CE - 010315000202301103001SENTENCIA20230503114903

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN B

CONSEJERO PONENTE: JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR

Bogotá, D. C., once (11) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01103-001

Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz y otros

Demandado: Tribunal Administrativo de l Archipiélago de San Andrés,

Providencia y Santa Catalina

Temas: Tutela contra providencia judicial . Reparación directa por falla médica. Defecto fáctico y desconocimiento del precedente

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA __________________________________________________________________

Decide la Sala la solicitud de tutela formulada por Luz Dary Téllez Ortiz, David Fernando Montero Téllez y Ángel Andrés Montero Ortiz , en ejercicio de la solicitud de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, y desarrollada en los decretos 2591 de 1991, 1069 de 2015, y 333 de 2021.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud

Luz Dary Téllez Ortiz, David Fernando Montero Téllez y Ángel Andrés Montero Ortiz promovieron solicitud de tutela con el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , los cuales consider aron vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 9 de

Ortiz promovieron solicitud de tutela con el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , los cuales consider aron vulnerados con ocasión de la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2022, por el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , en el medio de control de reparación directa identificado con el radicado 15001333300320160009201.

1 Todas las actuaciones judiciales adelantas e informes y pruebas allegados podrán ser consultados en el respetivo expediente electrónico en el aplicativo SAMAI.2

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01103-00

Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz y otros

Como fundamento de la solicitud de amparo expusieron lo siguiente2:

1. Luz Dary Téllez Ortiz, en ejercicio del medio de control de reparación directa , impetró demanda en contra de la I.P.S. Universitaria, Universidad de Antioquia, Sede Hospital Departamental de San Andrés “Amor de Patria”, con el fin de que se le declarara la responsabilidad administrativa por los perjuicios morales y materiales causados por los hechos ocurridos en el mes de noviembre de 2014, en los que falleció Ángel de Jesús Montero Larrazabal (q.e.p.d.).

1. El Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de l Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , mediante sentencia proferida el 13 de septiembre de 2019 accedió a las súplicas de la demanda con el argumento de que se configuró una falla médica por error de diagnóstico y deficiente prestación del

Andrés, Providencia y Santa Catalina , mediante sentencia proferida el 13 de septiembre de 2019 accedió a las súplicas de la demanda con el argumento de que se configuró una falla médica por error de diagnóstico y deficiente prestación del servicio. En cont ra de esta d ecisión la parte dema ndada interpuso recurso de apelación.

1. El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a través de la sentencia del 9 de noviembre de 2022, revocó lo resuelto por el a quo, al considerar que la falla en el servicio alegada no obedeció a un error de diagnóstico o deficiente prestación del servicio médico asistencial y hospitalario, por lo que no existen elementos suficientes para atribuir responsabilidad a las demandadas y sus llamadas en garantía.

1. En relación con esa decisión, la parte actora considera que la corporación judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al incurrir en defecto fáctico y desconocimiento del precedente. El primero, en tanto, a juicio de la parte actora, no se valoró de manera correcta el material probatorio obrante en el proceso, e n especial, la epicrisis y el decir de los testigos técnicos. El segundo, en la medida en que, a su parecer, se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado3 según la

2 Archivo obrante en el índice 2 del SAMAI. 3 Al respecto, citó sentencias de: 31 de agosto de 2006, exp. 15772; octubre 3 de 2007, exp. 16402;

23 de abril de 2008, exp. 15750; 1 de octubre de 2008, exps. 16843 y 16933; 15 de octubre de 2008, exp. 16270; 28 de enero de 2009, exp. 16700; 19 de febrero de 2009, exp. 16080; 18 de febrero de 2010, exp. 20536; 9 de junio de 2010, exp. 18683; 25 de febrero de 2009, exp. 17149 y de 11 de febrero de 2009, exp. 14726.3

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01103-00

Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz y otros cual, en el campo de la medicina, es dable aliviar la carga del demandante en el sentido de no exig irle plena prueba del nexo causal, permitiéndosele aportar pruebas indirectas que lleven al juez a inferir la causa del daño.

