CE - 010315000202301403001SENTENCIA20230427181028

Demandante: Richard Padilla Cantillo Demandados: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01403-00

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01403-00

Demandante: RICHARD PADILLA CANTILLO

Demandados: COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL Y OTRO

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial por indebida notificación - niega

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela que ejerció el señor Richard Padilla Cantillo contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Sala Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 17 de marzo de 2023 al buzón web de recepción de tutelas y habeas corpus 1, el señor Richard Padilla Cantillo, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y

1. Con escrito enviado el 17 de marzo de 2023 al buzón web de recepción de tutelas y habeas corpus 1, el señor Richard Padilla Cantillo, actuando en nombre propio, ejerció acción de tutela contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Sala Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, con el fin de que se ampararan sus derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa.

2. El accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la decisión del 22 de febrero de 2023, mediante la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió el grado de consulta en relación con el fallo disciplinario del 23 de marzo de 2018, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, que lo declaró responsable por la incursión, a título de dolo, de la falta descrita en el artículo 34 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007 y lo sancionó con la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 12 meses y multa de 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

1 La Secretaría General del Consejo de Estado asignó por reparto a este despacho el expediente del vocativo de la referencia el 22 de marzo de 2023.Demandante: Richard Padilla Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01403-00

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3. Lo anterior, al interior del proceso disciplinario con radicado 13001 -11-02000-2015-00407-01.

4. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

“2. Por lo anteriormente expuesto solicito de manera muy comedida se decrete la nulidad del citado proceso disciplinario adelantado en mi contra desde la audiencia prueba y calificación programada para el día 19 de octubre de 2015, para efectos de que se me garantice mi derecho al debido proceso y derecho a la defensa material.

3. Dejar sin efectos la sentencia de tutela proferida el día 22 de febrero de 2023 proferida por la comisión nacional de disciplina judicial, con ponencia del magistrado ponente CARLOS ARTURO RAMIREZ VASQUEZ, mediante la cual confirmó en grado de consulta la providencia sancionatoria de fecha 23 de marzo de 2018.

4. Dejar sin efecto el fallo de fecha 23 de marzo de 2018, proferida por la sala jurisdiccional disciplinaria del consejo seccional de la judicatura de Bolívar5. Se me notifiqué de la citada audie ncia en debida forma al correo

drricharpadilla01@hotmail.com.”

1.2. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El señor Juan Delmiro Ayola Iriarte otorgó poder el 22 de julio de 2013 al

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

5. El señor Juan Delmiro Ayola Iriarte otorgó poder el 22 de julio de 2013 al abogado Richard Padilla Cantillo para gestionar el incremento de su asignación de retiro conforme al IPC ante la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

6. El 18 de diciembre de 2013 se llegó a un acuerdo conciliatorio por $4.917.841, suma que fue pagada al señor Padilla Cantillo, en virtud de la facultad de recibir, estipulada en el mandato otorgado por su poderdante.

7. El 30 de junio de 2015 el señor Juan Delmiro Ayola Iriarte presentó una queja, al advertir que su abogado no le había entregado los dineros recaudados.

8. Como consecuencia, el 31 de agosto de 2015 la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar o rdenó la apertura del proceso disciplinario.

9. Debido a que el abogado Richard Padilla Cantillo no concurrió a la audiencia de pruebas y calificación provisional que se había programado para el 19 de octubre de 2015, la autoridad aplicó el artículo 104 del Código Disciplinario del Abogado

(CDA) y el 5 de febrero de 2016 lo declaró persona ausente y le designó un defensor de oficio.

10. El magistrado instructor del proceso calificó jurídicamente la actuación y profirió cargos por la presunta inobservancia del deber establecido en el numeral 8Demandante: Richard Padilla Cantillo

Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro

de oficio.

10. El magistrado instructor del proceso calificó jurídicamente la actuación y profirió cargos por la presunta inobservancia del deber establecido en el numeral 8Demandante: Richard Padilla Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01403-00

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del artículo 28 de la Ley 1123 de 2007, esto es, obrar con honradez y lealtad en sus relaciones p rofesionales, lo que conllevó a la presunta incursión de las faltas establecidas en el literal c del artículo 34 y numeral 4 del artículo 35 ejusdem, en la modalidad dolosa.

