CE - 010315000202301267001SENTENCIA20230525151132

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., diecinueve (19) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01267-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: CARLOS HERNANDO BARRERA BOHÓRQUEZ

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. EL ACTOR P RETENDE QUE EL JUEZ DE TUTELA HAGA UN NUEVO EXAMEN DEL RÉGIMEN

DE RESPONSABILIDAD APLICABLE AL ASUNTO, CON LA FINALIDAD

DE QUE SE CORRIJA EL ANÁLISIS QUE HIZO LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA Y SE ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONE FRENTE A LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD DE LA QUE FUE

OBJETO.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por el actor contra el

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1.

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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Actor: CARLOS HERNANDO BARRERA BOHÓRQUEZ

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Actor: CARLOS HERNANDO BARRERA BOHÓRQUEZ

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

El señor CARLOS HERNANDO BARRERA BOHÓRQUEZ, actuando en nombre propio y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicit ó la protección de su derecho fundamental al debido proceso y al principio de confianza legítima, los cuales, a su juicio, le s fueron vulnerados por el TRIBUNAL al haber proferido en segunda instancia la sentencia de 12 de septiembre de 2022, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 05001-33-33011-2016-00904-01.

I.2.- Hechos

Adujo que entre los años 2011 y 2015 fue procesado penalmente por las conductas de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación, debido a unas supuestas irregularidades en la ejecución de un contrato de apoyo en el Municipio de Ciudad Bolívar – Antioquia.3

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Sostuvo que mientras se surtió el proceso, estuvo privado de la

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Sostuvo que mientras se surtió el proceso, estuvo privado de la libertad por el término de casi diez (10) meses, esto es, desde el 26 de enero al 13 de noviembre de 2012 y, finalmente, en audiencia de juicio oral celebrada el 9 de noviembre de 2015 fue absuelto de todas las acusaciones.

Indicó que, como consecuencia de lo anterior, promovió junto con sus familiares demanda dentro del medio de control de reparación directa contra la NACIÓN -RAMA JUDICIALFISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , a la cual le fue asignado el número único de radicación 2016-00904-00.

Relató que el proceso correspondió por reparto al JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN que, mediante sentencia de 8 de febrero de 2019, denegó las pretensiones de la demanda al declarar probada la causal de exoneración de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, pues, a juicio de dicha autoridad judicial, sus actuaciones dieron lugar a que la entidad demandada iniciaría la correspondiente investigación en la cual fue afectada su libertad.

Refirió que, inconforme con lo anterior, interpuso recurso de4

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apelación que fue desatado por el TRIBUNAL que, mediante sentencia de 12 de septiembre de 2022, confirmó la decisión del a quo y, por tanto, dejó en firme la negativa a las pretensiones , pero por razones diferentes a la primera instancia, esto es, al estimar que no se logró demostrar la ausencia de antijuricidad del daño, con fundamento en una jurisprudencia novedosa en la cual se desechó el régimen de responsabilidad objetivo a título de daño especial para los casos de privación injusta de la libertad.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

A juicio del actor, la autoridad judicial accionada vulneró su derecho fundamental al debido proceso y el principio de confianza legítima, al aplicar el precedente de manera retroactiva para un proceso ya iniciado y fijado bajo unas reglas de imputación de responsabilidad diferentes a las aplicadas en el asunto bajo examen.

En efecto, destacó que reclamó los perjuicios por los daños sufrido s con fundamento en la jurisprudencia vigente al momento de la presentación de la demanda, por lo que solo debía demostrar que estuvo privado de la libertad y luego fue absuelto para que se declarara la responsabilidad del Estado, comoquiera que en estos5

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declarara la responsabilidad del Estado, comoquiera que en estos5

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casos la jurisprudencia es clara y pacífica en señalar que el régimen a aplicar es el objetivo a título de daño especial.

Para sustentar la solicitud de amparo, alegó que el TRIBUNAL incurrió en desconocimiento del precedente constitucional de las sentencias SU-406 de 2016 y T-044 de 2022 por medio de las cuales la Corte Constitucional ha sido enfática en advertir que el cambio jurisprudencial por parte del Consejo de Estado es válido y legítimo pero, al aplicarlo, los jueces de inferior jerarquía deben ser cuidadosos para respetar el debido proceso de las partes involucradas y valorar las particularidades del caso.

