CE - 010315000202301007001SENTENCIA20230328082017

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., veinticuatro (24) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01007-00

Actora: Mirtha Rocío Sánchez Morales

Demandado: Tribunal Administrativo del Tolima

Tema: Improcedencia de la acción de tutela por falta del cumplimiento del requisito general de inmediatez

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso y ii) acceso a la administración de justicia

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra el Tribunal Administrativo del Tolima.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 28 de abril de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 7300133-33-002-2019-00165-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.2

restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 7300133-33-002-2019-00165-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01007-00

Actora: Mirtha Rocío Sánchez Morales

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los c uales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Indicó que, presentó demanda contra el Instituto Geográfico Agustín CodazziIGAC, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto o presunto, a través del cual se negó el reconocimiento de la i) existencia de la relación laboral, la ii) ineficacia del despido, la iii) reinstalación y el iv) pago de salario ; v) prestaciones sociales y demás vi) emolumentos laborales a que tiene derecho la señora Mirtha Rocío Sánchez Morales; y a título de restablecimiento del derecho, solicitó que se declarara que entre la señora Mirtha Rocío Sánchez Morales, en calidad de trabajadora y el Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, en su calidad de empleador, existió una relación laboral de derecho público del 01 de febrero de 2018 al 16 de julio de 2018.

4. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué profirió sentencia de primera instancia el 7 de mayo de 202 1, negando las pretensiones de la demanda.

al 16 de julio de 2018.

4. El Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué profirió sentencia de primera instancia el 7 de mayo de 202 1, negando las pretensiones de la demanda.

5. El Tribunal Administrativo del Tolima profirió sentencia de se gunda instancia el

28 de abril de 2022, resolviendo lo siguiente:

“[…] PRIMERO: REVOCAR la Sentencia del 7 de mayo de 2021, proferida por el Juzgado Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué, dentro del proceso promovido por Mirtha Rocío Sánchez Morales en contra del Instituto Geográfico Agustín Codazzi-IGAC, que negó las súplicas de la demanda.

SEGUNDO: INHIBIRSE de fallar el asunto.

TERCERO: Devuélvase el expediente a la Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de Ibagué […]”.

6. El Tribunal Administrativo del Tolima consideró que:3

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Actora: Mirtha Rocío Sánchez Morales

“[…] En este asunto se determinó irregularmente estudiar las pretensiones contra un acto ficto o presunto, cuando en realidad se trataba de juzgar la respuesta negativa -hecho 14 de la demanda - del ente oficial accionado para reconocer administrativamente las m ismas pretensiones que hoy se juzgan y que, efectivamente, se encuentra documentalmente en el folio 190 del expediente. Para el caso concreto y según lo demostrado durante el proceso, el actor no fue preciso respecto del acto administrativo que pretendía su nulidad, puesto que mencionó que

efectivamente, se encuentra documentalmente en el folio 190 del expediente. Para el caso concreto y según lo demostrado durante el proceso, el actor no fue preciso respecto del acto administrativo que pretendía su nulidad, puesto que mencionó que se había configurado un acto ficto por no haber obtenido respuesta a su petición del 15 de noviembre de 2018; sin embargo, se evidencia que la entidad demandada respondió la petición mediante Oficio No. 2732018 -EE19063-O1 de noviembre 22 de 2018, es por ello que se palpa que el Instituto Geográfico Agustín Codazzi no accedió a las pretensiones en sede administrativa, porque se trataba de un contrato de prestación de servicios, oficio que contiene un acto administrativo con manifestación de la voluntad estatal a cuestionar, que fue notificado y conocido por la parte actora -pues lo menciona indubitablemente en el hecho 14 de la demanda- , acto que era el susceptible de demanda ante la jurisdicción y no fue mencionado en ningún momento sino como un hecho insular, por lo tanto, está claro que el a quo debió declarar probada la excepción de ineptitud de la demanda, siguiendo los lineamientos establecidos en la ley y la jurisprudencia.

Por otra parte, en lo relativo a la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, la Sala no está de acuerdo con lo argumentado por el juez a quo, pues se observa que en el presente caso no hay lugar a declarar la existencia del silencio administrativo negativo frente a la petición del 15 de noviembre de 2018, lo que en consecuencia impide declarar la existencia de un acto administrativo ficto o presunto pues la existencia de un acto administrativo expreso impone al actor demandarlo

administrativo negativo frente a la petición del 15 de noviembre de 2018, lo que en consecuencia impide declarar la existencia de un acto administrativo ficto o presunto pues la existencia de un acto administrativo expreso impone al actor demandarlo precisa y concretamente, por orden del legislador -artículo 163 del C. de P.A. y de lo C.A.-.

