CE - 010315000202301055001SENTENCIA20230331161545

CONSEJO DE EST ADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRA TIVO

SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejera ponente: MART A NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Radicación número: 1 10010315000202301055 00

Accionante: RAF AEL IGNACIO MEJÍA CARDONA

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRA TIVO DE ANTIOQUIA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA (SENTENCIA DE PRIMERA INST ANCIA) T e m a s : A C C I Ó N D E T U T E L A C O N T R A P R O V I D E N C I A J U D I C I A L – R e q u i s i t o s / D E F E C T O F Á C T I C O – N o e x i s t i ó u n a i n d e b i d a v a l o r a c i ó n d e l a s p r u e b a s .

Corresponde a la Sala pronunciarse en relación con la demanda de tutela instaurada por el señor Rafael Ignacio Mejía Cardona 1 , de conformidad con el Decreto 333 de 2021. I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda El 27 de febrero de 2023, el señor Rafael Ignacio Mejía Cardona, por conducto de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra el T ribunal Administrativo de Antioquia, con el fin de que se ampare su derecho fundamental al debido proceso.

2. Hechos relevantes En ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos, el señor Rafael Ignacio Mejía Cardona demandó al municipio de Betulia – Secretaría de Obras Públicas e Inspección de Policía y a los señores Jhon Jairo Rodríguez Mejía y V iyaida Urrego V argas, para obtener la protección de los derechos colectivos a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos

1 Q u e i n g r e s ó a d e s p a c h o e l 1 4 d e m a r z o d e 2 0 2 3 . 1Radicaciónnúmero:11001031500020230105500Accionante:RafaelIgnacioMejíaCardonaAccionado:TribunalAdministrativodeAntioquiaReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) urbanos respetando las disposiciones jurídicas, al goce de un medio ambiente sano, al goce del espacio público, a la utilización y defensa de los bienes de uso público, a la seguridad y salubridad pública, a la moralidad administrativa y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. Mediante sentencia del 13 de julio de 2022, el Juzgado 33 Administrativo de Medellín declaró responsables al municipio de Betulia y a los señores Jhon Jairo Rodríguez Mejía y V iyaida Urrego V argas de la vulneración y amenaza de los referidos derechos colectivos y , como consecuencia, dispuso:

1. Dejar sin efectos el acto administrativo por medio del cual se protocolizó el silencio administrativo positivo (Escritura Pública No. 2849 del 25 de octubre de 2018 de la Notaría 23 de Medellín), a través del cual se modificaron planos y se amplió la licencia de construcción para la edificación ubicada en la carrera 21 #18 – 21;

1. Que se realizara un estudio de patología y análisis de vulnerabilidad sísmica de la referida edificación; iii) Que se abstuvieran de adelantar cualquier tipo de actuación tendiente a ocupar la edificación, mientras se definía su situación, y iv) Que se realizaran visitas mensuales a la edificación y a las viviendas contiguas, con el propósito de hacer seguimiento respecto de eventuales cambios y comportamiento de fisuras reportadas por los vecinos.

La parte demandada apeló la anterior decisión ante el T ribunal Administrativo de Antioquia, el que, por medio de proveído del 23 de febrero de 2023, revocó la sentencia de primera instancia, tras considerar que no se probó la vulneración o amenaza de derechos colectivos.

3. Fundamentos de la demanda El accionante señaló que el tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico, porque “desconociótodoloprobadoenprimerainstancia”.

2Radicaciónnúmero:11001031500020230105500Accionante:RafaelIgnacioMejíaCardonaAccionado:TribunalAdministrativodeAntioquiaReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) Explicó que el argumento de que no existía prueba de que la obra estaba en riesgo de colapso era admisible para negar el amparo del derecho colectivo a la seguridad y prevención de desastres previsibles, mas no lo era para negar el amparo del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, porque se trata de dos derechos colectivos diferentes.

