CE - 010315000202301064001SENTENCIA20230503083708

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA-SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ

Bogotá, D. C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01064-00

Demandante: Luz Angélica Porras Camacho Demandado: Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, y otro

Temas: Acción de t utela contra providencia judicial dictada en medio de control de reparación directa, por tardanza injustificada en el nombramiento en un cargo de la planta global de la Fiscalía General de la Nación . Ausencia de los defectos invocados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

La señora Luz Angélica Porras Camacho, por conducto de apoderado judicial, promovió acción de tutela contra las sentencias del 15 de julio de 2020 y 20 de abril de 2022 proferidas por el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, respectivamente, mediante las cuales negaron las pretensiones de la demanda del medio de control de repar ación directa con radicado 11001 33 43 059

Judicial de Bogotá y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, respectivamente, mediante las cuales negaron las pretensiones de la demanda del medio de control de repar ación directa con radicado 11001 33 43 059 2017 00344 00 [01].

1.1.2. Pretensiones

La parte accionante solicitó revocar la sentencia proferida el 20 de abril de 2022 por el2

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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho

Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, notificada por correo electrónico el 22 de junio de 2022, en el proceso previamente identificado.

1.1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el apoderado judicial de la parte actora señala los siguientes:

1. En el 2008 la Comisión Nacional de Administración Judicial de la Carrera de la Fiscalía General de la Nación convocó a concurso abierto de méritos del Área Administrativa de esa entidad, a través de la Convocatoria 004 del 2008.

1. La señora Luz Angélica Porras Ca macho se inscribió en el mencionado concurso para uno de los 161 cargos que se ofertaron de profesional universitario II, hoy profesional de gestión II.

1. El 10 de marzo de 2017, esto es, 20 meses después del término dispuesto en la normativa vigente, la señora Luz Angélica Porras Camacho fue nombrada en el cargo para el que concursó, al haber ocupado el puesto 177 dentro del Acuerdo 029 del 13

normativa vigente, la señora Luz Angélica Porras Camacho fue nombrada en el cargo para el que concursó, al haber ocupado el puesto 177 dentro del Acuerdo 029 del 13 de julio de 2015 y superado todas las etapas previstas para el efecto; el 5 de mayo de 2017 se posesionó en aquel.

1. El 14 de diciembre de 2017 la señora Luz Angélica Porras Camacho instauró demanda de reparación directa en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación, por los perjuicios causados con ocasión de la demora en su nombramiento y posesión en período de prueba en la planta global de esa entidad.

1. El 15 de julio de 2020 el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá dictó sentencia de primera instancia, en la que negó las pretensiones de la demanda.

1. El 20 de abril de 2022 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, confirmó la anterior providencia.3

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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho

1.1.4. Fundamentos jurídicos

La parte actora sostuvo que con la providencia objeto de censura se vulner aron sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad ante la ley y los principios de favorabilidad y prevalencia del derecho sustancial sobre el formal y se incurrió en los siguientes defectos:

a) Fáctico, porque e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, no valoró integralmente las pruebas allegadas al proceso de reparación

sustancial sobre el formal y se incurrió en los siguientes defectos:

a) Fáctico, porque e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, no valoró integralmente las pruebas allegadas al proceso de reparación directa con las cuales demostró que existió un retardo injustificado en su nombramiento en el cargo de profesional de gestión II , conforme a lo señalado en la Ley 909 de 2004 , al cual debe acudirse debido al vacío normativo de la Ley 938 de 2004, y al Decreto Ley 20 de 2014, que resulta aplicable al estar vigente para la época en que se expidieron las listas de elegibles.

b) Procedimental absoluto, debido a que la autoridad judicial de segunda instancia del proceso de reparación directa actuó al margen del procedimiento, al apartarse de la normativa procesal aplicable y desconocer que existen otras providencias judiciales de varios tribunales, en los que se han analizado los mismos supuestos fácticos y decidido a favor de los demandantes.

