CE - 010315000202301251001SENTENCIA20230420172937

Demandante: Heder Iván Solórzano Zabala

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01251-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veinte (20) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Radicación N.º: 11001-03-15-000-2023-01251-00

Demandante: HEDER IVÁN SOLÓRZANO ZABALA

Demandado: CONSEJO DE ESTADO , SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN A

Temas: Tutela contra providencia judicial - Declara improcedente por no cumplir con el requisito de relevancia constitucionalExistencia de relaciones laborales encubiertas o subyacentes por contratos de prestación de servicios.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por el señor Heder Iván Solórzano Zabala contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito recibido en el despacho ponente el 10 de marzo de 2023 1 el

Segunda, Subsección A.

I. ANTECEDENTES

1.1. La demanda

1. Con escrito recibido en el despacho ponente el 10 de marzo de 2023 1 el señor Heder Iván Solórzano Zabala, a través de apoderada judicial, presentó acción de tutela c ontra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, con el fin de que sean amparados sus derechos fundamentales al debido Proceso, a la igualdad y al trabajo en condiciones de dignidad y justicia.

2. El accionante consideró vulneradas dichas garantí as constitucionales, con ocasión de la sentencia del 14 de julio de 2022, mediante la cual el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, revocó lo resuelto por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, en la providencia del 2 7 de julio de 2016, que accedió parcialmente a las pretensiones de su demanda.

3. Lo anterior, en el marco del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que instauró contra el Servici o Nacional de Aprendizaje - SENA, que

1 Radicado en el correo de recepción de tutelas y habeas corpus de la Rama Judicial el 9 de marzo de 2023.Demandante: Heder Iván Solórzano Zabala

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se identificó con el radicado N. º 25000-23-25-000-2010-00882-00/02.

1.2. Pretensiones

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“… 5.1. Amparar sus derechos fundamentales a un Debido Pro ceso, a la Igualdad y al Trabajo en condiciones de dignidad y justicia; como consecuencia de este amparo, se pide:

5.2. Dejar sin valor ni efecto jurídico alguno, la Sentencia proferida por el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administr ativo – Sección Segunda, Subsección A, el 14 de julio de 2022, en la Acción de Nulidad y Restablecimiento del Derecho promovida por el señor HEDER IVAN

SOLORZANO ZABALA contra el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE –

SENA.

5.3. Ordenarle a la Sala de lo Cont encioso Administrativo – Sección Segunda, Subsección A, del Honorable Consejo de Estado, en cabeza del Doctor RAFAEL FRANCIS CO SUAREZ VARGAS, como Magistrado Ponente, que profieran una nueva Sentencia, fundamentada en una valoración probatoria integral, que observe el Debido Proceso y atienda los postulados constitucionales y legales.

5.4. Tener en cuenta, para amparar los derechos fundamentales del accionante, los Precedentes de Unificación que sobre este tema ha

integral, que observe el Debido Proceso y atienda los postulados constitucionales y legales.

5.4. Tener en cuenta, para amparar los derechos fundamentales del accionante, los Precedentes de Unificación que sobre este tema ha desarrollado esa Corporación, en casos idé nticos, atendiendo para el efecto, los principios generales del derecho, la seguridad jurídica, el derecho a la igualdad y el principio de Favorabilidad, con el fin de conjurar la vía de hecho que ha configurado la Sentencia que se ataca con esta acción”. (Sic a toda la cita).

1.3. Hechos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El 26 de septiembre de 1996, el señor Heder Iván Solórzano Zabala ingresó al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA para prestar sus servicios como instructor en los programas de formación profesional que adelanta la entidad.

6. Luego, el actor suscribió con la mencionada institución sucesivos contratos de prestación de servicios, para cumplir sus funciones en los diferentes programas de formación hasta el 30 de noviembre de 2009.

7. El 28 de abril de 2010, el señor Solórzano Zabala interpuso una petición en la cual solicitó al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA reconocer la existencia de la relac ión laboral dependiente entre aquel y la entidad entre el 26 de septiembre de 1996 hasta el 30 de noviembre de 2009 y, como consecuencia deDemandante: Heder Iván Solórzano Zabala

Demandado: Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A.

septiembre de 1996 hasta el 30 de noviembre de 2009 y, como consecuencia deDemandante: Heder Iván Solórzano Zabala

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ello, reconociera y pagara las prestaciones y prerrogativas salari ales y laborales a las que consideró tiene derecho.