11. La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar mediante fallo del 23 de marzo de 2018 absolvió al abogado Richard Padilla Cantillo de la falta descrita en el literal c del artículo 34 de la Ley 1123 de 2007, en tanto que consideró que se subsumía en el ilícito del numeral 4 del artículo 35 ibidem, por el cual lo responsabilizó, ya que conforme a los medios de convicción se constató que el poder conferido por el quejoso, recibió y retuvo la suma de $4.917.841 pagada como resultado de un acuerdo conciliatorio con C asur, sin que a la fecha de la sentencia se hubiere restituido a su cliente.

12. Igualmente comprobó el desconocimiento injustificado del deber consagrado

$4.917.841 pagada como resultado de un acuerdo conciliatorio con C asur, sin que a la fecha de la sentencia se hubiere restituido a su cliente.

12. Igualmente comprobó el desconocimiento injustificado del deber consagrado en el numeral 8 del artículo 28 del CDA, esto es, el obrar con honradez.

13. La sanción correspondió a 12 meses de suspensión en el ejercicio profesional y 12 salarios mínimos mensuales legales vigentes de multa.

14. Dicha decisión se notificó personalmente al investigado y a la defensora de oficio el 13 de abril de 2018. Al no haber sido apelada, el expediente fue remitido en consulta a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

Con posterioridad, entró en funcionamiento la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y le correspondió por reparto al magistrado Carlos Arturo Ramírez Vásquez el 8 de febrero de 2021.

15. En providencia del 22 de febrero de 2023 se resolvió el grado de consulta, en el sentido de confirmar la sentencia del 23 de marzo de 2018. Lo anterior al advertir que, de las pruebas obrantes en el expediente resultaba claro que el comportamiento del abogado se subsumía en la falta descrita en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 1133 de 2007, pues en efecto, el 30 de diciembre de 2014 recibió mediante una consignación la suma de $4.917.841 por concepto del reajuste a la asignación de retiro del señor Ayola Iriarte por factor del IPC, y a pesar de que obtuvo ese dinero, en virtud de la gestión encomendada, no lo reintegró.

a la asignación de retiro del señor Ayola Iriarte por factor del IPC, y a pesar de que obtuvo ese dinero, en virtud de la gestión encomendada, no lo reintegró.

16. Dicha decisión se notificó el 8 de marzo de 20232.

1.3. Sustento de la vulneración

17. La parte actora aseguró que, en la providencia del 22 de febrero de 2023 se indicó que “el día 15 de agosto se dio apertura al proceso disciplinario y como el suscrito no concurrió, el Ad -quo el día 19 de octubre del mismo año dio aplicación al artículo 104 del CDA, y 05 de febrero de 2016. Me declaró persona ausente. (…) Por último se esgrime

2 En el escrito d e tutela el actor manifestó que el 8 de marzo de 2023 recibió, en su correo personal una notificación del Consejo Nacional de Disciplina Judicial, en la que se notificaba de una sanción disciplinaria impuesta.Demandante: Richard Padilla Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01403-00

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que la sentencia sancionatoria, se notificó personalmente al suscrito a mi defensora de oficio, el día 13 de abril de 2018, que como no fue apelada por mi defensa técnica ni material, la misma fue enviada para en grado de consulta al consejo superior de la judicatura, hoy Comisión nacional de disciplina judicial.”3

18. Teniendo en cuenta lo anterior, el tutelante alegó que se vulneraron sus

material, la misma fue enviada para en grado de consulta al consejo superior de la judicatura, hoy Comisión nacional de disciplina judicial.”3

18. Teniendo en cuenta lo anterior, el tutelante alegó que se vulneraron sus derecho al debido proceso y de defensa, en atención a que “arguye el ad-quo como el ad -quem, que el suscrito fue notif icado a las direcciones que suministró el registro nacional de abogados y auxiliares de la justicia en el edificio concasa séptimo piso oficina

706 y en la esperanza carrera 27 a # 41 -56 de Cartagena, pero por mi incompetencia se fijó edicto de rigor y me declararon persona ausente.”4

19. En ese sentido, puso de presente que nunca fue notificado de las actuaciones realizadas al interior del proceso disciplinario que se adelantó en su contra. Afirmó que no tiene oficina en el edificio Casona de Cartagena , ni en la dirección de Cartagena, a las cuales el despacho judicial remitió las notificaciones de las decisiones proferidas al interior del trámite mencionado , como se indicó en la sentencia cuestionada.