c) Error inducido, en la medida en que l a Subsección accionada fue inducida en un yerro por parte de la Fiscalía General de la Nación, con el fin de que empleara las normas que le eran favorables, a pesar de que hay pronunciamientos judiciales, en los que se han accedido a las pretensiones.

d) Decisión sin motivación, comoquiera que en la sentencia discutida no se expusieron los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan, con lo cual los servidores judiciales accionados incumplieron su obligación de motivación.

e) Desconocimiento del precedente judicial, pues e l Tribunal Administrativo de

los fundamentos fácticos y jurídicos que la soportan, con lo cual los servidores judiciales accionados incumplieron su obligación de motivación.

e) Desconocimiento del precedente judicial, pues e l Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, violó su derecho a la igualdad, al inobservar las siguientes sentencias emitidas por el Tribunal Administrativo de4

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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho

Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección B: a) el 11 de febrero de 2017 en la acción de tutela con radicado 11001-33-36-034-2017-003430-01, b) en el expediente 11001-33-43-038-2018-00311-01, d) en el proceso 11001-33-36-061-2018-00281-01, e) el 19 de junio de 2019 en el expediente 11001-33-36-031-2017-00311-01, f) el 24 de septiembre de 2020 en el medio de control 11001-33-36-031-2018-00199-01, g) el 26 de noviembre de 2020 en el proceso 11001-33-36-037-2018-00049-01, h) el 24 de septiembre de 2021 en el expediente 11001-33-43-063-2019-00257-01 e i) el 3 de diciembre de 2021 en el medio de control 11001-33-43-058-2017-00319-01.

Igualmente, transgredió ese derecho , al desconocer la sentencia del 11 de mayo de

diciembre de 2021 en el medio de control 11001-33-43-058-2017-00319-01.

Igualmente, transgredió ese derecho , al desconocer la sentencia del 11 de mayo de 2017 proferida por la Sección Primera del Consejo de Estado , en la acción de tutela con radicado 25000-23-42-000-2017-00456-01.

f) Violación directa de la Constitución Política, por cuanto l a autoridad judicial accionada conculcó sus derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , al omitir la aplicación de varias sentencias favorables a otros participantes en casos de igual similitud al presente.

1.2. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante proveído del 22 de marzo de 2023, que se ordenó notificar a los magistrados del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, como accionados, y a la Nación-Fiscalía General de la Nación, como tercera interesada en las resultas del proceso , para que, dentro del término de tres días y en uso de su derecho de defensa, rindieran el respectivo informe.

1.3. Intervenciones

1.3.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C. La magistrada ponente de la decisión cuestionada, María Cristina Quintero Facundo, luego de hacer un recuento de la solicitud de amparo, expuso que la acción de tutela de la referencia no satisface el requisito general de la relevancia constitucional , toda vez que el conflicto planteado no trasciende de una mera discusión legal. Además,

luego de hacer un recuento de la solicitud de amparo, expuso que la acción de tutela de la referencia no satisface el requisito general de la relevancia constitucional , toda vez que el conflicto planteado no trasciende de una mera discusión legal. Además, aclaró que aquel no puede entenderse superado únicamente porque se adu jo la5

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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho

vulneración de derechos fundamentales , en tanto debe estructurarse con una fundamentación clara y suficiente en contraste con la sentencia por la cual se pretende la salvaguarda.

Al respecto, indicó que la parte actora busca crear una tercera instancia, al sustentar su desacuerdo en criterios valorativos, los cuales no pueden admitirse para definir la mencionada relevancia, comoquiera que cuando existen interpretaciones diversas y razonables es el juez natural quien debe establecer aquella que se ajuste mejor al caso, de conformidad con las reglas de la sana crítica y en virtud de la autonomía e independencia judicial.

Igualmente, manifestó que no se cumple la exigencia de la inmediatez porque la sentencia censurada se profirió el 20 de abril de 2022, se notificó a las partes el 22 de junio siguiente y esta acción se promovió hasta el 28 de febrero de 2023, es decir, después de transcurridos aproximadamente 10 meses de sde esa notificación, por lo que se excedió el término razonable fijado por la Corte Constitucional, lo cual desvirtúa la necesidad de intervención del juez en esta sede.

