CE - 010315000202301350001SENTENCIA20230509162236

Radicación: 11001 03 15 000 2023 01350 00

Accionante: EDUARDO ALBERTO MENDOZA QUINTERO

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001 03 15 000 2023 01350 00

Accionante: EDUARDO ALBERTO MENDOZA QUINTERO

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL ATLÁNTICO, SECCIÓN

C, Y OTRO

Tesis: La acción de tutela es improcedente por ausencia de relevancia constitucional cuando de lo expuesto por la parte actora no se advierte la afectación del núcleo esencial de los derechos fundamentales invocados.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por el señor Eduardo Alberto Mendoza Quintero contra el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, y el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Eduardo Alberto Mendoza Quintero solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso , que estim ó vulnerado con ocasión de las sentencias del 22 de octubre de 2021, proferida por el

I. SÍNTESIS DEL CASO

El señor Eduardo Alberto Mendoza Quintero solicitó el amparo de su derecho fundamental al debido proceso , que estim ó vulnerado con ocasión de las sentencias del 22 de octubre de 2021, proferida por el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla, y del 19 de agosto de 2022, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, que denegaron las pretensiones de la demanda de reparación directa que promovió contra el distrito de Barranquilla y la Empresa de Desarrollo Urbano de Barranquilla y la Región Caribe S.A. (Edubar S.A.) 1.

El demandante relató como hechos que antecedieron a esta acción de tutela que promovió demanda de reparación directa contra el Distrito de

1 Proceso que se identificó con el radicado 08-001-23-33-008-2017-00090-01.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01350 00

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Barranquilla y la empresa Edubar S.A. , con la finalidad de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados por la demolición del centro comercial San Andresito de esa ciudad , en el que él ejercía la actividad mercantil en varios locales.

Sin embargo, mediante sentencia del 22 de octubre de 2021, el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla denegó las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada en se gunda instancia por el

mercantil en varios locales.

Sin embargo, mediante sentencia del 22 de octubre de 2021, el Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla denegó las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada en se gunda instancia por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, mediante proveído del 19 de agosto de 2022.

En su escrito de tutela, el actor a legó que la responsabilidad de la administración y los perjuicios reclamados en e l proceso de reparación directa estaban debidamente soportados con las pruebas recaudadas a lo largo de la actuación, las cuales únicamente aparecieron enunciadas en las providencias controvertidas, pero no fueron valoradas. No obstante, solo mencionó de manera específica la prueba pericial practicada por el arquitecto Alfredo Ángel Molina Pérez, aunque no dijo cuál fue su objeto. Además, adujo que las decisiones atacadas configuraron una vía de hecho y un “efecto sustantivo”.

Por último, citó en extenso la jurisprudencia de la Corte Constitucional, relacionada con los requisitos generales y específicos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. El titular del Juzgado Octavo Administrativo de Barranquilla contestó la demanda y expuso que la sentencia proferida el 22 de octubre de 2021 denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa porque las resoluciones EDU-13-0242 de 13 de agosto de 2013 y EDU13-0370 del 12 de septiembre de 2013, a través d e las cuales se

de 2021 denegó las pretensiones de la demanda de reparación directa porque las resoluciones EDU-13-0242 de 13 de agosto de 2013 y EDU13-0370 del 12 de septiembre de 2013, a través d e las cuales se reconoció y ordenó el pago de la compensación por la demolición del centro comercial San Andresito , gozaban de presunción de legalidad, la cual no fue desvirtuada en el proceso.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01350 00

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Adicionalmente, dijo que la sentencia le aclaró al accionante que no era posible que las entidades demandadas le hicieran una oferta de compra por los locales que ocupaba, pues no se estaba dando aplicación a la figura de la expropiación por vía administrativa, si se tiene en cuenta que él no era el propietario de esos inmuebles, los cuales eran bienes fiscales de propiedad del Distrito de Barranquilla. Por lo tanto, solo tenía derecho al reconocimiento de las mejoras que le fueron efectivamente reconocidas.

