CE - 010315000202301117001SENTENCIA20230414101400

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintinueve (29) de marzo de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2023-01117-00

Demandante: MIRIAM SOTTO Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SAN ANDRÉS,

PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA Y OTRO

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL

PROFERIDA EN EL MARCO DE UN PROCESO DE

REPARACIÓN DIRECTA EN EL QUE SE DEBATIÓ UNA

SUPUESTA EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL. ANÁLISIS

DE LOS DEFECTOS FÁCTICO Y DESCONOCIMIENTO

DEL PRECEDENTE JUDICIAL . SE NIEGA EL AMPARO

INVOCADO.

Síntesis del caso: la parte demandante consideró que la autoridad judicial demandad a en el marco del medio de control de reparación directa vulneró sus derechos constitucionales fundamentales con ocasión del fallo proferido el 25 de agosto de 2022, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentad o por los señores Esperanza Preciado Jiménez, Kevin Andrés Charry Preciado, Duván Andrés Charry Preciado, Yolman David Charry Preciado, Dago Felipe Charry Vela, Delcy Magaly Vela

Esperanza Preciado Jiménez, Kevin Andrés Charry Preciado, Duván Andrés Charry Preciado, Yolman David Charry Preciado, Dago Felipe Charry Vela, Delcy Magaly Vela Rodríguez, Dioselino Charry, Myrian Osorio de Charry, Melba Patricia Charry Osorio, Dioselino Charry Osorio, Francy María Charry Osorio, Nelly Andrea Charry Osorio y Gustavo Adolfo Charry Osorio 1; Jaime Auno Rodríguez, Nohemy Amaya Monroy y Nicolás Rodríguez Campos 2; Miriam Sotto, Laura María Castillo Sotto, Diana Lucía Castillo Sotto, Edgar Castil lo Amézquita, Flor de María Archa Londoño, Leidy Yarina Castillo Delgado, Astrid Castillo Delgado, María Derly Castillo Delgado, Wilson Castillo Archa, Víctor Mejía Arcila, Alba Lucha López Archa y John Harvin López Arcila 3 en contra del Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina para la protección de su s derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y

1 Familiares del señor Dagoberto Charry Osorio (QEPD). 2Grupo familiar del señor Jaime Alberto Rodríguez Amaya (QEPD). 3 Grupo familiar del señor Fardi Castillo Arcila (QEPD).2

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01117-00

Demandante: Miriam Sotto y otros Acción de tutela acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 29 y 229 de la

Carta Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Mediante escrito radicado e l 2 de marzo de 2023 la señora Esperanza Preciado

Carta Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda

Mediante escrito radicado e l 2 de marzo de 2023 la señora Esperanza Preciado Jiménez y otros, por intermedio de apoderado judicial, promovieron proceso de acción de tutela en contra de la providencia proferida el 25 de agosto de 2022 por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina , con el fin de que se protegieran los derechos constitucionales fundamentales antes referidos por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

Como fundamento fáctico de la acción la parte demandante señaló, en síntesis, lo siguiente:

1. El 1 de marzo de 2007, los señores Jesús Alfredo Bermúdez Acosta, Fardi Castillo Arcila, Óscar Javier Moreno Urazan , Dagoberto Charry Osorio y Jaime Alberto Rodríguez Amaya fueron contactados por un individuo con el fin de hurtar una mercancía ubicada en la vía que de Pitalito conduce a Mocoa.

1. El 5 de marzo de 2007 , aproximadamente a las 7:30 pm, partieron para realizar dicha actividad, cuatro de ellos en dos vehículos tipo motocicleta y los otros en un vehículo tipo automóvil; sin embargo, en el recorrido, fueron detenidos por miembros del batallón de infantería no. 27 del Ejército Nacional 4, quienes indiscrimin adamente les dispararon y ocasionaron la muerte de los señores Jesús Alfredo Bermúdez Acosta, Fardi Castillo Arcila, Óscar Javier Moreno Urazan, Dagoberto Charry Osorio y Jaime

Alberto Rodríguez Amaya.

les dispararon y ocasionaron la muerte de los señores Jesús Alfredo Bermúdez Acosta, Fardi Castillo Arcila, Óscar Javier Moreno Urazan, Dagoberto Charry Osorio y Jaime Alberto Rodríguez Amaya.