20. Por lo anterior, consideró que se incurrió en un d efecto procedimental, de conformidad con la Corte Constitucional 5, por la indebida notificación de las decisiones proferidas al interior del trámite disciplinario , lo cual se traduce una vulneración de sus garantías al debido proceso y de defensa.

21. Indicó que el quejoso conocía su dirección de notificación y que no la puso en conocimiento de la autoridad judicial, pero que, en todo caso, en el expediente del trámite de conciliación que adelantó, se encontraba su número de celular. Sin embargo, no fue contactado a través de ese medio.

en conocimiento de la autoridad judicial, pero que, en todo caso, en el expediente del trámite de conciliación que adelantó, se encontraba su número de celular. Sin embargo, no fue contactado a través de ese medio.

22. A su juicio, las providencias debían notificarse por el medio más expedito. No obstante, él no recibió un correo electrónico y tampoco comunicación en la que se le informara sobre la apertura del proceso y demás actuaciones surtidas.

23. Arguyó que las direcciones a las que se remitieron las notificaciones, no corresponden con su domicilio y que actualmente se encuentra fuera del territorio nacional “por combatir corrupción al interior de la rama judicial y fiscalía general de la nación (sic) exponiendo mi vida y la de mi familia.”

24. Manifestó que la falta de notificación de la decisión de primera instancia , le impidió apelarla y que su defensora de oficio tampoco lo hizo. Además, expuso:

“Yerran el ad-quo y el ad-quen al afirmar que recibí notificación personalmente de la decisión de primera instancia de fecha 23 de marzo de 2018, y que la misma no fue apelada por el suscrito, tampoco fue apelada por la abogada de oficio asignada, lo que demuestra que tampoco realizó u na defensa activa como lo expresan los

3 Transcrito del original incluyendo posibles errores 4 Transcripción fiel al original. 5 Citó las sentencias C-670 de 2004, C-783 de 2004 y T081 de 2009.Demandante: Richard Padilla Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01403-00

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Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01403-00

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falladores de primera y segunda instancia, porque entre otras cosas, no se evidencian los elementos de pruebas que solicitó para mi defensa, el hecho de realizar alegatos conclusivos no demuestran a actividad de la defensa técnica.”6

25. Finalmente, puso de presente que no cuenta con otro mecanismo de defensa judicial para solicitar la protección de sus derechos fundamentales, por lo que , la acción de tutela resulta procedente.

1.4. Trámite de la acción de tutela

26. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante auto del 31 de marzo de 2023, admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación a la parte actora, así como a la Comisión Nacional de Disciplina Judicial en calidad de autoridades accionadas.

27. Igualmente, vinculó como tercero con interés, de conformidad con el artículo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, al ser la autoridad judicial a quien se le remitió el expediente, luego de surtido el trámite de consulta , por ser la autoridad que administraba el sistema de información en el que se registran las sanciones impuestas a los abogados y expide los certificados de antecedentes disciplinarios.

1.5. Intervenciones

28. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias

información en el que se registran las sanciones impuestas a los abogados y expide los certificados de antecedentes disciplinarios.

1.5. Intervenciones

28. Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias visibles en la copia digital del expediente de la acción de tutela, se presentaron las

siguientes intervenciones:

1.5.1. Comisión Nacional Disciplina Judicial

29. Con escrito enviado por correo electrónico el 14 de abril de 2023 al buzón web de la Secretaría General del Consejo de Estado, el magistrado ponente que resolvió el grado de consulta, indicó que realizó una valoración juiciosa de las garantías al debido proceso.

30. Encontró que la autoridad de primera instancia fue ampliamente garantista del debido proceso y el derecho de defensa que cobijan a los destinatarios de la Ley 1123 de 2007, no solo porque remitió las comunicaciones físicas para notificación personal a las direcciones que el abogado informó al Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (Art. 104 CDA.), mismas que de ninguna manera tenía la posibilidad de establecer que no correspondían a aquellas donde residía y laboraba el implicado en razón a su supuesta vinculación como agente en cubierto de la fiscalía, sino que además designó a una profesional del derecho para que defendiera sus intereses, por lo que, concluyó que no se ha vulnerado de forma alguna prerrogativa de protección constitucional.