2.2. El Tribunal Administrativo del Atlántico guardó silencio.

2.3. El Distrito de Barranquilla, por intermedio de apoderado judicial, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva, por que esa entidad territorial no incurri ó en vulneración de ninguno de los derechos fundamentales del demandante, máxime cuando lo que se cuestiona son las decisiones proferidas por el Juzgado 8º Administrativo de Barranquilla y

territorial no incurri ó en vulneración de ninguno de los derechos fundamentales del demandante, máxime cuando lo que se cuestiona son las decisiones proferidas por el Juzgado 8º Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, autoridades que actúan con autonomía e independencia.

Señaló que la acción de tutela contra providencias judiciales no puede convertirse en una tercera instancia, m enos aun cuando, como en este caso, no se cumplen los requisitos generales y específicos de procedibilidad. En tal sentido arguyó que el demandante desconoce que la tutela fue creada para dirimir conflictos de relevancia constitucional, lo que no se cumple en este caso, pues el debate debe ser dirimido únicamente por la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1. COMPETENCIA

De conformidad con lo previsto por el numeral 5º del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 del 26 de mayo de 2015, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 2021, y en virtud del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que asigna aRadicación: 11001 03 15 000 2023 01350 00

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esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

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esta Sección el conocimiento de estas acciones constitucionales, esta Sala es competente para conocer del presente asunto.

3.2. HECHOS

3.2.1. El señor Eduardo Alberto Mendoza Quintero presentó demanda de reparación directa contra el distrito de Barranquilla y la empresa Edubar S.A., con el fin de obtener la reparación de los perjuicios ocasionados por la demolición del centro comercial San Andresito, lugar en el que él ejercía la actividad mercantil en dos locales.

3.2.2. El asunto fue resuelto en primera instancia por el Juzgado 8º Administrativo de Barranquilla, mediante fallo de octubre 22 de 2021, que denegó las pretensiones de la demanda , al considerar que no estaba configurado el daño antijurídico porque el actor no era el propietario de los locales y porque la administración le había reconocido la compensación correspondiente a las mejoras realizadas en los locales que él explotaba.

3.2.3. El demandante apeló la anterior decisión y, mediante fallo de agosto 19 de 2022, el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, la confirmó, básicamente por las mismas razones.

3.2.4. El señor Eduardo Alberto Mendoza Quintero interpuso acción de tutela contra el Juzgado 8º Administrativo de Barranquilla y el Tribunal Administrativo del Atlántico, al considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso por las providencias del 22 de octubre de 2021 y el 19 de agosto de 2022.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de

fundamental al debido proceso por las providencias del 22 de octubre de 2021 y el 19 de agosto de 2022.

3.3. ANÁLISIS DE LA SALA

3.3.1. Análisis del cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales

El análisis de las acciones de tutela contra providencias judiciales exige una cuidadosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, con el fin de evitar que este instrumento excepcional se convierta en unaRadicación: 11001 03 15 000 2023 01350 00

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manera de desconocer principios constitucionales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial.

3.3.1.1. Frente al requisito general de relevancia constitucional

La Corte Constitucional, en la sentencia C –590 de 2005, al sintetizar los requisitos generales y especiales de procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, más tarde acogidos también por esta corporación2, indicó que un asunto sometido al estudio del juez de tutela tiene relevancia constitucional cuando “se plantea una confrontación de la situación suscitada por la parte accionada con derechos de carácter constitucional fundament al, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más r ecientemente, con la sentencia SU -215 de 2022 3, la Corte

constitucional fundament al, por cuanto los debates de orden exclusivamente legal son ajenos a esta acción pública”.

Más r ecientemente, con la sentencia SU -215 de 2022 3, la Corte Constitucional hizo énfasis en “la necesidad de que la acción de tutela contra providencias judiciales satisfaga el requisito de relevancia constitucional, el cual encuentra su razón de ser en el carácter subsidiario de dicha acción y en la especialidad tanto de los jueces de tutela como de los jueces ordinarios”. Consideración a la cual agregó que:

“[…] En esta línea, el simple alegato de la vulneración a los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la justicia no es suficiente para cumplir con el requisito de relevancia constitucional, pues se requiere demostrar de manera razonable una restricción desproporcionada a los derechos mencionados. […]”.