1. Los familiares de las víctimas instauraron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa en contra de la Nación - Ministerio de Defensa – Ejército Nacional

4 Las tropas del batallón de infantería no. 27 " Magdalena", se desplazaron a la vereda "El Encanto" ubicada en jurisdicción del municipio de Pitalito (Huila), con el fin de desarrollar un operativo militar llamado "Luminoso", en el cual se desarrolló la misión táctica "Misil", que tenía como objetivo neutralizar la cuadrilla XIII de las FARC.3

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01117-00

Demandante: Miriam Sotto y otros Acción de tutela con el fin de que se le declarara patrimonialmente responsables por los daños y perjuicios ocasionados con motivo de la muerte de las referidas víctimas.

1. El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Neiva5 profirió sentencia el 30 de abril de 2015 en la que negó las pretensiones de la demanda y, en consecuencia, exoneró a la autoridad demandada, pues concluyó que fue el hecho de la s víctimas el causante del daño, toda vez que los occisos abrieron fuego contra los uniformados y estos respondieron en legítima defensa.

1. La parte demandante apeló la decisión 6, recurso que fue desatado por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 7 en sentencia de 25 de

fuego contra los uniformados y estos respondieron en legítima defensa.

1. La parte demandante apeló la decisión 6, recurso que fue desatado por el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 7 en sentencia de 25 de agosto de 20228, en la que confirmó la decisión de primera instancia, pues consideró que ninguna de las pruebas arrimadas al plenario permitía inferir que los hechos obedecieron a una ejecución extrajudicial , por el contrario, se prob ó que estos murieron por las heridas causadas por armas de fuego dentro de un enfrentamiento con los integrantes del tercer pelotón de la Compañía Berlín del Ejército Nacional.

2. El fundamento de la vulneración

La parte demandante señaló que la autoridad judicial demandada vulner ó sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia con ocasión del fallo proferido el 25 de agosto de 2022, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

5 Medio de control de reparación directa acumulado con radicación no. 41-001-33-31-006-2007-0015701 y 41-001-33-31-006-200800211-01.

6 El recurrente afirmó que el juzgador valoró las pruebas de manera superficial dando crédito exclusivamente a las versiones de los victimarios, apartándose de la jurisprudencia imperante del Consejo de Estado, y fundamentalmente de las evidencias obrantes en el proceso y de la real idad nacional dentro de la que ocurrió el fenómeno de los falsos positivos.

Adujo que las declaraciones presentadas en el proceso daban cuenta que las víctimas eran personas

Consejo de Estado, y fundamentalmente de las evidencias obrantes en el proceso y de la real idad nacional dentro de la que ocurrió el fenómeno de los falsos positivos.

Adujo que las declaraciones presentadas en el proceso daban cuenta que las víctimas eran personas trabajadoras que fueron llevadas con engaños al sitio de los hechos, por una pers ona que es conocida en los casos de los falsos positivos como reclutador, cuya función era llevar personas a un punto determinado para que fueran asesinados por los militares.

7 El proceso fue remitido por el Tribunal Administrativo del Huila en desarrollo de lo dispuesto en materia de descongestión en el Acuerdo PCSJA21 -11814 del 16 de julio de 2021, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.