Adicionalmente, afirmó que no se configura el desconocimiento del precedente judicial

que se excedió el término razonable fijado por la Corte Constitucional, lo cual desvirtúa la necesidad de intervención del juez en esta sede.

Adicionalmente, afirmó que no se configura el desconocimiento del precedente judicial invocado, comoquiera que la accionante lo edifica con fundamento en sentencias dictadas por la Subsección B de la Sección Tercera de esta corporación en las que se han accedido a las pretensiones en caso s similares, pero aquellas no constituyen un precedente respecto a la Subsección C de igual Sección y corporación , dado que el precedente horizontal se refiere a decisiones proferidas por el mismo funcionario o sala de decisión.

Bajo ese entendido, aclar ó que el precedente de la Subsección a la que pertenece consiste en que, tratándose de un miembro de una lista de elegibles , cuya provisión en el cargo depende de la reclasificación, la configuración de un daño antijurídico por mora en su nombramiento está condicionada a que la parte actora pruebe la fecha a partir de la cual es exigible dicha reclasificación y el retardo injustificado en la provisión del cargo a partir de esta . Lo anterior teniendo en cuenta que la entidad demandada está en la obligación d e realizar el nombramiento una vez se venza el término dispuesto en el artículo 40 del Decreto 20 de 2014; sin embargo, señala que esa6

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Demandante: Luz Angélica Porras Camacho

situación no fue acreditada en el proceso ordinario.

Por consiguiente, precisó que, si bien la Subsección B de la Secci ón Tercera de esa corporación tiene una posición jurídica distinta en casos de similares características ,

situación no fue acreditada en el proceso ordinario.

Por consiguiente, precisó que, si bien la Subsección B de la Secci ón Tercera de esa corporación tiene una posición jurídica distinta en casos de similares características , esta no comp orta un precedente vertical ni horizontal vinculante, sino que, por el contrario, lo que denota es que no existe una postura unificada sobre esa clase de asuntos, lo cual en modo alguno constituye una conculcación de los derechos fundamentales de la señora Luz Angélica Porras Camacho , como se explicó en la decisión judicial discutida en esta acción.

Así las cosas, consider ó que la parte actora pretende, sin sustentar debidamente la necesidad de intervención del juez de tutela, que se deje sin efectos la sentencia proferida en el medio de control de r eparación directa , la cual se encuentra debidamente justificada, de acuerdo con los principios de autonomía e independencia judicial, y no adolece de un desconocimiento del precedente judicial. En consecuencia, solicitó declarar improcedente la acción o, en su defecto, desestimar las pretensiones.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De acuerdo con el numeral 5 del Artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1.° del Decreto 333 de 2021, según el cual «Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela dirigida en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca,

conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada», esta Sala es competente para conocer de la presente acción de tutela dirigida en contra del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

2.2. Cuestión previa

Antes de proceder al estudio de la presunta vulneración de los derechos fundamentales reclamados en protección por la parte accionante , la Sala aclara que solo realizará el análisis de la decisión adoptada en se gunda instancia por Tribunal7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01064-00

Demandante: Luz Angélica Porras Camacho

Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, al ser el órgano de cierre en el presente asunto y, por tanto, el que puso fin al proceso de reparación directa.

2.3. Problema jurídico

A la Sala le corresponde determinar en primer lugar, si la presente acción de tutela cumple con los requisitos generales de procedencia para controvertir la sentencia del 20 de abril de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, dentro del medio de control de reparación directa con radicado 11001-33-43-059-2017-00344-00 [01]. En caso afirmativo, se analizará, en segundo lugar, si con la adopción de la referida providencia se vulner aron los derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad ante la ley y se incurrió en violación directa de la Constitución Política, desconocimiento del precedente judicial , defecto fáctico , error inducido, defecto procedimental y decisión sin motivación.

ante la ley y se incurrió en violación directa de la Constitución Política, desconocimiento del precedente judicial , defecto fáctico , error inducido, defecto procedimental y decisión sin motivación.