En este caso, la parte actora invocó la protección del derecho fundamental al debido proceso, pidiendo que se dejen sin efectos las sentencias del 22 de octubre de 2021, proferida por el Juzgado 8º Administrativo de Barranquilla, y del 19 de agosto de 202 2, dictada por el Tribunal Administrativo del Atlántico, Sección C, que denegaron las pretensiones de la demanda de reparación directa que promovió contra el distrito de Barranquilla y Edubar S.A., la cual se identificó con el radicado 08 -00123-33-008-2017-00090-01.

2 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González).

2 Corte Constitucional, sentencia C-590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño). Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia de unificación julio 31 de 2012 (C. P. María Elizabeth García González). 3 M. P. Natalia Ángel Cabo.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01350 00

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Por ello, corresponde a la Sala examinar, en primer términ o, si en este caso estaría cumplido el requisito de relevancia constitucional, y para ello se detendrá en los criterios que la jurisprudencia ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, para luego, analizarlos con respecto al caso concreto.

3.3.1.2. Los criterios que la jurisprudencia constitucional ha desarrollado para identificar que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional

En la referida sentencia C–590 de 2005, la Corte Constitucional indicó que el primero de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial es que la cuestión que se discute resulte de evidente relevancia constitucional. En ese sentido, señaló que “el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrar se en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia,

constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrar se en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes”.

Lo anterior implica que el juez de tutela tiene el deber de expresar claramente las razones por las cuales el asunto planteado tiene relevancia constitucional, pues si no lo hace, corre el riesgo de involucrars e en aspectos que solo corresponde resolver al juez natural y, precisamente, esta es la circunstancia que busca evitar el examen del requisito de relevancia constitucional.

Así, en la sentencia C–590 de 2005, la Corte precisó que “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra”.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01350 00

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A partir de esta sentencia, el concepto de la relevan cia constitucional ha sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–573 de 2019 4, el alto tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:

sido decantado por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. En sentencia SU–573 de 2019 4, el alto tribunal explicó que este requisito persigue tres finalidades:

(i) Restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales.

(ii) Preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad.

(iii) Impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

Estas finalidades fueron también reiteradas por la Corte Constitucional en la citada sentencia SU-215 de 2022, decisión en la cual, además, expuso la clave que sirve al juez de tutela para aplicarlas, cual es “el correcto entendimiento de los hechos y del problema jurídico” 5.

3.3.1.3. Las cuestiones de relevancia constitucional

Frente a la primera finalidad señalada, esto es, restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de clara relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, en la sentencia SU-573 de 2019, la Corte explicó que el elemento de la relevancia tiene el siguiente alcance:

“[…] “el caso [debe involucrar] algún debate jurídico que gir[e] en torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. La Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una ‘clara’, ‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia constitucional, dado que el único

torno al contenido, alcance y goce de algún derecho fundamental”. La Corte ha sostenido al unísono que la cuestión debe revestir una ‘clara’, ‘marcada’ e ‘indiscutible’ relevancia constitucional, dado que el único objeto de la tutela es la protección efectiva, inmediata y subsidiaria de los derechos constitucionales fundamentales. Por tal razón, es necesario que ‘la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental’. Esto

4 M. P. Carlos Bernal Pulido. Este criterio ha sido luego reiterado en las sentencias SU-128 de 2021 y SU-103 de 2022 5 Dijo la Corte: “a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii) la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso indebido de la acción como una ins tancia adicional de los procesos adelantados ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de naturaleza eminentemente legal”.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01350 00

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significa que el asunto debe ser trascendente para (i) ‘la interpretación del estatuto superior’, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales.

significa que el asunto debe ser trascendente para (i) ‘la interpretación del estatuto superior’, (ii) su aplicación, (iii) desarrollo eficaz y (iv) la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales. Lo anterior, exige al juez ‘indicar con toda claridad y de forma expresa por qué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes’ […]”. [Se destaca].

De lo anterior se desprende que la comprensión que la jurisprudencia constitucional le ha dado a este primer elemento de la relevancia consiste en que la acción de tutela que se promueve contra providencia judicial proponga un debate sobre el contenido, alcance o goce de un derecho fundamental o que el caso concreto, en los términos del fallo SU -215 de 2022, tenga “entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o un derecho fundamental”, pues solo así se podrá establecer que el asunto es evidentemente de naturaleza constitucional. Ello quiere significar que, quien interpone una acción de tutela, debe identificar cuál es el derecho fundamental que estima afectado y explicar los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada lo está vulnerando.