Entonces, como no lo consignó el juez a quo, la respuesta dada por la administración se encaminó a crear, extinguir o modificar la situación jurídica del peticionario, lo que lo habilitaba para acudir ante la jurisdicción, independientemente de su duda de notificación pues por el correr del trámite posterior, se deduce una conducta concluyente capaz de hacerle producir efectos jurídicos plenos. Por lo anterior, no se puede estudia r el fondo del asunto porque el quid resulta ser contraevidente respecto de las pretensiones formuladas.

La inepta demanda.

La inepta demanda se presenta en dos modalidades, a. por falta de los requisitos formales propiamente dichos, y b. por indebida a cumulación de pretensiones. Esta modalidad surge por la inobservancia de los presupuestos normativos contenidos en los artículos 1386, 163 y 165 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Ahora bien, ante la ausencia d el cumplimiento de los requisitos previos para demandar regulados en el artículo 161 ib., los cuales deben acreditarse documentalmente con la demanda para verificar su cumplimiento, se puede subsanar su omisión en las etapas de la audiencia inicial, si no se han agotado con antelación al inicio de la acción judicial correspondiente.

documentalmente con la demanda para verificar su cumplimiento, se puede subsanar su omisión en las etapas de la audiencia inicial, si no se han agotado con antelación al inicio de la acción judicial correspondiente.

Por ello, en resumen, nuestro órgano de cierre tiene dicho: “De lo anterior se advierte que la denominación «ineptitud sustancial o sustantiva» o «inepta demanda» ha tomado diferentes formas, sin embargo, técnicamente ha de señalarse que en la actualidad sólo es viable declarar próspera la que denomina la ley como «inepta demanda por falta de cualquiera de los requisitos formales o por la indebida acumulación de pretensiones», en las cuales encuadran parte de los supuestos en4

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Actora: Mirtha Rocío Sánchez Morales

que se basaba la denominada «ineptitud sustancial o sustantiva», tal como se expuso en proveído del 21 de abril de 2016”.

El trámite del asunto pues, no quedó saneado; ni por silencio de las partes ni por la omisión del a quo; esto impide un pronunciamiento de fondo e impone la inhibición […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

7. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] Con fundamento en los hechos relacionados, solicito disponer y ordenar a favor mío lo siguiente:

PRIMERO: Se TUTELEN a mi favor, los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia consagrados en la Constitución Política de Colombia por la vulneración por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

TOLIMA.

PRIMERO: Se TUTELEN a mi favor, los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia consagrados en la Constitución Política de Colombia por la vulneración por parte del TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL

TOLIMA.

SEGUNDO: Se ORDENE al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA dejar sin efecto la sentencia de 28 de abril de 2022, proferida en segunda instancia en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho promovido por MIRTHA ROCIO SANCHEZ MORALES contra el INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI "IGAC", radicado No. 73001 -33-33-002-2019-00165-00. En consecuencia, ORDENAR al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA, que en el término de un (1) mes, contado a partir de la notificación de este fallo, profiera una nueva sentencia mediante la cual se pronuncie de fondo en relación con el referido medio de control.

TERCERO: Se ORDENE el amparo de aquellos derechos fundamentales no invocados como amenazados, violados o vulnerados y que usted, en su función de guardián de la Constitución, pueda establecer como violados, amenazados y vulnerados […]”.

8. La actora en su escrito de tutela señaló que la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto procedimental por exceso ritual manifiesto.

Actuación

9. El Despacho sustanciador, mediante auto de 28 de febrero de 2023; i) admitió la acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima; y iii) vinculó al Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué

acción de tutela y ii) ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima; y iii) vinculó al Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué y al Director General del Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, en calidad de terceros con interés legítimo , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.5

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Actora: Mirtha Rocío Sánchez Morales

Intervenciones de la demandada y de los terceros con interés legítimo

10. El Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC solicitó que se declarara improcedente el amparo, toda vez que la actora presentó la acción de tutela por fuera del plazo razonable, y en ese orden de ideas, no se cumple con el requisito general de la inmediatez.

11. El Tribunal Administrativo del Tolima y el Juez Segundo Administrativo Oral del Circuito de Ibagué guardaron silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

12. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; el artículo 1.º del Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de

2019.

Decreto núm. 1983 de 30 de noviembre de 2017, por el cual se establecen reglas para el reparto de la acción de tutela; y, el Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019.

