CE - 010315000202301151001SENTENCIA20230512122857

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01151-00

Demandante: James Perea Peña

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01151-00

Demandante: JAMES PEREA PEÑA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de cumplimiento de normas con fuerza material de ley o de ac tos administrativos. Requisito de relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por el señor James Perea Peña , quien actúa en nombre propio, contra el Tribunal Administrativo de Antioquia, en la que pide el amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso el cual consider a vulnerado con la sentencia de 15 de febrero de 2023 , que confirmó la de 17 de enero de l mismo año, proferida por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín dentro del medio de control de cumplimiento iniciado contra las Empresas Municipales de

sentencia de 15 de febrero de 2023 , que confirmó la de 17 de enero de l mismo año, proferida por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín dentro del medio de control de cumplimiento iniciado contra las Empresas Municipales de Medellín EPM E.S.P. (en adelante EPM), con el fin de que se diera cumplimiento al Decreto 3102 de 1997 reglamentario de la Ley 373 de 1997 (radicado No . 050013333030202200593101).

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

El actor relató que en ejercicio de l medio de control de cumplimiento demandó a EPM, con el fin de que se ordenara cumplir, entre otros, lo establecido en el artículo 5 del Decreto 3102 de 1997 1 . Explicó que este artículo reglamentó el

1 “Artículo 5o. Obligaciones de las entidades prestadoras del servicio de acueducto. Son obligaciones de las entidades prestadoras del servicio público de acueducto, además de las previstas en la ley, las siguientes: a) Autorizar la conexión definitiva del servicio de acueducto s olo cuando se verifique que en los do micilios se hayan instalado equipos, sistemas o implementos de bajo consumo de agua; b) Incluir en el reglamento o manual de instalaciones internas, la utilización de equipos, sistemas e implementos de b ajo consumo de agua; c) Llevar estadísticas sobre lo causas de fugas que se adviertan, relacionando dicha información con los equipos o sistemas que las originan a objeto de realizar las campañas de que trata el artículo 12 de la Ley 373 de 1997; d) Inclui r en los programas de uso eficiente de ahorro de agua , los equipos,

adviertan, relacionando dicha información con los equipos o sistemas que las originan a objeto de realizar las campañas de que trata el artículo 12 de la Ley 373 de 1997; d) Inclui r en los programas de uso eficiente de ahorro de agua , los equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua que se adoptan como de obligatoria instalación, según lo establecido en el presente decreto; e) Divulgar entre los usuarios los programas y s us resultados, orientados a la revisión del índice de agua no contabilizada debidamente aprobados por las autoridades ambientales competentes; f) Certificar ante las autoridades ambientales que el consumo mensual promedio base para calcular el consumo efic iente, corresponde a condiciones normales de prestaci ón del servicio; g) Mantener informado a los interesados sobre la disponibilidad de laboratorios de medición que permitan verificar el cumplimiento de la norma vigente sobre los equipos, sistemas eRadicación: 11001-03-15-000-2023-01151-00

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2 artículo 15 de la Ley 373 de 1997 que, afirmó, establece el deber de instalar equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agu a, en el marco de lo establecido en el artículo 1° de esa misma norm a, sobre el programa para el uso eficiente y ahorro del agua que consiste “en el conjunto de proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarill ado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico”.

que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de la prestación de los servicios de acueducto, alcantarill ado, riego y drenaje, producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico”.

Indicó que frente a las pretensiones de la demanda, EPM manifestó su oposición al considerar (i) que la empresa no ha incumplido el deber establecido en el artículo 6 del Decreto 3102 de 1997, en tanto “sus baterías son de uso eficiente de agua”, (ii) no tiene competencia para hacer cumplir lo preceptuado en el Decreto 3102 de 1997, así como tampoco para obligar a los constructores y urbanizadores que para obtener la lic encia de construcción deban garantizar el uso de equipos e implementos de bajo consumo de agua, pues esta es una competencia de las curadurías y de las autoridades municipales y (iii) no se acreditó por parte del accionante el incumplimiento de la normatividad alegada como inobservada.

Manifestó que por sentencia de 17 de enero de 2023 , el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín negó las pretensiones de la demanda , bajo el argumento de que el actor no demostró el incumplimiento de los artículos 5 y 6 del Decreto Reglamentario 3102 de 1997 , por parte de EPM. Para tal efecto, transcribió apartes de la citada providencia que expresan los fundamentos de la decisión.

