CE - 010315000202300996001SENTENCIA20230512125428

Radicación: 11001-03-15-000-2023-00996-00

Demandante:ARIEL AUGUSTO MEJÍA BECERRA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-00996-00

Demandante: ARIEL AUGUSTO MEJÍA BECERRA

Demandados: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN

“A” Y TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho para o btener nivelación salarial .

Defecto fáctico. Requisito de relevancia constitucional por ausencia de carga mínima argumentativa cuando se cuestiona una decisión de una alta corte

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado proced e a decidir la acción de tutela promovida por el señor Ariel Augusto Mejía Becerra, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la que pide el amparo

promovida por el señor Ariel Augusto Mejía Becerra, quien actúa por intermedio de apoderado judicial, contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A” y el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la que pide el amparo constitucional de l derecho fundamental al debido proceso , vulnerado, supuestamente, por las sentencias de 25 de agosto de 2022 y 11 de octubre de 2018, en su orden, mediante las cuales negaron las pretensiones de la demanda en el marco de l medio de control de nulidad y restablecimiento del dere cho que presentó contra la Universidad Tecnológica de Pereira, con el propósito de que se declarara la existencia de una relación laboral y se ordenara el pago de las prestaciones sociales adeudad as, la nivelación salarial con el personal de planta de la entidad, la indemnización por despido injusto y su reintegro a la entidad.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El accionante manifest ó que, en ejercicio del medio d e control de nul idad y restablecimiento del derecho , presentó demanda contra la Universidad Tecnológica de Pereira , en la que solicitó la nulidad de los actos administrativos que le negaron la nivelación salarial, “ puesto que, al iniciar a laborar en el añ o 1999, se me ha bía reconocido y pagado un salario infer ior, ganaba menos que el personal de planta ”, y que se declarara la existencia de una relación laboral , el pago de las prestaciones sociales adeudad as, la indemnizaci ón por despido injusto y su reintegro a la entidad.

Refirió que dentro de los hechos de la demanda indicó que la universidad “se puso a derecho en el año 2014, cuando los profesionales de planta y los tran sitorios

injusto y su reintegro a la entidad.

Refirió que dentro de los hechos de la demanda indicó que la universidad “se puso a derecho en el año 2014, cuando los profesionales de planta y los tran sitorios llegaron al mismo rango, esto es, ganaban igual el uno y el otro sobre ese tema,Radicación: 11001-03-15-000-2023-00996-00

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2 únicamente diremos que en el 2014 el salario de pl anta y el salario transitorio quedaron en la misma cifra matemática: $ 2.451.405.00”.

Sostuvo que el conocimiento del asunto correspondió en primera instancia al Tribunal Administrativo de Risaralda , que en sentenc ia de 11 de octubre de 2018 denegó las pretensiones de la demanda, bajo el argumento de que en el caso no se discutía la existencia de una relación laboral, sino únicamente el reconocimiento y pago de la diferencia salarial entre el actor, vinculado median te prestación de servicios y un profesional grado 12 de la planta de la entidad, misma que no encontró probada al determinar que no se allegaron pruebas que acreditaran las funciones del profesional grado 12, y que los testimonios recibidos eran contradict orios en establecer si las funciones del demandante eran las mismas de aquel.

Aseveró que dicho fallo fue objeto de recurso de apelación, el cual res olvió el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por sentencia de 25 de

mismas de aquel.

Aseveró que dicho fallo fue objeto de recurso de apelación, el cual res olvió el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por sentencia de 25 de agosto de 2022, en el sentido de confirmar la decisión por las mismas razones del a quo , esto es, la falenc ia probatoria endilgable al demandante respecto de las funciones del profesional grado 12 de planta de la entidad demandada.

Indicó que la motivación del fallo de segunda instancia fue que “según el acta de la audiencia de pruebas, se tiene que dicha dili gencia fue instalada el 26 de julio de 2017 en la cual se recepcionaron los testimonios de los señores IVAN ALEXANDER LAVERDE, CARMEN LUCIA MIRANDA y MELVA LIGIA AGUDELO, no obstante una vez revisado el plenario , se tiene que el CD que contienen dichos testimonios se encuentra dañado, por ende no fue posible escuchar la audie ncia de la referencia, además, es de advertir que tampoco fueron transcritos dentro de dichas actas, luego entonces, como quiera que no fue objeto de discusión por la entidad accionada dentro del marco de la apelación, la sala tendrá en cuenta las pruebas relacionadas previamente”.

