CE - 010315000202301173001SENTENCIA20230421144430

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-00

Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz Se niega el amparo con respecto a un cargo y se declara la improcedencia con respecto a los demás

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ

Bogotá D.C. catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Radicación: 11001-03-15-000-2023-01173-00

Accionante: Rosa Inés Ospina Muñoz Accionados: Tribunal Administrativo de Antioquia y otro

Temas: Tutela contra providencia judicial / Provisión definitiva de empleos de carrera administrativa / Nombramiento provisional / Condición de madre cabeza de familia / Retén social / Oportunidad probatoria en segunda instancia / Defectos fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente / Se niega el amparo con respecto a un cargo y se declara la improcedencia con respecto a los demás.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Procede la Sala a decidir la acción de tutela interpuesta contra las sentencias del 21 de noviembre de 2018 y del 3 de mayo de 2022, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 05001-33-33-002-2015-01401-00/01.

Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente, en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 05001-33-33-002-2015-01401-00/01.

La Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de Estado es la competente para conocer el asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, en los Decretos 2591 de 1991, 1382 de 2000, 1069 de 2015, 333 de 2021 y en el Acuerdo 80 de 2019 de esta Corporación.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-00

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I. ANTECEDENTES

A. Solicitud de amparo

1.- El 6 de marzo de 2023 Rosa Inés Ospina Muñoz interpuso, en nombre propio, una acción de tutela para obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la seguridad social, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital e igualdad, presuntamente vulnerados por las sentencias del 21 de noviembre de 2018 y del 3 de mayo de 2022, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioquia, respectivamente.

2.- En la acción de tutela se formularon las siguientes pretensiones:

<<1. Se revoquen las decisiones tomadas en sentencias de fecha 21 de noviembre de 2018 y del 3 de mayo de 2022, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del

<<1. Se revoquen las decisiones tomadas en sentencias de fecha 21 de noviembre de 2018 y del 3 de mayo de 2022, proferidas por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín -Antioquiay el Tribunal Administrativo de Antioquia -Sala Quinta de Decisiónrespectivamente, dentro del radicado No. 2015-01401.

2. Como consecuencia de la petición primera, se ordene al INPEC a reintegrarme al puesto de Pagadora Grado 20 Código 4173 o a un puesto equivalente al que ocupaba al momento de mi declaratoria de insubsistencia.

3. Solicito se declare la no solución de continuidad y en su defecto, me sean cancelados todos los salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir desde la fecha 18 de agosto de 2015, hasta la fecha de ejecutoria del presente fallo.

4. Le solicito se accedan a las demás pretensiones invocadas en el libro de demanda presentado en el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín -Antioquia->>.

B. Hechos

3.- La accionante basó su solicitud de amparo en las siguientes afirmaciones:

3.1.- El 1º de agosto de 1996 empezó a trabajar en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (en adelante, INPEC) en el cargo de auxiliar administrativo Grado 1 1. Posteriormente, mediante acta de posesión del 7 de febrero de 2011, fue nombrada en provisionalidad en el cargo de <<pagador código 4173, grado 20>> en el establecimiento penitenciario <<Bellavista>> de Medellín.

Posteriormente, mediante acta de posesión del 7 de febrero de 2011, fue nombrada en provisionalidad en el cargo de <<pagador código 4173, grado 20>> en el establecimiento penitenciario <<Bellavista>> de Medellín.

3.2.- La Comisión Nacional del Servicio Civil (en adelante, CNSC) realizó la convocatoriaRadicado: 11001-03-15-000-2023-01173-00

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No. 250 de 2012 para proveer las vacantes definitivas de los empleos de carrera de la planta del personal administrativo del INPEC.

3.3.- El 5 de septiembre de 2014 la CNSC expidió la Resolución No. 1827, mediante la cual conformó y adoptó la lista de elegibles para proveer 57 vacante s del empleo denominado <<pagador código 4173, grado 20>> del sistema específico de carrera administrativa del INPEC, ofertado a través de la convocatoria No. 250 de 2012. La lista estaba conformada por 109 personas. Aunque la actora participó en la convocatoria, no formó parte de la lista de elegibles, pues no superó el puntaje requerido.