1.1.2. Pretensiones

Con fundamento en la situación fáctica expuesta, solicitó lo siguiente:

«[…] 1) Se tutele los derechos fundamentales, a la igualdad, a la confianza legítima, a la seguridad jurídica, al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la recta administración de la justicia, consagrados en los artículos 13, 29, 229 y 230 de la Constitución Política de Colombia, y los demás derechos que resultaron conculcados con la decisión del Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ARCHIPIÉLAGO DE

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

1. Como consecuencia de la anterior declaración, solicito comedidamente, que el

con la decisión del Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ARCHIPIÉLAGO DE

SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.

1. Como consecuencia de la anterior declaración, solicito comedidamente, que el honorable Consejo de Estado DEJE SIN EFECTOS la Sentencia No. 0166 proferida por el Honorable TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN A NDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA, el nueve (09) de noviembre de dos mil veintidós (2022), la cual revocó la sentencia de primera instancia.

1. Que se deje en firme la Sentencia de primera instancia, de fecha de 13 de septiembre de 2019, proferida por e l Juzgado Único Contencioso Administrativo de ese circuito judicial. […]».

1.2. Informes rendidos en el proceso

1.2.1. La IPS Universitaria4 solicitó negar la solicitud de tutela, por cuanto, a su juicio, la decisión judicial atacada se encuentra ajustada a derecho y la parte demandante no agotó los medios procesales idóneos5 para ejercer su defensa.

Señaló que la tutelante no hizo parte del proceso en las instancias ordinarias, ni acreditó la respectiva sucesión procesal en virtud de la cual ahora pretende interponer la solicitud de amparo, por lo tanto, carece de interés y legitimidad.

1.2.2. La Organización de Profesionales en Salud – PROENSALUD6, pidió declarar la improcedencia del amparo solicitado ante la falta del requisito de inmediatez, en

4 Archivo obrante en el índice 11 del SAMAI. RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT

la improcedencia del amparo solicitado ante la falta del requisito de inmediatez, en

4 Archivo obrante en el índice 11 del SAMAI. RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_PRONUNCIAMIENTOACCI(.pd f) NroActua 11 5 Se refirió a la solicitud de adición de la sentencia. 6 Archivo obrante en el índice 12 del SAMAI. RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_ANEXO20230110300(.pdf) NroActua 124

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01103-00

Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz y otros tanto la tutela no se interpuso en un tiempo razonable.

Por otra parte, afirmó que no se configuró un defecto fáctico alegado, puesto que el tribunal demandado valoró las pruebas aportadas en el proceso, as í como los testimonios y las declaraciones técnicas rendidas.

1.2.3. El Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina7 afirmó que la existencia del daño antijurídico no es atribuible a las entidades demandadas, al tener en cuenta que el error de diagnóstico alegado por los actores no se ve configurado.

Señaló que no incurrió en defecto material o sustantivo al fundamentar en derecho la providencia del 9 de noviembre de 2022 ; además consideró que se brindó garantía y protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la defensa, a la igualdad y al reconocimiento y cumplimiento del precedente jurisprudencial.

garantía y protección de los derechos fundamentales al debido proceso, de acceso a la administración de justicia, a la defensa, a la igualdad y al reconocimiento y cumplimiento del precedente jurisprudencial.

1.2.4. La Previsora S.A. compañía de seguros 8 solicitó desestimar las súplicas de la demanda, debido a que la parte demandante no puede utilizar la solicitud de tutela como una tercera instancia para suscitar un nuevo pronunciamiento frente a un caso que ya fue resuelto, al no encontrarse conforme con la decisión tomada.

Señaló que el tribunal evaluó en conjunto las pruebas documentales aportadas y practicadas de acuerdo con lo establecido en la ley y la jurisprudencia, lo que permite concluir que no se configuró el defecto fáctico en la sentencia acusada.

De otro lado, indicó que el precedente9 invocado por el demandante no es vinculante en las condiciones pretendidas, en tanto no cumplió con la carga de demostrar que se hayan configurado los tres elementos de la responsabilidad civil en cabeza de las demandadas, esto es el daño, la culpa o falla en el servicio y el nexo causal

7 Archivo obrante en el índice 1 6 del SAMAI. RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_CORREO_MEMO2023011(.pdf ) NroActua 16 8 Archivo obrante en el índice 1 8 del SAMAI. RECIBEMEMORIALESPORCORREOELECT RONICO_TUTELADAVIDFERNAND(.pdf ) NroActua 18 9 sentencia del consejero Danilo Rojas Betancourth , radicado 50001-23-31-000-20020037501(30102)5

RONICO_TUTELADAVIDFERNAND(.pdf ) NroActua 18 9 sentencia del consejero Danilo Rojas Betancourth , radicado 50001-23-31-000-20020037501(30102)5

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01103-00

Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz y otros entre uno y otro, toda vez que la falla en el servicio que se predica en el proceso no obedece a un error de diagnóstico o deficiente prestación del servicio médico.