Por último, s ostuvo que, en ese sentido, para resolver el recurso de apelación el juez de segunda instancia se atuvo a las pruebas del no apelante y las testimoniales del apelante fueron dejadas por fuera, tras declarar que el C D en el que se encontraban los testimonios estaba partido y que no hubo transcripción de aquellos, lo que, a su juicio, vulnera el debido proceso.

2. Fundamentos de la acción

que se encontraban los testimonios estaba partido y que no hubo transcripción de aquellos, lo que, a su juicio, vulnera el debido proceso.

2. Fundamentos de la acción

El accionante presentó acción de tutela para obtener la protección de l derecho fundamental al debido proceso , supuestamente vulnerado por las sentencias de 25 de agosto de 2022 y 11 de octubre de 2018, en su orden, por medio de las cuales las autoridades judiciales accionadas negaron las pretensiones en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó contra la Universidad Tecnológica de Pereira.

A su juicio, la violación del debido p roceso se verifica en tanto el juez de segund a instancia “ omitió las pruebas de quien se apartó de la providencia de primera instancia”, por lo que, alega, “ el perjuicio irrogado, es absolutamente evidente, puesto que las pruebas recaudadas a instancias de la parte actora son el material más idóneo para resolver la apelación”.

Adujo que ignorar los testimonios, “por una razón tan endeble, (el CD partido y no hubo transcripción) no deja de ser un desliz judicial ya qu e, precisamente es la parte afectada con la providencia, la que solicita el re-examen probatorio”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00996-00

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3 Finalmente, sostuvo que acude a la jurisdicción constitucional “para que le

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3 Finalmente, sostuvo que acude a la jurisdicción constitucional “para que le encuentre un correctivo a una actuación, que cotejada desde el ámbito supralegal, ha omitido una de las garantías esencia les de la justicia en nuestro estado de derecho”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERO: Que se tutele el debido proceso indebidamente conculcado por la providencia emanada d el Consejo Sala de lo contencioso Admini strativo sección segunda subsección A de fec ha 25 de Agosto del 2002 dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho de carácter laboral adelantado por ARIEL AUGUSTO MEJIA BECERRA en contra de l a UNIVERSIDAD T ECNOLOGICA DE PEREIRA, ra dicado bajo el número 660012333000201600140-01 (1290-2019).

SEGUNDO: Que se ordene confeccionar una providencia que recoja las pruebas de la parte actora en el medio de control, las que no fueron tenidas en cuenta para resolver la alzada”.

4. Pruebas relevantes

Se alleg ó copia digital de las actuaciones surtidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado con el Nº 2016-00140-01, actor: Ariel Augusto Mejía.

5. Trámite procesal

Por auto de 2 de marzo de 202 3, el despacho de la magis trada sustanciadora admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar al accionante, a la s autoridades judiciales accionadas, así como a la Universidad

Por auto de 2 de marzo de 202 3, el despacho de la magis trada sustanciadora admitió la solicitud de tutela. En la misma decisión se ordenó notificar al accionante, a la s autoridades judiciales accionadas, así como a la Universidad Tecnológica de Perei ra y a la Agenc ia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como terceros interesados en el resultado del proceso.

La Secretaría General de esta Corporación libró las notificaciones electrónicas Nº 19268 a 19274, todas de 6 de marzo de 2023, con el fin de dar cumplimiento a la referida decisión1.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”

El ponente de la decisión objetada rindió informe en el que solicitó de negar la s pretensiones de la acción, por cuanto, afirmó, en el caso no se presenta el defecto fáctico anunciado, “ por el contrario, se valora ron los testimonios allegados al plenario y que se encontraban disponibles en el CD de la audiencia de pruebas”.

