CE - 010315000202301205001SENTENCIA20230410080303

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00

Actora: Ana Elena Castro Cabana

Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Tema: Defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas/alcance

Derecho Fundamental Invocado: Debido proceso

Derecho Fundamental Amparado: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela presentada por la actora contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I.ANTECEDENTES

La solicitud

1. La actora, en nombre propio, presentó acción de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Comisión Nacional de Disciplina Judicial , porque, a su juicio, al proferir el auto de 18 de enero de 2023, en el proceso disciplinario identificado con2

Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00

Actora: Ana Elena Castro Cabana

el número único de radicación 500011102000201600839 -01, vulneró su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

el número único de radicación 500011102000201600839 -01, vulneró su derecho fundamental invocado supra.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, el señor Jorge Daniel Gómez Cárdenas formuló queja disciplinaria en su contra, toda vez que , en primer lugar, actuando como su apoderada se apropió de la suma de $19.541.610,00 reconocida por parte del Ministerio de Defensa Nacional y, en segundo lugar, le exigió dinero para la constitución de una póliza que no se adquirió, pues el proceso terminó por desistimiento tácito.

4. Indicó que, en sesión de audiencia de pruebas y calificación provisional realizada el 9 de agosto de 2018, se calificó jurídicamente la actuación formulando cargos en su contra por la posible incursión en las faltas contempladas en los numerales 1 .º y 4.º del artículo 35 y numeral 1 .° del artículo 37 de la Ley 1123 de 22 de enero de 20071, al ha ber infringido los deberes previstos en los numerales 8 y 10 del artículo 28 de la misma normatividad.

5. Sostuvo que, la audiencia de juzgamiento se realizó en sesiones de 5 de junio y 24 de septiembre de 2019.

6. Adujo que, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta (hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta) ,

y 24 de septiembre de 2019.

6. Adujo que, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Meta (hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta) , mediante sentencia de 20 de febrero de 2020, la absolvió de la falta prevista en el numeral 1 .° del artículo 35 de la Ley 1123, y la declaró disciplinariamente responsable de las faltas previstas en el numeral 4.° del artículo 35 y el numeral 1.° del artículo 37 de la Ley 1123, al haber infringido los deberes previstos en los numerales 8 y 10 del artículo 28 ibidem, a título de dolo y culpa, respectivamente .

1 “Por la cual se establece el código disciplinario del abogado”.3

Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00

Actora: Ana Elena Castro Cabana

7. Manifestó que , inconforme con la decisión, el defensor de oficio presentó recurso de apelación, frente al cual, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta , mediante auto de 18 de enero de 2021, lo rechazó al considerarlo extemporáneo, pues to que, conforme a lo previsto en el artículo 81 de la Ley 1123, se debió impugnar la sentencia dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación de la sentencia, pero pese a estar enterado de dicha decisión, lo hizo el 30 de novi embre de 2020 , es decir, vencido el término.

8. Indicó que, el defensor de oficio interpuso recurso de queja, con fundamento en que los archivos adjuntos a la notificación presentaban errores de descarga,

el 30 de novi embre de 2020 , es decir, vencido el término.

8. Indicó que, el defensor de oficio interpuso recurso de queja, con fundamento en que los archivos adjuntos a la notificación presentaban errores de descarga, razón por la cual, atendiendo a que la respuesta que le dio la secretaría frente a su requerimiento respecto de dichos archivos fue recibida el 25 de noviembre de 2020, el término para apelar vencía el 30 de noviembre de 2020.

9. Señaló que, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, mediante auto de 18 de enero de 2023, resolvió “[…] rechazar por improcedente el recurso de queja […]”,

al considerar lo siguiente:

“[…] Esta Corporación, en orden a resolver la procedencia del recurso incoado, precisa en primer término, que el principio de taxatividad en materia procesal y específicamente respecto de los medios de impugnación, enseña que únicamente proceden aquellos que expresamente están consagrados en la ley, por lo que no pueden concederse recursos no previstos por el legislador, siéndole vedado al funcionario de conocimiento aplicar criterios interpretativos o extensivos para justificar su concesión.