1.2.5. Los demás demandantes y terceros con interés en el resultado del proceso guardaron silencio.10

2. Consideraciones

En atención a los argumentos expuestos en el escrito de tutela y a las pruebas que obran en el expediente se decidirá el asunto sometido a consideración en el siguiente orden: i) competencia para decidir; ii) procedencia de la tutela contra providencia judicial; iii) problema jurídico y iv) análisis de la Sala.

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1 del De creto 333 del 6 de abril de 2021 11, esta Sala es competente para conocer de la presente solicitud de amparo contra el Tribunal Administrativo de l Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, l a Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del

Archipiélago de San Andrés, Santa Catalina y Providencia.

2.2. Procedencia de la tutela contra providencia judicial

En fallo del 31 de julio de 2012, l a Sala Plena de lo Contencioso-administrativo del Consejo de Estado12 unificó el criterio de la corporación en cuanto a la procedencia de la tutela contra providencias judiciales, en consideración a las distintas posturas

10 Mediante auto del 3 de marzo de 2023, se admitió la tutela de la referencia y se ordenó notificar a Seguros del Estado S.A., a PRO en Salud, al Juzgado Único Administrativo del Circuito Judicial de San Andrés y demás integrantes de la parte demandante y demandada en el asunto cuestionado . 11 Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. 12 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, radicado 11001-03-15-000-200901328-01, M.P. María Elizabeth García González.6

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01103-00

Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz y otros que en su interior se habían desarrollado sobre el tema. 13 Al respecto señaló lo

siguiente:

De lo que ha quedad o reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las

De lo que ha quedad o reseñado se concluye que si bien es cierto que el criterio mayoritario de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo ha sido el de considerar improcedente la acción de tutela contra providencias judiciales, no lo es menos que las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso a dicha acción constitucional, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales, de ahí que se modifique tal criterio radical y se admita, como se hace en esta providencia, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de tales derechos, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento Jurisprudencialmente. [Resalta la Sala].

Como consecuencia de lo anterior, esta corporación ha considerado que es necesario estudiar las solicitudes de tutela que se presenten contra providencia judicial y analizar si ella s vulneran algún derecho fundamental, para lo cual corresponde verificar cuáles son esos «parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente» como se indica en aquella decisión.

Sobre el particular , el Consejo de Estado , Sala Plena, 14 adoptó los criterios expuestos por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para establecer la procedencia de la tutela como mecanismo residual y excepcional para la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

la protección de derechos fundamentales como lo señala el artículo 86 Constitucional. En ese sentido, se consideró que esta solicitud se puede presentar además contra decisiones de las altas cortes que desconozcan derechos fundamentales.

Ahora bien, la Corte Constitucional15 ha señalado que la solicitud de amparo debe cumplir con unos requisitos generales de procedencia . Estos son: i) que sea relevante de manera constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) que se haya presentado dentro de un plazo prudencial, el cual se ha denominado inmediatez; y iv) que se haya acudido a ella en forma subsidiaria, es decir, que se

13 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñada. 14 CONSEJO DE ESTADO. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Ref.: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Tutela-Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. Consejero Ponente: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 15 Entre otras en las sentencias T-949 del 16 de octubre de 2003; T-774 del 13 de agosto de 2004 y C-590 de 2005.7

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01103-00

Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz y otros hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado.

Cuando no se cumpla con uno de esos presupuest os, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. Cuando no se cumpla con uno de esos presupuest os, la decisión a tomar será declarar improcedente el amparo solicitado y no se analizará el fondo del asunto.