3.4.- El 21 de marzo de 2015 la subdirectora de la Oficina de Talento Humano del INPEC informó a la actora a través de una carta que <<existían factores de protección para los empleados que no habíamos pasado la convocatoria y que se aplicarían en el trámite de vinculación de los empleado s en carrera […] factores entre los que se encontraba “Condición de padre o madre cabeza de familia […]”>>; situación que debía reportarse

empleados que no habíamos pasado la convocatoria y que se aplicarían en el trámite de vinculación de los empleado s en carrera […] factores entre los que se encontraba “Condición de padre o madre cabeza de familia […]”>>; situación que debía reportarse antes del 27 de marzo de ese año.

3.5.- Mediante Resolución No. 002311 de l 30 de junio de 2015 el INPEC d io por terminado el nombramiento en provisionalidad de la actora en el empleo <<pagador código 4173, grado 20>> y estableció que ese cargo sería cubierto por Carlos A ntonio Becerra Arango, quien había ocupado un lugar en la l ista de elegibles prevista en la Resolución No. 1827 de 2014.

3.6.- La actora reportó verbalmente al INPEC que ostentaba el fuero de protección de madre cabeza de familia, y el 27 de julio de 2015 envió una declaración extrajuicio en la cual afirmó que tenía esa condición, de conformidad con la Ley 82 de 1993.

3.7.- El 18 de agosto de 2015, mediante oficio No. 15353 del INPEC, se informó a la actora que el factor de protección de madre cabeza de familia invocado no le e ra aplicable, pues el número de aspirantes fue superior al número de vacantes a proveer.

3.8.- El 3 de diciembre de 2015 presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Resolución No. 02311 del 30 de junio de 2015 . Solicitó que se ordenara su reintegro al cargo que ostentaba en el INPEC. Adujo que Carlos Antonio Becerra Arango, quien ocuparía el cargo del cual fue removida no se posesionó y, por

ordenara su reintegro al cargo que ostentaba en el INPEC. Adujo que Carlos Antonio Becerra Arango, quien ocuparía el cargo del cual fue removida no se posesionó y, por el contrario, eligió otro puesto en el establecimiento penitenciario y carcelario de Ciudad Bolívar. Sostuvo que la motivación de la Resolución No. 02311 del 30 de junio de 2015Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-00

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no precisó las sedes geográficas de las plazas en provisionalidad, omitió la relación de los elegidos en su orden para el cargo pagador y la relación de las vacantes provisionales a proveer, por lo cual no fue claro si el cargo que ocupaba la actora se encontraba dentro de las sedes referidas en la convocatoria.

3.9.- En sentencia del 21 de noviembre de 2018, el Juzgado Segundo Administrativo de Medellín negó las pretensiones porque consideró que en la Resolución No. 002311 del 30 de junio de 2015 sí se motivó la terminación del nombramiento en provisionalidad de la demandante . En dicha resolución se estableció que el motivo de l retiro fue el nombramiento en propiedad de una persona que hacía parte de la lista de elegibles para el cargo <<pagador código 4173, grado 20>>, que aprobó el concurso de méritos para proveer cargos en propiedad del INPEC (convocatoria No. 250 de 2012), lo cual es legal. Además, sostuvo que el hecho de que no se haya ocupado el cargo en propiedad no afecta la validez del acto, pues es un hecho ulterior al momento de su creación.

Además, sostuvo que el hecho de que no se haya ocupado el cargo en propiedad no afecta la validez del acto, pues es un hecho ulterior al momento de su creación.

3.9.1.- Aclaró que la demandante no se encuentra amparada a la luz de la Ley 790 de 2002 en la protección laboral <<reforzada, denominada como retén social>> , pues su desvinculación no se desprende de una reestructuración o modernización en la administración o de una liquidación forzosa administrativa, sino del nombramiento de un individuo de la lista de elegibles previo concurso de méritos en carrera administrativa . Además, no goza de la calidad de prepensionada, pues cuando entró en vigencia el artículo 1º del Decreto 3905 de 2009 le faltaban más de tres años para causar el derecho a la pensión, requisito necesario para la alegada protección especial1.