8 Decisión que fue notificada el 12 de septiembre de 2022.4

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Demandante: Miriam Sotto y otros Acción de tutela En cuanto al defecto fáctico, sostuvo que n o se valoraron en conjunto y de manera

integral las siguientes pruebas:

a) Los protocolos de necropsia de los señores Jaime Alberto Rodríguez Amay a, Dagoberto Charry Osorio y Fardi Castillo Arcila , que evidenciaban los numerosos impactos y las diferentes trayectorias.

b) La versión del único sobreviviente, el señor José Yesid Farfán Ortiz, el cual manifestó que nunca hubo enfrentamiento con los uniformados.

c) Las declaraciones de las esposas y compañeras permanentes de las víctimas, que daban cuenta que la ejecución extrajudicial la perpetró el Ejército Nacional.

d) Los informes fotográficos y topográficos que permitían evidenciar la posición

c) Las declaraciones de las esposas y compañeras permanentes de las víctimas, que daban cuenta que la ejecución extrajudicial la perpetró el Ejército Nacional.

d) Los informes fotográficos y topográficos que permitían evidenciar la posición ventajosa de los treinta soldados que integraban el dispositivo militar con armas de fuego de largo alcance.

e) Los dictámenes de balística , tales como el no. 10625 del 31 de agosto de 2011, firmado por el señor Antonio Sánchez Mora, el informe pericial 837 del 30 de marzo de 2007 y el informe 970 del 23 de abril de 2007 , de los cuales era posible establecer el lugar desde donde dispararon los soldados y el mal estado de conservación de las pistolas 765 y 9mm.

f) La orden d e operaciones y los informes de inteligencia , que demostraban que se diseñó una emboscada lineal, en un sitio caracterizado por varias curvas, con militares ubicados a ambos lados de la vía, en lugares preponderantes y con armas de dotación oficial de largo alcance y dos equipos de cierre.

g) Las indagatorias e intervenciones de los militares en los procesos penal y disciplinario y del sargento Deiger de Jesús Pérez, encargado de lanzar la proclama , que daban cuenta de la posición dominante de los militares y de la forma como fueron masacradas las víctimas.

Si las pruebas hubieran sido valoradas en conjunto, la conclusión del operador jurídico debía ser que se encontraba ante un crimen de lesa humanidad, por atentar contra la dignidad y la condición humana, pues las víctimas fueron reducidas y luego asesinadas.5

debía ser que se encontraba ante un crimen de lesa humanidad, por atentar contra la dignidad y la condición humana, pues las víctimas fueron reducidas y luego asesinadas.5

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01117-00

Demandante: Miriam Sotto y otros Acción de tutela

Si bien es cierto el comportamiento de las víctimas dirigido a hurtar una mercancía no fue el adecuado, ello no legitimaba a la Fuerza Pública para diseñar una emboscada lineal con un grueso número de militares para quitarles la vida.

Por otra parte, afirmó que se desconoció la jurisprudencia del Consejo de Estado relacionada con ejecuciones extrajudiciales, en la que se concluyó que había lugar a acceder a las pretensiones de la demanda, por cuanto las muertes tuvieron como causa el impacto de los proyectiles disparados por varios oficiales y suboficiales del Ejército Nacional, no en el marco de un encuentro armado, sino producto de una ejecución sumaria.

3. Pretensiones

Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó el amparo de las siguientes súplicas:

“Se ruega al Juez de amparo Constitucional, dejar sin efectos la sentencia de segunda instancia proferida por los Tribunales de lo Contencioso Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y del Huila. Sección Tercera. Subsección A, notificada el 12 de septiembre de 2022, profiriendo en su reemplazo, la que ordene el Juez de Amparo Constitucional y conforme a los lineamientos que allí se dispongan al amparar los Derechos Fundamentales ya

A, notificada el 12 de septiembre de 2022, profiriendo en su reemplazo, la que ordene el Juez de Amparo Constitucional y conforme a los lineamientos que allí se dispongan al amparar los Derechos Fundamentales ya enunciados.”. (archivo disponible en medio magnético en el aplicativo SAMAI-negrillas del original).

