CE - 010315000202301193001SENTENCIA20230508160933

1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., ocho (08) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01193-00

Accionante: Guillermo Alexis Benavides Mejía Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Tercera de Decisión Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte actora pretende reabrir el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la solicitud de amparo constitucional formulada por Guillermo Alexis Benavides Mejía contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 7 de marzo de 2023, Guillermo Alexis Benavides Mejía, a través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proce so, seguridad social, igualdad, acceso a la

judicial, instauró demanda de tutela contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proce so, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia del 23 de febrero de 2023, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que promovió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magis terio y el Municipio de Armenia.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Identificado con número de radicado 63001-33-33-006-2022-00082-02.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01193-00

Accionante: Guillermo Alexis Benavides Mejía Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

2

2.- El accionante pretende que en virtud del amparo, “(…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que

ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…) ”3.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- Desde el 17 de mayo de 2005, el accionante labora para el municipio de Armenia y se encuentra vinculado al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) en calidad de docente oficial.

5.- El 21 de julio de 2021, el accionante solicitó al Fomag y al Municipio de Armenia: (i) la consignación efectiva de las cesantías que correspondían a los servicios prestados durante el año 2020 y (ii) el reconocimiento y desembolso de la sanción moratoria consagrada e n la Ley 50 de 1990, generada por la consignación extemporánea de dichas cesantías, así como el pago de la indemnización consagrada en la Ley 52 de 1975. La solicitud se remitió a la Fiduciaria Previsora S.A., entidad encargada de administrar el Fomag, sin que esta entidad emitiera una respuesta al respecto.

6.- En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , el accionante presentó una demanda en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fomag y el Municipio de Armenia, con el fin con el fin de que se declarara la nulidad

6.- En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , el accionante presentó una demanda en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fomag y el Municipio de Armenia, con el fin con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto que se configuró ante la falta de respu esta a la petición radicada el 21 de julio de 2021. Además, solicitó que se condenara a las entidades demandadas a pagar la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses generados por las cesantías, consagrada en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 1176 de 1991.

7.- El 29 de junio de 2022 el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, negó las pretensiones de la demanda por considerar que la sanción por mora solo aplica para aquellos doce ntes que no están afiliados al fondo prestacional del magisterio, de modo que al encontrarse afiliada al Fomag, la situación jurídica de l demandante se encontraba regulada por el régimen especial de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989 . En desacuerdo con lo anterior, la parte demandante apeló la decisión adoptada.

8.- Mediante Sentencia de 23 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío, confirmó la decisión apelada al considerar que: (i) no existe un criterio

3 Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01193-00

Accionante: Guillermo Alexis Benavides Mejía

Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío

3 Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01193-00

Accionante: Guillermo Alexis Benavides Mejía Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

3

unificado al interior del Consejo de Estado, sobre la posibilidad de hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al caso de los docentes afiliados al Fomag; (ii) los pronunciamientos que han determinado la procedibilidad de la sanción deprecada se profirieron en asuntos en los que mediaron supuestos fácticos que difieren de las circunstancias en las que se enmarcaba la situación jurídica de la demandante y , (iii) no era procedente resolver las pretensiones de la demanda a partir del principio de favorabilidad, pues su utilización solo es posible en aquellos casos en los que existe duda en relación a normatividad aplicable o en los que existen interpretaciones distintas sobre la regulación de un derecho, aspectos que no se configuraban en el caso de la demandante.

9.- Por lo anterior, concluyó que al no existir una norma que contemple la extensión de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al caso de la demandante, la situación jurídica objeto de la demanda se encontraba regulada por el sistema anualizado de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, por lo que no era posible acceder a las pretensiones de la demanda ya que esto implicaba introducir un cambio en la regulación sobre el funcionamiento interno del Fomag en lo que respecta a la admi nistración de los recursos (principio presupuestal de unidad de

posible acceder a las pretensiones de la demanda ya que esto implicaba introducir un cambio en la regulación sobre el funcionamiento interno del Fomag en lo que respecta a la admi nistración de los recursos (principio presupuestal de unidad de caja).

10.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración de justicia, al incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues -a su parecera partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-098 de 2018 , la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que en virtud del principio de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación también debe ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación. Para ello adujo el desconocimiento de las reglas fijadas en las siguientes sentencias:

Tabla 1: Sentencias – Corte Constitucional No. Radicado Exp. Fecha Decisión Magistrado Ponente Magistrados 1 Exp. T6.736.200 17/10/2018 Gloria Stella Ortiz Delgado

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 Y Otros 25/07/2019 Gloria Stella Ortiz Delgado

Delgado

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 Y Otros 25/07/2019 Gloria Stella Ortiz Delgado

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

3 Exp. T7.182.312 Y Otros 06/02/2020 Luis Guillermo Guerrero Pérez

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA CORTE CONSTITUCIONALRadicación: 11001-03-15-000-2023-01193-00

