CE - 010315000202301367001SENTENCIA20230518120907

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-01367-00

Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERO PONENTE: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01367-00

Demandante: Danny Fabián Rodríguez Vargas

Demandado: Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de

Carrera Judicial

Temas: Tutela por omisión en resolver petición

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela interpuesta en contra del Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial

1. Antecedentes

1.1. La demanda

1.1.1. Las pretensiones

En ejercicio de la acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas , quien actúa en nombre propio, promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo.2

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promovió demanda en orden a que se tutelen sus derechos fundamentales de petición y debido proceso administrativo.2

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Como consecuencia de lo anterior, solicitó que se ordene al Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, que dentro de las cuarenta y ocho (48) siguientes a la notificación de la sentencia, proceda a: i) otorgar una respuesta clara, precisa, congruente y sin ambigüedades a cada uno de los ít ems solicitados en la petición del 15 de febrero de 2023; ii) entregar los documentos solicitados en la referida la petición ; y iii) no continuar vulnerando el derecho fundamental de petición y debido proceso de los ciudadanos que elevaron diversas solicitudes con similar fin, dentro de la denominada «Convocatoria 27».

1.1.2. Los hechos

El accionante narró como hechos de tutela, los siguientes:

1. Mediante la Convocatoria 27, el Consejo Superior de la Judicatura adelantó el proceso de selección y convocó al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

1. Se inscribió para participar en la provisión del empleo de juez promiscuo municipal y e l 24 de julio de 2022, presentó la prueba de aptitudes, conocim ientos y psicotécnica.

1. Se inscribió para participar en la provisión del empleo de juez promiscuo municipal y e l 24 de julio de 2022, presentó la prueba de aptitudes, conocim ientos y psicotécnica.

1. Por medio de Resolución CJR22-0351 del 1 de septiembre de 2022, se publicaron los resultados de la prueba, sin que alcanzara el mínimo aprobatorio de 800 puntos.

1. Contra la anterior decisión presentó los recursos procedentes en sede administrativa, sin obtener cambio en el resultado.

1. El 15 de febrero de 2023, presentó derecho de petición ante la Unidad de

Administración de Carrera Judicial, en el que solicitó copia de documentos e información respecto de la prueba de aptitudes y conocimientos.

1. Hasta la fecha de presentación de la acción de tutela aún no ha obtenido respuesta a su petición, según lo prevé el artículo 14 del CPACA.3

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1.2.3. Fundamentos jurídicos

El accionante presentó como fundamentos jurídicos de la acción, los siguientes:

1. El artículo 14 de la Ley 1755 de 2015 fijó los parámetros para el eje rcicio del derecho de petición, así: «l as peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales,

derecho de petición, así: «l as peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes».

1. Dado que la administración no resolvió la petición objeto de estudio dentro de los diez (10) días siguientes a la radicación, la documentación e información solicitada debe ser entregada al peticionario, al ser esta la consecuencia jurídica prevista por el legislador en dicho evento.

1. Ahora bien, a unque el parágrafo segundo del artículo 164 de la Ley 270 de 1996 indica que «las pruebas que se apliquen en los concursos para proveer cargos de

carrera judicial, así como también toda la documentación que constituya el soporte técnico de aquéllas, tienen carácter reservado», en la Se ntencia C-037 de 1996, la Corte Constitucional declaró exequible dicha norma con el condicionante de que «las pruebas» a las que se refiere el parágrafo son únicamente aquellas relativas a los exámenes que se vayan a practicar para efectos del concurso.

1. A su turno, en la Sentencia T -180 de 2015, la Corte insistió en que la reserva no era oponible al participante que presentó las pruebas, menos cuando se encuentra en proceso de reclamación de los resultados obtenidos porque ello vulnera también garantías superiores a la contradicción y defensa, como componentes del derecho

era oponible al participante que presentó las pruebas, menos cuando se encuentra en proceso de reclamación de los resultados obtenidos porque ello vulnera también garantías superiores a la contradicción y defensa, como componentes del derecho fundamental al debido proceso previsto en el artículo 29 Superior . Tal determinación la reiteró en la Sentencia SU -067 de 2022, en la que se indicó: «la r eserva no le puede ser oponible al directamente implicado, pues de ser así se le impediría obtener4

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los elementos necesarios para efectuar las reclamaciones o adelantar las acciones judiciales que considere pertinentes».