Generalidades de la acción de tutela

13. La acción de tutela ha sido instituida como un instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente señalados. Proce de, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problema jurídico

14. Corresponde a la Sala establecer: i) si, en efecto, es procedente la acción de tutela, acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias judiciales, concretamente si se cumplió con6

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Actora: Mirtha Rocío Sánchez Morales

el requisito general de inmediatez.

15. Para resolver el presente problema jurídico esta Sala analizará los siguientes temas: i) procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, ii) requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso ; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente

providencias judiciales; iii) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso ; iv) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al acceso a la administración de justicia, procediendo posteriormente a resolver el caso concreto, adentrándose en el fondo del asunto, siempre y cuando, se satisfagan los requisitos generales.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

16.Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena1, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra decisiones judiciales

17. Esta Sección adoptó2 como parámetros a seguir los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 20053, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

18. Por lo anterior, y con el fin de hacer operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de p rocedibilidad de esta acción

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María

estableció como requisitos generales de p rocedibilidad de esta acción

1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C, P. María Elizabeth García González, número único de radicación 2009-01328 3 Corte Constitucional, Sentencia de 8 de junio de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.7

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Actora: Mirtha Rocío Sánchez Morales

constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimie nto del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

19. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: e n primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de

vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial: e n primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales, permitiéndole de esta manera “dejar sin efecto o modular la decisión”4 que encaje en dichos parámetros.

20. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una man era de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

21. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 20145.

Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

22. La Sala estudiará la procedencia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C-590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional, en especial, el cumplimiento de l requisito general de

4 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P.Mauricio González Cuervo. 5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.8

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.8

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Actora: Mirtha Rocío Sánchez Morales

inmediatez.

Acerca del requisito general de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela

23.Si bien es cierto el Decreto núm. 2591 de 19 de noviembre de 1991 6 estableció que la acción de tutela puede presentarse en todo momento, no significa que no deba interponerse dentro de un plazo razonable. En efecto, la Corte Constitucional en la sentencia SU-961 de 19997 dijo:

“[…] La inexistencia de un término de caduc idad no puede significar que la acción de tutela no deba interponerse dentro de un plazo razonable. La razonabilidad de este plazo está determinada por la finalidad misma de la tutela, que debe ser ponderada en cada caso concreto. De acuerdo con los hech os, entonces, el juez está encargado de establecer si la tutela se interpuso dentro de un tiempo prudencial y adecuado, de tal modo que no se vulneren derechos de terceros.

Si bien el término para interponer la acción de tutela no es susceptible de establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos

establecerse de antemano de manera afirmativa, el juez está en la obligación de verificar cuándo ésta no se ha interpuesto de manera razonable, impidiendo que se convierta en factor de inseguridad, que de alguna forma afecte los derechos fundamentales de terceros, o que desnaturalice la acción. […]”.

24.Ahora bien, el Consejo de Estado frente al cumplimiento del requisito de inmediatez dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, dijo:

“[…] Anótese que el término o plazo de inmediatez no es único. Eso explica que las diversas secciones del Consejo de Estado hayan fijado pautas diferentes sobre este aspecto.

Por eso, la Sala Plena, como regla general, acoge un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el caso, para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejerce oportunamente. Se ha estimado como aceptable ese plazo, teniendo en cuenta la naturaleza del a cto jurisdiccional, los plazos previstos en la ley para la interposición de los recursos ordinarios y extraordinarios contra las mismas, el derecho a la tutela judicial efectiva y la necesidad de que las situaciones jurídicas resueltas logren certeza y estabilidad. La regla general del plazo de seis meses se acoge, además, teniendo en cuenta: i) que el plazo ha sido considerado como razonable por la jurisprudencia de la Corte Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]8.

6 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política"

Constitucional y; (ii) se trata de una decisión judicial adoptada en un proceso jurisdiccional […]8.

6 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política" 7 Corte Constitucional, sentencia SU-961 de 1 de diciembre de 1999, M.P. Vladimiro Naranjo Mesa. 8Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia de Unificación del 5 de agosto de 2014, C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001-03-15-000-2012-02201-01.9

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01007-00

Actora: Mirtha Rocío Sánchez Morales

25.Con fundamento en la anterior regla jurisprudencial, es posible advertir que la acción de tutela contra providencias judiciales debe interponerse dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la providencia, para efectos d e acreditar el cumplimiento del requisito de inmediatez.