4. Actuación procesal

Mediante auto del 7 de marzo de 2023 se admitió el proceso de acción de tutela y se ordenó la notificación del presidente y de los magistrados integrantes del Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y del Tribunal Administrativo del Huila 9, del titular del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Judicial de Neiva10 y del comandante del Ejército Nacional con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción.

9 Quien en virtud de lo dispuesto en materia de descongestión en el Acuerdo PCSJA21 -11814 del 16 de julio de 2021, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura , remitió el proceso acumulado para fallo al Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. 10 De conformidad con la consulta realizada en la página de la Rama Judicial, el proceso de reparación directa fue devuelto a dicho juzgado, por lo que fue necesario ordenar su vinculación.6

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01117-00

Demandante: Miriam Sotto y otros Acción de tutela

5. Actuación de las autoridades demandadas

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina manifestó que los demandantes proponen

Acción de tutela

5. Actuación de las autoridades demandadas

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina manifestó que los demandantes proponen la misma discusión jurídica que presentaron como apelación en el proceso de reparación directa, por cuanto, si bien alega n que las providencias objeto de tutela incurrieron en un defecto fáctico, lo cierto es que lo que pretenden es que se reabra el debate jurídico.

En todo caso, consideró que se realizó un adecuado análisis del material probatorio tanto en primera como en segunda instancia y a partir de ello se tuvo por demostrada la culpa exclusiva de las víctimas en la consumación del daño.

El Ministerio de Defens a Nacional sostuvo que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional, puesto que el asunto ya fue objeto de análisis y valoración probatoria en el proceso ordinario.

El titular del Juzgado Sexto Administrativo del Circuito Ju dicial de Neiva y los magistrados del Tribunal Administrativo del Huila guardaron silencio en esta oportunidad.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.7

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01117-00

Demandante: Miriam Sotto y otros Acción de tutela Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legislador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos ni para revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos constitucionales fundamentales del demandante.

2. El caso concreto

En el asunto que ocupa la atención de la Sala se demanda por esta vía constitucional al Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina con el fin de que se proteja n sus derechos constitucionales fundamentales del debido proceso y acceso a la administración de justicia presuntamente vulnerados con ocasión del fallo proferido el 25 de agosto de 2022, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

presuntamente vulnerados con ocasión del fallo proferido el 25 de agosto de 2022, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

En los términos en que ha sido propuesta l a controversia la Sala negará el amparo invocado, por las razones que procederán a exponerse:

El presente caso cumple los requisitos genéricos de procedibilidad enunciados por la jurisprudencia constitucional, por cuanto: (i) se agotaron todos los medios de defensa judicial disponibles al alcance de la persona afectada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo; (ii) se cumplió con el requisito de la inmediatez, si se tiene en cuenta que la acción fue promovida dentro de los 6 meses siguientes a la notificación de la providencia atacada 11; (iii) el presente caso no se trata de una irregularidad procesal que deba ser tenida como un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (iv) la parte demandante identificó de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron, (v) no se ataca una sentencia de tutela y, finalmente, ( vi) la cuestión que se discute result a de relevancia

11 La sentencia de segunda instancia fue notificada el 12 de septiembre de 2022 y la demanda fue presentada el 2 de marzo de 2023.8

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01117-00

Demandante: Miriam Sotto y otros Acción de tutela constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración de derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia que dispuso que la

Demandante: Miriam Sotto y otros Acción de tutela constitucional, por cuanto se alegó la supuesta vulneración de derechos constitucionales fundamentales con ocasión de la providencia que dispuso que la muerte de las víctimas se dio en el marco de un enfrentamiento armado y no como consecuencia de una ejecución extrajudicial. Además, los argumentos que trae a colación el tutelante se refieren a la presunta indebida y falta de valoración de las pruebas en la sentencia de segunda instancia , así como al desconocimiento de unas sentencias del Consejo de Estado, es decir, tampoco constituyen una reiteración de lo discutido en el proceso ordinario.