1. En tal sentido, no hay ninguna d uda de que la interpretación adecuada de la norma, a la luz de la Constitución Política, es la relativa a que existe reserva únicamente de aquellas pruebas relativas a exámenes que se vayan a practicar, d e lo que se sigue que no existe reserva sobre aquellas pruebas que se hayan realizado

para proveer cargos de carrera judicial, m áxime cuando la solicitud es realizada por la persona que presentó el examen.

1. No puede restringirse el acceso a lo solicitado dado que lo que se está requiriendo es info rmación y documentación relacionada con la prueba de aptitudes y conocimientos presentada el pasado 24 de julio de 2022, que, como se enunció, sirve de instrumento también para ejercer sus derechos fundamentales de contradicción y defensa, como componentes del derecho fundamental al debido

conocimientos presentada el pasado 24 de julio de 2022, que, como se enunció, sirve de instrumento también para ejercer sus derechos fundamentales de contradicción y defensa, como componentes del derecho fundamental al debido proceso, dado que son los insumos para impugnar la calificación obtenida en la citada prueba.

1.2. Actuación procesal

1.2.1. El 21 de marzo de 2023, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas admitió la acción de tutela y, en consecuencia, ordenó notificar del proveído al Co nsejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, y al Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca, Unidad de Carrera Judicia l Cali (Valle), como accionados, como demandados, y a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional ( CASUR); requirió a las referidas autoridades para que indicaran si ya habían dado respuest a congruente y de fondo a la solicitud del 15 de febrero de 2022, presentada por el señor Danny Fabián Rodríguez Vargas ; y ordenó remitir copia de la solicitud de tutela a los accionados para que, dentro del término de los tres días siguientes a la notific ación de la providencia, procedieran a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenían, y a rendir el respectivo informe.5

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1.2.2. El 27 de marzo de 2023 , la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído a l señor Danny Fabián Rodríguez Vargas, al Co nsejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, y a l Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca.

1.3. Contestación de la demanda

1.3.1. El Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca

El 29 de marzo de 2022, la presidente de la corporación, magistrada Victoria Eugenia Velásquez Marín, solicitó la desvinculación del tr ámite constitucional. Advirtió que la petición de fecha 15 de febrero de 2023 fue dirigida ante la Unidad de Admin istración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que es esta la autoridad llamada a responder por los hechos de tutela; y, además, que según informe de la Secreta ría de la corporación, no existía petición radicada ante la Seccional ni trámite alguno pendiente de adelantar respecto del señor Danny Fabián Rodríguez Vargas.

1.3.2. La Unidad de Administración de Carrera Judicial

El 31 de marzo de 2022, la directora de la dependencia, doctora Claudia M. Granados R ., solicitó negar el amparo solicitado, en atención a las siguientes circunstancias:

1. El 24 de febrero de 2023, a través del Oficio CJO23-882, la corporación dio

Granados R ., solicitó negar el amparo solicitado, en atención a las siguientes circunstancias:

1. El 24 de febrero de 2023, a través del Oficio CJO23-882, la corporación dio respuesta a la petición, y se informó al accionante que, dado que en la petición se solicitó información técnica de la prueba, se procedió a su remisión a la Universidad Nacional de Colombia para que esta diera respuesta a lo solicitado.

1. Así, se tiene que por medio del Oficio CONV27DP-5486 del 30 de marzo de 2023, la Universidad Nacional, en calidad de operador técnico de la prueba, atendió de manera clara, completa y de fondo la totalidad de las inquietudes planteadas por el peticionario, remiendo la respuesta a la dirección suministrada por este.6

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1. Conforme con lo expuesto, la situación debe ser calificada como hecho superado y, por ende , concluir la carencia actual de objeto que impide que se amparen los derechos fundamentales invocados.