Agregó que en el recurso de apelación el ahora tutelante n o presentó repa ro alguno sobre la valora ción de los citados t estimonios, y que en la decisión objeto de censura no solo se valoraron los elementos de prueba allegados al expediente de conformidad con las reglas de la sana crítica, sino también se realizó u n

1 La notificación se efectuó a las siguie ntes direcci ones electrónicas: tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, jjjimenez45@hotmail.com, notifwhernandez@consejodeestado.gov.co; mcastillol@consejodeestado.gov.co;

tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, jjjimenez45@hotmail.com, notifwhernandez@consejodeestado.gov.co; mcastillol@consejodeestado.gov.co; notifrsuarez@consejodeestado.gov.co; despachorfsv@gmail.co m, stadmper@cendoj.ramajudicial.gov.conotificacionesjudiciales@utp.edu.coRadicación: 11001-03-15-000-2023-00996-00

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4 análisis del marco normativo y jurisprudencial aplicable al caso concreto, como puede apreciarse de la lectura detallada de la providencia objeto de censura.

Afirmó que el reproche que plantea el accionante en sede constitucional tiene como sustento su divergencia de c riterio en la apreciación y valoración de las pruebas sin que exista razón para ello, buscando hacer triunfar la tesis que defendió desde la presentación de la demanda , sin que en estricto sentido existan hechos de los que se pueda predicar la configuración del defecto endilgado.

Por último , sostuvo que en el presente cas o no se cumple con los requisitos generales de subsidiariedad y relevancia constitucional, en tanto i) la sentencia de segunda instancia es susceptible de ser controvertida a través del re curso extraordinario de revisión contemplado en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011CPACAy ii) se discuten asuntos del ámbito legal y económico que no guardan relación con el contenido de dicha exigencia.

extraordinario de revisión contemplado en el artículo 248 de la Ley 1437 de 2011CPACAy ii) se discuten asuntos del ámbito legal y económico que no guardan relación con el contenido de dicha exigencia.

6.2. Respuesta del Tribunal Administrativo de Risaralda

El ponente de la decisión de pri mera instancia del proc eso de nulidad y restablecimiento rindió informe en el que solicitó declarar la improcedencia de la acción, por cuanto, afirmó, la decisión adoptada en primera instancia ob edeció al análisis juicioso y exhaustivo de las disposiciones aplicables al asunto d ebatido, y de la jurisprudencia aplicable al caso en conjunto con la comunidad probatoria obrante en el plenario, las cuales fueron valoradas dentro de la sana crítica en forma integral y no aisladamente en cada una de sus partes.

Aseveró que la solicitud incumple con el requisito de relevancia constitucional, necesario para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, pues, indicó, la controversia tiene una connot ación patrimonial de carácter estrictamente p rivado y la cuestión qu e se debate se refiere a un aspecto meramente legal que no impacta derechos fundamentales.

Sostuvo que , si en gracia de discusión se admitiera que la solicitud debe ser estudiada de fondo , debe indicarse que en la decisión de primer a instancia se realizó un análisis juicioso del acervo probatorio arrimado al proceso a la luz de las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al asunto debatido, teniendo como norte lo determinado en el libelo.

Finalmente, adujo que la tut ela presentada se aseme ja más a un escrito de

disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al asunto debatido, teniendo como norte lo determinado en el libelo.

Finalmente, adujo que la tut ela presentada se aseme ja más a un escrito de apelación, como si se estuviera promoviendo una tercera instancia, y no a un documento dirigido a demostrar errores crasos por desconocimiento de la prueba recaudada que llevaron a un fallo de primera instancia inconstitucional, pues en esta no se atacan los fundamentos de la providencia de primer grado.

6.3. Respuesta de la Universidad Tecnológica de Pereira

El apoderado de la entidad rindió informe en el que solic itó que se declarara la improcedencia de la s olicitud, por cuanto, s ostuvo, i) la acción se presentó por fuera del plazo razonable dispuesto por la jurisprudencia para ese efecto, ii) el actor cuenta con un remedio legal para superar las fa lencias, consist ente en el recurso de revisión -artículos 249 y 250 numeral 5º de la Ley 1437 de 2011, en armonía con el inciso 2 ° del artículo 134 del Código Genera l del Procesoy iii) no ha existido vulneración a los derechos alegados, dado que la sente ncia judicial objetada está a acorde con la realidad probator ia, siendo el fundamento básico de la negación de las pretensiones la ausencia de demostración procesal del actor deRadicación: 11001-03-15-000-2023-00996-00

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5 la presencia en la planta de empleos de la U niversidad Tecnológica de Pereira del cargo de profesional con quien quería equiparse salarialmente.