6 Transcrito del original incluyendo posibles erroresDemandante: Richard Padilla Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01403-00

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6 Transcrito del original incluyendo posibles erroresDemandante: Richard Padilla Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01403-00

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31. Adicionalmente, manifestó que, tampoco resulta desconocedor de las garantías del tutelante, el hecho de que la seccional de origen no tomara contacto con él vía telefónica al número que en ejercicio de su labor consignó en la petición de reajuste pensional dirigida a Casur, pues se agotó el procedimiento dispuesto en el artículo 104 del CDA y se acudió a la fuente formal de información que de los abogados ostenta la judicatura, esto es precisamente, la Unidad de Registro

Nacional de Abogados.

32. Por otro lado, respecto a las manifestaciones del accionante relativas a que el quejoso optó por no informar en la noticia disciplinaria su verdadera dirección de residencia, la cual aduce conocía en virtud a una supuesta convivencia que sostenía con su hi ja, indicó que dicho aspecto salía completamente del dominio de la entonces Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, prever que el denunciante conocía cercanamente la ubicación del implicado, pues nunca puso de p resente algún tipo de parentesco o inclusive relación filial que los vinculara.

33. En cuanto a la censura por vía de amparo constitucional de violar su derecho a la defensa técnica por falta de apelación de la decisión sancionatoria, concluyó

relación filial que los vinculara.

33. En cuanto a la censura por vía de amparo constitucional de violar su derecho a la defensa técnica por falta de apelación de la decisión sancionatoria, concluyó que no existió tal desconocimiento, en primera medida, porque la abogada de oficio elevó solicitudes probatorias y expuso argumentos defensivos dirigidos a desvirtuar la responsabilidad, y en segunda medida, porque resultaría del todo improcedente exigir a una profesional presentar un recurso de apelación cuando el ordenamiento jurídico no le exige tal actuación.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

34. Esta Sala es competente para resolver la acción de tutela ejercida por el señor Richard Padilla Cantillo contra la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Sala Jurisdicción Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, hoy Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar , de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021, así como en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.3. Problemas jurídicos

35. Teniendo en cuenta la s ituación fáctica expuesta por la accionante, los argumentos del libelo introductorio, la s intervenciones presentadas y el material probatorio recaudado, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son

los siguientes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad de la acción

argumentos del libelo introductorio, la s intervenciones presentadas y el material probatorio recaudado, los problemas jurídicos que subyacen al caso concreto son los siguientes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad de la acción

de tutela?Demandante: Richard Padilla Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01403-00

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36. De ser positiva la respuesta a la pregunta anterior, la Sala analizará lo

siguiente:

• ¿Las autoridades accionadas vulneraron los derechos fundamentales al debido proceso y a la defensa del señor Richard Padilla Cantillo, con ocasión de la decisión del 22 de febrero de 2023 que confirmó la providencia del 23 de marzo de 2018, mediante la cual se le sancionó con suspensión en el ejercicio de la profesión por 12 meses y multa de 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes en el proceso disciplinario con radicado N° 13001-1102-000-2015-00407-00/01?

37. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas: (i) criterio de la Sección sobre la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva; (iii) generalidades del defecto alegado; iv) debido proceso en actuaciones judiciales y; v) el análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

adjetiva; (iii) generalidades del defecto alegado; iv) debido proceso en actuaciones judiciales y; v) el análisis del caso concreto.

2.3. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20127 unificó la diversidad de criterios que esta Corporación te nía sobre la acción de tutela contra providencias judiciales, por cuanto las distintas Secciones y la misma Sala Plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema 8 y declaró su procedencia.9

39. Así pues, esta Sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que contenga relevancia constitucional; ii) que no se trate de tutela contra tutela; iii) inmediatez; y iv) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

40. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la Sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundamentales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

7 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01. 8 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 9 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandante: Richard Padilla Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01403-00

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41. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.4. Estudio sobre los requisitos de procedibilidad adjetiva

2.4.1. Relevancia constitucional10

42. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por cuanto, la parte actora cuestiona la decisión del 22 de febrero de 2023, mediante

