causa por pasiva al ser la autoridad judicial que profirió la decisión reprochada en esta oportunidad. 2.3. Problemas jurídicos 39. Le corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión de primera instancia proferida por la Subsección A de la Sección Segunda de esta Corporación el 9 de marzo de 2023. 40. Para ello, le corresponde a la Sala determinar si concurren los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela. De encontrarse superados, la Sala analizará lo siguiente: •¿El Tribunal Administrativo de Cauca vulneró el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes. Lo anterior, por haber incurrido en el defecto fáctico con la expedición de la

sentencia del 23 de junio de 2022 que modificó la decisión de primera instancia al interior del medio de control de reparación directa iniciado por los actores contra la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Policía Nacional, con el fin de que se declararan administrativa y patrimonialmente responsable de los daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del ataque guerrillero ocurrido el 9 de julio de 2011? 41. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) el criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; y (iii) el análisis del caso concreto, con fundamento en los cargos propuestos en la demanda de tutela. 14 Heredera de Blanca Flor Cerón Arias (demandante dentro del proceso ordinario). 15 Herederas de Jorge Eliecer Arias (demandante dentro del proceso ordinario). 16 Herederos de Luis Alberto Rodríguez Alomotto (demandante dentro del proceso ordinario). 17 Herederos de Guillermo Pequi Pavi (demandante dentro del proceso ordinario).Demandantes: Berta Martínez de Mestizo y otros Demandado: Tribunal Administrativo del Cauca Radicado:11001-03-15-000-2022-06421-01

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial 42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, en fallo de 31 de julio de 201218. Lo anterior, porque hasta ese momento, las distintas Secciones y la misma Sala Plena tenían diferentes posturas sobre este tema19. En la referida sentencia se estableció que la tutela contra providencias judiciales sí es procedente si se cumplen ciertos requisitos especiales y excepcionales20. 43. A su vez, los requisitos especiales y excepcionales para que proceda una acción de tutela contra providencia judicial fueron unificados por la Sala Plena de esta Corporación en la sentencia del 5 de agosto del 201421. En esta sentencia se establecieron seis requisitos generales de procedencia22 y ocho defectos especiales en los que puede incurrir una providencia judicial23.

18 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de 31 de julio de 2012, M.P. María Elizabeth García González, Rad. No. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 19 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 20 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia”. 21 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Admini