Por último, a severó que en sentencia de 15 de febrero de 2023 , el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión, al considerar que no existen razones para revocarla o modificarla . En ese sentido, el actor efectuó una

Por último, a severó que en sentencia de 15 de febrero de 2023 , el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la decisión, al considerar que no existen razones para revocarla o modificarla . En ese sentido, el actor efectuó una transcripción de partes del citado fallo, en los que se observa que la autoridad judicial accionada se re firió a la pretensión de la demanda relativa a que EPM remplazara los equipos de alto consumo por los de bajo consumo de agua en sus establecimientos, frente a lo cual indicó que no se demostró que la empresa demandada no tuviera equipos de bajo consumo de agua, por el contrario, evidenció que sus baterías sanitarias son de bajo consumo. Asimismo, adujo que las pretensiones en torno al cumplimiento de los artículos 5 y 6 del Decreto 3102 de 1997 que persigue que EPM conmine a los constructores y urbanizadores para que en sus proyectos incorporen la utilización de bajo consumo de agua , desbordan el alcance de dichos preceptos porque la empresa demandada no es la autoridad competente para expedir licencias de construcción.

2. Fundamentos de la acción

El actor presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia en defensa del derecho fundamental al debido proceso , el cual consider a vulnerado con la sentencia de 15 de febrero de 2023 que confirmó la de 17 de enero de 2023, proferida por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín que

implementos de bajo consumo de agua; h) Acordar con los us uarios los plazos dentro de les cuales estos deben cambiar o reparar los equipos, sistemas o implementos de bajo consumo de agua que causen fugas; i) Elaborar un plan de

implementos de bajo consumo de agua; h) Acordar con los us uarios los plazos dentro de les cuales estos deben cambiar o reparar los equipos, sistemas o implementos de bajo consumo de agua que causen fugas; i) Elaborar un plan de contingencia en don de se definan las alternativas de prestación del servicio en situac iones de emergencia. Parágrafo: Se autoriza a la entidad prestadora del servicio de acueducto a suspenderlo a los usuarios que no cumplan el presente decreto”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01151-00

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3 negó las pretensiones de la demanda dentro del trámite del medio de control de cumplimiento promovido contra EPM.

El accionante no hizo referencia a las causales específicas de procedencia que , a su juicio, se habrían configurado en la decisión judicial objetada. Solamente indicó que en la demanda presentó “ abundante jurisprudencia en el cumplimiento del Decreto Reglamentario 3102 de 1.997 de la máxima autoridad administrativa como lo es el Honora ble Consejo de Estado”, sin embargo, afirmó no fue tenida en cuenta.

Se refirió a la sentencia No . 205 de 21 de noviembre de 2013 proferida en “ un caso similar fallado en el Valle del Cauca por el Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito de Cali en ac ción de cum plimiento incoada en contra de la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto del Valle del Cauca ACUAVALLE para que

caso similar fallado en el Valle del Cauca por el Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito de Cali en ac ción de cum plimiento incoada en contra de la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto del Valle del Cauca ACUAVALLE para que diera el cumplimiento a lo ordenado en los artículos 5 y 6 del Decreto Reglamentario 3102 de 1.997” . A gregó que dicho fallo fue confirmado por la sentencia No. 79 de 27 de febrero de 2014.

Reiteró los fundamentos expresados en la demand a del medio de control de cumplimiento en torno a l desconocimiento en el que está incurriendo EPM de los artículos 5 y 6 del Decreto 3102 de 1997. Hizo referencia general a la noción de decreto reglamentario y transcribió lo establecido en los artículos 7 y 13 del Código General del Proceso sobre el deber de los jueces de proferir decisiones conforme a la ley y de observar las normas procesales.

Así mismo, incluyó el contenido del artículo 1° de la Ley 373 de 1997 sobre el programa para el uso eficiente y ahorro de agua y del artículo 15 del Decreto 3102 de 1997 que reglamentó dicha norma tiva, el cual establece que “ los ministerios responsables de l os sectores que utilizan el recurso hídrico reglamentarán en un plazo máximo de seis (6) meses la instalación de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua para ser utilizado por los usuarios del recurso y para el re [e]mplazo gradual de equipo s e impleme ntos de bajo consumo”.