Agregó que no es cierto que la valoración probatoria se realizó sin los criterios de la lógica y la razonabilidad, y afirmó que la prueba idónea para resolver la litis no era la aportada p or la actora o l a presentada por la demandada, sino aquella q ue demostraba los supue stos de hecho que respaldaban las pretensiones . Añadió que no es cierto que las pruebas allegadas fueron ignoradas, sino que para resolver el pleito no eran necesaria s las pruebas ausentes , dado que no se demostró por el actor la exi stencia del cargo de pl anta en la U niversidad Tecnológica de Pereira que permitiera la homologación salarial pedida.

En este sentido, expresó que la ratio decidendi para no acceder a las pretensiones fue la ausencia de evidencia que probar a la presencia e n la planta estructural d e empleos del cargo que según el actor cumplía funciones, para con ello logra r la nivelación salarial pedida, y no la falta de los testimonios supuestamente dejados de valorar.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previst o en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la

1. Competencia

De conformidad con lo previst o en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado e s competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

En primer lugar, la Sala aclara que si bien la acción se dirige contra las sentencias de 25 de agosto de 2022 y 11 de octubre de 2018 , el análisis se circunscribirá a la sentencia de segunda instancia, proferida por el C onsejo de Estado, Sección Segunda Subsección “A”, que fue el fallo que definió la situación jurídica particular.

Previo a cualquier consideración, en tanto fue solicitado por los intervinientes e n las contestacio nes, la Sala verificar á el cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, en específico la relevancia constitucional.

En caso de que se verifique su cumplimiento y el de los restan tes requisitos generales de procedencia de la acción de tutel a, corresponde a la Sala determinar si la sentencia de 25 de agosto de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, confirmó la decisión que negó las pretensiones del medio de cont rol de nulidad y restablecimiento del derec ho que presentó el actor contra la Universidad Tecnológica de Pereira, con el p ropósito de que se declarara la existencia de una relación laboral , se ordenara el pago de las prestaciones sociales adeudadas, la nivelación salarial con el personal de planta de la entidad , la inde mnización por despido injusto y su reintegro a la entidad ,

declarara la existencia de una relación laboral , se ordenara el pago de las prestaciones sociales adeudadas, la nivelación salarial con el personal de planta de la entidad , la inde mnización por despido injusto y su reintegro a la entidad , vulnera el derecho al debido proceso.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de proced encia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial yRadicación: 11001-03-15-000-2023-00996-00

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6 (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones2.

Al respecto, esa corporación judicial ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación ob jeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20053, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la le galidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de po r medio la violación d e derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia con stitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

que se encuentre de po r medio la violación d e derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia con stitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Ple na del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijado s por la Corte Constit ucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional4.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y c omo requisito de procedencia de la acción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 5, de c onformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de e studio realmente invol ucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera sufici ente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . D ebe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonce s, aducir la vulneraci ón de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tu tela contra

constitucional por vulneración de derechos fundamentales . D ebe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonce s, aducir la vulneraci ón de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tu tela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera cla ra las razones por las que considera que la providencia judic ial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompa sen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la de cisión cuestionada, de ben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio c on una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de p lantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción d e tutela no se convier ta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la prov idencia acusada. Por más informal que

2 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 3 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.

Ramírez. 3 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 4 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 5 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00996-00

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7 sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvag uarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obl igación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los juec es, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sól ida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los juec es como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya f ueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos pa rámetros, se constituy en en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta c ondición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

en cada caso concreto se cumple esta c ondición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El accionante considera que la sentencia de 25 de agosto de 202 2, mediante la cual el consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, confirmó la decisión que negó las pretensiones en el marco del medio de cont rol de nulidad y restablecimiento del derecho que presentó contra la Universidad Tecnológica de Pereira con el propósito de que se declarara la existencia de una relación laboral, y se ordenara el pago de las prestaciones sociales adeudad as, la nivelación salarial con el person al de planta de la entidad , la indemnizaci ón por despido injusto y su reintegro a la entidad , vulnera su derecho al debido proceso , por la falta de valoración de los testimo nios aportados al expediente , con ocasión del daño su frido po r el medio magnético e n el que se encontraban, los cuales considera “el material más idóneo para resolver la apelación”.