8. El 3 de junio de 2010, a través del Oficio -2010018618, el director de la entidad, Regional Distrito Capital resolvió de manera desfavorable las pretensiones invocadas por carecer de fundamento legal , pues no se encontraron probados los elementos que constituyen un contrato de trabajo; conforme lo establece el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo.

9. En consecuencia, el accionante presentó demanda el 29 de septiembre de 2010 en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Servicio N acional de Aprendizaje - SENA, con el propósito que se le reconociera la relación laboral con la mencionada entidad y el pago de los emolumentos adeudados.

10. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E , mediante sentencia de l 27 de julio de 2016, accedi ó parcialmente a las pretensiones de la demanda.

11. Lo anterior, por cuanto consideró que las obligaciones del demandante en su condición de instructor contratista se cumplieron de manera subordinada dado

parcialmente a las pretensiones de la demanda.

11. Lo anterior, por cuanto consideró que las obligaciones del demandante en su condición de instructor contratista se cumplieron de manera subordinada dado que la formación y capacitación educativa que impartió se realizó, según los testimonios, de acuerdo con los parámetros señalados por los coordinadores académicos y jefes de formación . De igual manera, resaltó que , los 36 contratos de pre stación de servicios suscritos en forma consecutiva demuestran que las funciones desempeñadas por el accionante no fueron de carácter transitorio o excepcional.

12. En consecuencia, declaró la nulidad del acto administrativo demandado, ordenó el reconocimient o y pago a favor del actor del equivalente a las prestaciones sociales que un trabajador de la misma categoría percibe, además hacer devolución al demandante de los aportes que hubiese consignado al sistema de Seguridad Social en salud, pensiones, riesgos laborales que conforme a la ley le correspondería como patrono, y negó las demás pretensiones de la demanda.

13. Frente la anterior decisión, se presentaron recursos de alzada por parte del señor Solórzano Zabala y por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

14. En segunda instancia, la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado, a través de fallo del 14 de julio de 2022, revocó la decisión del a quo y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda, tras señalar:

“Así, de acuerdo con la jur isprudencia del Consejo de Estado, entre contratante y contratista puede existir una relación de coordinación de actividades, donde el segundo es libre de someterse a las condiciones necesarias para el desarrollo

“Así, de acuerdo con la jur isprudencia del Consejo de Estado, entre contratante y contratista puede existir una relación de coordinación de actividades, donde el segundo es libre de someterse a las condiciones necesarias para el desarrollo eficiente de la actividad encomendada, tale s como el horario, recibir instrucciones y tener que reportar informes, pero ello no configura necesariamente el elementoDemandante: Heder Iván Solórzano Zabala

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de subordinación, pues se hace indispensable tener certeza sobre la constante sujeción a normas, reglamentos y directrices del contrat ante que le impidan al contratista actuar con total libertad en el cumplimiento de su labor.

Además, insiste la Sala que la actividad encomendada al contratista por parte de la entidad demandada se podía desarrollar con autonomía, por cuanto el señor Solórzano Zabala pudo ejercer, simultáneamente, su profesión al desarrollar encargos adicionales para instituciones de educación superior que lo vincularon como catedrático o profesor de planta.

En suma, no se demostró con suficiencia que el señor Solórzano Zabala estuviera sometido al ejercicio del ius variandi por parte de la entidad demandada, ni que sobre él se ejerciera el poder disciplinario que evidenciara la ejecución de su labor sin la autonomía propia de la relación contractual. (…)

Finalmente, hace énfasis la Sala en que aunque existió una relación contractual

sobre él se ejerciera el poder disciplinario que evidenciara la ejecución de su labor sin la autonomía propia de la relación contractual. (…)

Finalmente, hace énfasis la Sala en que aunque existió una relación contractual entre las partes por aproximadamente 13 años, durante el referido período no se logró acreditar el elemento de la subordinación continuada, indicio propio de las relaciones laborales, razón por que la temporalidad, en este caso, no resulta suficiente para acceder a las pretensiones de la demanda.