El actor formuló varios interrogantes a los cuales da respuesta a partir de lo

implementos de bajo consumo de agua para ser utilizado por los usuarios del recurso y para el re [e]mplazo gradual de equipo s e impleme ntos de bajo consumo”.

El actor formuló varios interrogantes a los cuales da respuesta a partir de lo establecido en el Decreto 3102 de 1997, a saber:

• ¿Cuáles son los sistemas e implementos de bajo consumo de agua? • ¿Por qué los constructores y urbanizadores están obligados a incluir en los proyectos la utilización de equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua, de los cuáles hace referencia el artículo tercero? • ¿Por qué para la aprobación de las licencias de remodelación o adecuació n que se ex pidan a partir del 1 ° de julio de 1998 se deberá verificar que los proyectos cumplan con la obligación de instalar equipos, sistemas e implementos de bajo consumo de agua? • ¿Por qué deben las empresas prestadoras del servicio de acueducto cumplir cabalmente con el artículo 5 del Decreto reglamentario 3102 de 1997? • ¿Cómo se obtiene la adopción de los sistemas e implementos de bajo consumo de agua por parte de las entidades prestadoras del servicio deRadicación: 11001-03-15-000-2023-01151-00

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4 acueducto los cuales serán de obligatorio acatam iento por p arte de los usuarios? • ¿Por qué en todos los casos se tiene que recurrir a la homologación de las mediciones realizadas por la empresa prestadora del servicio de acueducto de Bogotá?

acueducto los cuales serán de obligatorio acatam iento por p arte de los usuarios? • ¿Por qué en todos los casos se tiene que recurrir a la homologación de las mediciones realizadas por la empresa prestadora del servicio de acueducto de Bogotá? • ¿Por qué los equipos y sistemas de bajo consumo de agua adoptad os por las empresas prestadoras del servicio de acueducto son de obligatoria instalación? • ¿Por qué el sector oficial e institucional están obligados a cumplir con los artículos 6 y 7 del Decreto 3102 de 1997? • ¿Están obligadas las empresas prestadoras del s ervicio de acueducto y alcantarillado a cumplir en todas sus partes con lo preceptuado en el artículo 5 del Decreto 3102 de 1997? • ¿Por qué las empresas prestadoras del servicio de acueducto deben expedir una resolución dirigida a todos los usuarios?

En términos gene rales, la respuesta a estos interrogantes que el mismo actor propone en la demanda se concreta en el cumplimiento del Decreto Reglamentario 3102 de 1997 , particularmente, en lo establecido en los artículos 5 y 6 en torno a la instalación de equipos y sistemas de bajo consumo de agua.

Finalmente, se refirió al cumplimiento del presupuesto de la subsidiariedad, sobre el que indicó que “no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para lograr el cumplimiento de los artículos 5 y 6 del Decreto R eglamentario 3102 de 1.997, razón por la cual está acreditado este elemento”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Como ya hemos visto el propósito de la Ley y su respectivo decreto es el de:

razón por la cual está acreditado este elemento”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“Como ya hemos visto el propósito de la Ley y su respectivo decreto es el de:

a. Propender por la conservació n del preci ado líquido instalando sistemas propios para tal fin, impidiendo así el desperdicio del preciado líquido que llega a ser del 42% de agua tratada.

b. Aliviar con la instalación de los sistemas de bajo consumo de agua la economía a todos los usuario s en el pag o de los servicios públicos exagerados (y ahora impagables), y donde deja de ser un servicio para convertirse en un infame negocio.

En síntesis,” SE PUEDE ESTAR EN CONTRA DE TODO LO QUE SEA MALO O NOCIVO, PERO ESTAR EN CONTRA DEL AHORRO DEL AG UA, CONVIERTE A ALGUNOS INSENSATOS EN CRIMINALES, PUES NO ESTAN AVISORANDO LO QUE LES VA A HACER FALTA EN EL FUTURO PARA SEGUIR VIVIENDO” .