3.9.2.- Sostuvo que con respecto a la condición de madre cabeza de familia, no se acreditó que la lista de elegibles elaborada como resultado del proceso de selección de la convocatoria No. 250 de 2012 hubiera estado conformada por un número menor de aspirantes al de empleos ofertados a proveer, requisito para que la administración privilegiara a la empleada en provisionalidad . Por el contrario, la autoridad judicial encontró que existía una lista de elegibles de 109 personas frente a 57 vacantes de empleos ofertados para el cargo de <<pagador código 4173, grado 20>> de la entidad. Agregó que la protección constitucional no se configura con la simple afirmación de ser

1 <<Concretamente, la demandante no goza de calidad de prepensionada como quiera que de conformidad con el

Agregó que la protección constitucional no se configura con la simple afirmación de ser

1 <<Concretamente, la demandante no goza de calidad de prepensionada como quiera que de conformidad con el artículo 1 del Decreto 3905 de 2009, goza de protección especial quienes hubieran sido nombrados en provisionalidad antes del 24 de noviembre de 2004 sie mpre y cuando a la fecha de expedición de la norma (8 de octubre de 2009), les faltare 3 años o menos para causar el derecho a la pensión; en este caso cuando entró en vigencia la referida norma la demandante tenía 41 años de edad lo que implica que le fal taba más de 3 años para adquirir el status, por lo tanto se encuentra probado que la actora carece de los requisitos para ser prepensionada>>.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-00

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madre cabeza de familia, sino que esa situación debe acreditarse2.

3.10. La demandante apeló porque los aspirante s a la convocatoria <<sabían de antemano la plaza o vacantes por la cual iban a concursar; en el caso de la vacante del cargo de pagador código 4173 grado 20 para el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Medellín (Bellavista) y no de pedregal; vacante que no fue aceptada por el señor Carlos Antonio Becerra Arango >>. Precisó que el INPEC trasladó de otro establecimiento a la funcionaria en provisionalidad Támara Vélez Zapata, quien también se había presentado a la convocatoria en mención y no pasó, cuando lo correcto habría

el señor Carlos Antonio Becerra Arango >>. Precisó que el INPEC trasladó de otro establecimiento a la funcionaria en provisionalidad Támara Vélez Zapata, quien también se había presentado a la convocatoria en mención y no pasó, cuando lo correcto habría sido nombrar a otro de los integrantes de la lista de elegibles.

3.10.1.- Consideró que sí es posible atacar un acto administrativo por causa posterior a su expedición, <<pues ya nació a la vida jurídica>>. Aclaró que no está atacando la no aceptación del cargo por parte de Carlos Antonio Becerra Arango, sino el acto administrativo expedido por el INPEC que nombró a Támara Vélez Zapata, funcionaria que al igual que la demandante ostentaba la calidad de provisionalidad. Citó la sentencia T-638 de 2016 para decir que no se analizó si el acto atacado afectó su mínimo vital a la luz de su avanzada edad. Agregó que estuvo nombrada más de veinte años en provisionalidad, cuando dicho encargo no puede pasar de seis meses.

3.10.2.- Frente a la condición de madre cabeza de familia, sostuvo que el juez basó su posición en el interrogatorio de la demandante, en el que manifestó que el padre de la menor se hacía cargo de la manutención de ésta, y en la declaración de Claudia Yaneth Peña Ramírez, quien indicó que la demandante trabajaba en un depósito por horas hacía 18 meses y que estaba terminando noveno semestre de Administración Financiera. Sin embargo, afirmó que el juez no efectuó una indagación más profunda3.

2 También precisó lo siguiente: <<Por otra parte, el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carc elario

Financiera. Sin embargo, afirmó que el juez no efectuó una indagación más profunda3.

2 También precisó lo siguiente: <<Por otra parte, el Director General del Instituto Nacional Penitenciario y Carc elario INPEC, estaba facultado, a la luz del decreto 271 de 2010 y el artículo 115 de la Ley 489 de 1998 para distribuir los cargos de la planta global y, mediante acto administrativo, ubicar al personal teniendo en cuenta la organización interna, las nece sidades del servicio y los planes y programas de la Entidad, cuestión que efectuó en el acto administrativo acusado, por lo que tampoco se evidencia violación de la norma superior en este sentido>>. 3 <<[…] conforme los parámetros establecidos por la Corte Constitucional, esto es, preguntando acerca de la suma de dinero que le aportaba el padre de la menor, la situación económica de este, el cual por demás tiene dos hijos más y un hogar para sostener, la sit uación económica de la demandante, el estado afectivo y de ánimo de la menor al verse cohibida de muchas cosas o elementos necesarios para su crianza, por la desvinculación laboral del INPEC de su madre. Ello, sin valorarse el hecho que la demandante solo trabajaba por horas y cada vez que la necesitaban, sin establecerse por parte del despacho, ni por la parte demandada, la periodicidad con que laboraba, el número de horas, y la remuneración obtenida, la cual por demás no es comparable con la devengada en el INPEC. Tampoco se ha considerado que la demandante inició sus estudios en administración financiera cuando se encontraba laborando

para el INPEC, con el fin de darse y darle a su hija una mejor calidad de vida, y ello era posible gracias a los ahorrosRadicado: 11001-03-15-000-2023-01173-00