Descendiendo al evento sub examine, es claro que conforme al proceso disciplinario diseñado para los abogados en la Ley 1123 de 2007, y en respeto al principio de taxatividad, se debe dar aplicación al artículo 79 ibidem, que señala: "Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición y apelación de acuerdo con lo previsto en esta codificación", esto para significar, que el legisla dor no reguló la procedencia del recurso de queja en los procesos

"Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición y apelación de acuerdo con lo previsto en esta codificación", esto para significar, que el legisla dor no reguló la procedencia del recurso de queja en los procesos disciplinarios adelantados bajo esta normatividad.

Ahora bien, en este caso particular, tanto el defensor de oficio de la disciplinable, como el a quo, consideraron que el recurso de queja se compaginaba con el proceso disciplinario de los abogados, pues se presentó dentro del mismo, y a su vez, el magistrado instructor lo concedió mediante auto del 12 de febrero de 2021, ordenando su remisión a esta Corporación, sin embargo, no advirtió la precisión literal que arroja la normatividad citada, que de manera clara conduce a la inexorable conclusión de que el recurso de queja es improcedente.

En consecuencia, al no estar previsto el recurso de queja en el proceso disciplinario de la Ley 1123 de 2007, se impone de plano el rechazo del mismo […]”.4

Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00

Actora: Ana Elena Castro Cabana

La solicitud de tutela

Pretensiones

10. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de la suscrita, ANA

ELENA CASTRO CABANA.

2. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la decisión judicial proferida por la COMISIÓN NACIONAL DE DISICPLINA JUDICIAL de fecha 18 de

ELENA CASTRO CABANA.

2. Como consecuencia de lo anterior, DEJAR SIN EFECTOS la decisión judicial proferida por la COMISIÓN NACIONAL DE DISICPLINA JUDICIAL de fecha 18 de enero de 2023, dentro del proceso disciplinario No. 50 001 11 02 000 2016 00839.

3. ORDENAR a la accionada proferi r una nueva decisión de fondo en el proceso disciplinario No. 50 001 11 02 000 2016 00839 acorde a las consideraciones efectuadas y lineamientos trazados por el Juez de Tutela […]”.

11. Como fundamento de su solicitud de amparo, la actora manifestó que:

“[…] El primer punto, dentro del presente titulo, es el desconocimiento de la prevsión realizada en el artículo 81 de la Ley 1123 de 2007, al respecto previo a las consideraciones del caso, traeremos a colación su contenido, al respecto tenemos:

Artículo 81. Recurso de apelación . Procede únicamente contra las decisiones de terminación del procedimiento, de nulidad decretada al momento de dictar sentencia de primer grado, de rehabilitación, la que niega la práctica de pruebas y contra la sentencia de primera instancia.

Podrá interponerse de manera principal o subsidiaria al recurso de reposición respecto de las providencias que lo admitan.

Se concederá en el efecto suspensivo y salvo norma expresa en contrario, deberá interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la última notificación. Vencido este término, los no apelantes podrán pronunciarse en relación con el recurso dentro de los dos (2) días siguientes.

interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la última notificación. Vencido este término, los no apelantes podrán pronunciarse en relación con el recurso dentro de los dos (2) días siguientes.

Sobre su concesión se decidirá de plano. El recurso será rechazado cuando no sea sustentado o se interponga de manera extemporánea, decisión contra la cual no procede recurso alguno.

Del aparte subrayado, tenemos que el recurso de queja, de manera errada se rechazo, por cuanto, por parte de la suscrita, no se contaba co n otro elemento, para poder señalar el error cometido en la notificación de la sentencia y la omisión de determinar cual fue la última notificación surtida, que como se ha indicado, ocurrió el 25 de noviembre de 2020, cuando por parte de la secretaria de l a corporación seccional se reenvía el link de acceso al expediente, ante el error que arrojaba la primera, determinándose que fue a partir del segúndo correo, en donde "realmente" se surtió el acto de la notificación, además, sin ir mas allá, esta se const ituyo en la última notifciación de la sentencia sancionatoria […]”.

[…]5

Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00

Actora: Ana Elena Castro Cabana

“[…] Estipulado en la misma ley disciplinaria, encontramos en el artículo 16 el precepto normativo citado en el subtítulo, el cual, contrario a lo dispuesto en al decisón del 18 de enero de 2023, habilita la radicación del recurso de queja, tal y como lo dispone el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 179B, situación

decisón del 18 de enero de 2023, habilita la radicación del recurso de queja, tal y como lo dispone el Código de Procedimiento Penal, en su artículo 179B, situación que fue desconocida por la instancia superior, arguyendo, cómo se indicó el principio taxatividad […]”2.