2.4.1. Relevancia constitucional10

42. Para la Sala es necesario precisar que, este requisito se encuentra superado por cuanto, la parte actora cuestiona la decisión del 22 de febrero de 2023, mediante la cual la Comisión Nacional de Disciplina Judicial resolvió el grado de consulta en relación con el fallo disciplinario del 23 de marzo de 2018, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, que lo declaró responsable por la incursión, a título de dolo, de la falta descrita en el artículo 34 numeral 4 de la Ley 1123 de 2007 y lo sancionó con la suspensión en el ejercicio de la profesión por el término de 12 meses y multa de 12 salarios mínimos legales mensuales vigentes, pues en su sentir, en dichas providencias se indicó, de manera errada, que había sido notificado de las actuaciones surtidas por el juez de instancia a las direcciones reportadas en el registro correspondiente, sin en tener en cuenta que no tiene oficinas ni residencia en aquellas. Igualmente, por cuanto se vulneró su derecho a la defensa técnica.

43. Aunado a lo anterior, se observa que no se trata de un debate de orden exclusivamente legal, el cual basado en la tutela judicial efectiva no admite que el titular del derecho o el interesado legítimo quede en un estado de indefensión, pues en efecto, la parte actora considera vulneradas sus garantías constitucionales por cuanto la autoridad judicial accionada no le notificó en debida forma de las decisiones adoptadas al interior del proceso , vulnerando su s derechos al debido proceso y de defensa.

44. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene

cuanto la autoridad judicial accionada no le notificó en debida forma de las decisiones adoptadas al interior del proceso , vulnerando su s derechos al debido proceso y de defensa.

44. Ello quiere significar que el asunto de la acción de tutela de la referencia tiene importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación, eficacia y determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales y libertades públicas.

2.4.2. Tutela contra sentencia de tutela

45. La Sala observa frente al mencionado aspecto, que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza 11, pues las providencias

10 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 27.02.20., Rad. 11001 -03-15-000-2020-00004-00; Sentencia 20.02.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05258-00; Sentencia 20.02 .20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05291-00; Sentencia 13.02.2020, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00137-00; Sentencia 13.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-0535400; Sentencia 06.02.20, Rad. 11001 -03-15-000-2019-05153-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001 -03-15-0002019-05121-00; Sentencia 30.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-05167-00; Sentencia 23.10.20, Rad. 1100103-15-000-2019-04664-00; Sentencia 23.01.20, Rad. 11001-03-15-000-2019-04833-00. 11 Al respecto consultar Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Admin istrativo, Sección Quinta, Sentencia 27.02.20., M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00014-00;Demandante: Richard Padilla Cantillo Demandado: Comisión Nacional de Disciplina Judicial y otro Radicado: 11001-03-15-000-2023-01403-00

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cuestionadas fueron proferidas en el trámite del proceso de disciplinario identificado con el radicado 13001-11-02-000-2015-00407-01.

2.4.3. Inmediatez

46. En relación con el acatamiento del referido requisito12, no se advierte ningún reproche, en vista de qu e la última providencia dictada en el proceso fue la del 22 de febrero de 2023 . Así, sin que sea necesario precisar su fecha de ejecutoria se advierte que la acción de tutela se presentó en un término razonable ( 17 de marzo de 2023) a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201413, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los

de 2023) a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 201413, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 14, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial y reiteró que seis (6) meses es el término razonable para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

2.4.4. Subsidiariedad

47. Respecto de este requisito, se advierte que no existe otro medio de defensa judicial idóneo para que el tutelante pueda defender sus derechos fundamentales, comoquiera que el proceso disciplinario culminó con la providencia que resolvió la consulta, es decir, la sentencia del 22 de febrero de 2023 y, por ello, no es procedente que se promueva un incidente de nulidad.

Sentencia 27.02.20., M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00400-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto Álva rez Parra, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00092-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00179-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Luis Alberto

Álvarez Parra, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00141-00; Sentencia 20.02.20., M.P. Ro cío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-2019-04788-01; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001-03-15-000-202000137-00; Sentencia 13.02.20., M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001 -03-15-000-2020-00037-00; Sentencia 06.02.20, M.P. Rocío Araújo Oñate, Rad. 11001 -03-15-000-2019-0