CE - 010315000202301158001SENTENCIA20230508160627

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-00

Accionante: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Tema: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – accede / DEFECTOS MATERIAL O SUSTANTIVO - Configuración / por apartarse del alcance dado a las normas concernientes con el tema de relaciones laborales encubiertas o subyacent es, el cual ha sido definido en sentencias de unificación con efectos erga omnes.

Surtido el trámite de ley 1, sin que se ad vierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro del recurso de amparo constitucional formulado por el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA contra el Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A.

I. A N T E C E D E N T E S

A. La demanda y sus fundamentos

1.- El 3 de marzo de 2023, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA presentó acción de tutela en procura de obtener la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica.

1.- El 3 de marzo de 2023, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA presentó acción de tutela en procura de obtener la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad, confianza legítima y seguridad jurídica. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por el Consejo de Esta doSección Segunda - Subsección A, al proferir el fallo de 23 de junio de 20222, dentro del proceso de nulidad y restablec imiento del derecho 3 que promovió el señor Hernando Cardona Castaño en su contra.

2.- Según se ilustra en la demanda, las pretensiones en ella contenidas se contraen a que se ordene a la autoridad accionada4:

1 Cfr. Decreto 1 983 de 2017 “Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Notificado el 21 de octubre de 2022. 3 17001-23-33-000-2015-00113-01 (3988-2017) 4 Expediente digital, folio 4 del escrito de demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-00

Accionante: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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<<(…) emitir nueva sentencia en el procesos en la cual se estudie nuevamente la

Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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<<(…) emitir nueva sentencia en el procesos en la cual se estudie nuevamente la prescripción del tercer período contractual reconocido y con el fin d e establecer que la reclamación se efectuó por fuera del término de los 3 años, por lo que deberá aplicársele el fenómeno de la prescripción a los derechos reclamados con anterioridad al 19 de noviembre de 2010>>

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y de las pruebas allegadas se tiene que5:

4.- El señor Hernando Cardona Castaño, presentó demanda contra el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA, con el fin de que se declarara la nulidad del Oficio 2-2014009466 del 1° de octubre de 2014, mediante el cual dicha entidad le negó la solicitud de reconocimiento de derechos laborales . A título de restablecimiento del derecho, sol icitó el reconocimiento de la existencia de una relación laboral, así como el pago indexado de las prestaciones dejadas de percibir , y la seguridad social que tuvo que asumir.

5.- El Tribunal Administrativo de Caldas, por fallo de 29 de junio de 2017 accedió a las pretensiones de la demanda. Dicha autoridad judicial consideró que, de acuerdo con el material probatorio arrimado al proceso , se encontraban demostrados los 3 elementos de una verdadera relación laboral, por lo que declaró la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó el reconocimiento y pago del equivalente a las prestaciones sociales, así como la devolución de los aportes que hubiese

elementos de una verdadera relación laboral, por lo que declaró la nulidad del acto administrativo demandado y ordenó el reconocimiento y pago del equivalente a las prestaciones sociales, así como la devolución de los aportes que hubiese consignado el actor al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos laborales.

6.- Inconforme con la anterior decisión, la entidad demandada presentó recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A, que por fallo de 23 de junio de 2022 confirmó parcialmente la decisión del A quo, al estimar que se encontraban plenamente acreditados los elementos esenciales de una relación laboral (encubierta o subyacente) entre el demandante y la entidad demandada.

7.- Por otra parte, hizo referencia a la prescripción tr ienal de los contrato s, y estableció que existie ron 4 períodos contractuales a l o largo de la relación laboral : (i) Periodo 1 , del 22 de enero de 1996 al 16 de octubre de 2002 , (ii) Periodo 2, entre el 30 de enero de 2003 y el 16 de junio de 2004 , (iii) Periodo 3, comprendido entre el 17 de noviembre de 2004 y el 19 de noviembre de 2010 y, (iv) Periodo 4, desarrollado entre el 28 de enero de 2011 y el 8 de junio de 2012 . Considerando que el demandante presentó la reclamación administrativa el 24 de septiemb re de 2014, en la sentencia se establec ió que en los 2 primeros periodos operó la prescripción, pero en los 2 últimos no.

que el demandante presentó la reclamación administrativa el 24 de septiemb re de 2014, en la sentencia se establec ió que en los 2 primeros periodos operó la prescripción, pero en los 2 últimos no.