2.4. De la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales

La acción de tutela fue prevista en el artículo 86 de la Constitución Política como un mecanismo a través del cual toda persona puede reclamar ante los jueces, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos fundamentales «cuandoquiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública».

En el Decreto 2591 de 1991 se reglamentó su ejercicio y, en los artículos 11, 12 y 40, se estableció la posibilidad de emplearla para controvertir sentencias ejecutoriadas. Sin embargo, aquellos fueron declarados inexequibles por la Corte Constitucional en la Sentencia C-543/92, pues consideró que atentaban contra los principios de la cosa juzgada y de la seguridad jurídica ; además, de que transgredían la autonomía e independencia judicial y las normas de competencia fijadas en la Constitución.8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01064-00

Demandante: Luz Angélica Porras Camacho

No obstante, la ratio decidendi de la mentada sentencia abrió la posibilidad para que, de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión

de manera excepcional y como mecanismo transitorio, la acción de tutela procediera en aquellos casos en los que «el juez incurriera en dilaciones injustificadas, actuaciones de hecho que desconozcan derechos fundamentales o cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable».

Bajo este criterio, la jurisprudencia constitucional 1 ha evolucionado en torno a la consideración de la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales y ha desarrollado diferentes reglas para su estudio, las cuales, finalmente, convergieron en la Sentencia C -590/05,2 donde la Corte concentró y diferenció las causales genéricas y específicas de procedibilidad necesarias para verificar la oportunidad del amparo.

Como causales genéricas de procedibilidad señaló las siguientes: (i) que la cuestión sea de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial, salvo que se trate de evitar un perjuicio ius fundamental irremediable; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, contado a partir del hecho que originó la vulneración; (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, que se señale, de maner a clara, el efecto determinante que tiene en la sentencia; (v) que se identifiquen los hechos que generaron la vulneración, los derechos lesionados y que se haya alegado tal violación en el proceso judicial, siempre que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o

que haya sido posible; y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.

A su vez, como causales específicas de procedibilidad, recogió las siguientes: defecto orgánico, defecto procedimental absoluto, defecto fáctico, defecto material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, descon ocimiento del precedente, violación directa de la Constitución; resaltando el hecho de que para que proceda el amparo, debe estar plenamente demostrada al menos una de ellas.

1T-079 de 1993, T-158 de 1993, T-173 de 1993, T-231 de 1994, T-118 de 1995, T-492 de 1995, T-567 de 1998, SU-047 de 1999, T -382 de 2001, T -1031 de 2001, T -441 de 2003, T -462 de 2003, T -589 de 2003, T-949 de 2003, T-200 de 2004, T-774 de 2004. 2Reiteradas en las sentencias SU-813 de 2007 y SU-913 de 2009.9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01064-00

Demandante: Luz Angélica Porras Camacho

El Consejo de Estado, en sentencia del 31 de julio de 2012,3 unificó su jurisprudencia en torno a la procedibilidad excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, y admitió que debe acometerse su estudio de fondo cuando se esté en presencia de proveídos que resulten violatori os de derechos fundamentales relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados en la ley y la jurisprudencia.

relacionados con el acceso a la administración de justicia, el debido proceso y el derecho de defensa, para lo cual habrá de seguirse los parámetros fijados en la ley y la jurisprudencia.

Así mismo, como garantía del principio de la seguridad jurídica, en sentencia del 5 de agosto de 2014,4 acogió un plazo de seis meses, contados a partir de la notificación o ejecutoria de la sentencia, según el asunto, como tiempo razonable para determinar si la acción de tutela contra providencias judiciales se ejercía oportuname nte, es decir, con inmediatez, que debe estudiarse según cada caso concreto, de acuerdo con los presupuestos señalados para el efecto por la Corte Constitucional.