Así las cosas, esta Sala, a diferencia de lo expuesto por el a quo, no encuentra plenamente acreditado el elemento esencial de una relación labora l encubierta o subyacente entre la parte demandante y el Sena, esto es, la subordinación o dependencia continuada. En consecuencia, considera que la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca debe ser revocada.” (Sic a toda la cita)

15. Dicha providencia fue notificada personalmente el 21 de octubre de 2022.

1.4. Fundamentos de la vulneración

16. La parte actora señaló que la autoridad judicial accionada vulner ó sus derechos fundamentales al debido proceso, a la Igualdad y al trabajo en condiciones de dignidad y justicia , con ocasión de la sentencia del 14 de julio de 2022 por cuanto, de sus argumentos se puede extraer que , a su juicio, incurrió en un defecto fáctico y desconocimiento de precedente por las siguientes

razones:

17. En relación con el defecto fáctico afirmó que la autoridad judicial demandada desconoció las pruebas que forman parte del expediente, pues dejó de analizar algunas y otras fueron valoradas en forma equivocada, sin el análisis integral que ordenan los criterios de la sana crítica.

demandada desconoció las pruebas que forman parte del expediente, pues dejó de analizar algunas y otras fueron valoradas en forma equivocada, sin el análisis integral que ordenan los criterios de la sana crítica.

18. Sostuvo que se realizó una indebida valoración probatoria s obre el objeto de las ordenes y contratos de prestación de servicios y su duración, como un indicio claro de permanencia e inherencia de las actividades desarrolladas por él en el cumplimiento de la misión institucional de la entidad demandada en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho.

19. Lo anterior, teniendo en cuenta que dichos documentos evidencian que entre el demandante y el Servicio N acional de Aprendizaje – SENA, se suscribieron un total de 35 contratos, en el período comprendido entre el 26 deDemandante: Heder Iván Solórzano Zabala

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septiembre de 1996 y el 30 de noviembre de 2009, por lo que puede inferirse que no se trató de una relación o vínculo esporádico u ocasional, que requirió, como lo acreditan estos medios de prueba, de una continuidad de más de trece 13 años, lo que configura sin duda un indicio claro de permanencia en la entidad.

20. Indicó que los documentos antes mencionados demuestran que las labores ejecutadas por el accionante no solo hacen p arte de la misión de la entidad, sino

que configura sin duda un indicio claro de permanencia en la entidad.

20. Indicó que los documentos antes mencionados demuestran que las labores ejecutadas por el accionante no solo hacen p arte de la misión de la entidad, sino que, además, constituyen lo que el Consejo de Estado ha señalado como una “cadena o tracto negocial de carácter continuado y permanente” , que desborda el término “estrictamente indispensable” que consagra el artículo 3 2 de la Ley 80 de 1993, como justificante de la celebración de los contratos de prestación de servicios.

21. Alegó que la autoridad judicial accionada en la sentencia cuestionada valoró en forma equivocada los testimonios de los señores Silvio A lberto Galindo Parra, Jose Armin Lozano Caviedes, Nepomuceno Murillo Meléndez y Enrique Romero Contreras en relación con el horario en que el actor realizaba sus labores, ya que no tuvo en cuenta todo su contenido pues estos apuntaban a que el demandante sí estaba oblig ado a acatar las programaciones que la entidad le imponía para el desarrollo de su labor, de ac uerdo con las necesidades de los usuarios y con los programas de formación que se implementaban en cada período académico, los cuales, además, no eran susceptibl es de modificaciones por parte del instructor, ya fuera de planta o contratista, como de manera coinci dente lo señalaron los testigos, lo que indicaba la existencia de la relación de trabajo.

22. Adicionó que cumplió su trabajo como instructor, en forma inint errumpida y subordinada, desarrollando la labor educativa y de formación profesional, en horarios comprendidos entre las 06:00 a.m. y las 10:00 p.m., según la

22. Adicionó que cumplió su trabajo como instructor, en forma inint errumpida y subordinada, desarrollando la labor educativa y de formación profesional, en horarios comprendidos entre las 06:00 a.m. y las 10:00 p.m., según la programación efectuada por el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

23. Señalo que la entidad supervisó, orient ó, dirigi ó y control ó su labor como instructor, sin que pudi era actuar de manera autónoma e independiente, pues también le suministró los elementos necesarios que le permitieron formar a sus alumnos.