Superado el análisis anterior, pasa la Sala a establecer si la sentencia objeto de tutela incurrió en los defectos fáctico y desconocimiento del precedente judicial.

1. Análisis del defecto fáctico

1.1 La parte demandante sostuvo que no se valoraron en conjunto y de manera integral las pruebas que permitían concluir que las muertes de las víctimas no se dieron en el marco de un conflicto armado sino de una ejecución extrajudicial, entre ellas, los protocolos de necropsia de los señores Jaime Alberto Rodríguez Amaya, Dagoberto Charry Osorio y Fardi Castillo Arcila ; la versión del único sobreviviente ; las declaraciones de las esposas y compañeras permanentes de las víctimas; los informes fotográficos y topográficos; los dictámenes de balística; la orden de operaciones y los informes de inteligencia ; las indagatorias e intervenciones de los militares en los procesos penal y disciplinario y del SLP. Deiger de Jesús Pérez.

1.2 Así las cosas, la Sala procederá a realizar un estudio de la providencia atacada

informes de inteligencia ; las indagatorias e intervenciones de los militares en los procesos penal y disciplinario y del SLP. Deiger de Jesús Pérez.

1.2 Así las cosas, la Sala procederá a realizar un estudio de la providencia atacada con el fin de verificar si la autoridad judicial demandada omitió valorar o lo hizo, pero defectuosamente, el material probatorio a que hace referencia la parte demandante con el cual presuntamente era posible determinar que los hechos correspondieron a una ejecución extrajudicial.

1.3 En esos términos, se tiene que el Tribunal Administrativo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina en sentencia de 25 de agosto de 2022 , con el fin de determinar si existía responsabilidad administrativa y patrimonial del Ejército Nacional en los hechos ocurridos el 5 de marzo de 2007 o si, por el contrario, se configuraba alguna de las causales eximentes de responsabilidad del Estado, valoró los siguientes medios de prueba:9

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01117-00

Demandante: Miriam Sotto y otros Acción de tutela “- Certificado de Registro Civil de Nacimiento No. 2281075 del señor Jesús Bermúdez acosta Jesús Alfredo. - Registro de Matrimonio No. 1170477, con fecha 12 ma rzo de 1991, celebrado entre Jesús Alfredo Bermúdez Acosta y la señora Rubiela Losada Salazar. - Certificado de Defunción No. 2170041 del señor Bermúdez Acosta Jesús

Alfredo.

• Certificados de Registros Civiles de Nacimiento de Ruth Daniela

Bermúdez Losada, Ligia Katherine Bermúdez Losada, Paola Osorio Losada,

• Certificado de Defunción No. 2170041 del señor Bermúdez Acosta Jesús

Alfredo.

• Certificados de Registros Civiles de Nacimiento de Ruth Daniela

Bermúdez Losada, Ligia Katherine Bermúdez Losada, Paola Osorio Losada, Dagoberto Tomas Bermúdez Acosta, Wilson Aníbal Bermúdez Acosta, Ligia Katherine Bermúdez Losada 2281067 de Pedro Felipe Bermúdez Acosta, Leidy Yarina Castillo Delgado, Astrid Castillo Delgado, Fordi Casti llo Areila, José Edgar Castillo Delgado, María Derly Castillo Delgado, Víctor Arcila, Wilson Castillo, Alba Lucia López Arcila, Jhon Harvin López Arcila, Oscar Javier Moreno Urazan, Claudia Roció Lugo Moreno, Jeryka Zoranly Moreno Lugo. - Certificado de Registro Civil de Nacimiento No. 92125 de Dagoberto Charry Osorio. - Certificado de Registro Civil de Matrimonio No. 1342240, con fecha 11 de enero de 1995, celebrado entre Dagoberto Charry Osorio y la señora Esperanza Preciado Jiménez. - Certificado de Registro Civil de Defunción No. 04500792 del señor Dagoberto Charry Osorio. - Certificados de Registros Civiles de Nacimiento de Brayan Steven Charry Vela, Dago Felipe Charry Vela, David Andrés Charry Preciado, Kevin Andrés Charry preciado, Yo lman Charry Preciado, Dioselino Charry Osorio, Melba Patricia Charry Osorio. - Certificado de Registro Civil de Matrimonio No.660, de 26 de abril de 2006, celebrado entre Oscar Javier Moreno Urazan y Claudia Roció Lugo Moreno. - Solicitudes de prueba traslada da consistente en copia autentica del