5 Expediente digital, folios 1 a 3 del escrito de demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-00

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8.- Como fundamento de derecho de las pretensiones de la tutela , la parte actora advirtió que la autoridad accionada incurrió en cuatro d efectos, al indica r en la sentencia acusada que en el tercer per íodo contractual no había operad o la prescripción trienal, porque, a su juicio, es “evidentemente claro que se superó el término de 3 años para efectuarse la reclamación para el tercer período pues se presentó 3 años 10 meses y 5 días despu és de su finalización ”. Así, expuso concretamente, que el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A incurrió en los siguientes defectos:

9.- Defecto fáctico: al no existir material probatorio que indica ra que entre las interrupciones contractuales de l accionante existiera prestación de servicio para reconocer el pago de prestaciones por dichos períodos.

10.- Defecto material o sustantivo: al no apoyarse “en la sentencia en la norma ” que indica que cuando hay interrupción entre los contratos se debe necesariamente estudiar y aplicar la interrupción contractual, para determinar la procedencia o no de la prescripción.

que indica que cuando hay interrupción entre los contratos se debe necesariamente estudiar y aplicar la interrupción contractual, para determinar la procedencia o no de la prescripción.

11.- Desconocimiento del precedente judicial: por la forma en que se negó aplicar la prescripción p ara el tercer per íodo contractual, siendo eviden te las interrupciones contractuales, específicamente en el tercer período reconocido.

12.- Decisión sin mo tivación: al no haber analizado en debida forma el tercer período contractual reconocido, para determinar si existió o no interrupción, y así concluir si operó la prescripción trienal.

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

13.- Por auto del 13 de marzo de 20236, requirió al apoderado judicial del Servicio Nacional de Aprendizaje - Regional Caldas, p ara que allegara el acto administrativo a través del cual se pudiera acreditar que el señor Luis Alejandro Trejos Ruiz, en su condición de director regional de Caldas del Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, tenía a su cargo facultades de representació n judicial de la entidad.

14.- Una vez cumplida la a nterior carga procesal, por auto de 30 de marzo de 20237, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, y se v inculó al señor Hernando Cardona Castaño, como tercero interesado. Así mismo, se ordenó comunicar la dec isión a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A8

6 Notificada el 17 de marzo de 2023. 7 Notificado el 11 de abril de 2023.

Defensa Jurídica del Estado para lo de su cargo.

(i) Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A8

6 Notificada el 17 de marzo de 2023. 7 Notificado el 11 de abril de 2023. 8 Contestación enviada a través de correo electrónico el 13 de abril de 2023, consta de 5 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-00

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15.- El consejero Rafael Francisco Suárez Vargas hizo un resumen de la decisió n acusada, y expuso que las razones de hecho y d e derecho que sustentan la decisión están debidamente motivadas. Además, sostuvo que la circunstancia o inconformidad advertida en la acción de tutela sobre el conteo del término de prescripción no ha sido pu esta en conocimiento del despacho ponente dentro del proceso ordinario como correspondería, a través de una solicitud de aclaración y/o corrección de sentencia, en los términos de los artículos 285 y 286 del Código General del Proceso.

(ii) Hernando Cardona Valencia -tercero interesado-9

16.- Adujo que el asunto no cumple con el requisito de inmediatez, en la medida en que la acción de tutela fue formulada el 6 de marzo de 2022, es decir, aproximadamente 8 meses y 12 días después de la sentencia que se refuta, sin que se evidencie justificación para la interposición tardía de la misma.

17.- Manifestó que el asunto carece de relevancia constitucional, toda vez que la

aproximadamente 8 meses y 12 días después de la sentencia que se refuta, sin que se evidencie justificación para la interposición tardía de la misma.

17.- Manifestó que el asunto carece de relevancia constitucional, toda vez que la parte accionante plantea los mismos argumentos que tuvo oportunidad de debatir en cada instancia y q ue fueron despachados de manera desfavorable a s us intereses; además, que, frente al tema de la prescripción, el SENA se pronunció de manera general ante el juez de primera instancia, sin esgrimir los argumentos ahora propuestos en sede de tutela. Por lo a nterior, consideró que la entidad accionante pre tende con esta acción constitucional reabrir debates legales que fueron resueltos por los jueces naturales al interior del proceso ordinario.