Actuación

12. El Despacho sustanciador, mediante auto de 10 de marzo de 2023; i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar a los magistrados de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial; iii) negó la medida provisional solicitada por la actora; y iv) vinculó, como terceros con interés, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta y a Jorge Daniel Gómez Cárdenas , concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular.

Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

13. La Comisión Nacional de Disciplina Judicial solicitó negar la acción de tutela

al considerar lo siguiente:

“[…] Al respecto, tal como se sustentó en el proveído reprochado en esta acción constitucional, el criterio de taxatividad que acompaña al régimen disciplinario de los abogados inmerso en la Ley 1123 de 2007 y concretamente su artículo 79 dispone: “Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de reposición y apelación de acuerdo con lo previsto en esta codificación”.

Esta cláusula cerrada de taxatividad, constituye manifestación del principio rector de legalidad, contenido en el artículo 3 ibidem, según el cual, el abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos q ue estén

Esta cláusula cerrada de taxatividad, constituye manifestación del principio rector de legalidad, contenido en el artículo 3 ibidem, según el cual, el abogado solo será investigado y sancionado disciplinariamente por comportamientos q ue estén descritos como falta en la ley vigente al momento de su realización, pero específicamente en materia procesal, el legislador fue cuidadoso en extender los alcances del principio para señalar que se haría “conforme a las reglas fijadas en este código o las normas que lo modifiquen”.

Lo anterior significa, que la premisa de taxatividad se acompasa con la máxima universal garantista del debido proceso, en la particular arista que obliga a que la ley debe ser cierta (lex certa ) y previa (lex previa), certeza y antelación, que en casos como el examinado, impiden al operador disciplinario especular o aplicar criterios interpretativos extensivos en punto de la concesión de un recurso que insístase, no está previsto en la ley […]”.

2 Transcripción literal del texto.6

Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00

Actora: Ana Elena Castro Cabana

14. La Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Meta allegó copia del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 500011102000201600839-01.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la

con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991 3, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º d el Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20214 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20185 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 6, que asigna a esta sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Problemas jurídicos

17. En el caso sub examine, los problemas jurídicos que debe resolver la Sala consisten en: i) determinar si, en efecto, es procedente la acción de tutela acreditándose el cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra sentencias jud iciales, y de ser así, ii) establecer si la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al proferir el auto de 18 de enero de 2023,

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política''

Comisión Nacional de Disciplina Judicial, al proferir el auto de 18 de enero de 2023,

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 4 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 5 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 6 Reglamento Interno del Consejo de Estado.7

Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00

Actora: Ana Elena Castro Cabana

dentro del proceso disciplinario identificado con el número único de radicación 500011102000201600839-01, incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica, lo que trajo como consecuencia que se rechazara el recurso de queja que interpuso el actor.

18. Para resolver los anteriores problemas jurídicos esta Sala analizará los siguientes temas: i) pro cedencia de la acción de tutela frente a providencias judiciales; ii) requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acción de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales; iii) análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibil idad en el caso concreto; i v) el defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vi) análisis del caso concreto, y finalmente

falta de aplicación de una norma jurídica; v) marco normativo y jurisprudencial del derecho fundamental al debido proceso; vi) análisis del caso concreto, y finalmente vii) las conclusiones de la Sala.

Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

19. Con ocasión de la acción de tutela instaurada por la señora Nery Germania Álvarez Bello, en un asunto que fue asumido por importancia jurídica por la Sala Plena7, en sentencia de 31 de julio de 2012, consideró necesario admitir que debe acometerse el estudio de fondo de la acción de tutela cuando se esté en presencia de providencias judiciales – sin importar la instancia y el órgano que las profieraque resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente y los que en el futuro determine la ley y la propia doctrina judicial.

Requisitos generales y especiales de procedibilidad de la acci ón de tutela cuando se dirige contra providencias judiciales

20. Esta Sección 8 adoptó como parámetros a seguir los indicados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de los demás pronunciamientos que esta Corporación elabore sobre el tema.

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P. Dra. María Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012,

Elizabeth García González, Expediente identificado con número de radicación: 2009-01328. 8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 31 de julio de 2012, C.P María Elizabeth García González, radicación número: 11001-03-15-000-2009-01328-02.8

Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00

Actora: Ana Elena Castro Cabana

21. Por lo anterior, y con el fin de hace r operante la nueva posición jurisprudencial, estableció como requisitos generales de procedibilidad de esta acción constitucional, cuando se dirige contra decisiones judiciales: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el uso de todos los medios de defensa judiciales salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) la existencia de una irregularidad procesal con efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación cla ra de los hechos causantes de la vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que no se trate de tutela contra tutela.