26.Además, la Corte Constitucional en jurisprudencia reiterada ha dicho9:

“[…] Más recientemente, la Sala Octava de Revisión, en sentencia T322 del 10 de abril de 200810, estimó que, al momento de determinar si se presentaba el fenómeno de la inmediatez en materia de acción de tutela contra providencias judiciales, era necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de

necesario examinar los siguientes aspectos: (i) si obra en el expediente prueba alguna que justifique la inactividad del peticionario en cuestionar en sede de amparo la constitucionalidad de la providencia; (ii) si se está en presencia de un sujeto de especial protección o de una persona que se encontrase en una situación de especial indefensión; y (iii) la existencia de un plazo razonable.[…]” (Resalta la Sala)

Marco normativo y desarrollo jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso

27.Visto el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable. […]”.

28.Atendiendo a que, la Corte Constitucional 11 ha definido el derecho al debido proceso, como “[…] el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del

9 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

logre la aplicación correcta de la justicia. […]”, y ha recordado que “[…] En virtud del

9 Corte Constitucional, sentencia T-395 de 24 de mayo de 2010, M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub. 10 Corte Constitucional, sentencia T322 del 10 de abril de 2008, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto. 11 Corte Constitucional, Sentencia C 980 de 1º. de diciembre de 2010, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo10

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citado derecho, las autoridades estatales no podrán actuar en forma omnímoda, sino dentro del marco jurídico definido democráticamente, respetando las formas propias de cada juici o y asegurando la efectividad de aquellos mandatos que garantizan a las personas el ejercicio pleno de sus derechos[…]” de manera que ha resaltado que el derecho al debido proceso tiene como propósito “[…] la defensa y preservación del valor material de la justicia, a través del logro de los fines esenciales del Estado, como la preservación de la convivencia social y la protección de todas las personas residentes en Colombia en su vida, honra, bienes y demás derechos y libertades públicas (preámbulo y artículos 1° y 2° de la C.P) […]”.

Marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental de acceso a la administración de justicia

29.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la

administración de justicia

29.Visto el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia de 1991, que establece que:

“[…] ARTICULO 229. Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de abogado. […]”.

30.Atendiendo a que, la Corte Constitucional 12 ha entendido el derecho de acceso a la administración de justicia, “[…] como la posibilidad reconocida a todas las personas de poder acudir, en condiciones de igualdad, ante las instancias que ejerzan funciones de naturaleza jurisdiccional que tengan la potestad de i ncidir de una y otra manera, en la determinación de los derechos que el ordenamiento jurídico les reconoce, para propugnar por la integridad del orden jurídico y por la debida protección o restablecimiento de sus derechos e intereses legítimos, con estrict a sujeción a los procedimientos previamente establecidos y con plena observancia de las garantías sustanciales y procedimentales previstas en la Constitución y la ley […]”.

Análisis del caso concreto

31. La actora, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra el Tribunal Administrativo del Tolima, porque, a su juicio, al proferir la sentencia de 28 de abril

12 Corte Constitucional, Sentencia T 799 de 21 de octubre de 2011, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto11

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Actora: Mirtha Rocío Sánchez Morales

de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y

Actora: Mirtha Rocío Sánchez Morales

de 2022, en el proceso adelantado en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 7300133-33-002-2019-00165-01, vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

32. Visto el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales en la parte considerativa de esta sentencia, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio, para posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

33. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas aportadas por las partes, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 del Código General del Proceso, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados por la actora en su respectivo escrito de tutela.

Acervo y análisis probatorios

34.Dentro del expediente que contiene la acción de tutela se encuentra lo siguiente:

34.1. Copia de la providencia proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, el 28 de abril de 2022.

Solución al caso en concreto

Análisis del cumplimiento del requisito general de inmediatez

35. En el expediente está plenamente acreditado que i) el Tribunal Administrativo del Tolima profirió la sentencia el 28 de abril de 2022, la cual quedó notificada el 12

Análisis del cumplimiento del requisito general de inmediatez

35. En el expediente está plenamente acreditado que i) el Tribunal Administrativo del Tolima profirió la sentencia el 28 de abril de 2022, la cual quedó notificada el 12 de mayo de 202213; y ii) la actora presentó la acción de tutela el 23 de febrero de

13 Al respecto, la Sala precisa que la notificación personal se entiende realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. Por consiguiente, en el caso sub examine el mensaje de datos que puso en conocimiento la providencia cuestionada se envió el 10 de mayo de 2022, se entiende notificada personalmente el 12 de mayo de 2022 y los térm