18.- Frente al defecto fáctico, indicó que del escrutinio de la provid encia cuestionada, emanan razonamientos sensatos , con apoyo normativo, que no se muestran caprichosos o arbitrarios, sino sustentados en un ejercicio ponderado de la autonomía e independencia judicial; por ende, adujo que el juez constitucional debe inhibirse de usurpar las competencias del juez de cono cimiento imponiendo una tesis diferente o efectuando una nueva valoración probatoria, pues no es esa la finalidad de la acción de tutela.

19.- Respecto del defecto sustantivo, adujo que la parte activa no citó la norma que contempla la forma de aplicar la interrupción contractual, porque en realidad no existe, pues es de desarrollo jurisprudencial, lo que excluye el defecto sustantivo alegado.

20.- Por último, frente al desconocimiento del precedente judicial, indicó que en la

que contempla la forma de aplicar la interrupción contractual, porque en realidad no existe, pues es de desarrollo jurisprudencial, lo que excluye el defecto sustantivo alegado.

20.- Por último, frente al desconocimiento del precedente judicial, indicó que en la providencia discutida se analizó la co ntinuidad de la vinculación contractual y la prescripción del derecho reclamado siguiendo el criterio acogido en la sentencia de unificación SUJ -025-CE-S2-2021, misma que el accionante solicita que sea

9 Contestación enviada a través de correo electrónico el 13 de abril de 2023, consta de 10 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-00

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aplicada, per o a partir de su interpretación, lo que n o da para estudiar aquel defecto.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

21.- El Consejo de Estado ha enunciado de manera consistente y reiterada , los requisitos generales alusivos a la procedencia formal de l mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales 10. Así, tales requisitos se refieren, a: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un

que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de un a irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

22.- A su turno, los requisitos específicos de pro cedencia que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C -590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales11: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

23.- Los criterios gen erales y específicos de procedencia suponen paut as metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial.

23.- Los criterios gen erales y específicos de procedencia suponen paut as metodológicas que limitan la competencia del juez constitucional al abordar el escrutinio de una acción de tutela promovida en contra de una providencia judicial. Tanto unos como otros confluyen en el prop ósito de realizar el mandato de efectividad de los derechos fundamentales en un escenario de respeto por el valor de la cosa juzgada, la garantía de seguridad jurídica y los principios constitucionales de autonomía e independencia judicial. De ahí que la a utoridad judicial a cargo de esta labor carezca de competencia para reemplazar al juez de la

10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección C uarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC). 11 Es de anotar que la jurisprudencia constitucio nal en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no desp ojaban a la providencia de su condición d e tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por ca usal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-00

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causa en la interpretación del derecho legislado, o en la evaluación detenida de las pruebas del caso, o para imponer su criterio en debates de orden legal que

Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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causa en la interpretación del derecho legislado, o en la evaluación detenida de las pruebas del caso, o para imponer su criterio en debates de orden legal que corresponden a otras autoridades judiciales, ya que su rol “se reduce a asegurar de manera residual y excepcional la protección de los derechos fundamentales en los trámites judiciales”12.

D. Análisis del caso concreto

24.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si los hechos que se ale gan en la presente causa cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales. Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios co n el propósito de establecer si el Consejo de Es tado – Sección Segunda – Subsección A incurrió en los yerros o vicios alegados por la parte actora y si se justifica la adopción de medidas de protección de los derechos fundamentales invocados.

E. Verificación de los requisitos generales de procedencia.

25.- En primer lugar, encuentra la Sala que, en el presente asunto, pueden tenerse por cumplidos los requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial, establecidos en la jurisprudencia constitucional, así:

26.- Que la cuestión sometida a estudio por parte del juez de tutela resulte de evidente relevancia constitucional. Previa constatación de la suficiencia argumentativa ofrecida en la demanda por haberse identificado los motivos de la violación que se le atribuye al pronunciamiento judi cial objeto de reproche, la Sala considera que la cuestión que se debate en la presente oportunidad trasciende el

argumentativa ofrecida en la demanda por haberse identificado los motivos de la violación que se le atribuye al pronunciamiento judi cial objeto de reproche, la Sala considera que la cuestión que se debate en la presente oportunidad trasciende el ámbito de la mera legalidad y posee indiscutible relevancia constitucional, en la medida en qu e se persigue la efectiva protección del derecho fundamental al debido proceso, en relación con un a errada aplicación de normas y jurisprudencia en materia de prescripción de derechos laborales , frente al tercer per íodo contractual estudiado por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A en e l fallo de 23 de junio de 2022 , el cual ha adquirido firmeza y que supone la eventual configuración de un defecto.