• Certificado de Registro Civil de Matrimonio No.660, de 26 de abril de 2006, celebrado entre Oscar Javier Moreno Urazan y Claudia Roció Lugo Moreno. - Solicitudes de prueba traslada da consistente en copia autentica del proceso penal No. 7001; y de la investigación disciplinaria No. 02-2007. - Certificado de Registro Civil de Defunción No. 04500795, de Jesús Alfredo Bermúdez Acosta. - Certificado de Registro Civil de Defunción No. 04500793, de Oscar Javier Moreno Urazan. - Informe Fotográfico N.129, realizado el 8 de marzo de 2007, dentro de la Inspección técnica a cadáver, el cual fue realizado por el Cuerpo Técnico

de Investigación Criminalístico - CTI, a Javier Rodríguez Amaya, Oscar Javier Moreno Trazan, Dagoberto Charry Osorio, Jesús Alfredo Bermúdez Acosta y Fardi Castillo Arcila. - Documento Síntesis Ejecutiva, de 6 de marzo de 2007 el cual realizo la Policía Nacional de Colombia región No 2 del Departamento de Policía Huila cuarto distrito Pitalito. - - Informe de fijación fotográfica en diligencia de entrega de inspección al lugar de los hechos , realizado por el Cuerpo Técnico de Investigación - sección de criminalística. - Inspecciones técnicas a cadáveres - FPJ 10 -, realizadas el 6 de marzo de 2007 a Jaime Rodríguez Amaya, un occiso no identificado, Dagoberto Charry Osorio. - Informes técnicos de necropsia médico legales, N. 2007P07000300024, No. 2007P -07000300025, No. 2007P -07000300025, No.

Charry Osorio. - Informes técnicos de necropsia médico legales, N. 2007P07000300024, No. 2007P -07000300025, No. 2007P -07000300025, No. 2007P07000300026, realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, a los occisos Jaime Alberto Rodríguez Amaya, Dagoberto Charry Osorio, Dagoberto Charry Osorio, Oscar Javier Moreno Urazan, Fardi Castillo Arcila, Jesús Alfredo Bermúdez Acosta. - Dictamen pericial de balística No. 970 , realizado por el grupo de balística del Cuerpo Técnico de Investigación Sección Criminalística. - Informe técnico legal de lesiones no fatales realizado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense, al señor Deiger de Jesús Pérez Castro.10

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01117-00

Demandante: Miriam Sotto y otros Acción de tutela - Resultados de búsqueda dactiloscópica de los occisos Oscar Javier

Moreno Urazan, Dagoberto Charry Osorio, Jesús Alfredo Bermúdez Acosta, Fardi Castillo Arcila, Jaime Rodríguez Amaya, realizados por el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación. - Declaración rendida por el Cabo segundo Javier Moreno León , en diligencia de indagatoria ante el Juzgado sesenta y cinco de instrucción penal militar. - Declaración rendida por el Soldado Profesional Deiger de Jesús Pérez Castro, en diligencia de indagatoria ante el Juzgado sesenta y cinco de instrucción penal militar. - Declaración rendida por el Sargento Viceprimero López Patiño