1.4. Otras actuaciones

1.4.1. El 18 de abril de 2023, el consejero Rafael Francisco Suárez Vargas ordenó notificar del trámite constitucional a la Universidad Nacional de Colombia, en calidad de demandada, y a remitirle copia de la solicitud de tutela para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, procediera a ejercer su

notificar del trámite constitucional a la Universidad Nacional de Colombia, en calidad de demandada, y a remitirle copia de la solicitud de tutela para que, dentro de los tres días siguientes a la notificación de la providencia, procediera a ejercer su derecho de defensa, si a bien lo tenía, y a rendir el respectivo informe.

1.4.2. El 26 de abril de 2023, la Secretaría General del Consejo de Estado notificó del proveído al señor Danny Fabián Rodríguez Vargas, al Co nsejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, al Consejo Seccional de la Judicatura de Valle del Cauca y a la Universidad Nacional de Colombia.

1.5. Contestación de la demanda

La Universidad Nacional de Colombia

El 4 de mayo de 2023, el director del proyecto «Contrato 096 de 2018 » de la Universidad, señor Eduardo Aguirre Dávila, solicitó declarar la carencia actual de objeto por hecho superado. Señaló que el 30 de marzo de 2023, a través del Oficio CONV27DP-5486 A, la institución brindó copia de los documentos relacionados con la discusión sobre los componentes de la prueba y su variación respecto de la Convocatoria 22, la información relacionada con los pagos a la Universidad Nacional, atendiendo a los parámetros del contrato, y la prueba supletoria y los anexos técnicos de las pruebas aplicadas, por lo que dio respuesta clara, completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes invocados por el peticionario.

2. Consideraciones7

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fondo a todos los reparos y solicitudes invocados por el peticionario.

2. Consideraciones7

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2.1. Competencia

De acuerdo con lo previsto en el numeral 8 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el artículo 1° del Decreto 333 de 2021, según el cual «las acciones de tutela dirigidas contra el Consejo Superior de la Judicatura y la Comisión Nacional de Disciplina Judicial serán repartidas para su conocimiento en primera instancia, a la Corte Suprema de Justicia o al Consejo de Estado, y se resolverá por la Sala de Decisión, Sección o S ubsección que corresponda de conformidad con el reglamento al que se refiere el artículo 2 .2.3.1.2.4.», esta Sala de decisión es competente para conocer del presente asunto.

2.2. Problema jurídico

Consiste en dilucidar si la s accionadas vulneraron el derecho fundamental de petición del señor Danny Fabián Rodríguez Vargas , al no dar respuesta a la petición del 15 de febrero de 2023, en el que solicitó copia de documentos e información respecto de la prueba de aptitudes y conocimientos, aplicada en la Convocatoria 27 «Concurso de jueces y magistrados».

2.3. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política incorporó el derecho de petición como un

respecto de la prueba de aptitudes y conocimientos, aplicada en la Convocatoria 27 «Concurso de jueces y magistrados».

2.3. El derecho fundamental de petición

El artículo 23 de la Constitución Política incorporó el derecho de petición como un derecho de carácter fundamental en los siguientes términos: «Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución».

Consciente de ese carácter iusfundamental, el legislador reguló su ejercicio mediante la Ley Estatutaria 1755 de 2015, sustituyendo el Título II del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Así, en lo relativo al tiempo de respuesta de la Administración, el artículo 14 del referido código señaló como término general para resolver las peticiones el de los quince días siguientes a su recepción, y sometió a término especial i) las peticiones de documentos y de8

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información, que deberán resolverse dentro de los diez días siguientes a su recepción, y, ii) las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación las materias a su cargo, que deberán resolverse dentro de los treinta días siguientes a su recepción.

En la sentencia T -377 de 2000 1, la Corte Constitucional estableció diferentes parámetros para la protección de este derecho fundamental, y consideró como

los treinta días siguientes a su recepción.