27.- Que se hayan agotado todos los recursos judiciales -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, sal vo que se advierta la ocurrencia de un perjuicio de carácter irremediable. Frente a esta particular exigencia, es claro que dentro del proceso contencioso administrativo de nulidad y restablecimiento del dere cho se agotaron todos los medios ordinarios y ex traordinarios de defensa que la entidad actora tenía a su disposición para procurar la salvaguarda del derecho fundamental que considera transgredido, pues contra el fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Caldas, la entidad demandada interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por el

12 Sentencia T-297 de 2020 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-00

Accionante: Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA

Accionado: Consejo de Estado-Sección Segunda-Subsección A

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Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A , recurso que era procedente en este caso.

28.- En este punto la Sala encuentra necesario precisar que, si bien e l Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A en su contestación consideró que el asunto no ha sido puesto a su consideración a través de una solicitud de aclaración y/o corrección de sentencia, en los términos de los artículos 285 y 286 del Código General del Proceso , en las presentes circunstan cias no resulta viable hacer esta exigencia a la parte accionante, y mucho menos sustentar en ello la improcedencia de la acción de tutela por falta de subsidiariedad teniendo en cuenta que la vía procesal propuesta por la autoridad judicial accionada no e s idónea ni eficaz para corregir el yerro advertido por el SENA. La aclaración resulta procedente cuando el fallo contenga “ conceptos o frases que ofrezcan verdadero motivo de du da”, y la corrección se utiliza cuando en el proveído se haya incurrido en un “error puramente aritmético ”; situaciones que distan de los supuestos fácticos que motivan la solicitud de amparo , pues la inconformidad con respecto al fallo no se concreta en el empleo de un concepto o frase que generen duda ni mucho menos de un error ar itmético, sino que cuestiona de manera directa el análisis de fondo frente a la prescripción de todo un per íodo contractual. Censura que, de prosperar, implicaría un cambio sustancial sobre los derechos reconocidos al demandante del

de un error ar itmético, sino que cuestiona de manera directa el análisis de fondo frente a la prescripción de todo un per íodo contractual. Censura que, de prosperar, implicaría un cambio sustancial sobre los derechos reconocidos al demandante del proceso ordinario . En e se sentido las solicitudes de aclaración y/o corrección de sentencia no constituyen un escenario jurídico en el que el juez ordinario pueda subsanar falencias en el análisis y en esa medida cambiar el sentido de la decisión o modificar las prestaciones reconocidas.

29.- Que la solicitud de amparo tutelar cumpla con el requisito de inmediatez. En esta oportunidad, la Sala encuentra que el recurso de amparo constitucional fue promovido dentro de un término razonable y proporcional al de la ocurrencia del hecho qu e presuntamente originó la vulneración, pues este se formuló con un promedio de menos de 5 meses de diferencia luego de haberse proferido el fallo de 23 de junio de 2022, por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A. Esto último, en vista de q ue la decisión judicial censurada se notificó el 21 de octubre de 2022 13, y la acción de tutela se radicó por correo electrónico el 3 de marzo de 2023.

30.- Que, en caso de tratarse d e una irregularidad procesal, esta tenga incidencia directa en la decisión que resulta lesiva de las prerrogativas iusfundamentales. Este presupuesto no es exigible en el presente asunto, dado que los alegatos contenidos en el escrito de demanda son de índ ole sustantivo y, por ende, no están enderezados a poner de manifiesto ningún tipo de irregularidad desde el punto de vista procesal, aun cuando lo discutido tenga una incidencia

que los alegatos contenidos en el escrito de demanda son de índ ole sustantivo y, por ende, no están enderezados a poner de manifiesto ningún tipo de irregularidad desde el punto de vista procesal, aun cuando lo discutido tenga una incidencia directa y trascendental en los efectos del proceso contencioso administrativo.

13 Según información visible en el aplicativo SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-00

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31.- Que quien pretende el amparo identifique, de forma razonable, tanto los hechos que generan la violación como los derechos que resultan infringidos y que ello haya sido alegado en el proceso judicial, siempre que esto fuese posible. Para el caso concreto , se tiene que la entidad accionante, obrando por conducto de apoderado judici al, identificó en su respectivo escrito de demanda las razones puntuales por las que estima vulneradas garantías de orden superior a raíz de la decisión adoptada dentro del proceso de reparación directa, por el Consejo de Estado – Sección Segunda – Subsección A . Así las cosas, puede afirmarse que logró identificar con claridad los hechos que generaron la violación planteada por vía de tutela y los derechos que resultaron transgredidos.

