CE - 010315000202301418001SENTENCIA20230511162918

Radicado: 11001-03-15-0000-2023-01418-00

Demandante: Cristina Pérez Rodríguez

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01418-00

Demandante: CRISTINA PÉREZ RODRÍGUEZ

Demandado: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y OTROS

Temas: Derecho fundamental al descanso. Vacaciones individuales empleado de la Rama Judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la señora Cristina Pérez Rodríguez contra el Con sejo Superio r de la Judicatura, la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué–Tolima y al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 17 de marzo de 2023, en ejercicio de la acción de tutela la señora Cristina Pérez Rodríguez pidió la protección de los derechos fundamentales al trabajo , al descanso y a la igualdad. A juicio de la parte actora, la vulneración fue ocasionada

El 17 de marzo de 2023, en ejercicio de la acción de tutela la señora Cristina Pérez Rodríguez pidió la protección de los derechos fundamentales al trabajo , al descanso y a la igualdad. A juicio de la parte actora, la vulneración fue ocasionada por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué –Tolima y al Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. En concreto, formuló las siguientes pretensiones:

1. A la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia Tolima, la provisión de los recursos necesarios para que el Juez Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, nombre el reemplazo del suscrito mientras disfrute de los periodos de vacaciones pendientes, es decir, la vigencia del 2021-2022.

1. Al Jue z Coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué́, Tolima, para una vez la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial apropie los recursos solicitados para mi reemplazo, me conceda el disfrute de las vacaciones solicitadas.

2. Hechos

Del expediente, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:Radicado: 11001-03-15-0000-2023-01418-00

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La señora Cristina Pérez Rodríguez labora como escribiente de circuito, grado

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La señora Cristina Pérez Rodríguez labora como escribiente de circuito, grado nominado en propiedad, del Centro de Servicios de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medias de Seguridad de Ibagué.

El 8 de marzo de 2023, la señora Pérez Rodríguez solicitó al juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Ju zgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué que concediera las vacaciones por el término de 25 días continuos, a partir del 2 de mayo de 2023, (causadas del 1º de abril de 2021 al 30 de marzo de 2022).

Mediante correo electrónico del 8 de marzo de 2023, la secretaria ( E) del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué (por instrucciones del juez coordinador) solicitó a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Ibagué –Tolima, el certificado de disponibilidad presupuestal para el disfrute de vacaciones de la señora Cristina Pérez Rodríguez.

En respuesta a la anterior solicitud, por oficio del 13 de marzo de 2023, el director ejecutivo seccional de Administración Judicial de Ibagué –Tolima informó que la normatividad vigente no contemplaba reemplazos por vacaciones para empleados de la Rama Judicial y aclaró que no existía disponibilidad presupuestal para ese efecto. Por lo anterior, sugirió que se efectuara la distribución de las tareas de quien se encontrare disfrutando de vacaciones, entre los demás empleados del

de la Rama Judicial y aclaró que no existía disponibilidad presupuestal para ese efecto. Por lo anterior, sugirió que se efectuara la distribución de las tareas de quien se encontrare disfrutando de vacaciones, entre los demás empleados del despacho.

Por Resolución No. 046 del 15 de marzo de 2023, el juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué negó el disfrute de vacaciones de la señora Cristina Pérez Rodríguez. Lo anterior, con fundamento en que, por necesidad del servicio, derivada de la alta carga laboral y congestión presentada, la actora debía continuar adelantando las funciones que tenía a su cargo.

3. Argumentos

La señora Cristina Pérez Rodríguez alegó que las autoridades demandadas vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo , al descanso y a la igualdad, al no permitir el descanso al que tiene derecho, indispensable para su salud física y mental.

Además, manifestó que todos los escribientes del Centro de Servicio s de la Especialidad han informado a la Administración Judicial sobre la gra ve situación por carga laboral y de la necesidad de la creación de cargos de apoyo para sus funciones. En ese sentido, señaló que era imposible distribuir su carga laboral de forma proporcionada entre los empleados del Centro de Servicios “porque generaría mayor sobrecarga laboral y estrés en los compañeros que reciban dicha carga”.

La actora reprochó que a magistrados y jueces sí se provean los recursos para los remplazos, mientras que a los empleados no, circunstancia que, a su juicio, evidenciaba la flagrante violación del derecho a la igualdad.