A continuación, y de acreditarse el cumplimiento de los anteriores requisitos, 16 el juez deberá realizar un análisis de los posibles yerros en qu e incurrió la autoridad judicial, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirm an vulnerados. En ese escenario, para la prosperidad de la solicitud de amparo, debe verificarse lo siguiente: i) la configuración de alguno de los requisitos específicos alegados por el interesado; y ii) que el vicio o defecto sea de tal trascendencia que implique la amenaza o la afectación de derechos fundamentales.17

Es decir, el operador judicial debe verificar que la transgresión sea de tal entidad que incida en el sentido de la decisión y que con la solicitud no se intente reabrir el debate que se había planteado en la instancia correspondiente.

2.3. Problema jurídico

La S ala deberá definir si: ¿ El Tribunal Administrativo de l Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina vulneró los derechos fundamentales de Luz Dary Téllez Ortiz, David Fernando Montero Téllez y Ángel Andrés Montero Ortiz con ocasión de la sentencia proferida el 9 de noviembre de 2022, a través de la cual, en segunda instancia, se le negaron las súplicas de la demanda encaminadas a que se declararan responsables a las autoridades demandadas por la muerte de Ángel de Jesús Montero Larrazabal (q.e.p.d.) por presunta falla en la atención médica, con

segunda instancia, se le negaron las súplicas de la demanda encaminadas a que se declararan responsables a las autoridades demandadas por la muerte de Ángel de Jesús Montero Larrazabal (q.e.p.d.) por presunta falla en la atención médica, con lo cual incurrió, al parecer, en defecto fáctico y desconocimiento del precedente?

2.4. Análisis de la Sala

2.4.1. Sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

16 Corte Constitucional, Sentencia T-309 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 17 Corte Constitucional, Sentencia SU-337 de 2017, M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo.8

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01103-00

Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz y otros La Sala encuentra superados los requisitos de procedibilidad de la solicitud de tutela y, en consecuencia, sin encontrar causal de nulidad que invalide lo actuado, procederá a efectuar el estudio del fondo del asunto planteado.

2.4.2. Sobre el caso concreto

Luz Dary Téllez Ortiz, David Fernando Montero Téllez y Ángel Andrés Montero Ortiz acudieron al juez de tu tela con el fin de que se amparara n sus derechos fundamentales y, en consecuencia, se dejara sin efecto la sentencia proferida el 9 de noviembre de 202 2, por el Tribunal Administrativo d el Archipi élago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en cuanto concluyó que no hubo un error en el diagnóstico y en la atención prestada que pudiera configurarse como una falla del servicio médico que causara el daño.

Del presunto defecto fáctico.

Andrés, Providencia y Santa Catalina en cuanto concluyó que no hubo un error en el diagnóstico y en la atención prestada que pudiera configurarse como una falla del servicio médico que causara el daño.

Del presunto defecto fáctico.

Señalaron los demandantes que la decisión judicial acusada incurrió en defecto fáctico por indebida valoración probatoria de la epicrisis y el decir de los testigos técnicos.

En primer lugar, se advierte que el defecto fáctico que los actores le atribuyen a la sentencia objeto de análisis, de acuerdo con la jurisprudencia constitucional,18 tiene una dimensión negativa y otra positiva.

La primera se configura cuando en desarrollo de la actividad probatoria el juez omite la «valoración de pruebas determinan tes para identificar la veracidad de los hechos analizados por el juez», 19 «o cuando sin razón valedera da por no probado el hecho o la circunstancia que de la misma emerge clara y objetivamente».20 La segunda, se acredita cuando el operador judicial «aprecia pruebas que no ha debido admitir ni valorar porque, por ejemplo, fueron indebidamente recaudadas».21

18 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 2002, T-781 de 2011, T-267 de 2013, SU-172 de 2015, T-605 de 2015, T-463 de 2016 y T-643 de 2016 entre otras. 19 Corte Constitucional, sentencia T-442 de 1994, M.P. Antonio Barrera Carbonell. 20 Sentencia SU -159 de 2002 , MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra. 21 Sentencia T-538 de 1994.9

20 Sentencia SU -159 de 2002 , MP. Manuel José Cepeda Espinosa. SV. Jaime Araujo Rentería, Rodrigo Escobar Gil y Alfredo Beltrán Sierra. 21 Sentencia T-538 de 1994.9

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01103-00

Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz y otros

Empero, la intervención del juez constitucional en el análisis de las pruebas que adelanta el juez natural, so lo se justifica cuando resulta en una manif iesta vía de hecho y, tiene una clara incidencia en el sentido de la decisión; por supuesto, en vigencia y garantía de los derechos constitucionales fundamentales.