32.- Que el fallo impugnado no se trate de una acción de tutela. Por último, debe puntualizarse que, de los hechos expuestos en la demanda, no se trata de una solicitud de amparo promovida contra una sentencia de tutela.

F. Verificación de la existencia de la causal específica de procedibilidad

debe puntualizarse que, de los hechos expuestos en la demanda, no se trata de una solicitud de amparo promovida contra una sentencia de tutela.

F. Verificación de la existencia de la causal específica de procedibilidad atribuida en la acción de tutela co ntra la providencia judicial acusada en el caso concreto.

33.- Al acreditarse, entonces, el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra prov idencias judiciales le corresponde a la Sala estudiar la s causales específicas de procedibilidad de tutela contra providencias judiciales.

34.- En el caso bajo estudio, si bien la parte actora alega la configuración de los defectos fáctico y sustantivo, así como un desconocimiento de precedente judicial y decisión si motivación ; la Sala advierte que todos van encauzados a lo mismo, es decir, a cuestionar que el análisis de la prescripción trienal que se realizó con respecto al tercer período contractual fue errado.

35.- En virtud de lo anterior, se estudiará la inconformidad de la parte acc ionante bajo el defecto material o sustantivo, por cuanto los argumentos esgrimidos en la presente acción se enmarcan en el mismo.

36.- En este punto, debe traerse a colación que la causal de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales por la configuración de un defecto material o sustantivo se halla caracterizada, principalmente, como la existencia de una falencia o yerro en una providencia judicial que tiene origen en el proceso de interpretación o aplicación de las disposiciones jurí dicas aplicables al caso sometido al conocimiento del juez. Sin embargo, para que esa falencia o yerro de lugar a la procedencia del mecanismo de amparo constitucional, debe evid enciarse

interpretación o aplicación de las disposiciones jurí dicas aplicables al caso sometido al conocimiento del juez. Sin embargo, para que esa falencia o yerro de lugar a la procedencia del mecanismo de amparo constitucional, debe evid enciarse una irregularidad de tal entidad, que indiscutiblemente lleve a que s e profiera una decisión que obstaculice o lesione la efectividad de prerrogativas iusfundamentales14.

14 Cfr. Sentencias SU -950 de 2014, SU -241 de 2015, SU -217 de 2016 y SU -395 de 2017 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01158-00

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37.- A partir de tales premisas, por ejemplo, en la Sentencia SU -195 de 201215, el pleno de la Corte Constitucional identificó, por un lado, que, en un sentido amplio, se estaba en presencia de un defecto sustantivo cuando la autoridad judicial empleaba una norma inaplicable al caso concreto, dejaba de aplicar la norma adecuada o interpretaba las normas de tal manera que contrariaba la razonabilidad jurídica. Por otro lado, explicó que, en un sentido estricto, la configuración de este defecto podía predicarse en las siguientes circunstancias: (i) el fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha s ido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador; (ii) no se hace una

decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente o porque ha s ido derogada, es inexistente, inexequible o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador; (ii) no se hace una interpretación razonable de la norma; (iii) cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes; (iv) la disposición aplicada es regresiva o contraria a la Constitución; (v) el ordenamiento otorga poder al juez y éste lo utiliza para fines no previstos en la disposi ción; (vi) la decisión se funda en una interpretación no sistemática de la nor ma, es decir se trata de un grave error en la interpretación; y (vii) se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustenta o justifica de manera insuficiente su actuación.

38.- En otra sentencia de unificación, la Corte definió al defe cto sustantivo como una circunstancia que determinaba la carencia de validez constitucional de las providencias judiciales y que tenía lugar cada vez que la autoridad judicial respectiva desconocía normas de rango legal o infralegal aplicables a un asunto determinado, “ya sea por absoluta inadvertencia, por su aplicación indebida, por error grave en su interpretación o por el desconocimiento del alcance de las sentencias judiciale s con efectos erga omnes cuyos precedentes se ubican en el mismo rango de la norma sobre la que pesa la cosa juzgada”16.

39.- Valoradas las circunstancias fácticas que dieron lugar a la decisión acusada, encuentra esta Sala que el Consejo de Estado – Sección Segunda –