24. Adujó que l as funciones por él desarrolladas corresponden a las mismas que el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, asignó al personal de planta que presta el servicio de instrucción, el cual era renumerado en forma mensual de acuerdo con el número de horas de forma ción impartidas en cada perío do, razón por la cual es indiscutible que su cargo de instructor hace parte de los empleos de planta de la entidad , porque así lo determina no solo el acto a dministrativo que la conformó, sino el nombramiento provisional por el que inicialmente lo vincularon.

25. Respecto del desconocimiento del precedente explicó que la sentencia cuestionada omitió los criterios que la j urisprudencia ha desarrollado en casos similares, para determinar la existencia de una verdadera relación laboral, tras la formalidad de contratos de prestación de servicios, específicamente lo establecidoDemandante: Heder Iván Solórzano Zabala

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en la sentencia de unificación SUJ025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, en la cual se determinaron claramente las reglas que se deben tener en cuenta para establecer la existencia de un a relación laboral encubierta o subyacente por contrato de prestación de servicios.

1.5. Trámite de la acción de tutela

26. Mediante auto del 14 de marzo de 20232, se admitió la acción de tutela y se dispuso su notificación3 a la parte actora, así como a los magistrados del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A , como parte accionada, para que se refiriera a sus argumentos y rindieran el informe que consideraran pertinente.

27. Así mismo, se vinculó en calidad de terceros con interés jurídico de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E, como a quo del proceso ordinario y al Servici o Nacional de Aprendizaje - SENA, como entidad accionada, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, que originó la radicación de este trámite.4.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E

derecho, que originó la radicación de este trámite.4.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección E

28. Mediante documento allegado el 17 de marzo de 202 3, el magistrado ponente de la decisión de primera instancia dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho indicó que la acción de tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional pues este exige que el caso trate sobre un asunto de rango constitucional y no meramente legal o económico, por lo que solicitó que la acción constitucional se declarara improcedente.

29. Consideró que el demandante pretende controvertir decisiones que se tomaron en el proceso ordinario, y que fueron deb atidas y resueltas en las instancias procesales correspondientes, en las que se valora ron adecuadamente las pruebas obrantes en el expediente.

30. Sostuvo que al momento en que se profirió la decisión de primera instancia, el 27 de julio de 2016, se tuvieron en cuenta los fundamentos y la línea jurisprudencial vigente, sin embargo, en la actualidad, dicha posición ha cambiado y acogiendo los nuevos derroteros en relación con la prestación del servicio de los instructores, se han negado las pretensiones de la demanda, pues no se demuestra la subordinación necesaria para la declaratoria de la relación laboral.

2 Índice 5 del expediente digital en el aplicativo SAMAI. 3 Actuación realizada el 16 de marzo de 2023. 4 De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción d e tutela,

2 Índice 5 del expediente digital en el aplicativo SAMAI. 3 Actuación realizada el 16 de marzo de 2023. 4 De conformidad con las notificaciones obrantes en el expediente digital de la acción d e tutela, Índice 8, Oficio No. 23463, 23464, 23465, 23466 y 23467, el 16 de marzo de 2023.Demandante: Heder Iván Solórzano Zabala

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31. Finalmente, en virtud de la orden dada en el proveído de 14 de marzo de la presente anualidad, que admitió la solicitud de amparo, remitió al corr eo de la Secretaría General del Consejo de Estado, el expediente digitalizado del proceso identificado con el radicado No. 25000-2342-000-2010-00882-01.

1.6.2. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A

32. A través de correo electrónico enviado el 2 3 de marzo de 2023, el magistrado ponente de la decisión de segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho solicitó que se declare improcedente la presente acción constitucional por no cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

33. Aclaró que l os argumentos tenidos en cuenta para revocar la decisión de primera instancia se concretaron en que en el asunto objeto de debate no se

relevancia constitucional.

33. Aclaró que l os argumentos tenidos en cuenta para revocar la decisión de primera instancia se concretaron en que en el asunto objeto de debate no se estaba en presencia de una rela ción de sujeción, pues no existió certeza en el plenario de que la función desarrollada por el señor Solórzano Zabala en ejecución de su objeto contractual se hubiera desarrollado de forma subordinada o dependiente.