En la sentencia T -377 de 2000 1, la Corte Constitucional estableció diferentes parámetros para la protección de este derecho fundamental, y consideró como presupuestos necesarios para su garantía, los siguientes: i) el derecho de petición es fundamental y determinante para la efectivida d de los mecanismos de la democracia participativa; ii) el núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión; iii) la petición debe ser resuelta de fondo, de manera clara, oportuna, precisa y congruente con lo solicitado; iv) la respuesta debe producirse dentro de un plazo razonable, lo más breve posible; v) la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita; vi) este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, y en algunos casos a los particulares; vii) el silencio administrativo negativo, entendido como un mecanismo para agotar la vía gubernativa 2 y acceder a la vía judicial, no satisface el derecho fundamental de petición, pues su obje to es distinto; por el contrario, el silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición; viii) el derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa; ix) la falta de competencia de la entidad ante quien se plantea no la exonera del deber de responder; y x) ante la presentación de una petición, la entidad pública debe notificar su respuesta al interesado.

Adicionalmente, en la Sentencia T -487 de 2017, la Corte reiteró que uno de los contenidos del núcleo esencial del derecho de petición es la obligación que tiene la

pública debe notificar su respuesta al interesado.

Adicionalmente, en la Sentencia T -487 de 2017, la Corte reiteró que uno de los contenidos del núcleo esencial del derecho de petición es la obligación que tiene la administración de dar una respuesta clara, precisa y congruente, que resuelva de fondo el asunto solicitado. De igual forma, amplió el alcance de dicha obligación a los particulares y ac eptó la procedencia del derecho de petición ante estos, reseñando las reglas establecidas por la jurisprudencia y la regulación introducida en el artículo

1 Reiteradas, entre otras, en las sentencias T -183 de 2013 y T-908 de 2014. 2 Expresión que desaparece en la Ley 1437 de 2011.9

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32 de la Ley 1755 de 2015, que definió la viabilidad de este derecho ante organizaciones privadas.

2.4. Hechos probados

De conformidad con las pruebas que obran en el expediente de tutela, la Sala de decisión establece, lo siguiente:

2.4.1. Respecto del concurso de méritos de funcionarios de la Rama Judicial

1. El 16 de agosto de 2018, mediante el Acuerdo PCSJA18-11077, el Consejo Superior de la Judicatur a adelantó el proceso de selección y convocó al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

de la Judicatur a adelantó el proceso de selección y convocó al concurso de méritos para la provisión de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

1. El 2 de agosto del 201 8, el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y la Universidad Nacional suscribieron el Contrato de Consultoría 096 de 2018, con el objeto de r ealizar el diseño, estructuración, impresión y aplicación de pruebas de conocimientos, de aptitudes y psicotécnica, para los cargos de funcionarios , así como elaborar el instructivo, realizar la lectura óptica y el procesamiento de las hojas de respuesta, calificar las pruebas presentadas, suministrar información de carácter técnico y proyectar y dar respuesta técnica y jurídica a derechos de petición , reclamaciones, recursos en sede administrativa, acciones constitucionales y legales durante todas las etapas del concurso, entre muchas otras.

1. El 19 de junio de 2022, se publicó en la página web de la Rama Judicial el listado de convocados a la ap licación de las pruebas escritas de la Convocatoria 27, a realizar el 24 de julio siguiente.

1. El 1 de septiembre de 2022, mediante la Resolución CJR22-0351, el Consejo

Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, publicó los resultados de la prue ba de aptitudes y conocimientos correspondientes al concurso de méritos para la provisión del cargo de juez promiscuo municipal.10

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de méritos para la provisión del cargo de juez promiscuo municipal.10

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1. El 14 de octubre de 2022, se publicó el listado de citación como el instructivo para la jornada de exhibición de material de la prueba.