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3.10.3.- Adujo que no se valoraron las declaraciones rendidas por Luz Andrea Alzate Prisco, Maide María Zuluaga Quintero y Luz Inés Rodríguez Muriel, ni de forma completa aquella de Claudia Yaneth Peña Ramírez, de la cual solo se tuvo en cuenta aquello que perjudicaba a la demandante. Tampoco se tuvo en cuenta el desempeño laboral de la demandante ni su calidad de madre cabeza de familia , ni la estabilidad laboral que le asistía por haber laborado por más de veintidós años para el INPEC. Solicitó que fuera revocada la condena en costas y que se incorporaran y analizaran seis pruebas relacionadas con información sobre la vinculación de Támara Vélez Zapata4.

3.11.- Mediante sentencia del 3 de mayo de 2022, la Sala Quinta de Decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó la sentencia de primera instancia. Como cuestión previa, consideró que no era viable acceder a la solicitud de decreto de las nuevas pruebas allegadas por la demandante al momento de formular el recurso de apelación. Luego, s ostuvo que el acto administrativo demandado fue debidamente motivado, la actora no probó su calidad de madre cabeza de familia y los cargos relacionados con Támara Vélez Zapata fueron introducidos en el recurso de apelación,

apelación. Luego, s ostuvo que el acto administrativo demandado fue debidamente motivado, la actora no probó su calidad de madre cabeza de familia y los cargos relacionados con Támara Vélez Zapata fueron introducidos en el recurso de apelación, de manera que su análisis implicaría una vulneración al principio de congruencia.

C. Fundamentos de la vulneración

4.- La actora considera que las autoridades accionadas incurrieron en tres defectos: fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente.

4.1.- En cuanto al defecto fáctico, aduce que no se analizaron las pruebas incorporadas con el recurso de apelación, lo cual desconoció los numerales 3 y 4 del artículo 212 del

y dinero que recibía por su labor como pagadora; tampoco se preguntó si la demandante tenía los recursos para finalizar sus estudios, lo que se vio truncado al ser retirada del cargo.>>. 4 <<I. Derecho de petición de fecha 20 de febrero de 2017, solicitando información respecto de la señora Támara Vélez Zapata. II. Respuesta al derecho de petición de fecha 20 de febrero de 2017, en el cual se niega la solicitud de información. III. Fallo de fecha 21 de abril de 2017 proferido por el Tribunal Administrativo de Antioquia, ante el recurso de insistencia, mediante el cual se ordenó dar respuesta a la información solicitada en el derecho de petición presentado el 20 de febrero de 2017. IV. Derecho de petición de fecha 21 de marzo de 2017, mediante el cual se solicita al Director General del INPEC información de la señora Támara Vélez Zapata. V. Oficio No. 85102-SUTAHsolicita al Director General del INPEC información de la señora Támara Vélez Zapata. V. Oficio No. 85102-SUTAHGATAL-05593 del 20 de abril de 2017, mediante la cual se da respuesta al derecho de petición presentado el 21 de marzo de 2017. VI. Oficio No. 537 -DIR-GH-3370 del 03 de mayo de 2017, en el cual se da respuesta a tres de los cuatro puntos del derecho de petición de fecha 20 de febrero de 2017, ante la orden dada por el Tribunal Administrativo de Antioquia, por el recurso de insistencia>>.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-00

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CPACA5, pues la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta que las pruebas no fueron aportadas con anterioridad debido a la demora del INPEC en responder las solicitudes de la actora. Aduce que esas pruebas acreditan que el cargo del cual fue removida no fue cubierto por ninguna de las personas que superaron el concurso de la convocatoria No. 250 de 2012, sino que se nombró en provisionalidad a Támara Vélez Zapata, quien no pasó el mencionado concurso.