22. Además de estas exigencias, la Corte, en la mencionada sentencia C –590 de 2005, precisó que era imperioso acreditar la existencia de unos requisitos especiales de procedibilidad, que el propio Tribunal Constitucional los ha considerado como las causales concretas que “ de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”9.

23. Así pues, el ju ez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los

considerado como las causales concretas que “ de verificarse su ocurrencia autorizan al juez de tutela a dejar sin efecto una providencia judicial”9.

23. Así pues, el ju ez debe comprobar la ocurrencia de al menos uno de los siguientes defectos: i) orgánico; ii) procedimental absoluto; iii) fáctico; iv) material o sustantivo; v) error inducido; vi) decisión sin motivación; vii) desconocimiento del precedente; y viii) violación directa de la Constitución.

24. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedició n de una providencia judicial: en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo término, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera “ dejar sin efecto o modular la decisión ”10 que encaje en dichos parámetros.

25. Se trata, entonces, de una rigurosa y cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instr umento excepcional se convierta en una manera de desconocer

9 Corte Constitucional. Sentencia T619 de 3 de septiembre de 2009, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio. 10 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, M.P. Mauricio González Cuervo.9

Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00

Actora: Ana Elena Castro Cabana

Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00

Actora: Ana Elena Castro Cabana

principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

26. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 201411.

Análisis del cumplimiento de los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela en el caso concreto

27. La Sala estudiará la procede ncia de la acción de tutela bajo la premisa del cumplimiento de los requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, dispuestos por la sentencia C -590 de 2005, proferida por la Corte Constitucional.

28. En el caso bajo examen la Sala examinará si la acción de tutela cumple con

los requisitos generales de procedibilidad, así:

28.1. Es evidente que la cuestión que se discute reviste relevancia constitucional, comoquiera que se controvierte la vulneración del derecho fundamental de la actora al debido proceso.

28.2. La Sala debe hacer énfasis, en que en el presente caso se cumple con el requisito general de la relevancia constitucional dentro del marco de la acción de tutela contra providencias judiciales, i) toda vez que se trata de la posible afectación del derecho fundamental invocado supra, y además, ii) la actora cumplió con l a carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas.

del derecho fundamental invocado supra, y además, ii) la actora cumplió con l a carga argumentativa mínima en dar las razones jurídicas por las cuales la autoridad judicial accionada incurrió en un defecto sustantivo por falta de aplicación de normas jurídicas.

28.3. Para la Sala exigirle a la actora una carga argumentativa mínima se justifica, toda vez que si bien es cierto la acción de tutela goza de la característica principal de la informalidad que se fundamenta en el mandato constitucional de la

11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 4 de agosto de 2014, C.P Jorge Octavio Ramírez Ramírez, número único de radicación: 11001031500020120220101.10

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Actora: Ana Elena Castro Cabana

prevalencia del derecho sustancial sobre las formas procesales 12, en el escenario del amparo contra providencias judiciales, cuando esta prospera se afecta el principio de la cosa juzgada, por lo que el juez constitucional sólo puede remover dicha cosa juzgada de una sentencia o auto, cuando se evidencia a través de la argumentación jurídica de la actora, que realmente el operador judicial profirió una providencia arbitraria e irrazonable, que implicó la vulneración de derechos fundamentales13.

28.4. Cumplió con el principio de inmediatez14.

28.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la actora pueda lograr la protección del derecho invocado.

28.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario

28.5. No existen medios ordinarios y/o extraordinarios de defensa judicial eficaces y eficientes con los cuales la actora pueda lograr la protección del derecho invocado.

28.6. Por no invocar la acción de tutela un defecto procedimental no es necesario hacer un análisis de este requisito;

28.7. La actora identificó los hechos y los derechos cuya vulneración alega; y

28.8. No se trata de una acción de tutela contra sentencia de tutela.

Defecto sustantivo por falta de aplicación de una norma jurídica

29. La Corte Constitucional ha identificado los eventos en que se configura el

defecto sustantivo:

“[…] En sentido amplio se está en presencia del vicio cuando la autoridad judicial emplea una norma inaplicable al caso concreto, deja de aplicar la norma adecuada, o interpreta las norma s de tal manera que contraría la razonabilidad jurídica15.