• Declaración rendida por el Soldado Profesional Deiger de Jesús Pérez Castro, en diligencia de indagatoria ante el Juzgado sesenta y cinco de instrucción penal militar. - Declaración rendida por el Sargento Viceprimero López Patiño Eduardo Antonio, en diligencia de indagatoria ante el Juzgado sesenta y cinco de instrucción penal militar. - Declaración rendida por la señora Delcy Magali Vela Rodríguez , en diligencia de indagatoria ante el Juzgado sesenta y cinco de instrucción penal militar. - Declaración rendida por la señora Rocío Lugo Moreno, en diligencia de indagatoria ante el Juzgado sesenta y cinco de instrucción penal militar. - Declaración rendida por la señora Rubiela Losada Salazar , en diligencia de indagatoria ante el Juzgado sesenta y cinco de instrucción penal militar.

Es de anotar que en primera instancia ambas partes solicitaron copia autentica del proceso penal No. 7001 adelantado por la Fiscalía 76 Especializada de Neiva y de la investigación formal disciplinaria No. 072007 adelantada por el Batallón de Infantería N o. 27 Magdalena (Ver folios 36 y 37, 72 y 73, 96 y 97 y 100 de los cuadernos principales No. 1), lo cual fue debidamente valorado.

Asimismo, fueron tenidas en cuenta las declaraciones que bajo la gravedad de juramento se recepcionaron dentro de los procesos penal y disciplinario antes mencionados .”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI –negrillas de la Sala).

1.4 De conformidad con lo anterior la autoridad judicial demandada estimó que se

y disciplinario antes mencionados .”. (archivo disponible en medio magnético a través del aplicativo SAMAI –negrillas de la Sala).

1.4 De conformidad con lo anterior la autoridad judicial demandada estimó que se encontraban debidamente acreditados los siguientes hechos objeto de la demanda:

“En desarrollo de la orden de operaciones 'Luminoso" emitida por el Oficial de Operaciones de Infantería No. .27 "Magdalena", el Sargento Viceprimero López Patiño en su calidad de Comandante del tercer pelotón de la compañía Berlín informó sobre los hechos ocurridos el 05 de marzo de 2007 en la vereda "El Encanto" en jurisdicción del municipio de Pitalito (ver fI. 146 del cdno. de pruebas No. 1).

(…).

De los Informes Técnicos de necropsia Nos. 2007P07000300024, 2007P07000300025, 2007P07000300026, 2007P07000300027, 2007P07000300028 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se tiene:

Respecto del señor Jaime Alberto Rodríguez Amaya: "Cadáver de un hombre adulto joven con múltiples her idas por proyectil de arma de fuego, en el examen externo se encontró un cadáver vestido; presentaba frialdad a la palpación manual, rigidez generalizada y livideces dorsales escasas que no desaparecían a la digito presión, pálido. (.. ... ) En el examen i nterno se encontró lesión del tejido muscular intercostal del abdomen y de miembros11

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01117-00

Demandante: Miriam Sotto y otros

encontró lesión del tejido muscular intercostal del abdomen y de miembros11

Expediente: 11001-03-15-000-2023-01117-00

Demandante: Miriam Sotto y otros Acción de tutela superiores e inferiores hemotórax izquierdo de 1.200 cc, hemotórax derecho de 700 cc, lesión de pleura parietal derecha e izquierda, fractura del 50, 60y 70arcos costales i zquierdos y derechos, fractura de 5°, 60 y 70cuerpos vertebrales dorsales, lesión de la médula espinal dorsal; pulmones rosadospálidos y colapsados, ¡aceración de los lóbulos superior e inferior del pulmón izquierdo y de los lóbulos medio e inferior del p ulmón derecho; lesión del hemidiafragma derecho, ¡aceración de/lóbulo derecho del hígado; estallido del estómago, cerebro y viseras abdominales pálidas, en la cavidad pleural derecha se encontró un proyectil de color cobrizo puntudo y deformado el cual se extrajo..."

(…).

Por otra parte, obra en el expediente I nforme pericial No.