Dijo que no es admisible que el tribunal haya revocado la sentencia bajo el argumento de que no basta con que se incumpla la licencia de construcción y se viole la normativa municipal para considerar que se vulnere un derecho colectivo y que es suficiente con acudir al procedimiento administrativo de policía, cuando se demostró que tanto la Secretaría de Planeación Urbanística de Betulia como la Inspección de Policía de ese municipio no adelantaron las acciones necesarias para conminar a los propietarios al cumplimiento de la normativa urbanística. Indicó que, de las respuestas dadas por la Secretaría de Planeación y Obras Públicas a los vecinos de la edificación, de los informes técnicos de dicha dependencia y de los informes técnicos del DAP ARD, se desprendía que el predio materia de análisis incumplía con la normativa urbanística tanto del esquema de ordenamiento T erritorial (EOT) como del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente NSR-10. Adujo que se desconoció que el Consejo de Estado 2 ha establecido que se vulnera el derecho colectivo a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, entre otras cosas, cuando las autoridades y/o particulares desconocen las normas urbanísticas, los usos del suelo y se adelantan actuaciones de manera desordenada, a lo cual añadió que se desconoció que se probó que, tanto los particulares dueños del predio, como el municipio de Betulia y la Inspección de Policía de dicho Municipio vulneraron la normativa urbanística. Los primeros porque construyeron más de lo aprobado en la licencia y los segundos por la inactividad para hacer que se cumplieran dichas normas. En ese contexto, afirmó que el tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico porque desconoció las pruebas que tuvo en cuenta el juez de la primera instancia 2

En ese contexto, afirmó que el tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico porque desconoció las pruebas que tuvo en cuenta el juez de la primera instancia 2 S e n t e n c i a d e l 1 d e n o v i e m b r e d e 2 0 1 9 , r a d i c a d o 6 8 0 0 1 2 3 3 1 0 0 0 2 0 1 2 0 0 1 0 4 0 2 . 3Radicaciónnúmero:11001031500020230105500Accionante:RafaelIgnacioMejíaCardonaAccionado:TribunalAdministrativodeAntioquiaReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) para dictar su decisión y porque no apreció las que demostraban la vulneración del derecho colectivo a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes -ResoluciónNo.046del11denoviembrede2017,informedelaSecretaríadePlaneaciónyObrasPúblicasdela visitadel24deabrilde2018,respuestasdela SecretaríadePlaneaciónalaspeticionesdelseñorJuanFernandoPosada,informedeAsesoríaoAsistenciadel11dediciembrede2018,informetécnicodel4dejuniode2019einformedelasvisitasdel15deeneroy19defebrerode2020-.

Precisó que el T ribunal Administrativo de Antioquia “enningúnmomentodiolugara unnuevodebateprobatorio,quepermitieraconcluirqueloprobadoenprimerainstancia,noerasuficienteparaprotegerelderechocolectivoalarealizacióndelas construcciones,edificacionesy desarrollosurbanosrespetandolasdisposicionesjurídicas,demaneraordenada,ydandoprevalenciaalbeneficiodelacalidaddevidadeloshabitantes”.

4. La admisión y el trámite de la demanda de tutela 4.1. Mediante providencia de 1° de marzo de 2023, se admitió la demanda de tutela, se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y se vinculó, como terceros con interés, a la Secretaría de Obras Públicas y a la Inspección de Policía del municipio de Betulia, así como a los señores Jhon Jairo Rodríguez Mejía y V iyaida Urrego V argas. 4.2. Los mencionados ciudadanos se opusieron al amparo solicitado, tras considerar que no se evidencia la vulneración del derecho al debido proceso del tutelante, dado que las etapas del proceso en segunda instancia se desarrollaron de manera adecuada, oportuna y completa, al punto de que el demandante no presentó solicitud de nulidad alguna.

Dijeron que el tribunal accionado efectuó “unanálisisprobatorioquepermitiódilucidarlaverdadparaexpedirunfalloconformeaderechoyjusticia”. 4Radicaciónnúmero:11001031500020230105500Accionante:RafaelIgnacioMejíaCardonaAccionado:TribunalAdministrativodeAntioquiaReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia)

De otra parte, expresaron que la presente actuación es improcedente porque lo que pretende el tutelante es propiciar una tercera instancia en la que se acojan sus valoraciones probatorias y se modifique el fallo a su favor . 4.3. El T ribunal Administrativo de Antioquia, la Secretaría de Obras Públicas y la Inspección de Policía del municipio de Betulia guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S El señor Rafael Ignacio Mejía Cardona pretende que se deje sin efectos la sentencia del 23 de febrero de 2023, mediante la cual el T ribunal Administrativo de Antioquia revocó la sentencia del 13 de julio de 2022 - porlaqueelJuzgado33AdministrativodeMedellínaccedióalaproteccióndelosderechoscolectivos-.