En consonancia con lo dicho, la Corte Constitucional, en el fallo SU -573 de 2019, manifestó que “la acreditación de esta exigencia [el requisito de relevancia constitucional], más allá de la mera adecuación del caso a un lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca]. Este criterio fue luego

lenguaje que exponga una relación con derechos fundamentales, supone justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada a un derecho fundamental, que no es lo mismo que una simple relación con aquel”. [Se destaca]. Este criterio fue luego reiterado en los fallos SU -128 de 2021 6, SU -103 de 2022 7, y más recientemente en la ya citada sentencia SU-215 de 2022.

En la última de estas sentencias de unificación, en la cual se revisó el fallo de segunda instancia que esta Sala dictó el 20 de agosto de 2021, en el trámite de la acción de tutela formulad a por una sociedad contra la sentencia proferida el 4 de marzo de 2021 por la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por presunta violación de los derechos al debido

6 M.P. Cristina Pardo Schlesinger. 7 M.P. Alejandro Linares Cantillo.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01350 00

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proceso y acceso efectivo a la administración de justicia, la Corte explicó que la cuestión discutida en esa ocasión no tenía relevancia constitucional toda vez que la parte actora pretendía que el significado de los derechos invocados se tradujera en “una decisión favorable a través de la imposición de una lectura alternativa del litigio que derive en la anulación de las liquidaciones oficiales de revisión que profirió la DIAN sin que ello sea un asunto de interés general”.

imposición de una lectura alternativa del litigio que derive en la anulación de las liquidaciones oficiales de revisión que profirió la DIAN sin que ello sea un asunto de interés general”.

Además, en un pronunciamiento anterior, esto es, en la sentencia T -422 de 2018 8, la Corte Constitucional confirmó una de cisión de la Sección Primera del Consejo de Estado que había declarado improcedente la acción de tutela por no cumplir con los requisitos de relevancia constitucional e inmediatez. En cuanto a la relevancia, en esa ocasión la Corte indicó, entre otras razones, que dicho requisito no estaba cumplido por cuanto: “si bien la parte actora asegura que las providencias demandadas desconocen sus derechos fundamentales, la relevancia constitucional de un asunto no se determina con la mera enunciación de los derecho s fundamentales presuntamente comprometidos, sino mediante la acreditación razonable de una presunta amenaza o vulneración de los mismos”. [Se destaca].

El criterio jurisprudencial contenido en los fallos T –422 de 2018, SU-573 de 2019, SU -128 de 2021, SU -103 y SU -215 de 2022, entre otros, consistente en que, para superar el requisito de relevancia, no basta con la mera enunciación de los derechos fundamentales, sino que supone por parte del actor la carga de justificar razonablemente la existencia de una restricción prima facie desproporcionada de un derecho fundamental, evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que, para la acreditación de este primer elemento que integra la relevancia constitucional, la parte interesada, en el escrito de tutela, (1) invoque la

evidencia que es precisamente esa la razón por la cual es necesario que, para la acreditación de este primer elemento que integra la relevancia constitucional, la parte interesada, en el escrito de tutela, (1) invoque la vulneración de derechos fundamentales, (2) exponga los motivos por los cuales considera que la sentencia atacada está vulnerando tales derechos fundamentales, y (3) compruebe que la transgresión supone un atentado

8 M.P. Carlos Bernal Pulido.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01350 00

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contra el núcleo esencial de los derechos invocados, requisitos que exigen del juez de tutela un examen de los motivos aducidos por la parte actora para afirmar que hay amenaza o vulneración de un derecho fundamental, comparadas con el núcleo esencial del mismo.

Ello es así porque, solo si la vulneración del derecho acontece en lo que se denomina su núcleo esencial, es posible advertir que el caso reviste la relevancia o trascendencia necesarias para permitir que, por vía de este mecanismo, se logre exceptuar en un juicio constitucional el principio de cosa juzgada que orienta todo el andamiaje institucional en el que se funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional con la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de

funda nuestro sistema jurídico. Con este propósito, el juez no podrá limitarse a convalidar el requisito de la relevancia constitucional con la sola mención de un derecho fundamental, pues deberá evaluar si, de acuerdo con los argumentos expresados en el escrito correspondiente, hay amenaza o violación efectiva del mismo.