1. El 30 de octubre de 2022, se llevó a cabo la jornada de exhibición de la prueba , dirigida a los aspirantes que así lo solicitaron dentro de los términos legales, y el 4 de diciembre de 2022, fue realizada la jornada de exhibición del material de la prueba, para los aspirantes que presentaron el examen supletorio.

1. El 16 de enero de 2023, a través d e la Resolución CJR23-0042, el Consejo

Superior de la Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, resolvió los recursos de reposición presentados en contra de la Resolución CJR22-0351 de 1 de septiembre de 2022.

1. El 2 de febrero de 2023 , por medio de la Resolución CJR23-0056, se adicionó la Resolución CJR23-0042 de 16 de enero de 2023 con la que se resolvieron los recursos de reposición.

1. La Universidad Nacional de Colombia aportó al plenario el anexo técnico 2 de la prueba aplicada para el cargo de juez promiscuo municipal, en el que se relacionaron las preguntas que fueron objetadas —por los recurrentes—, indicando su pertinencia,

1. La Universidad Nacional de Colombia aportó al plenario el anexo técnico 2 de la prueba aplicada para el cargo de juez promiscuo municipal, en el que se relacionaron las preguntas que fueron objetadas —por los recurrentes—, indicando su pertinencia, justificación de la clave asignada y la razón de las opciones de respuesta no válidas, las cuales son el producto de la estructura y elaboración de las preguntas.

1. El 8 de febrero de 2023, se expidió la Resolución CJR23-0061, por medio de la cual se decidió acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la conformación de l Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial.

1. El 21 de marzo de 2023, por medio de la Resolución CJR23-0110, se modificó la Resolución CJR23-0061 del 8 d e febrero de 2023, para efectos de incluir los aspirantes que resultaron admitidos con base en las so licitudes por ellos presentadas.11

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1. El 30 de marzo de 2023, se publicó en la página web de la Rama Judicial el cronograma correspondiente a la Fase III de la Etapa de Selección IX Curso de

Formación Judicial Inicial.

2.4.2. Respecto del derecho de petición presentado por el accionante

cronograma correspondiente a la Fase III de la Etapa de Selección IX Curso de Formación Judicial Inicial.

2.4.2. Respecto del derecho de petición presentado por el accionante

1. El 15 de febrero de 2023, el señor Dany Fabián Rodríguez Vargas dirigió derecho petición ante el Consejo Superior de la Judicatura, Unidad de Administración Judicial

en el que solicitó lo siguiente:

PRIMERO: EXPEDIR copia de los documentos que den cuenta de las discusiones que precedieron el cambio indicado en numeral 1 del capítulo de hechos: lo relacionado con la inclusi ón en la C onvocatoria 27 del componente de «aptitudes» de manera separada a la de «conocimientos», frente a la cual se estableció que se calificaría de 1 a 300.

SEGUNDO: EXPEDIR copia de los documentos técnicos que se tuvieron en cuenta para variar el componente de «prueba de conocimientos» de la Convocatoria 22 y dejarlo, finalmente, en la Convocatoria 27 como «prueba de aptitudes y conocimientos».

TERCERO: Se informe si ya se efectuó a favor de la Unal el pago que en el contrato se encontraba condicionado a la entrega del informe psicométrico al que se refieren los numerales 2.2 y 2.3. del capítulo de hechos de este escrito.

CUARTO: Se informe si la Unal, en relación con la prueba practicada en julio de 2022, entregó al Consejo Superior de la Judicatura el informe al que se refiere el número 2 del capítulo de hechos de este escrito, incluidos los 11 ítem transcritos en este memorial, ¿en qué fecha lo hizo?

entregó al Consejo Superior de la Judicatura el informe al que se refiere el número 2 del capítulo de hechos de este escrito, incluidos los 11 ítem transcritos en este memorial, ¿en qué fecha lo hizo?

QUINTO: Se expida copia, junto con todos sus soportes y anexos, del informe psicométrico establecido en el anexo técnico del contrato objeto de esa solicitud.