Dado que se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial, se procede a verificar si se configuró o no el defecto alegado por la parte actora, al proferirse la referida providencia, la que se basó en el análisis que a continuación se transcribe de manera literal: C a s o c o n c r e t o Se alega que laedificaciónubicadaenlacarrera21#18-21del municipiodeBetulia, conmatrículainmobiliariaNo.035-00522;sehadesarrolladoporfuerade lo autorizado en la licencia de construcción, en contra del Plan deOrdenamiento Básico Territorial del municipio, afectando los derechoscolectivos e incluso poniendo en riesgo la vida de los vecinos, habitantes ytranseúntesdel sector,yaqueseencuentraenriesgodecolapso.

La sentenciadeprimerainstanciadeclaróvulneradoslosderechoscolectivosa la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanosrespetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dandoprevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes y, a laseguridadyprevencióndedesastresprevisiblestécnicamente. Declaró responsables de ello a los propietarios de la edificación, por el nocumplimientodelanormatividadurbanísticaenel EsquemadeOrdenamientoTerritorial (EOT) del municipio de Betulia y el Reglamento Colombiano deConstrucciónSismoResistenteNSR-10. Así mismo, declaróresponsableal municipiodeBetuliaporgenerarel silencioadministrativo, al nocontestaroportunamentelasolicituddemodificacióndelalicenciadeconstruccióninicial; deduciendodeello, unaomisióndesufuncióndevigilanciaycontrol delalicenciadeconstrucción. Los propietarios alegan que no se probó la afectación a los derechoscolectivos. Que noseestablecióquelaedificacióntengariesgodecolapsoy 5Radicaciónnúmero:11001031500020230105500Accionante:RafaelIgnacioMejíaCardonaAccionado:TribunalAdministrativodeAntioquiaReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia)

ninguna propiedad vecina se ha visto afectada de manera alguna. Además,que las peticiones y/o quejas ante el municipio nunca se refirieron alincumplimiento de normas de sismo-resistenciasinoasituacionesrelativasalaprivacidaddelaspropiedadesvecinas(ventanasmedianeras). El MunicipiodeBetuliaafirmaquenosetratadederechoscolectivos,sinodeun conflicto de índole privado que no debe ser dirimido mediante la acciónpopular, pueslaentidadterritorial noestáobligadaaadelantaractuacionesdeinterventoríadelasconstruccionesprivadas, tratándosedeunproblemaentrecolindantes. L o p r o b a d o e n e l p r o c e s o : Se acreditó que mediante Resolución No. 046 de 11 de noviembre 2017, laSecretaría de Obras Públicas del municipio de Betulia otorgó licencia deconstrucción en modalidad de obra nueva al señor Jhon Jairo RodríguezMejía, para el predio identificado con matrícula inmobiliaria No. 035-22522.(folios36a42) Obra Informe Técnico suscrito por el Secretario de Obras Públicas delMunicipio deBetuliaconfecha24deabril de2018(folios43a48) enel cualrealizaronlassiguientesrecomendaciones: (…) Remisióndequejapor partedelaPersoneríaal InspectordePolicía,fechada26 de abril de 2018 para que se inicie el proceso de policía por posibleperturbación a la propiedad privada e intimidad de quienes habitaban elinmueble ubicado en la carrera 21 No. 18-29, piso 2, propiedad de LuisaFernanda Mejía Cardona y respuesta aestapor partedelapersonería(folio49y49)