Ahora bien, al descender a la situación particular planteada por la parte demandante, y en cuanto a la valoración de la epicrisis y el concepto de los testigos técnicos, se advierte que , en la providencia cuestionada el Tribunal Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina indicó lo siguiente:

«[…] Así las cosas, las pruebas del proceso dan cuenta de forma unánime que el cuadro clínico que presentaba el paciente en su primer ingreso a la IPS UNIVERSITARIA, el 12 de noviembre de 2014, en ningún caso era indicativo de obstrucción intestinal, y por el contrario, le fue confirmado su diagnóstico de cálculos renales, mediante la realización de ayudas diagnosticas complementarias, tal como indicaron, el especialista en urología, Doctor Samir Fakih, y la Doctora Ana María González, encargadas de valorar al paciente en su mismo ingreso a urgencias. Todo esto desvirtúa la imputación de un supuesto error en el diagnóstico, pues al paciente conforme a sus signos y síntomas y en especial las

Doctor Samir Fakih, y la Doctora Ana María González, encargadas de valorar al paciente en su mismo ingreso a urgencias. Todo esto desvirtúa la imputación de un supuesto error en el diagnóstico, pues al paciente conforme a sus signos y síntomas y en especial las ayudas diagnosticas como uroanálisis, urotac, radiografía entre otros, se confirmó un diagnóstico de urolitiasis.

Respecto al segundo ingreso del paciente el 16 de noviembre de 2014, tenemos que, al momento del ingreso y contrario a la primera atención, el paciente reportó dos horas de evolución de dolor abdominal difuso (síntoma que no hab ía presentado previamente), por lo cual los médicos tratantes de forma diligente y sobre todo oportuna ordenaron el ingreso del paciente para manejo y ayudas complementarias.

En esta oportunidad, se ordenó la hospitalización del señor para manejo del dolo r y realización de ayudas diagnósticas, ayudas estas que reportaron persistencia de distensión de asas, lo cual podía ser explicado por el cuadro urinario presentado previamente por el paciente, por lo cual se continuó con el tratamiento ya ordenado para el dolor y control de la distensión.

Advierte la Sala en este punto, que lo más cuestionable en el presente caso podría resultar ser la atención recibida en el segundo y último ingreso del paciente al Centro Hospitalario, por cuanto mientras de manera clara se encuentra determinado según lo ya expuesto, que en su primer ingreso la sintomatología que presentaba no indicaba algún tipo de obstrucción intestinal, esto, corroborado con el análisis probatorio aquí realizado; respecto del segundo ingreso el Ju ez en primera instancia colige que el personal médico quienes brindaron la atención al señor Ángel de Jesús Montero

algún tipo de obstrucción intestinal, esto, corroborado con el análisis probatorio aquí realizado; respecto del segundo ingreso el Ju ez en primera instancia colige que el personal médico quienes brindaron la atención al señor Ángel de Jesús Montero Larrazábal, no debieron insistir en el diagnóstico inicial sino, detectar que se trataba de otra patología. Por lo anterior, se hace imperio so detenernos en dicho momento del servicio médico asistencial para constatar si lo dicho por el ad-quo cobra sentido.

Como se lee de la historia clínica, en fecha 16 de noviembre hace su ingreso por segunda vez y sin acompañante al Hospital Departamental, el señor Montero Larrazabal luego de haber sido hospitalizado durante dos días y dado de alta por evolución satisfactoria de su cuadro clínico con tratamiento recibido.10

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01103-00

Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz y otros

En este segundo ingreso, el paciente refiere dos horas de dolor abdominal localizado en hipogastrio, pero esta vez se extendía principalmente a flancos (El dolor causado por una enfermedad renal generalmente se percibe en el flanco o en la región lumbar. Algunas veces, el dolor se extiende hasta el centro del abdomen) En la nota se dijo que “no presentaba irritación peritoneal y con tendencia a la hipotensión, por lo cual se hacía necesario descartar una obstrucción intestinal con un tercer espacio”. Se ordenó inmediatamente un plan consistente en medicación (SSN pasar un bolo de 1000cc), monitorizar, RX simple de abdomen, ionograma, pero suspensión de analgésicos.