La actora reprochó que a magistrados y jueces sí se provean los recursos para los remplazos, mientras que a los empleados no, circunstancia que, a su juicio, evidenciaba la flagrante violación del derecho a la igualdad.

Finalmente, indicó que, en casos similares, el Consejo de Estado ha amparado losRadicado: 11001-03-15-0000-2023-01418-00

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derechos fundamentales.

4. Trámite procesal

Por auto del 27 de marzo de 2023 , el despacho sustanciador admitió la demanda de tutela y, entre otras cosas, ordenó notificar, en calidad de demandados, al presidente del Consejo Superior de la Judicatura, al director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Ibagué –Tolima y al juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Adicionalmente, vinculó en calidad de tercero con interés al director Ejecutivo de Administración Judicial.

En cumplimiento de la anter ior orden, la Secretaría de esta Corporación practicó las notificaciones correspondientes por correos electrónicos enviados el 12 de abril de 20231.

5. Intervenciones

El Consejo Superior de la Judicatura solicitó la desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no era el competente para cumplir las órdenes que se expidieran para garantizar los derechos fundamentales de la

5. Intervenciones

El Consejo Superior de la Judicatura solicitó la desvinculación por falta de legitimación en la causa por pasiva, porque no era el competente para cumplir las órdenes que se expidieran para garantizar los derechos fundamentales de la demandante. Expuso que las acciones u omisiones que atribu ía la actora como vulneradoras, recaían exclusivamente sobre la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué.

La Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela, con fundamento en que esa entidad no ha vulnerado los derechos fundamentales de la demandante. En ese sentido, explicó que tenía la disponibilidad presupuestal para el pago de las vacaciones de la señora Cristina Pérez Rodríguez, mas no para el nombramiento del remplazo.

Adujo que la normatividad vigente no contempla los remplazos por vacaciones para los empleados de la Rama Judicial. Señaló que conforme con las directrices impartidas por el Consejo Superior de la Judicatura, la ausencia temporal generada por las vacaciones de la actora debía ser remplazada a través del nombramiento en encargo de personal que se encontrara nombrado en propiedad e inscrito en carrera en el Centro de Servicios , lo que debía ser tenido en cuenta por el nominador, encargado de otorgar el disfrute de las vacaciones.

El Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima pidió que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela, por cuanto esa entidad no estaba legitimada por pasiva debido a que no era la instancia competente para: ( i) ordenar, solicitar, pagar, asignar o negar la partida presupuestal solicitada por la actora; (ii) dar

pretensiones de la acción de tutela, por cuanto esa entidad no estaba legitimada por pasiva debido a que no era la instancia competente para: ( i) ordenar, solicitar, pagar, asignar o negar la partida presupuestal solicitada por la actora; (ii) dar órdenes o injerir en las decisiones de los funcionarios judiciales que gozan de autonomía e independencia judicial y administrativa, y (iii) la demanda nte no requirió su vinculación en la presente acción de tutela.

El juez coordinador del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué solicitó que se

1 Índice No. 8 de Samai.Radicado: 11001-03-15-0000-2023-01418-00

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decidiera de manera desfavorable la tutela respecto de esa entidad, dado que no ha vulnerado ningún derecho fundamental de la señora Pérez Rodríguez, toda vez que la determinación de negar el disfrute de las vacaciones obedeció a estrictas necesidades del servicio. Que, además, previa a esa determinación agotó las gestiones necesarias ante el director Ejecutivo de Administración Judicial de Ibagué–Tolima, a efectos de que gestionara los recursos para su remplazo, sin que a la fecha agotara trámite alguno al respecto.

Adicionalmente, informó que el Centro de Servicios se encuentra afectado por la excesiva carga laboral, que ha originado congestión judicial. Por esa razón, señaló que se ha requerido personal sin obtener respuesta favorable y, para el caso de las

Adicionalmente, informó que el Centro de Servicios se encuentra afectado por la excesiva carga laboral, que ha originado congestión judicial. Por esa razón, señaló que se ha requerido personal sin obtener respuesta favorable y, para el caso de las vacaciones de la señora Pérez Rodríguez, solicitó recursos en aras de preservar la adecuada prestación del servicio público de administración de justicia.