2.5. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del expediente del medio de control de reparación directa con radicado 11001-33-43-059-2017-00344-00 [01]5, se puede establecer lo siguiente:

2.5.1. El 14 de marzo de 2018, la señora Luz Angélica Porras Camacho instauró demanda de reparación directa en contra de la Nación-Fiscalía General de la Nación, en la que pretendió la declaratoria de responsabilidad administrativa de esta última y la respectiva condena, por los perjuicios materiales y morales causados por la falla en el servicio que condujo al retardo i njustificado en su nombramiento en el cargo de profesional de gestión II, el cual fue ofertado a través de la Convocatoria 04 del 2008.

2.5.2. El 15 de julio de 2020, el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito

profesional de gestión II, el cual fue ofertado a través de la Convocatoria 04 del 2008.

2.5.2. El 15 de julio de 2020, el Juzgado Cincuenta y Nueve Administrativo del Circuito Judicial de Bogotá negó las pretensiones de la demanda, al considerar que el tiempo

3 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. María Elizabeth García González. Expediente radicado 11001-03-15-000-2009-01328-01(IJ). 4 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. C.P. Jorge Octavio Ramírez, expediente radicado 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ). 5 Copia digital del expediente obrante en el índice 16 de SAMAI.10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01064-00

Demandante: Luz Angélica Porras Camacho

que utilizó la entidad demandada para efectuar el nombramiento de la accionante no fue arbitrario, sino que atendió a las condiciones en las que participó en el concurso y al puesto que ocupó en la lista de elegibles, esto es, el 177, el cual imponía el deber de proveer primero los cargos con las personas que obtuvieron mejor calificación.

2.5.3. El 29 de julio de 2020, la parte demandante interpuso recurso de apelación, en el que adujo, en síntesis, que le asistía el derecho de ser nombrada oportunamente en el cargo de profesional de gestión II, dado que no se efectuaron los nombramientos de todas las personas que ocuparon puestos anteriores y, en esa medida, debía continuarse con qui enes continuaban en la lista de elegibles ; sin embargo,

el cargo de profesional de gestión II, dado que no se efectuaron los nombramientos de todas las personas que ocuparon puestos anteriores y, en esa medida, debía continuarse con qui enes continuaban en la lista de elegibles ; sin embargo, transcurrieron dos años para ello, lo cual le generó los perjuicios reclamados.

2.5.4. El 20 de abril de 2022, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, confirmó la sentencia de primera instancia y se abstuvo de condenar el costas, con base en argumentos similares, como se expondrá en el estudio del caso concreto.

2.6. El caso concreto. Análisis de la Sala

2.6.1. Verificación del cumplimiento de las causales generales de procedencia

2.6.1.1. El asunto en estudio reviste suficiente relevancia constitucional, toda vez que el debate plantea do por la accionante gira en torno a la presunta vulneración de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administración de justicia e igualdad con ocasión a la expedición de la sentencia del 20 de abril de 2022, en el medio de control de reparación directa con radicado 11001-33-43-059-2017-00344-00 [01].

2.6.1.2. En el presente caso se cumple con el requisito de subsidiariedad, en cuanto se alega la presunta configuración de una violación directa de la Constitución Política, desconocimiento del precedente judicial, defecto fáctico, error inducido, defecto procedimental y decisión sin motivación en la sentencia de segunda instancia del 20 de abril de 2022, que puso fin a la discusión propuesta dentro del medio de control

desconocimiento del precedente judicial, defecto fáctico, error inducido, defecto procedimental y decisión sin motivación en la sentencia de segunda instancia del 20 de abril de 2022, que puso fin a la discusión propuesta dentro del medio de control previamente referenciado, decisión respecto de la cual no proceden recursos.11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01064-00

Demandante: Luz Angélica Porras Camacho

2.6.1.3. Se supera el requisito de inmediatez porque la decisión objeto de reproche constitucional data del 20 de abril de 2022; se notificó electrónicamente a las partes el 22 de junio de igual anualidad 6 y la presente acción de tutela se radicó el 1.° de septiembre de 20227, es decir, dentro del término de los seis meses que señaló esta corporación como prudencial para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

2.6.1.4. En el asunto se cuestiona una irregularidad procesal que pod ría tener eventualmente un efecto decisivo en la decisión judicial que se discute y afectar los derechos fundamentales reclamados en protección por la parte actora.