Nótese que en este segundo ingreso persisten los síntomas iniciales, asociados a la

monitorizar, RX simple de abdomen, ionograma, pero suspensión de analgésicos.

Nótese que en este segundo ingreso persisten los síntomas iniciales, asociados a la enfermedad renal -diagnóstico confirmado -, empero, se sugirió descartar una obstrucción intestinal para lo cual se ordenó la practica de RX de abdomen, ionograma y se prohibieron los analgésicos que habían sido antes formulado. Todo lo cual demuestra un manejo distinto al que se le dio en el primer ingreso pues, aun cuando los síntomas en esta o casión seguían asociados a la infección de vías urinarias por sobredistensión vesical y bacteriuria, fue considerado descartar alguna obstrucción intestinal.

En este orden, observa el Tribunal que a diferencia de lo plasmado en la Sentencia apelada acerca de la insistencia en el primer diagnóstico, las anotaciones en el historial clínico demuestran que el médico tratante no descartó la posibilidad de un nuevo diagnóstico y es por ello, que tal como lo dice la nota de interconsulta del 17 de noviembre de 2014 se hizo la siguiente valoración:

Análisis: “paciente sin comorbilidades previas que viene con cuadro posterior al uso de antimicrobianos de amplio espectro consistente en dolor abdominal y diarrea acuosa15 se sospecha disbacteriosis colónica asociada a antimicrobianos16 (antibióticos), preocupa la falla renal en progresión probablemente prerrenal vs postrenal. Se inicia hidratación, proprebioticos, antiespasmódicos y proquineticos.

En consecuencia, fue hospitalizado el paciente para mantenerse bajo observación con reposo intestinal. Dicha hospitalización fue ordenada por médico internista.

hidratación, proprebioticos, antiespasmódicos y proquineticos.

En consecuencia, fue hospitalizado el paciente para mantenerse bajo observación con reposo intestinal. Dicha hospitalización fue ordenada por médico internista.

El 18 del mismo mes y año, al Paciente con sonda vesical a cistoflo (sic) que drena orina turbia 600cc desde la aplicación de 10 mg de furosemida a las 2am y con Rx de tórax con imagen no muy clara de edema pulmonar derecho o derrame pleural no mayor a 20%”, se le ordenó la aplicación de 1 ampolla de furosemida (La furosemida es un diurético de asa utilizado para reducir la retención de líquidos que puede producir se en la insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión arterial, la insuficiencia hepática y edemas) por posible sobre carga de líquidos suministrados vía parenteral. Lo anterior, por “Insuficiencia renal aguda, edema pulmonar, derrame pleural derecho, l itiasis renal derecho”.

Vale resaltar, que la sonda vesical para drenar la orina había sido empleada precisamente por la falla renal que presentó el paciente desde el inicio y que ante una imagen poco clara de edema pulmonar (acumulación anormal de líqui dos en los pulmones) no mayor a 20%, le fue ordenada la aplicación de 1 ampolla de furosemida y a pesar de la evolución clínica estable durante la mañana y observarse mejoría respecto a su ingreso, (sin emesis, ya no ha presentado nuevas deposiciones diarr eicas, al examen físico con persistencia de distención abdominal con mejoría respecto a la evaluación anterior), el especialista manifestó su preocupación tras el resultado revelado

a su ingreso, (sin emesis, ya no ha presentado nuevas deposiciones diarr eicas, al examen físico con persistencia de distención abdominal con mejoría respecto a la evaluación anterior), el especialista manifestó su preocupación tras el resultado revelado por la ecografía realizada el mismo día, consistente en líquido libre en cavidad abdominal y a nivel sub hepático, asimismocolecciones en flanco derecho, imagen sugestiva de obstrucción intestinal. Esta consideración del galeno no puede interpretarse de manera11

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01103-00

Demandante: Luz Dary Téllez Ortiz y otros negativa sino, verse al profesional de la salud como diligente, quien ante la imagen de edema pulmonar aun siendo poco clara, decidió medicar al paciente para observar su evolución clínica, la cual además de ser estable mostró mejoría.

Sorpresivamente el señor Ángel de Jesús Montero Larrazábal, a las 10:30 am del 18 de noviembre, reportó de forma súbita y por primera vez en todo su proceso de atención, dificultad respiratoria -síntoma que no se encuentra asociado directament