El núcleo esencial de un derecho fundamental ha sido entendido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional como “el ámbito intangible del derecho cuyo respeto se impone a las autoridades y a los particulares”9 y ha explicado que, desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el núcleo esencial se define así10:

“[…] Métodos para la determinación del núcleo esencial

22. En el proceso de determinación de lo que constituye el núcleo esencial de un derecho fundamental, el juzgador dispone de técnicas jurídicas complementarias. Visto desde la perspectiva de los derechos subjetivos, el contenido esencial de un derecho fundamental consiste en aquellas facultades o posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea reconocible como pertinente al tipo descrito y sin las cuales dejaría de adscribirse a ese tipo, desnaturalizándose. Por otra parte, la jurisprudencia de intereses ha diseñado una fórmula según la cual el núcleo esencial del derecho fundamental es aquella parte de su contenido que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles, que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. De este modo, se rebasa o se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección […]”. [Se destaca].

se desconoce el contenido esencial cuando el derecho queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección […]”. [Se destaca].

9 Corte Constitucional, sentencia T-426 de 1992 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz). 10 Ibidem.Radicación: 11001 03 15 000 2023 01350 00

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En otra oportunidad la Corte indicó que el núcleo esencial de un derecho fundamental es “esa parte del derecho que lo identifica, que permite diferenciarlo de otros y que otorga un necesario grado de inmunidad respecto de la intervención de las autoridades públicas. En sentido negativo debe entenderse el núcleo esencial de un derecho fundamental como aquel sin el cual un derecho deja de ser lo que es o lo convierte en otro derecho di ferente o lo que caracteriza o tipifica al derecho fundamental y sin lo cual se le quita su esencia fundamental. O, también, puede verse como la parte del derecho fundamental que no admite restricción porque en caso de hacerlo resulta impracticable o se desnaturaliza su ejercicio o su necesaria protección”11.

3.3.1.4. La competencia e independencia jurisdiccional

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela

La segunda finalidad de la relevancia constitucional consiste en preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad o con un marcado contenido económico. La Corte Constitucional ha conceptualizado así este segundo elemento de la relevancia12:

“[…] La controversia debe versar sobre un asunto constitucional, pero no meramente legal y/o económico. Según la jurisprudencia constitucional, las discusiones de orden legal, esto es, aquellas relativas a un derecho de índole económica, deben ser resueltas mediante los mecanismos ordinarios dispuestos para su trámite, dado que ‘le está prohibido al juez de tutela inmiscuirse de forma imprudente en asuntos de carácter netamente legal o reglamentario’, so pena de ‘involucrarse en [cuestiones] que corresponde definir a otras jurisdicciones’. En tales términos, un asunto carece de relevancia constitucional, según lo ha considerado la Corte, (i) cuando la discusión se limita a la mera determinación de aspectos legales de un derecho, como la correcta interpretación o aplicación de una norma ‘de rango reglamentario o legal’, salvo que de esta ‘se desprendan violaciones a los derechos y deberes constitucionales’ o (ii) cuando sea evidente su naturaleza o contenido económico, por tratarse de una controversia estrictamente monetaria con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general” […]”.

11 Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra).

con connotaciones particulares o privadas, “que no representen un interés general” […]”.

11 Corte Constitucional, sentencia C-756 de 2008 (M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra). 12 Sentencia SU–573 de 2019 (M.P. Carlos Bernal Pulido).Radicación: 11001 03 15 000 2023 01350 00

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En esa medida, siguiendo el planteamiento de la Corte Constitucional, un asunto carece de relevancia constitucional cuando el debate planteado por la parte actora es de naturaleza meramente legal y/o económica. Sin embargo, en la reciente SU-215 de 2022, al respecto se señaló que:

“no significa que en todos los casos en los que se cuestione la definición y aplicación judicial de normas de rango legal se incumple el requisito de relevancia constitucional […] en la labor judicial la indebida aplicación de normas de rango legal puede derivar en una