2.6.1.5. Dentro de la acción de tutela se identificaron razonablemente los hechos y argumentos frente a los que se alega vulneración.

2.6.1.6. El asunto no se refiere a una sentencia de tutela, puesto que la decisión que se cuestiona se profirió dentro de un proceso de reparación directa.

Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que

que se cuestiona se profirió dentro de un proceso de reparación directa.

Bajo ese contexto, la Sala responde de manera afirmativa el interrogante que se presentó primigeniamente, en el sentido de señalar que se cumplen las exigencias que habilitan el uso de la acción de tutela para controvertir la sentencia del 20 de abril de 2022 dictada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en el medio de control de reparación directa 11001 -33-43-059-201700344-00 [01].

2.7.2. Análisis de procedibilidad de la acción de tutela

2.7.2.1. Desarrollo jurisprudencial de la v iolación directa de la Constitución Política

La jurisprudencia constitucional ha explicado que se configura esta causal cuando un juez ordinario adopta una decisión que desconoce la carta política, ya sea porque deja

6 Ibidem. 7 Índice 1 del expediente electrónico.12

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01064-00

Demandante: Luz Angélica Porras Camacho

de aplicar una disposición ius fundamental a un caso concreto o aplica la ley al margen de los dictados de la Constitución Política.

En el primer evento, la Corte Constitucional ha dispuesto que procede la tutela cuando I) en la solución del caso se dejó de interpretar y aplicar una disposición legal de conformidad con el precedente constitucional; II) se trata de un derecho fundamental de aplicación inmediata y III) el juez, en sus resoluciones, vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el princi pio de interpretación conforme con la Constitución Política8. En el segundo evento, la jurisprudencia ha afirmado que el juez

de aplicación inmediata y III) el juez, en sus resoluciones, vulneró derechos fundamentales y no tuvo en cuenta el princi pio de interpretación conforme con la Constitución Política8. En el segundo evento, la jurisprudencia ha afirmado que el juez debe tener en cuenta en sus fallos que esta última es norma de normas y, por lo tanto, debe aplicar sus disposiciones con preferen cia a las legales mediante el ejercicio de la excepción de inconstitucionalidad9.

La violación directa de la Constitución Política ha sido tratada como una causal específica autónoma de procedencia del amparo contra una decisión judicial —pese a tener una relación directa con otros yerros, tales como el sustantivo o el desconocimiento del precedente jurisprudencial—, dado el valor normativo que tiene.

2.7.2.2. Desarrollo jurisprudencial del desconocimiento del precedente judicial

En lo atinente al desconocimiento del precedente judicial —horizontal o vertical— , se tiene que en una providencia judicial se incurre en esta causal cuando la autoridad judicial se aparta sin justificación suficiente 8, vale decir, desconoce aquella sentencia (o conjunto de sentencias) que presenta similitudes con un caso nuevo objeto de escrutinio en materia de patrones fácticos y problemas jurídicos, y en la que en su ratio decidendi se ha fijado una regla para resolver la controversia, que sirve también para solucionar el nuevo caso.

En esa lógica, en la sentencia T -794 de 2011, la Corte Constitucional indicó los siguientes criterios a tener en cuenta para identificar el desconocimiento del precedente judicial: a) que la ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial relacionada con el caso a decidir posteriormente 9; b) que

siguientes criterios a tener en cuenta para identificar el desconocimiento del precedente judicial: a) que la ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente presente una regla judicial relacionada con el caso a decidir posteriormente 9; b) que

8 Sentencia SU-198 de 2013. 9 Ibídem.13

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01064-00

Demandante: Luz Angélica Porras Camacho

se trate de un problema jurídico o una cuestión constitucional semejante; y c) que los hechos del asunto o las normas juzgadas en la sentencia sean similares o planteen un punto de derecho parecido al que se debe resolver con posterioridad.10

Ahora bien, la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha diferenciado dos clases de precedentes según la autoridad que profiera la providencia previa, las cuales determinan el grado de obligatoriedad y sujec