12 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.” 13 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 13 de julio de 2017, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2017-00725-00. 14 Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada (13 de febrero de

2017, C.P Hernando Sánchez Sánchez, radicación número: 11001-03-15-000-2017-00725-00. 14 Puesto que se interpuso antes de que transcurrieran (6) meses después de notificada (13 de febrero de 2023) la providencia de 18 de enero de 2023 proferida por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. 15 Corte Constitucional, sentencias SU-159 de 6 de marzo de 2002, T-295 de 31 de marzo de 2005 y T-743 de 24 de julio de 2008 todas con ponencia del magistrado Manuel José Cepeda Espinosa, T-043 de 27 de enero de 2005, T-657 de 10 de agosto de 2006 ambas con ponencia del magistrado Marco Gerardo Monroy Cab ra, Corte Constitucional, sentencia T -686 de 31 de agosto de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, Corte11

Núm. único de radicación: 110010315000202301205-00

Actora: Ana Elena Castro Cabana

En estricto sentido, lo configuran los siguientes supuestos:

a. El fundamento de la decisión judicial es una norma que no es aplicable al caso concreto, por impertinente 16 o porque ha sido derogada 17, es inexistente 18, inexequible19 o se le reconocen efectos distintos a los otorgados por el Legislador20.

b. No se hace una interpretación razonable de la norma21.

c. Cuando se aparta del alcance de la norma definido en sentencias con efectos erga omnes22.

d. La disposición aplicada es regresiva23 o contraria a la Constitución24.

e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos

erga omnes22.

d. La disposición aplicada es regresiva23 o contraria a la Constitución24.

e. El ordenamiento otorga un poder al juez y este lo utiliza para fines no previstos en la disposición25.

f. La Decisión se funda en una interpretación no sistemática de la norma26.

g. Se afectan derechos fundamentales, debido a que el operador judicial sustentó o justificó de manera insuficiente su actuación.

Procederá entonces el amparo constitucional cuando se acredite la existencia de un defecto sustantivo, en cualquiera de los supuestos que se han presentado anteriormente […]”. (Resaltado por la Sala).

30. En ese orden de ideas, uno de los eventos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales es cuando el juez incurre en un defecto sustantivo por no haber aplicado la norma jurídica que servía como fundamento para el sentido de la decisión judicial.

31. Respecto del defecto sustantivo, la Corte Constitucional27, ha precisado que este se presenta cuando “[…] la autoridad judicial aplica una norma claramente inaplicable al caso o deja de aplicar la que evidentemente lo es, u opta por una

Constitucional, sentencias T -033 de 1 de febrero de 2010, y T -792 de 1 de octubre de 2010 ambas con ponencia del Dr. Jorge Iván Palacio Palacio. 16Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa. 17Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández

16Corte Constitucional, sentencia T-189 de 3 de marzo de 2005, M.P. Manuel José cepeda Espinosa. 17Corte Constitucional, sentencia T-205 de 4 de marzo de 2004, M.P. Clara Inés Vargas Hernández 18Corte Constitucional, sentencia T-800 de 22 de septiembre de 2006, M.P. Jaime Araujo Rentería 19Corte Constitucional, sentencia T-522 de 18 de mayo de 2001, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa 20Corte Constitucional sentencia SU-159 de 6 de marzo de 2002, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 21Corte Constitucional sentencias T-051 de 30 de enero de 2009, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa y T-1101 de 28 de octubre de 2005, M.P. Rodrigo Escobar Gil. 22Corte Constitucional, sentencias T-462 de 5 de junio de 2003, M.P. Eduardo Montealegre Lynnett, T-842 de 9 de agosto de2001, M.P. Álvaro Tafur Galvis, y T -814 de 19 de octubre de 1999, M.P Antonio Barrera Carbonell. 23Corte Constitucional, sentencia T-018 de 22 de enero de 2008, M.P. Jaime Córdoba Triviño. 24Corte Constitucional, sentencia T-086 de 8 de febrero de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa. 25Corte Constitucional, sentencia T-231 de 13 de mayo de 1994, M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 26Sentencia T-807 de 26 de agosto de 2004, M.P. Clara Inés Vargas. 27 Corte Constitucional, Sentencia SU-195 del 12 de marzo de 2012. M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.12

26Sentencia T-807 de 26 de agosto d