Adujo que para el momento en que se dictó el nuevo precedente, esto es, la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018, en el proceso de reparación directa objeto de controversia solo faltaba que se agotaran las etapas de alegatos en primera instancia, sentencia de primera instancia, la apelación y el resto de la segunda instancia, de tal forma que ya estaban agotadas las partes más relevantes del proceso en cuanto al planteamiento de los argumentos, la fijación del litigio y las pruebas, por lo que dicha jurisprudencia no era aplicable al asunto.6

de tal forma que ya estaban agotadas las partes más relevantes del proceso en cuanto al planteamiento de los argumentos, la fijación del litigio y las pruebas, por lo que dicha jurisprudencia no era aplicable al asunto.6

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Añadió que la autoridad judicial accionada también incurrió en defecto procedimental absoluto a l pretermitir materialmente las etapas de la demanda, fijación del litigio y pruebas del proceso precisamente al aplicar retrospectivamente el precedente restrictivo de la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018.

Lo anterior, comoquiera que para el momento de fallar a los jueces de instancia no les importó cambiar el estándar argumentativo y probatorio de análisis de un caso de privación injusta de la libertad por uno más rígido que exigía otras cargas a los demandantes.

I.4.- Pretensiones

El actor solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso y al principio de confianza legítima y, como consecuencia de lo anterior, que:

“[…] deje sin efectos la sentencia de segunda instancia del 12 de septiembre de 2022, proferida por el Tribunal de Administrativo de Antioquia, que confirmó la sentencia de primera instancia del 8 de febrero de 2019, emitida por el Juzgado 11 Administrativo de Medellín, dictadas en el proceso de reparación directa iniciado

de Antioquia, que confirmó la sentencia de primera instancia del 8 de febrero de 2019, emitida por el Juzgado 11 Administrativo de Medellín, dictadas en el proceso de reparación directa iniciado por Carlos Hernando Barrera y otros contra la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial bajo el radicado

05001333301120160090401. En su lugar, profiera una decisión de remplazo que conjure los defectos e irregularidades demostradas durante el trámite […]”.7

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I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que la sentencia cuestionada n o vulneró los derechos fundamentales de la actora, en la medida en que no se desconocieron las normas aplicables al caso, además, se dio aplicación a lo señalado por el Consejo de Estado en sentencia de 4 de diciembre de 2020.

Señaló que la decisión acusada estuvo soportada en un estudio razonable de las pruebas documen tales allegadas al trámite judicial y la normativa procesal que regula el medio de control de reparación directa.

Aseveró que en cualquiera de las tesis que ha aplicado la jurisprudencia sobre el asunto, siempre se ha señalado que para que proceda la decl aratoria de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, debe probarse que se presentó un daño antijurídico.

jurisprudencia sobre el asunto, siempre se ha señalado que para que proceda la decl aratoria de responsabilidad estatal por privación injusta de la libertad, debe probarse que se presentó un daño antijurídico.

Así las cosas, solicitó denegar el amparo deprecado, toda vez que la autoridad judicial accionada no incurrió en los yerros endil gados, pues en reiterados fallos del Consejo de Estado y de la Corte8

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Constitucional se ha sostenido que el título de imputación prevalente en los casos de privación injusta de la libertad es el de falla del servicio y no el objetivo.

I.6. Intervinientes

I.6.1.- El JUZGADO ONCE ADMINISTRATIVO ORAL DE MEDELLÍN indicó que se atiene a lo que se pruebe en la acción de tutela de la referencia, por lo que estará presto a cumplir de forma inmediata las decisiones que se adopten.

I.6.2.- La FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN precisó que la solicitud de amparo de la referencia resulta improcedente , comoquiera que no se cumple con los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencia judicial.

Sumado a ello, indicó que el TRIBUNAL al proferir el fallo acusado, respetó cada una de las garantías del actor, de tal forma que no se

la acción de tutela contra providencia judicial.

