CE - 010315000202301326001SENTENCIA20230420104704

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de abril de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01326-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: SAÚL MARTÍNEZ SALAS

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR SUBSIDIARIEDAD. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIONES

ADMINISTRATIVAS PARTICULARES EMITIDAS EN EL TRÁMITE DE

UN CONCURSO DE MÉRITOS. NO SE ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE

UN PERJUICIO IRREMEDIABLE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, A LA

IGUALDAD Y AL ACCESO A CARGOS PÚBLICOS.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por el actor

contra la SALA ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE

LA JUDICATURA, la UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE

CARRERA JUDICIAL 1 y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE

COLOMBIA2.

1 En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL. 2 En adelante la UNIVERSIDAD.2

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Actor: SAÚL MARTÍNEZ SALAS

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Actor: SAÚL MARTÍNEZ SALAS

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I. – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor SAÚL MARTÍNEZ SALAS, actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a cargos públicos, los cuales, a su jui cio, le fueron vulnerados por la SALA

ADMINISTRATIVA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA

JUDICATURA, la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD al expedir las resoluciones CJR22 -0351 de 1o. de septiembre de 2022, CJR23-0046 de 16 de enero y CJR230060 de 7 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27.

I.2.- Hechos

Manifestó que se inscribió como aspirante al cargo de MAGISTRADO DE LA COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL dentro de la Convocatoria núm. 27 adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, emitido por3

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el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Indicó que, agotadas las etapas respectivas, mediante la Resolución núm. CJR22-0351 de 1o. de septiembre de 2022, la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL publicó los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos, en l as que obtuvo un puntaje no aprobatorio de 793,75.

Sostuvo que interpuso el recurso de reposición contra la referida decisión, el cual complementó una vez se efectuó la jornada de exhibición de la prueba, para impugnar las preguntas 53, 59, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 84, 87, 92, 93, 95, 97, 102, 104, 112, 119, 123, 126, 129 y 130 , entre otras razones, por tener doble respuesta válid a, errores en las claves, errores de redacción, errores jurídicos y por ser ajenas al objeto de evaluación.

Precisó que a través de las resoluciones CJR23-0046 de 16 de enero y CJR230060 de 7 de febrero de 2023, la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL confirmó el puntaje inicial.

I.3.- Fundamentos de la solicitud4

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Aclaró que el objeto de la presente tutela no es que se “[…] dé respuesta al recurso de reposición que interpuse (ya se dio respuesta, aunque no comparto las manifestaciones que se consignaron en ella), lo que estoy pidiendo es que una autoridad imparcial confronte los argumentos expuestos por mí y por la Universidad Nacional de Colombia, y, luego, determine a quién le asiste la razón. Es decir, busco que, teniendo en cuenta la vulneración de mis derechos fundamentales, el juez constitucional realice un análisis de fondo de las preguntas cuestionadas […]”.

Afirmó q ue el Consejo de Estado y la Corte Constitucional han manifestado que “[…] las decisiones que se dictan en el desarrollo de un concurso de méritos para la provisión de empleos constituyen actos de trámite […]”, por lo que en el presente asunto no resultaría procedente el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho como mecanismo para cuestionar las resoluciones en las que se determinó su puntaje en las pruebas de aptitudes y conocimientos.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:5

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“[…] PRIMERO: Tutelar mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos que están siendo vulnerados por el Consejo Superior de la Judicatura y por la Universidad Nacional de Colombia , entidades que han tenido como válidas: a) preguntas con dos opciones de respuestas correctas (aunque solo se acepta una de ellas); b) preguntas en las que la respuesta correcta no estaba en las opciones de respuestas; c) preguntas formuladas en forma amb igua, imprecisa o con insuficiencia de información; d) preguntas con enunciados y/o opciones de respuestas mal redactadas; e) preguntas con enunciados y/o opciones de respuesta con errores jurídicos; f) preguntas ajenas a los ejes temáticos objeto de evaluación; y g) sobre todo, preguntas con interpretaciones literales de la ley disciplinaria, desconociendo la Constitución Política, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la jurisprudencia constitucional.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior , se ordene al Consejo Superior de la Judicatura que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, proceda a expedir un nuevo acto administrativo de trámite con el fin de corregir la actuación administrativa vu lnerante de mis derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos y, en consecuencia, proceda a publicar el nuevo resultado de la prueba de aptitudes y conocimientos de la convocatoria 27, incluyendo, por supuesto, los resultado s

derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a cargos públicos y, en consecuencia, proceda a publicar el nuevo resultado de la prueba de aptitudes y conocimientos de la convocatoria 27, incluyendo, por supuesto, los resultado s obtenidos por los aspirantes al cargo de magistrado de Comisión Seccional de Disciplina Judicial, para lo cual deberá excluirse y/o eliminarse las siguientes preguntas con falencias, cuyos cuestionamientos consigno en el archivo anexo

denominado LOS ERRORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS

HUMANAS […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL adujo que n o ha vulnerado los derechos fundamentales invocados por el accionante, dado que las inconformidades que planteó en el recurso de reposición6

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al que alude fueron atendidas en los puntos 17, 18 y 35 de la Resolución CJR23-0046 de 16 de enero de 2023 y en la Resolución CJR23-0060 de 07 de febrero de 2023, con base en la información proporcionada por la UNIVERSIDAD, como operadora técnica de la prueba.

Apuntó que en aplicación de los principios de eficiencia, celeridad y economía que gobiernan las actuaciones administrativas, “[…] los recursos fueron resueltos en una sola resolución por cargo, mediante

prueba.

Apuntó que en aplicación de los principios de eficiencia, celeridad y economía que gobiernan las actuaciones administrativas, “[…] los recursos fueron resueltos en una sola resolución por cargo, mediante categorías numeradas que agruparon cada uno d e los temas planteados y con un análisis particular sobre cada escrito, en donde las objeciones coinciden con los ítems desarrollados en el cuerpo del acto administrativo […]”.

Afirmó que el accionante presentó la acción de tutela identificada con el número único de radicación 110010315000 2023 00405 00, con la finalidad de que se amparara su derecho de petición y se ordenara responder de fondo cada uno de los cuestionamientos que había presentado en el recurso de reposición aludido.

Agregó que dicha acción fue resuelta por la SECCIÓN QUINTA de esta Corporación que, mediante sentencia de 23 de febrero de 2023,7

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declaró hecho superado.

Precisó que la acción de tutela resulta improcedente para cuestionar actos administrativos “[…] que por su propia naturaleza se encuentran amparados por el principio de legalidad, partiendo del presupuesto que la administración, al momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada […]”.

I.5.2.- La UNIVERSIDAD sostuvo que precisamente a través de las

presupuesto que la administración, al momento de manifestarse a través de un acto, debe acatar las prerrogativas constitucionales y legales a las que se encuentra subordinada […]”.

I.5.2.- La UNIVERSIDAD sostuvo que precisamente a través de las resoluciones que el actor cuestiona ba, dio una respuest a clara, completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes invocados en su recurso de reposición.

Arguyó que, en todo caso, “[…] la acción de tutela no es el mecanismo idóneo para atacar actos administrativos, en especial, por inconformidades particulares que no devienen de una vulneración directa a los derechos fundamentales del accionante […]”.

Agregó que la acción de tutela tampoco es el mecanismo idóneo para controlar eventuales irregularidades por parte de la administración, puesto que el aspirante debe acudir a los medios jurídicos propios8

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dispuestos para dicho fin, máxime cuando no se advierte la existencia de un perjuicio irremediable.

Destacó que, en su sentir, “[…] la presente acción de tutela fue interpuesta más de dos meses despu és de la publicación del acto administrativo cuestionado por el señor Martínez Salas y con el cual, en su sentir, se le vulneran sus derechos; espacio de tiempo que rebasa el término prudente y razonable si se considera la existencia de una presunta violac ión de derechos por parte de las accionadas

en su sentir, se le vulneran sus derechos; espacio de tiempo que rebasa el término prudente y razonable si se considera la existencia de una presunta violac ión de derechos por parte de las accionadas […]”.

I.5.3.- El señor DOMINICK CYBULKIEWICZ ACUÑA, con ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de selección origen de la controversia, puso de presente que también es participante en la Convocatoria núm. 27 y manifestó que intervenía con “[…] el fin de coadyuvar la solicitud del accionante […]”.

Sostuvo que “[…] ni la Unidad de Administración de Carrera Judicial, ni la Universidad Nacional de Colombia se han preocupado por estudiar cada uno de los argumentos que planteamos los aspirantes al momento de interponer los recursos de reposición contra el acto9

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administrativo por medio del cual se publicaron los resultados de la prueba de aptitudes y conocimientos […]”.