SEXTO: Se indique de qué manera el Consejo Superior de la Judicatura h a llevado a cabo las actividades de coordinación establecidas en el anexo técnico 1, así: «El proceso de lectura de las hojas de respuesta y la calificación de las pruebas de conocimientos y psicotécnicas estará a cargo del Contratista bajo la coordinación de la

Unidad de Carrera Judicial, actividad de la cual se dejará constancia en Actas de trabajo».

SÉPTIMO: En virtud de lo anterior, se solicita que el Consejo Superior de la Judicatura, en su condición de contratante y de autoridad a cargo de los concursos de funcionarios de la R ama J udicial, INTERVENGA DE MANERA INMEDIATA en las actuaciones desarrolladas por la Unal y adelante las acciones que estén a su alcance, para subsanar las siguientes irregularidades:12

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7.1. La Unal aplica una fórmula cuyo o rigen se desconoce, pues en ninguno de los documentos de la convocatoria es posible establecer el origen del siguiente axioma:

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7.1. La Unal aplica una fórmula cuyo o rigen se desconoce, pues en ninguno de los documentos de la convocatoria es posible establecer el origen del siguiente axioma: Puntaje aptitudes: ((Número de aciertos-Media) / Desviación) 30) + 190

Puntaje conocimientos: ((Número de aciertos-Media) / Desviación) 30) + 550

7.2. La fórmula aplicada por la Unal desconoce el peso que en el concurso debe tener la prueba de conocimientos, toda vez que en el puntaje final un acierto de aptitudes (4.67) pesa más que uno de conocimientos (4.15). […]

7.3. Las preguntas y su calificación presentan errores evidentes que la Unal se niega a reconocer, mientras el concurso avanza y a pesar de la afectación del concurso en términos de transparencia, imparcialidad y mérito. Un ejemplo de lo cuestionable de este concurso, en el caso del pliego de los jueces administrativos, corresponde a las siguientes preguntas: [53, 56 y 53]. […]

El proceso de reclamaciones se trató de una etapa meramente formal, en la que la Unal no adelantó un análisis serio y de fondo frente a los argumentos planteados por los aspirantes, sino que se limitó a responder de manera genérica.

La aprobación de este concurso dependió más del descuido de quien practicó y calificó las pruebas, que del desempeño de los participantes, lo cual, se insiste, vulnera la moralidad administrativa, así como los principios que deben caracterizar las actuaciones de la Administración -artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 -tales como debido

las pruebas, que del desempeño de los participantes, lo cual, se insiste, vulnera la moralidad administrativa, así como los principios que deben caracterizar las actuaciones de la Administración -artículo 3 de la Ley 1437 de 2011 -tales como debido proceso, igualdad, imparcialidad, moralidad, transparencia, responsabilidad y efi cacia-, de ahí que resulte necesaria la intervención inmediata del Consejo Superior de la Judicatura. En las condiciones analizadas, me permito solicitar que adelanten las labores de interventoría del caso frente al contrato con la Unal.

1. El 24 de febrero de 2023, a través del Oficio CJO23-882, el Consejo Superior de la

Judicatura, Unidad de Administración de Carrera Judicial, dio respuesta a la petición, en el siguiente sentido:

[C]on base en la información proporcionada por la Universidad Nacional de Colombia, como operador técnico de la prueba, en cumplimiento de los numerales 26 3 y 294 de las obligaciones generales y específicas del contratista, establecidas en el Contrato 096 de 2018, me permito dar respuesta a las mismas de la siguiente forma:

«En cuanto a las inquietudes relativas a la fórmula de calificación contenidas en los puntos primero, segundo, tercero y en los acápites de aspectos matemáticos, alcance del acuerdo en términos de proporción entre las pruebas, calificación de las pruebas, según el grupo de referencia, de la petición, se recuerda que la Universidad Nacional de Col ombia es el operador técnico de la prueba de aptitudes y conocimientos y tiene a su cargo el diseño, estructuración y construcción del examen de acuerdo con las características técnicas

3 26. Proyectar y dar respuesta técnica y jurídica a los derechos de petición, reclamaciones, recursos

operador técnico de la prueb