Solicituddeaplicacióndemedidascorrectivaselevadaal InspectordePolicía,por parte de Juan Fernando Arango Posada, fechada 10 de mayo de 2018,concopiaalaPersoneríayalaSecretaríadePlaneaciónenlacual manifiestauna serie de inconformidades con laconstrucciónyafirmaqueellaperjudicasuviviendayquenuncafueronnotificadosdelaobra.Folios51a55) Solicitudde7dejuliode2018elevadaporJuanFernandoArangoPosadaalaAlcaldía deBetulia, paraquereviselelicenciaotorgadamedianteResoluciónNo. 046del 11denoviembrede2017, indicandoquetieneinconsistenciasenrelación con la normatividad y que a su vez hay inconsistencias de laconstrucciónrespectodelalicencia.(Folios63a68) Respuesta del 26 de junio de 2018 a la anterior petición, emitida por elSecretariodePlaneación.(Folios69a74) Peticiónelevadapor el señor JuanFernandoArangoPosadaal SecretariodePlaneación del Municipio de Betulia, el 16deagostode2018paraqueseleaclarara una respuesta a petición anterior y respuesta a esta, emitidapor laautoridadpeticionada.(Folios90a96) Por EscrituraPúblicaNo. 2849del 25deoctubrede2018,delaNotaría23deMedellín, se protocolizó silencio administrativo positivo ‘frente al informe demodificaciónyampliacióndeplanosylalicencia(del 29dejuniode2018delaOficina de Planeación del municipio de Betulia – Antioquia’. (fs. 143-146,archivo01,expedienteelectrónico).

6Radicaciónnúmero:11001031500020230105500Accionante:RafaelIgnacioMejíaCardonaAccionado:TribunalAdministrativodeAntioquiaReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) Obra copia de expediente de proceso verbal tramitado por el Inspector dePolicíayTránsitomunicipal deBetulia(Pdf05Pruebas) Copia del trámite de la licencia de modificación ante la Secretaría dePlaneación municipal, donde se incluyen las solicitudes y los reparos delosvecinossobrelaconstrucción.(pdf06Pruebas) LaseñoraPersoneramunicipal ensutestimonioindicóquelaconstruccióndelquintopisogeneróafectaciónalaprivacidadalaintimidadytrasgresiónalasnormasdepropiedadhorizontal. El señorJobannyJoséCopeteÁlvarez,Secretariodeplaneacióndel Municipiode Betania, ensudeclaraciónexpresóqueexpidiólicenciaparaconstruccióndecuatropisosyposteriormente,atendiólosrequerimientosdelosvecinosenrelaciónconlaconstrucción, yafuerapor constatacióndeinconsistenciasconlalicenciaoporafectacionesgeneradasconel procesoconstructivo. Que se solicitó modificación a la licencia, consistente en adecuacionesinternas y ampliación a un piso adicional; la cual no se resolvió porque laadministración contrató a un ingeniero especialista en estructura para unarevisiónestructural. El ingenierorealizórecomendacionesysedebíaacogeraestas para poder acceder a la modificación. Que posteriormente, la medidacautelar decretada, impidió que se continuara con el proceso delicenciamiento.

Que la licencia expedida en noviembre de 2017, no autorizaba balconesmedianeros, soloenlapartefrontal delaedificaciónyantelaexistenciadelosbalcones, se remitió a la Inspección de policía. Quenohabíaunquintopisoconstruidosinounalosacomocubiertadel cuartopiso. Declarótambiénel señor CarlosAndrésTrujillo,InspectordePolicíaytránsitomunicipal, aquiencorrespondiótramitar el procesopolicivo. Manifestóquesepresentaron varias quejas por presuntas infracciones urbanísticas,relacionadas con invasión a la privacidad por balcones y ventanas. Que laprimerafueunaquerellacivil depolicíaqueseremitióalajurisdiccióncivil. Deloselementosprobatoriosexpuestos,seencuentraacreditadolosiguiente: A raíz de la edificación ubicada en la carrera 21 #18-21 del municipio deBetulia, identificado con matrícula inmobiliaria No. 035-00522, delacual sontitulares la señora Viyaida Urrego Vargas y el señor Jhon Jairo RodríguezMejía, se generaron variaspeticionesyquejaselevadaspor algunosvecinosante la Secretaría de Planeación municipal, señalando afectaciones a suspropiedades por incumplimiento a normas urbanísticas. Así mismo, sepresentaron quejas a la administración cuestionando la licenciadeconstrucción, por considerar que esta no se adecuó al PBOT municipal yque en su expedición se incurrió en errores de procedimiento al no citar endebidaformaalosvecinoscolindantes.