Manifestó que, en efecto, la prueba tuvo inconsis tencias, dado que por ejemplo la pregunta 69 era descontextualizada, porque pese a tener relación con la teoría general de l proceso, fue formulada a todos los concursantes, sin tener en cuenta que su desarrollo no es igual en todas las especialidades.

Comentó que las autoridades accionadas desconocieron su deber de motivar sus actos administrativos, como garantía para que sus

todos los concursantes, sin tener en cuenta que su desarrollo no es igual en todas las especialidades.

Comentó que las autoridades accionadas desconocieron su deber de motivar sus actos administrativos, como garantía para que sus destinatarios puedan ejercer su derecho de defensa.

I.5.4.- El señor FRANCISCO JAVIER CARVAJAL TRUJI LLO, con ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de selección origen de la controversia, puso de presente que también es participante en la Convocatoria núm. 27 y solicitó que se aceptara su intervención para que se revisaran los reproches que formuló en sede administrativa contra el puntaje que le fue asignado.

Indicó que en el recurso de reposición que formuló contra la decisión10

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en la que se le asignó el puntaje, cuestionó las preguntas 53, 59 y 62, “[…] sin embargo la Universidad Nacional en una explicación poco convincente confirmó la decisión de no aceptar mi argumento […]”.

Por último, solicitó que “[…] el Consejo de Estado revise dichas respuestas, para lo cual anexo el texto de la sustentación de recurso de reposición […]”.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

respuestas, para lo cual anexo el texto de la sustentación de recurso de reposición […]”.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Cuestión previa11

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Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sala se pronunciará respecto de la solicitud de coadyuvancia presentada por el señor DOMINICK CYBULKIEWICZ ACUÑA y la intervención del señor

FRANCISCO JAVIER CARVAJAL TRUJILLO.

La coadyuvancia está prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19913, en el cual se establece que las personas que tengan un interés legít imo en el resultado del proceso también pueden intervenir en el mismo para coadyuvar u oponerse a las pretensiones de la demanda.

Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al

que tengan un interés legít imo en el resultado del proceso también pueden intervenir en el mismo para coadyuvar u oponerse a las pretensiones de la demanda.

Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto 306 de 19 de febrero de 1992 4, prevé que las personas que tengan relación sustancial con una de las partes del proceso pueden intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia.

Apropósito de la Convocatoria núm. 27, en sentencia SU 067 de 24 de febrero de 2022, con ponencia de la Magistrada Paola Andrea

3 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”. 4 “Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.12

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Meneses Mosquera, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones en relación con la figura de la coadyuvancia e intervinientes en este tipo de asuntos, así:

“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en los procesos bajo revisión

75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al análisis anunciado, la Sala Plena encuentra necesario analizar un asunto previo, que incide en los efectos de la decisión que habrá

los procesos bajo revisión

75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al análisis anunciado, la Sala Plena encuentra necesario analizar un asunto previo, que incide en los efectos de la decisión que habrá de adoptarse en esta oportunidad. Esta cuestión tiene origen en la ingente cantidad de intervenciones que se han presentado, durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo revisión, por personas que se encuentran en una situación similar a la de los demandantes.

76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El inciso segundo del artículo trece del Decreto 2591 de 1991 establece que la persona que tenga «un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él», para respaldar las pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela [32]. La jurisprudencia constitucional ha definido la coadyuvancia en los procesos de tutela como «la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela»[33]. En este sentido, ha considerado que los coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a estas[34].

77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de tutela, que se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertido que la coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole13

la acción de tutela, que se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertido que la coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole13

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jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien actúa empleando este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de una parte, no puede actuar en contra de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permiti das y, en todo caso, no puede afectar a la parte , pues de la esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36]. De lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se encuentran sometidas a límites, que surgen de la propia naturaleza de la institución procesal que permite su intervención en la causa judicial.

78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por la vía de la coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso analizar la posibilidad de modificar, por esta vía, el problema

en la causa judicial.

78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por la vía de la coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso analizar la posibilidad de modificar, por esta vía, el problema jurídico planteado en la acción de tutela, mediante la formulación de argumentos y razonamientos distintos a los planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la Sentencia T -1062 de 2010. En dicha ocasión, la Corte conoció una acción de tutela que fue coadyuvada por terceros que tenían un interés legítimo en la decisión. En calidad de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los que fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones específicas, que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. Al analizar este asunto, la Corte manifestó lo

siguiente:

[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la14

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coadyuvancia [énfasis fuera de texto].