4.1.1.- Afirma que la autoridad judicial accionada no tuvo en cuenta su calidad de mujer cabeza de familia , para lo cual menciona la clasificación Sisben IV y la ausencia del padre de la menor, entre otras circunstancias que acreditan tal calidad . Considera que esa calidad estuvo acreditada ante el INPEC a través de la declaración extrajuicio que

cabeza de familia , para lo cual menciona la clasificación Sisben IV y la ausencia del padre de la menor, entre otras circunstancias que acreditan tal calidad . Considera que esa calidad estuvo acreditada ante el INPEC a través de la declaración extrajuicio que remitió a esa entidad. Agrega que en el proceso hubo declaraciones que probaban sus condiciones de vulnerabilidad, pero que fueron estudiadas de forma parcial. Aclara que nunca pretendió la vinculación de la señora Vélez Zapata al proceso judicial, como equivocadamente entendió la autoridad judicial accionada

4.1.2.- Sostiene que no se estudió la protección para los funcionarios que ocupan cargos en provisionalidad , máxime cuand o trabajó por más de veinte años al servicio del INPEC. Aduce que se le debió reincorporar a un cargo similar al que ocupaba, lo cual era posible porque <<muchos de los que superaron el concurso para pagador, renunciaron posteriormente al cargo>>. Alega que, al no procederse en ese sentido, se vulneró su derecho al mínimo vital, pues ese trabajo era su único ingreso.

4.1.3.- Considera que no es cierto que todas las vacantes ofertadas en la convocatoria No. 250 de 2012 hayan sido asumidas por pers onas que ganaron el concurso, pues Támara Vélez Zapata , que ocupa uno de esos cargos, no ganó el concurso y fue nombrada en provisionalidad, lo cual está probado por los oficios 85102 -SUTAHGATAL-05593 del 20 de abril de 2017 y 85101-SUTAH-GATALdel 2 de marzo de 2023. Además, no se probó en el proceso judicial que el INPEC haya desplegado mecanismos de protección en favor de la actora en su situación de debilidad manifiesta.

Además, no se probó en el proceso judicial que el INPEC haya desplegado mecanismos de protección en favor de la actora en su situación de debilidad manifiesta.

5 <<En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos: […] 3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos. 4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria>>.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-00

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4.2.- En cuanto al defecto sustantivo, precisa que se vulneró su derecho a la igualdad porque Támara Vélez Zapata, quien se encontraba en condiciones similares a las suyas, no fue desvinculada, como sí ocurrió con la actora. Añade que la interpretación de <<la Ley 790 de 2002 fue muy pobre al no haber ten ido en cuenta […] los precedentes constitucionales y jurisprudenciales […] sobre el fuero especial reforzado de mujer cabeza de familia>>.

4.3.- Sobre el desconocimiento del precedente , cita las siguientes sentencias relacionadas con la protección de las mujeres cabezas de familia: sentencias del 186 y 257 de mayo de 2017 de la Sección Primera del Consejo de Estado, en las cuales se

4.3.- Sobre el desconocimiento del precedente , cita las siguientes sentencias relacionadas con la protección de las mujeres cabezas de familia: sentencias del 186 y 257 de mayo de 2017 de la Sección Primera del Consejo de Estado, en las cuales se explica el marco normativo aplicable a la estabilidad laboral reforzada y su relación con los derechos derivados de la carrera administrativa; sentencias T-326 de 2014 , T-464 de 2019 y T-342 de 2021 , que tratan sobre la estabilidad relativa de los funcionarios nombrados en provisionalidad que se encuentren en situación de debilidad manifiesta.

D. Oposiciones e intervenciones

5.- El INPEC (tercero con interés) solicita que se declare la improcedencia de la acción de tutela, pues los argumentos expuestos por la actora ya fueron debidamente resueltos en el proceso ordinario. Agrega que la acción de tutela no cumple con el requisito de inmediatez por haber transcurrido más de seis meses desde que l a actora conoció el fallo atacado. Considera que tampoco cumple con el requisito de subsidiariedad porque la actora <<se encontraba en capacidad de acudir ante la jurisdicción contenciosoadministrativa para resolver el conflicto de la presente acción de tutela>>. Aduce que la CNSC actuó adecuadamente de conformidad con la Ley 909 de 2004 y el INPEC aplicó debidamente el Decreto 1083 de 2015.

6.- El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín (accionado) envió copia digital del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 05001-33-33-002-2015-01401-00/01.

6.- El Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Medellín (accionado) envió copia digital del expediente del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado No. 05001-33-33-002-2015-01401-00/01.

7.- El Tribunal Administrativo de Antioquia (accionado), pese a estar debidament e notificado, guardó silencio.