De la documentación allegada al expediente, así como de los testimoniospracticados en el proceso, se extrae que con la edificación en cuestión, losvecinos han sentido vulnerados sus derechos a laprivacidadeintimidad, enrazóndelasventanasmedianerasylosbalcones.Asímismo,algunosdeelloshan manifestado afectaciones a su propiedad, señalando que dichaconstrucción no cuenta con las medidas reglamentarias establecidas en lanormadesismo-resistencia(separacióndelosmuroscolindantes) 7Radicaciónnúmero:11001031500020230105500Accionante:RafaelIgnacioMejíaCardonaAccionado:TribunalAdministrativodeAntioquiaReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) EnrelaciónconunapresuntainvasiónalapropiedaddeEDATEL,concluyóelinspector depolicíaquecorrespondíaacudir aunprocesojurisdiccional, paradeterminarloslinderos.A su vez, por las presuntas infracciones urbanísticas se generó unprocedimiento administrativo de policía, de conformidad con la ley 1801 de2016; el cual para la época en que se surtió el periodoprobatorio, nohabíaconcluido. No resultó probado que laconstrucciónrepresenteunpeligroinminenteparalosvecinosyeventualestranseúntes. Sobreesteaspecto, el Juezdeprimerainstancia, acogiendo las conclusiones de un ‘Informe Asesoría o asistenciatécnica’ realizado por el DAPARD, (Se observa el informe en pdf02MedidaCautelar, Págs. 491 a 505) en cual indicó que el nivel y grado devulnerabilidadyriesgo,solopodríaserestablecidoporunestudiodepatologíaestructural yunanálisisdevulnerabilidad; decretódeoficiolaprueba, peroeldictamen rendidopor el IngenieroHernánDaríocanoGómeznocumplióconlosolicitado.

Por lo anterior, ese Despacho en audiencia del 15 de septiembre de 2020,dejó sin efectos dicho dictamen y expresó: ‘Con el propósito de v e r i f i c a r e n t o n c e s l a v u l n e r a c i ó n d e l o s d e r e c h o s c o l e c t i v o s i n v o c a d o s , estedespachodecretalarealizacióndenuevodictamenconsistenteenestudiodepatología y análisis de vulnerabilidad sísmica…’ (Grabación 26VideoAudienciaPruebas3) En relación con la práctica de esta prueba, obran en el expediente variasdiligenciasrelativasalafinanciacióndelamismayposteriormente,el Juzgadoresolvióprescindir deellaydarporterminadoel periodoprobatorio;señalandoque ‘…dadas las dificultades que ha conllevado la realización del dictamenpericial ordenado de oficio -situación que se puede evidenciar en losantecedentesdeestaprovidenciayenel expedienteelectrónico-,el despachoprocedió a revisar nuevamente el plenario, encontrando material probatoriosuficiente para proferir sentencia de fondo dentro del medio de control deproteccióndederechoseinteresescolectivos.Enrazóndeloanteriory,luegodeanalizar denuevolanecesidaddel dictamenpericial ordenadodeoficio,eldespachoprescindirádelacitadapruebaconsistenteenestudiodepatología’.(PDF66CierrePeriodoProbatorio) Claramenteestabandadosloselementosparael fallodefondo, locual noesequivalente a tener el material probatorio suficiente para proferir un falloestimatorio de las pretensiones; esdecir, noselogróenel procesoprobar lavulneraciónopuestaenpeligrodelosderechoscolectivosinvocados.