79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte acotó en los siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo esa calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones que hace la parte demandante […], razón por la cual, el pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se pronunciará respecto de aquellos que difieran o no hagan parte en ésta » [énfasis fuera de texto].

80. Conclusión en el caso concreto. Durante el trámite de instancia de los expedientes T -8.252.659 y T -8.258.202, se recibió un número ingente de escritos de personas que coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran mayoría, se trataba de aspirantes que, al igual que los accionantes, superaron la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el 2 de diciembre de 2018. Los intervinientes manifestaron su respaldo a las pretensiones formuladas en los procesos bajo revisión, plantearon diversos argumento s contra la Resolución CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el reconocimiento de dictámenes periciales preparados por ellos y reclamaron la extensión de los efectos de esta providencia, a

CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el reconocimiento de dictámenes periciales preparados por ellos y reclamaron la extensión de los efectos de esta providencia, a través de los dispositivos establecidos con dicho propósito por la jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).

81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de coadyuvante tiene vedado «realizar planteamientos distintos […] que difieran de los hechos por el demandante» [37], la Sala Plena centrará su atención en los argumentos planteados en las cuatro acciones de tutela que aquí se revisan. Por consiguiente, en cuanto a las peticiones elevadas por los intervinientes, únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder la extensión de los efectos de esta sentencia. Tal petición debe ser resuelta como consecuencia de la jurisprudencia constitucional que impone este remedio cuando el principio de igualdad así lo exige […]”. (Destacados originales)15

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Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a estas, más no para hacer valer sus propias demandas.

Además, en los asuntos en que se presenten coadyuvancias o

personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a estas, más no para hacer valer sus propias demandas.

Además, en los asuntos en que se presenten coadyuvancias o intervenciones, el estudio de los casos solo debe limitarse a los fundamentos formulados por las partes, sin que haya lugar a pronunciarse respecto de aquellos que difieran o no hagan parte de sus argumentaciones.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que aceptará la solicitud de coadyuvancia del señor DOMINICK CYBULKIEWICZ ACUÑA , comoquiera que su intervención está encaminada a apoyar l a solicitud de amparo de la referencia, no obstante, el análisis del caso versará sobre los argumentos planteados por el actor.

En relación con el señor FRANCISCO JAVIER CARVAJAL TRUJILLO, la Sala advierte que denegará las solicitudes que elevó en su intervención, como quiera que su finalidad no es apoyar la solicitud de amparo del actor, sino que se estudien los reproches que16

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formuló en nombre propio en el recurso de reposición que interpuso contra las decisiones en las que se le asignó el puntaje de las pruebas de aptitudes y conocimientos.

Caso concreto

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

de aptitudes y conocimientos.

Caso concreto

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19915. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y al acceso a cargos públicos, los cuales, a su juicio, le

5 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».17

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fueron vulnerados por las autoridades judiciales accionadas, al expedir las resoluciones CJR22-0351 de 1o. de septiembre de 2022, CJR23-0046 de 16 de enero y CJR230060 de 7 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado dentro de la Convocatoria núm. 27.

CJR23-0046 de 16 de enero y CJR230060 de 7 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado dentro de la Convocatoria núm. 27.

A través de las referidas decisiones se asignó el puntaje de las pruebas de aptitudes y conocimientos al actor y se resolvió el recurso de reposición que formuló frente a dicha decisión.

El actor pretende que a través de la presente acción de tutela se resuelva sobre la legalidad de las resoluciones aludidas, de cara a los reproches que formuló en su recurso de reposición en sede administrativa, en relación con cada una de las preguntas qu e cuestionó de su examen de aptitudes y conocimientos.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala consiste en establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, determinar si las autoridades accionadas vulneraron los derechos deprecados por el actor al expedir las resoluciones CJR220351 de 1o. de septiembre de 2022, CJR23 -0046 de 16 de enero y18

Número único de radicación: 110010315000-2023-01326-00

Actor: SAÚL MARTÍNEZ SALAS

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CJR230060 de 7 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra

adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27.

En ese orden de ideas, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, en especial, el requisito de la subsidiariedad.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales , salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable . La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo anterior signifi