Accionante: Guillermo Alexis Benavides Mejía Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

4

Tabla 2: Sentencias – Consejo de Estado No. Radicado Exp. Fecha decisión Magistrado Ponente Consejeros Firmantes 1 08001-2333000-201300666-01 (0833-16) 06/08/2020 Sandra Liseth Ibarra Sentencia de Unificación del Consejo de Estado 2 76001-2331-00020090086701 (48542014) 24/01/2019 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 3 11001-0315000-201803499-01 29/07/2019 Nicolás Yepes Corrales Jaime Enrique Rodríguez NavasGuillermo Sánchez Luque 4 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16)

03499-01 29/07/2019 Nicolás Yepes Corrales Jaime Enrique Rodríguez NavasGuillermo Sánchez Luque 4 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16) 02/12/2019 Rafael Francisco Suárez Vargas William Hernández Gómez - Gabriel Valbuena Hernández 5 08001-2333000-201400208-01 10/06/2020 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 6 08001-2331000-201400254-01 (4960-2017) 22/10/2020 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena Hernández 7 08001-2333000-201400132-01 12/11/2020 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena Hernández 8 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17/06/2021 Gabriel Valbuena Hernández William Hernández Gómez - Rafael Francisco Suárez Vargas 9 08001-2333000-201500331-01 27/06/2021 César Palomino Cortés Sandra Lisset Ibarra Vélez - Carmelo Perdomo Cuéter 10 19001-2333000-20150044502(0483-20)

Cortés Sandra Lisset Ibarra Vélez - Carmelo Perdomo Cuéter 10 19001-2333000-20150044502(0483-20) 04/11/2021 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez Vargas - Gabriel Valbuena Hernández 11 08001-2333000-201401127-01 (1002-2021) 25/11/2021 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 12 40001-2340000-201700134-01 (2208-2020) 25/11/2021 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena HernándezRadicación: 11001-03-15-000-2023-01193-00

Accionante: Guillermo Alexis Benavides Mejía Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

5

13 080001-2340-000201590008-01 (2387-2020) 11/11/2021 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena Hernández 14 080001-2340-000201490022-01 (5154-2016) 11/11/2021 Gabriel Valbuena Hernández William Hernández Gómez - Rafael Francisco Suárez Vargas 15 080001-2333-000201490022-01 (5154-2016) 11/11/2021 Gabriel Valbuena Hernández William Hernández Gómez - Rafael Francisco Suárez Vargas 15 080001-2333-000201700931-01 (1001-2021) 20/01/2022 Gabriel Valbuena Hernández William Hernández Gómez - Rafael Francisco Suárez Vargas 16 080001-2333-000201500075-01 (2660-2020) 03/03/2022 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena Hernández 17 76001-2333000-201300756-01 (2224-2020) 28/04/2022 Carmelo Perdomo Cuéter César Palomino Cortés - Sandra Liseth Ibarra 18 080001-2340-000201700795-01 (2659-2020) 09/05/2022 Rafael Francisco Suárez Vargas William Hernández Gómez - Gabriel Valbuena Hernández 19 47-001-2333-000201900359-01 (4004-2021) 19/05/2022 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 20 47-001-2333-000201900376-01 (4462-2021) 01/07/2022 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter

20 47-001-2333-000201900376-01 (4462-2021) 01/07/2022 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 21 08001-2333000-201500509-01 (2140-2020) 22/08/2022 César Palomino Cortés Sandra Lisset Ibarra Vélez – Carmelo Perdomo Cuéter 22 08001-2333-0002015-9012401 (23942020) 22/09/2022 César Palomino Cortés Sandra Lisset Ibarra Vélez – Carmelo Perdomo Cuéter

11.- Además, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido acogida por los jueces administrativos del circuito en los siguientes fallos:

Tabla 3: Sentencias – Juzgados Administrativos De Circuito No. Radicado Expediente Fecha

Decisión Juzgado JuezRadicación: 11001-03-15-000-2023-01193-00

Accionante: Guillermo Alexis Benavides Mejía Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

6

1 66001 3333 001 2022 0002000 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CTO

DE PEREIRA

Cristina Isabel Sánchez Brito 2 05001 3333 019 2022 0009700 29/07/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL

CTO DE MEDELLIN

DE PEREIRA

Cristina Isabel Sánchez Brito 2 05001 3333 019 2022 0009700 29/07/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL

CTO DE MEDELLIN

Patricia Córdoba Vallejo 3 70001 3333 002 2022 0007200 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL

CTO DE SINCELEJO

Lissette Mairely Nova Santos 4 27001 3333 002 2022 0014700 22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL

CTO DE QUIBDÓ

Yudy Yineth Moreno Correa 5 76001 3333 002 2022 0006600 27/09/2022

JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO

DE GUADALAJARA DE

BUGA Juan Miguel Martínez Londoño 6 76111 3333 003 2022 0006600 28/09/2022

JUZ. 3 ADTIVO DEL CTO

DE GUADALAJARA DE

BUGA Leidy Johanna Uribe Molina 7 68001 3333 002 2022 0006500 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO

DE BUCARAMANGA

Arley Méndez De La Rosa 8 68001 3333 009 2022 00010900 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA Jairo García Suarez 9 27001 3333 005 2022 0012200 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO

DE QUIBDÓ

Emilson Marmolejo García

DE BUCARAMANGA Jairo García Suarez 9 27001 3333 005 2022 0012200 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO

DE QUIBDÓ

Emilson Marmolejo García 10 11001 3342 051 2022 0009800 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL CTO

DE BOGOTÁ

Norberto Mendivelso Pinzón

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

12.- Mediante auto de 16 de marzo de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, notificó a la autoridad judicial accionada y vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Municipio de Armenia, en calidad de terceros interesados.

13.- Además, requirió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia y al Tribunal Administrativo del Quindío para que remitieran, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado número 63001 -3333-006-2022-0008200/02.

(i) Ministerio de Educación4

14.- El 24 de marzo de 2023, el Ministerio de Educación solicitó declarar improcedente el amparo solicitado en atención a: (i) que el accionante no logró

4 Expediente digital, intervención contenida en 5 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01193-00

Accionante: Guillermo Alexis Benavides Mejía Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

7

Accionante: Guillermo Alexis Benavides Mejía Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

7

demostrar la existencia de la vulneración de sus derechos fundamentales o la existencia de un perjuicio irremediable y (i i) la necesidad de salvaguardar la independencia y autonomía judicial de la autoridad accionada.

15.- Además, solicitó desvincular a la entidad del presente trámite al considerar que el Ministerio no era responsable de la conducta cuya omisión generó la vulneración alegada y en consecuencia no tenía competencia para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la acción de tutela, pues los conflictos allegados en la demanda se circunscribían a las actuaciones del despacho judicial accionado.

(ii) Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio5

16.- El 24 de marzo de 2023, la Fiduprevisora S.A., en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó que se declare improcedente la acción de tutela. Para ello indicó que en escrito de demanda la parte actora no logró demostrar la configuración de alguna de las causales generales y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Además, solicitó desvincular a la entidad del pre sente trámite al considerar que carece de legitimación en la causa por pasiva, toda vez que las pruebas allegadas con el escrito de tutela no guardan relación entre las actuaciones de la Fiduprevisora S.A. y las pretensiones de la accionante.

17.- A pesar de haber sido notificados en debida forma el Tribunal Administrativo del Quindío y el Municipio de Armenia guardaron silencio6.

S.A. y las pretensiones de la accionante.

17.- A pesar de haber sido notificados en debida forma el Tribunal Administrativo del Quindío y el Municipio de Armenia guardaron silencio6.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. La acción de tutela contra providencias judiciales

18.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales, son los siguientes 7: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los d erechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

5 Expediente digital, intervención contenida en 7 folios. 6 Expediente digital, Oficios de notificación No. 25554 y 25559. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017,

5 Expediente digital, intervención contenida en 7 folios. 6 Expediente digital, Oficios de notificación No. 25554 y 25559. 7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).Radicación: 11001-03-15-000-2023-01193-00

Accionante: Guillermo Alexis Benavides Mejía Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

8

19.- Interesa destacar que la relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional8.

20.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito d e hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

21.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito, se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 9 y, en ese sentido, evitar que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 10 ; (ii)

jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 9 y, en ese sentido, evitar que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad 10 ; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos fundamentales11; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales12.

22.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C -590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos

8 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010. 9 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. 10 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la

judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. 10 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de d erechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés c onstitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional. 11 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C -590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derech o legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite

que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdadde los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. 12 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental ”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01193-00

Accionante: Guillermo Alexis Benavides Mejía Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

9

materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales13: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

D. Análisis del caso concreto

27.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si las circunstancias que se alegan en la presente causa satisfacen los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si se cumple el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si el Tribunal

procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si se cumple el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si el Tribunal Administrativo del Quindío, incurrió en los de fectos o yerros invocados por la accionante y si se justifica la adopción de medidas de protección frente a los mismos.

E. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

23.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos14:

a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga a rgumentativa, debe expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, e ncargado por mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.

b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso

debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.

b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada , en la medida en que este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión

13 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos f undamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional. 14 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación: 11001-03-15-000-2023-01193-00

Accionante: Guillermo Alexis Benavides Mejía Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

10

del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve favorecido con la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se

10

del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve favorecido con la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

24.- En el caso objeto de estudio, se cuestiona la decisión adoptada por la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío al considerar que el caso de la accionante se encontraba regulado por el sistema anualizado de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, razón por la cual no era po