Lo que aparece acreditado, son los señalamientos de afectación operturbación de derechos individuales de un número determinado depersonas, que son los vecinos colindantes. (derecho a la intimidad y a laprivacidadyderechoalapropiedad La diferenciación entre derechos individuales y colectivos resulta defundamental importancia, puessoloenrelaciónconestosúltimos, procedelaprotecciónmedianteacciónpopular. La Corte Constitucional definió el derecho colectivo como el ‘interés que seencuentra encabezadeungrupodeindividuos, loqueexcluyemotivacionesmeramente subjetivas o particulares’ 3 . En el mismo sentido indicó, que ‘losderechos colectivos se caracterizan porque son derechos de solidaridad, no 3 O r i g i n a l d e l a c i t a : “C-215de1999”. 8Radicaciónnúmero:11001031500020230105500Accionante:RafaelIgnacioMejíaCardonaAccionado:TribunalAdministrativodeAntioquiaReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) sonexcluyentes,pertenecenatodosycadaunodelosindividuosynopuedenexistir sin la cooperación entre la sociedad civil, el Estado y la comunidadinternacional. Enestesentidolosderechoscolectivosgeneranensuejerciciounadobletitularidad,individual ycolectiva,quetrasciendeel ámbitointerno’ 4 ’ 5 . LlamalaatencióndelaSala, queel señorJuezenlasentenciahayadecididotener por probadalavulneracióndelosderechoscolectivosycomoproteccióndeellos, hayaordenadolarealizacióndel estudioparaestablecerel gradodeafectaciónylamaneradesubsanarla.

Obsérvese que a pesar del abundante acervo probatorio, del análisis delmismo en conjunto, no se extrae certeza alguna de que la construcciónamenace con desplomarse, generando un peligro para los vecinos yeventualestranseúntes. El derecho colectivoreferidoalarealizacióndeconstrucciones, edificacionesy desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de maneraordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de loshabitantes; seestructuraenlanecesidaddequelasconstruccionescivilesserealicen atendiendo a las regulaciones normativas sobre usos del suelo,alturas máximas de construcción; especificaciones técnicas y de seguridad;cesionesobligatoriasalaentidadterritorial,necesidaddeobtenerlicenciasdeurbanismoyconstrucción;entreotros. De ello, no se deriva que todas las irregularidades en la expedición de laslicenciasdeconstrucción, ni todaslasinconsistenciasquesepresentenenlasconstrucciones privadas en relación con la licencia misma, deban tenersecomo vulneración de los derechos colectivos, dandocabidaalaintervencióndel juez de la acción popular; pues para ello esnecesarioqueseencuentreprobadalaafectaciónyenestecasonoseacreditóesasituacióndepeligrooamenazaalosderechosdelacolectividad. Frente a los asuntos aquí planteados corresponde a las autoridadesadministrativas municipales ejercer los controles pertinentes, deconformidadcon las funciones decontrol urbanísticoypoderesdepolicíaquelesotorganla ley y la constitución, las cuales incluyen la potestad de ordenar lademolición delasedificacionesquenoseadecuenal ordenamiento. (ley388de1997consusmodificacionesyreglamentos)

Vale aclarar, que con esta postura no se pretende desconocer el carácterprincipal que tiene acción popular, es decir, no se está invocandosubsidiariedadalguna,comonocorrespondeaestemediodecontrol;sinoquese deja claro que para su prosperidad es necesaria la acreditación deafectaciónalosderechoscolectivosynomeramenteindividuales( n e g r i l l a d e l o r i g i n a l ) . El accionante plantea que el tribunal accionado incurrió en un defecto fáctico, en cuanto se “desconociótodoloprobadoenprimerainstancia”,toda vez que no tuvo en cuenta las pruebas que demostraban la vulneración del derecho colectivo expuesto en la demanda, pero la Subsección estima que en este caso no hay lugar a predicar la configuración de dicho defecto, pues no se evidencia una ausencia de valoración o una irrazonable apreciación de las pruebas por parte del 5 O r i g i n a l d e l a c i t a : “T-659de2007,reiteradaensentenciaT-341de2016”. 4 O r i g i n a l d e l a c i t a : “C-377de2002”.