6 Expediente No. 2016-02142-01. C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés. 7 Expediente No. 2017-00138-01. C.P. María Elizabeth García González.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01173-00

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II. CONSIDERACIONES

8.- La Sala (i) negará el amparo solicitado con respecto al cargo relacionado con la falta de decreto de las pruebas aportadas por la actora con su recurso de apelación en el proceso ordinario. Por otra parte, (ii) se acogerá la posición mayoritaria de la Sala y se declarará improcedente la acción de tutela con respecto a los demás cargos por no acreditarse el requisito de relevancia constitucional, en la medida en que se reiteran argumentos que fueron planteados y resueltos dentro del proceso ordinario 8. De cualquier manera, se advierte que la tutela no podía prosperar por las razones que se exponen a continuación.

9.- Aunque la tutela se interpuso contra las sentencias del Juzgado Segundo Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioq uia, solo se hará

exponen a continuación.

9.- Aunque la tutela se interpuso contra las sentencias del Juzgado Segundo Administrativo de Medellín y el Tribunal Administrativo de Antioq uia, solo se hará referencia a la providencia proferida por esta última autoridad el 3 de mayo de 2022, pues con ella se resolvió en segunda instancia y de manera definitiva el proceso ordinario objeto de análisis en este fallo de tutela.

10.- En cuanto a los cargos relacionados con el defecto fáctico, distintos a aquel sobre las pruebas allegadas con el recurso de apelación –que se analiza más adelante –, no se aprecia su configuración. Primero, con respecto al presunto defecto por no analizarse la situación de Támara Vélez Zapata, el tribunal accionado encontró que no era posible analizar los aspectos relacionados con el nombramiento de esa persona porque: (i) en el acto demandado en el proceso ordinario no se hace alusión a esa persona; (ii) la apelante indicó que no cuestiona la no aceptación del cargo por parte de Carlos Antonio Becerra Arango, sino el acto administrativo expedido por el INPEC en el que se nombró como pagadora a Támara Vélez Zapata, ac to que no obra en el expediente , no fue atacado de nulidad dentro de ese proceso, y no se logró concatenar con el debate bajo la figura de un nuevo hecho nacido con posterioridad a la presentación de la demanda; y (iii) de analizarse dicho aspecto , se vulneraría el principio de congruencia, pues ese punto no fue expuesto en la demanda ni su reforma9.

8 El magistrado ponente advierte que considera que estos cargos deben estudiarse de fondo porque la accionante

y (iii) de analizarse dicho aspecto , se vulneraría el principio de congruencia, pues ese punto no fue expuesto en la demanda ni su reforma9.

8 El magistrado ponente advierte que considera que estos cargos deben estudiarse de fondo porque la accionante alega la vulneración de sus derechos fundamentales a la seguridad social, estabilidad laboral reforzada, mínimo vital e igualdad , y desarrolla los defectos que considera configurados en la decisión atacada: fáctico, sustantivo y desconocimiento del precedente . Sin embargo, acoge la posición mayoritaria de la Sala, según la cual cuando se reiteran argumentos que fueron resueltos den tro del proceso ordinario, no se cumple con el requisito de relevancia constitucional. 9 <<[…] simplemente se trajo a colación al momento de formular los alegatos de conclusión, sin que cómo se ha reiterado, se haya logrado establecer una correlación evid ente, entre el acto acusado y el acto que nombró a laRadicado: 11001-03-15-000-2023-01173-00

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11.- En la misma línea , esta Sala observa que , con respecto a los argumentos relacionados con la configuración de un defecto sustantivo por violación al principio de igualdad con respecto a la situación jurídica de Támara Vélez Zapata, no se configura defecto alguno, pues la actora no planteó ese debate en el proceso ordinario, y solo pretendió incorporar estos nuevos argumentos con el recurso de apelación, lo cual vulnera el principio de congruencia y habilitaba al juez para substraerse de su análisis.

pretendió incorporar estos nuevos argumentos con el recurso de apelación, lo cual vulnera el principio de congruencia y habilitaba al juez para substraerse de su análisis.

12.- Ahora bien, en lo que corresponde a los demás cargos por defecto fáctico, estos tampoco prosperan. Con respecto a la situación de Carlos Antonio Becerra Arango , el tribunal explicó que, si bien los participantes de la convocatoria 250 de 2012 conocían las sedes vacantes, dicho aspecto no determina el lugar donde quienes aprobaron la convocatoria tomaría n posesión del cargo , pues para ello el Acuerdo 297 de 2012 estableció el procedimiento de <<audiencias públicas para escogencia de vacantes ubicadas en diferentes sedes de trabajo>>.

12.1.- Allí se prevé que cuando el aspirante no asista a la audiencia