Por todo lo anteriormente demostrado y probado, como es el incumplimiento de las normas por parte de las Empresas Mu nicipales de Medellín solicito al Honorable Magistrado REVOCAR la sentencia de segunda instancia, promulgada por el Tribunal Administrativo de Antioquia por medio del cual CONFIRMÓ la sentencia de febrero 15 de 2.023, y en su lugar ORDENAR a las Empresas P úblicas de Medellín el cumplimiento de los artículos 5 y 6 del Decreto Reglamentario 3102 de 1.997 en todos los departamentos donde la empresa funge como prestadora del

Medellín el cumplimiento de los artículos 5 y 6 del Decreto Reglamentario 3102 de 1.997 en todos los departamentos donde la empresa funge como prestadora del servicio de acueducto, a saber: Antioquia, Córdoba, Bolívar Quindío, Risaralda, Medellín, Sucre, S antander, Norte de Santander, Providencia, Santa Marta, entre otros”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01151-00

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4. Pruebas relevantes

Obra copia digitalizada del proceso No. 05001 -33-33-030-2022-00593-01 correspondiente al medio de control de cumplimiento promovido por el señor James Perea Peña contra EPM.

5. Trámite procesal

Por auto de 8 de marzo de 20 23, el despacho de la magistrada sustanciadora admitió la demanda y ordenó notificar al demandante y a la autoridad judicial accionada, así como al Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín y a EPM, como terceros interesados en el resultado del proceso.

De igual modo, dispuso oficiar al Tribunal Administrativo de Antioquia – Sala Segunda de Oralidad y al Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín, en el event o de que el expediente hubiera sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso No. 05001 -33-33-030-2022-00593-01, demandante: James Perea Peña.

en el event o de que el expediente hubiera sido devuelto, para que allegara copia digitalizada del proceso No. 05001 -33-33-030-2022-00593-01, demandante: James Perea Peña.

La Secretaría General de esta Corporación libró los oficios 21314 a 21318 todos de 10 de marzo de 202 3 a l as direcciones electrónicas suministradas para este efecto 2 , con el fin de darle cumplimiento a la referida decisión.

6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo de Antioquia

El Magistrado ponente de la sentencia objeto de tutela rindió informe en relación con los hechos y las pretensiones de la demanda.

En ese sentido, señaló que no se cumple el presupuesto de relevancia constitucional, en tanto el actor emplea la acción de tutela como una instancia adicional para reabrir el debate relativo al supuesto incumplimiento de los artículos 5 y 6 del Decreto 3102 de 1997 por parte de Empresas Públicas de Medellín, frente a lo cual en el trámite del medio de control de cumplimiento se determinó que el demandante no demostró el incumplimiento alegado en la demanda.

Por último, pidió que se declare improcedente la acción de tutela.

6.2. Respuesta de Empresas Públicas de Medellín E.S.P.

La entidad solicitó al juez constitucional que se nieguen las pretensiones de la demanda de tutela, al considerar que no se cumpl en los presupuestos generales ni específicos contra providencia judicial.

2 jamespereape@hotmail.com, sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co,

demanda de tutela, al considerar que no se cumpl en los presupuestos generales ni específicos contra providencia judicial.

2 jamespereape@hotmail.com, sectribant@cendoj.ramajudicial.gov.co, sgtadminanq@notificacionesrj.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, notificacionesjudicialesepm@epm.com.co, adm30med@cendoj.ramajudicial.gov.co.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01151-00

Demandante: James Perea Peña

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6 Comenzó por describir las actuaciones adelantadas en cada etapa del trámite del medio de control de cumplimiento objeto de la acción de tutela. En ese or den, manifestó que el actor no identi ficó los hechos que constituyen la causa de la vulneración de los derechos fundamentales invocados, en tanto, afirmó, se limitó a desarrollar el contenido de la Ley 373 de 19 97 en lo relativo al programa para el uso eficiente y ahorro de agua, a señalar el trámite que se adelantó en el medio de control de cumplimiento y a transcribir apartes de las sentencias proferidas en ambas instancias, sin identificar los derechos que considera vulnerados, así como tampoco la causa de ello.

Frente a lo afirmado por e l actor en torno al presupuesto de la subsidiariedad, indicó que no es admisible el argumento relativo a que no existe otro mecanismo judicial para reclamar el cumplimiento de los artículos 5 y 6 del Decreto 3102 de 1997, toda vez que esa fue la pretensión de la demanda del medio de control de

indicó que no es admisible el argumento relativo a que no existe otro mecanismo judicial para reclamar el cumplimiento de los artículos 5 y 6 del Decreto 3102 de 1997, toda vez que esa fue la pretensión de la demanda del medio de control de cumplimiento que se cuestiona en la presente acción de tutela y que ya fue decidido por el juez natural de la controversia por medio de providencias judiciales que hicieron tránsito a cosa juzgada.