Aun cuando no haya sido explícito en la solicitud , para la Sala los repar os formulados recaen en la configuración de un supuesto defecto fáctico.

4.2. No obstante, previo a cua lquier análisis, la Sala advierte que en el presente asunto la acción constitucional se torna improcedente , toda vez que no se cumple con el requisito d e relevancia constitucional, en tanto la solicitud carece de carga mínima para efectuar un estudio de fondo, tal y como se expone a continuación:

Del expediente aportado como prueba al trámite constitucional, se observa que el

con el requisito d e relevancia constitucional, en tanto la solicitud carece de carga mínima para efectuar un estudio de fondo, tal y como se expone a continuación:

Del expediente aportado como prueba al trámite constitucional, se observa que el accionante promovió acción d e nulidad y re stablecimiento del derecho contra la Universidad Tecnológica de Pereira, con el fin de que se declarara la existencia de una relación laboral, se ordenara el pago de las prestaciones sociales adeudad as, la nivelación salarial con el personal de planta de la entidad, la indemnización por despido injusto y su reintegro a la entidad.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Risaralda en sentencia de 11 de octubre de 2018 , indicó que lo que se discutía en el caso no era la e xistencia de una relación laboral, sino únicamente el reconocimiento y pago de la diferencia salarial prestacional entre lo devengado por el accionante como trabajador vinculado mediante prestación de servicios y lo percibido por un profesional grado 12 de la entida d. Así mismo, denegó las pretensiones de la acción bajo el argumento de que la diferencia salarial solicitada no se encontró probada, en tanto no s e allegaro n las pruebas documentales que acreditaran las funciones del profesional grado 12, cargo respecto del cual se alegaba la diferencia solicitada, y por cuanto los testimonios allegados y valorados en este sentido eran contradictorios en establecer si las funciones del demandante eran las mismas del personal de planta frente al que solicitaba la nivelación.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00996-00

Demandante:ARIEL AUGUSTO MEJÍA BECERRA

personal de planta frente al que solicitaba la nivelación.Radicación: 11001-03-15-000-2023-00996-00

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8 El ahora accionante interpuso recurso de apelación contra la anterior decisión, en escrito en el que in dicó que i) “fue injustamente tratado desd e el punto de vista salarial, bajo la consideración de que su cargo era temporal, no obstante lo ejerció durante 16 años, circunstancia que iba en contra de la tempora lidad, pues en efecto se encontraba probado que los dos cargos, esto es, el grado 12 y el desempeñado eran i guales”, ii) para el 2014 la nivelación salarial era un hecho cumplido y una aspiración de derecho, circunstancia que no fue objeto de reparo alguno por la entidad demandada , y iii) que si bien era cierto que existió un contrato de trabajo entre las partes, también lo era que debía aplicarse el principio de inescindibilidad de la norma y por ende acceder a la indemnización por despido injusto”.

El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección “A”, por sentencia de 25 de agosto de 20 22, confirmó la decis ión de primera instancia bajo los mismos argumentos, es decir, los relativos a que en e l caso existía una falencia probatoria respecto de las funcio nes del profesional grado 12 de la planta de personal de la entidad demandada, frente a quien se s olicitaba la nivelación salarial, la cual era endilgable únicamente al demandante.

respecto de las funcio nes del profesional grado 12 de la planta de personal de la entidad demandada, frente a quien se s olicitaba la nivelación salarial, la cual era endilgable únicamente al demandante.

En la referida decisión, luego de hacer mención al marco normativo aplicable y a la jurisprudencia sobre la materia, la autoridad judicial accionada concluyó que no existía prueba de que las funciones desarrolladas por el demandante eran iguales a las del cargo de prof esional grado 12 en cuanto a operatividad, finalidad y responsabilidades, por lo que la nivelación salarial solicitada no era procedente.

Sobre el particular, sostuvo:

“Del material probatorio allegado, se tiene que el señor Ariel Augusto Mejía Becerra mantuvo una relación laboral subyacente en virtud de contrato s de servicios con prestaciones sociales, desde el de enero hasta el 23 de diciembre de 2014.

Ahora bien, pesé a que demostró que desplegó las funciones de profesional desde el 23 de enero de 20 08 al 23