Sumado a ello, indicó que el TRIBUNAL al proferir el fallo acusado, respetó cada una de las garantías del actor, de tal forma que no se evidencia vulneración alguna del derecho fundamental al debido proceso, sino que lo pretendido es retrotraer las etapas que ya se surtieron en el proceso ordinario.9

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I.6.3.- La DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN solicitó denegar la solicitud de amparo de la referencia, toda vez que la providencia cuestionada está debidamente fundamentada en la sentencia SU-072 de 2018, proferida por la Corte Constitucional, que examinó el régimen de responsabilidad aplicable en los procesos de re paración directa que versan sobre presuntas privaciones injustas de la libertad.

Destacó que el actuar del actor fue la causa eficiente para verse inmerso en un proceso penal con la consecuente privación de su libertad, por lo que no es de tal acierto que el TRIBUNAL hubiese incurrido en los defectos endilgados, máxime cuando la providencia cuestionada está debidamente motivada, con fundamento en la normativa aplicable y el material probatorio allegado en su momento al proceso ordinario, por lo que el hech o de que la parte actora no

incurrido en los defectos endilgados, máxime cuando la providencia cuestionada está debidamente motivada, con fundamento en la normativa aplicable y el material probatorio allegado en su momento al proceso ordinario, por lo que el hech o de que la parte actora no comparta la decisión allí adoptada, no implica la vulneración de los derechos fundamentales.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia10

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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.11

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En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona12

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afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de

deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los pri ncipios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregula ridad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse com o crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente

irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse com o crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos qu e generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor13

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tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencia s proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por

no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencia s proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha s eñalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providenc ia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo14

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f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo14

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condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, el actor pretende que se deje sin efecto la sentencia de 12 de septiembre de 2022, proferida por el TRIBUNAL, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2016-00904-01.

TRIBUNAL, mediante la cual confirmó la decisión de primera instancia que denegó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2016-00904-01.

La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa presentada en el año 2016 por el actor y otros contra la NACIÓNRAMA JUDICIAL – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN , porque estimaban que hubo una injustificada privación de la libertad del15

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señor CARLOS HERNANDO BARRERA BOHÓRQUEZ.

El caso tiene su génesis en el hecho de que el señor CARLOS HERNANDO BARRERA BOHÓRQUEZ estuvo privado de la libertad por el término de casi diez (10) meses, esto es, desde el 26 de enero al 13 de noviembre de 2012 y, finalmente, en audiencia de juicio oral celebrada el 9 de noviembre de 2015 fue absuelto de todas las acusaciones.

El actor estima que al haber estado privado de la libertad y luego haber sido absuelto de las conductas que se le endilgaban, era claro que estaba comprobada la responsabilidad estatal.

A la providencia cuestionada el actor le atribuye la configuración de los defectos procedimental absoluto y desconocimiento del precedente jurisprudencial, dado que , en su sentir , el TRIBUNAL

que estaba comprobada la responsabilidad estatal.

A la providencia cuestionada el actor le atribuye la configuración de los defectos procedimental absoluto y desconocimiento del precedente jurisprudencial, dado que , en su sentir , el TRIBUNAL debió aplicar el régimen objetivo para resolver el asunto, por ser la tesis dispuesta al momento de la presentación de la demanda y no la prevista en la sentencia de unificación de 15 de agosto de 2018, la cual resultaba más rígida y exigía más cargas a los demandantes; sumado a ello, destacó que el fundamento del escrito de la demanda, las pruebas aportadas y la fijación del litigio se soportaron en el16

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régimen anterior, mientras que la controversia fue resuelta con la nueva tesis que no resultaba aplicable al asunto.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró el derecho deprecado e incurrió en los defectos procedimental absoluto y desconocimiento del precedente judicial alegados, al haber proferido la sentencia de 12 de septiembre de 2022.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tu tela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte

12 de septiembre de 2022.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tu tela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judi ciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios17

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de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de pre sente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional2, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».3

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la

constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».3

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación4, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela c ontra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta sentencia.

2 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 3 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 4 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.18

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La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad

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La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [5]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [6].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [7].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de