Igualmente, indicó que no se cumple el presupuesto de relevancia constitucional en tanto no se cumple la carga argumentativa mínima sobre la vulneración de derechos fundamentales por la autoridad judicial accionada.

Por último, aseveró que no se configuró alguna de las ca usales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. En esa medida, señaló que la sentencia cuestionada fue proferida por la autoridad competente (defecto orgánico); se surtieron toda s las etapas del trámite del medio de control de cumplimiento (defecto procedimental absoluto); se valoraron todos los elementos probatorios que obran en el expediente (defecto fáctico); la sentencia cuestionada se fundamentó en la normatividad aplicable a l caso concreto (defecto sustantivo); la autoridad judicial accionada no fue inducid a en error (error inducido); las decisiones judiciales proferidas en ambas instancias fueron debidamente motivadas (decisión sin motivación); no se desconoció el precedente judicial y tampoco se desconoció algún precepto de la Constitución Política.

6.3. El Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín guardó silencio, aun cuando fue notificado en debida forma del auto admisorio de la demanda.

judicial y tampoco se desconoció algún precepto de la Constitución Política.

6.3. El Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín guardó silencio, aun cuando fue notificado en debida forma del auto admisorio de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le c orresponde a la Sala determinar la acción de tutela promovida por el señor James Pérez Peña cumple el presupuesto de la relevancia constitucional, en tantoRadicación: 11001-03-15-000-2023-01151-00

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7 fue alegado por el Tribuna l Administrativo de Antioquia y las E mpresas Públicas de Medellín E.S.P.

En caso de que la respuesta a este interrogante sea afirmativa y se cumplan los restantes requisitos generales de procedencia, se debe establecer s i el Tribunal Administrativo de Ant ioquia vulneró el derecho fundamental al debido proceso del actor con la sentencia de 15 de febrero de 2023, que confirmó la decisión de negar las pretensiones dentro del medio de control de cumplimiento contra EPM , cuya pretensión se orientaba a que se diera cumplimiento al artículo 5 del Decreto 3102

actor con la sentencia de 15 de febrero de 2023, que confirmó la decisión de negar las pretensiones dentro del medio de control de cumplimiento contra EPM , cuya pretensión se orientaba a que se diera cumplimiento al artículo 5 del Decreto 3102 de 1997 reglamentario de la Ley 373 de 1997 (radicado No 050013333030202200593101).

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Cort e Constitucional, en el marco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones3.

Al respecto, la Co rte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se advierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20054, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, sin que se encuentre de por medio la violación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constituc ional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Corte Constituc ional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional5.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la acción de tut ela que busca evitar que el trámite d e la acción de amparo se convierta en una instancia adicional. Esta Sala 6, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realmente involucr e la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente

3 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 4 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T -136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa. 5 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 6 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01151-00

Demandante: James Perea Peña

6 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01151-00

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8 económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la provi dencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamenta les de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expu estos en el proceso ordinario. La acc ión de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado es tá en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de contr overtir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. El actor presentó acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Antioquia en defensa del derecho fundamental al debido proceso , el cual considera vulnerado con la sentencia de 15 de febrero de 2 023 que confirmó el fallo de 17 de en ero de 2023 proferido por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín que negó las pretensiones de la demanda dentro del trámite del medio de control de cumplimiento promovido contra EPM.

fallo de 17 de en ero de 2023 proferido por el Juzgado Treinta Administrativo del Circuito de Medellín que negó las pretensiones de la demanda dentro del trámite del medio de control de cumplimiento promovido contra EPM.

El accionante n o hizo referencia a alguna de las causales específicas de procedencia que se habrían configurado en la decisión judicial objeto de reproche constitucional. Mencionó la sentencia No. 205 de 21 de noviembre de 2013 proferida en “ un caso similar fallado en el Valle del Cauca por el Juzgado 14 Administrativo Oral del Circuito de Cali en acción de cumplimiento incoada en contra de la Empresa Prestadora del Servicio de Acueducto del Valle del Cauca ACUAVALLE para que diera el cumplimiento a lo orden