9Radicaciónnúmero:11001031500020230105500Accionante:RafaelIgnacioMejíaCardonaAccionado:TribunalAdministrativodeAntioquiaReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) T ribunal Administrativo de Antioquia. En efecto, revisada la providencia cuestionada se tiene que ese tribunal sí tuvo en cuenta las pruebas allegadas al proceso que daban cuenta de la existencia de múltiples quejas por la edificación ubicada en la carrera 21 # 18 – 21, incluidas aquellas en las que se cuestionó la licencia de construcción - contenidaenlaResoluciónNo.046de11denoviembrede2017por no adecuarse al PBOT y por incurrir en errores de procedimiento porque no se citó a los vecinos colindantes para su expedición . T an es así que concluyó que se acreditó “losseñalamientosdeafectaciónoperturbacióndederechosindividualesdeunnúmerodeterminadodepersonas,quesonlosvecinoscolindantes”. Cuestión diferente es que la corporación judicial accionada, dentro de su autonomía judicial y , de manera razonada, considerara que “a pesardelabundanteacervoprobatorio,delanálisisdelmismoenconjunto,noseextraeconcertezaalgunaquela construcciónamenacecondesplomarse,generandounpeligroparalosvecinosyeventualestranseúntes”,al punto de que en la sentencia de primera instancia, pese a que se encontró probada la vulneración de derechos colectivos, se ordenó la realización de un estudio para establecer el grado de afectación y la manera de subsanarla.

De otra parte, se observa que el tribunal accionado se pronunció respecto de la diferencia entre derechos individuales y colectivos y aclaró que la acción popular solo procede cuando se pretende la protección de los segundos. En línea con lo anterior , se precisó que, si bien es cierto que el derecho colectivo a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, implica que las construcciones se realicen atendiendo las regulaciones normativas aplicables, también lo es que no todas las irregularidades en la expedición de licencias de construcción ni las inconsistencias en las construcciones se traducen en la vulneración del referido derecho colectivo, bajo el entendido de que ello solo se materializa cuando se demuestra una situación de peligro a amenaza a la colectividad, lo que, a su juicio, no se evidenció. 1 0Radicaciónnúmero:11001031500020230105500Accionante:RafaelIgnacioMejíaCardonaAccionado:TribunalAdministrativodeAntioquiaReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) Así las cosas, se descarta que el T ribunal Administrativo de Antioquia haya incurrido en un defecto fáctico al concluir que no se demostró la vulneración de derechos colectivos alegada por el señor Rafael Ignacio Mejía Cardona, habida cuenta de que ello fue producto de no evidenciarse que la edificación materia de estudio generara, realmente, un peligro inminente para los vecinos y eventuales transeúntes.

Conviene mencionar que el hecho de no se valoraran las pruebas como lo hizo el juez de la primera instancia - Juzgado33AdministrativodeMedellínno implica la configuración de un defecto fáctico y menos aun cuando el T ribunal Administrativo de Antioquia expuso las razones que tuvo para ello, solo que la pare actora no está de acuerdo con dicha valoración, al punto que la controvierte en su integridad . En definitiva, la Sala advierte que no es de recibo atribuir la configuración de un defecto fáctico cuando las conclusiones del juez natural son producto de un análisis probatorio fundado en la sana crítica, con una carga argumentativa válida y razonable, propia de la autonomía del operador judicial y , menos si se tiene en cuenta que “… el juez de tutela no puede convertirse en una instancia revisora de la actividad de evaluación probatoria del juez que ordinariamente conoce de un asunto, según las reglas generales de competencia …” 6 (se destaca). Por lo anterior , se negará el amparo solicitado, al no encontrarse configurado el defecto fáctico alegado. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección T ercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley , F A L L A PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Rafael Ignacio Mejía Cardona, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. 6

F A L L A PRIMERO: NEGAR el amparo solicitado por el señor Rafael Ignacio Mejía Cardona, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

6 C o r t e C o n s t i t u c i o n a l , s e n t e n c i a T - 5 6 7 d e 1 9 9 8 , M . P . : E d u a r d o C i f u e n t e s M u ñ o z ; r e i t e r a d a e n s e n t e n c i a T - 3 9 3 d e 2 0 1 7 , M . P . : C r i s t i n a P a r d o S c h l e s i n g e r . 1 1Radicaciónnúmero:11001031500020230105500Accionante:RafaelIgnacioMejíaCardonaAccionado:TribunalAdministrativodeAntioquiaReferencia:Accióndetutela(falloprimerainstancia) SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a los interesados, por el medio más expedito.

TERCERO: de no ser impugnada la presente providencia, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE FIRMADOELECTRÓNICAMENTE FIRMADOELECTRÓNICAMENTE M A R Í A A D R I A N A M A R Í N J O S É R O B E R T O S Á C H I C A M É N D E Z

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