34. Así mismo, señaló que a partir de la lectura de las oblig aciones contractuales se observó que cada una de las actividades debía llevarse a cabo en atención a los lineamientos establecidos en cada uno de los contratos, consistentes básicamente en la formación de aprendices, el reporte de notas y acompañamiento a los estudiantes desde la etap a de ingreso al plan de estudio, por lo que no se le impusieron órdenes al actor, adicionales a las previst as en los objetos contractuales.

35. Adicionalmente, adujo que la actividad encomendada al actor contratista por parte de la entidad demandada se podía de sarrollar con autonomía, por cuanto el señor Solórzano Zabala pudo ejercer, simultáneamente, su profesión al llevar encargos adicionales. Así pues, no podría concluirse que la labor contratada exigiera de cierta exclusividad y que ocupara la mayor parte de l día productivo del demandante, pues hubo períodos por los cuales gozó de cierto espacio del que se podría inferir razonablemente que le permitía realizar otras actividades, como la docencia en la Corporación Universitaria Nacional; la Corporación Univers itaria Republicana, la Universidad Santo Tomás, entre otras instituciones

36. A pesar de que el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA fue

docencia en la Corporación Universitaria Nacional; la Corporación Univers itaria Republicana, la Universidad Santo Tomás, entre otras instituciones

36. A pesar de que el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA fue debidamente notificado, guardó silencio.Demandante: Heder Iván Solórzano Zabala

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

37. Esta Sala es competente para conocer de la presente demanda presentada por la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, el artículo 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 33 3 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

38. Lo anterior, por cuanto la acción de tutela se dirige contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A ; razón por la cual le corresponde a esta Corporación conoc er como máximo tribunal de la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

2.2. Problema jurídico

39. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentado s, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

39. Teniendo en cuenta la situación fáctica expuesta por la parte actora, los defectos formulados, el material probatorio recaudado y los informes presentado s, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

● ¿Se superan en el sub lite los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra providencia judicial?

40. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo

siguiente:

● ¿El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A vulneró los derechos fundamentales de la parte actora por incurrir en un desconocimiento del precedente y defecto fáctico, al proferir la sentencia del 14 de julio de 2022 que revocó la decisión de primera instancia, y en su lugar negó las pretensiones de la demanda instaurada contra el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho?

41. Para resolver los inter rogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados;

(iii) las generalidades de los defectos alegados; y (iv) el caso concreto.

2.3. Razones jurídicas de la decisión

2.3.1. Procedencia de la acción de tutela contra providencia judicialDemandante: Heder Iván Solórzano Zabala

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42. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20125 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación tenía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 6 y declaró su procedencia.7

43. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez y vi) subsidiariedad, es decir, agotamiento de lo s requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

44. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales q ue se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que

en la solicitud y de los derechos fundamentales q ue se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

45. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.3.2. Requisitos de procedibilidad adjetiva

2.3.2.1. Relevancia constitucional8

46. En relación con el aludido presupuesto general, la Sala cita co mo antecedente la sentencia de tutela del 20 de octubre de 2022 9 que replanteó la postura de esta Sección en atención al criterio fijado por la Corte Constitucional en la sentencia de unificación SU -215 de 16 de junio de 2022, por lo que declaró la improcedencia de la acción por no superar el requisito de relevancia constitucional

5 Ref.: Exp. No. 11001 -03-15-000-2009-01328-01. Acción de Tutela - Importancia jurídica. Actora: Nery Germania Álvarez Bello. C.P.: María Elizabeth García González. 6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra

6 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 7 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.” 8 Al respecto consultar Co nsejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia del 10.03.22. Rad. 11001 -03-15-000-2020-00822-00; Sentencia del 02.12.21, Rad. 11001-03-15-000-2021-07007-00. 9 Consejo de Estado, Sección Quin ta, sentencia del 20 de octubre de 2022, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad. 11001-03-15-000-2022-05003-00.Demandante: Heder Iván Solórzano Zabala

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ya que el actor no propuso ningún debate jurídico en torno a la trasgresión de algún derecho fundamental y lo que pretendía era someter nuevamente a discusión lo que analizó el juez natural de la causa.

2.3.2.1.1. Sentencia SU215 de 2022 de la Corte Constitucional, unificación de criterios en materia de relevancia constitucional10

discusión lo que analizó el juez natural de la causa.

2.3.2.1.1. Sentencia SU215 de 2022