También explicó que algunas de las causas que han generado la excesiva carga laboral de esa dependencia, se encuentra que “esta secretaria para el año 2020 atendía las labores de los seis (6) juzgados de la especialidad con dieciocho (18) empleados, es dec ir una proporción de tres (3) empleado por despacho, situación que cambio ostensiblemente con la creación por parte del Consejo Superior de la Judicatura del Juzgado 7° de EPMS de esta ciudad, pues con esta decisión solo se creó un cargo para la secretaria común”.

II. CONSIDERACIONES

1. De la acción de tutela. Generalidades

La acción de tutela es un mecanismo judicial cuyo objeto es la protección de los derechos fundamentales amenazados o vulnerados por la acción u omisión de cualquier autoridad o por un particular, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.

La tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso, el otro mecanismo de defensa debe ser eficaz para proteger el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe dicho perjuicio y, de existir, concederá el amparo impetrado como

fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá examinar si existe dicho perjuicio y, de existir, concederá el amparo impetrado como mecanismo transitorio, siempre que esté plenamente acreditada la razón para conceder la tutela.

2. Planteamiento del problema jurídico

La Sala estima que la demanda de tutela cumple los requisitos generales para la procedibilidad de la acción de tutela, en especial el de subsidiariedad, teniendo en cuenta que la acto ra no cuestiona la legalidad del acto administrativo que no accedió a la petición de vacaciones, pues su inconformidad radica en la s obstaculizaciones administrativas que no ha n impedido que disfrute de sus vacaciones, circunstancia que conlleva a la ausencia de descanso y que podría comprometer su salud física y mental. En consecuencia, se resolverá el asunto de fondo.Radicado: 11001-03-15-0000-2023-01418-00

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En los términos de la acción de tutela , corresponde a la Sala determinar si el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué –Tolima y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, al descanso y a la igualdad de la señora Cristina Pérez Rodríguez, al no acceder a la solicitud de disfrute de vacaciones por motivos de

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad vulneraron los derechos fundamentales al trabajo, al descanso y a la igualdad de la señora Cristina Pérez Rodríguez, al no acceder a la solicitud de disfrute de vacaciones por motivos de orden presupuestal.

Para resolver, la Sala se referirá, en primer lugar, al derecho fundamental al descanso y a las vac aciones de los servidores judiciales. Finalmente, estudiará el caso concreto.

3. Del derecho fundamental al descanso

El artículo 53 de la Constitución Política prevé el derecho al descanso, que está estrechamente ligado con el artículo 25 ibidem que consagra que toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas.

En el ámbito internacional, diferentes instrumentos internacionales, que hacen parte del bloque de constitucionalidad, han protegido el derecho al descanso. En ese sentido, el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que toda persona tiene “ derecho al descanso , al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas”. En los mismos té rminos, el artículo 77 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece el derecho al trabajo.

En reiterada jurisprudencia 8, la Corte Constitucional ha señalado que uno de los derechos fundamentales del trabajador es el derecho al descanso y que “ la ius fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto y cuanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de lo s principios

ius fundamentalidad de este derecho se deduce de la interpretación sistemática de los artículos 1º, 25 y 53 de la Carta, en tanto y cuanto el descanso es una consecuencia necesaria de la relación laboral y constituye uno de lo s principios mínimos fundamentales del trabajo” 9. Además, ha señalado que el derecho al descanso debe entenderse como la oportunidad que se le otorga al empleado para reparar sus fuerzas intelectuales y materiales, pues la finalidad del cese de actividades por un periodo de tiempo es que el trabajador recupere las energías gastadas en la labor que desempeña, así como proteger su salud física y mental.

Es importante señalar que, en nuestra legislación, las vacaciones constituyen el derecho al descanso remunerado. Así, el trabajador tiene derecho a disfrutar de un tiempo libre como recompensa por las labores que desarrolló al servicio del empleador y con el pago anticipado de ese derecho causado. La Corte Constitucional10, respecto del derecho de vacaciones, señaló lo siguiente:

Las vacaciones constituyen un derecho del que gozan todos los trabajadores, como quiera que el reposo es una condición mínima que ofrece la posibilidad de que el empleado renueve la fuerza y la dedicación para el desarrollo de sus actividades. Las vacaciones no son entonces un sobre sueldo sino un derecho a un descanso remunerado. Por ello, la compensación en dinero de las vacaciones está prohibida, salvo en los casos taxativamente señalados en la ley, puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. (Subraya la Sala).

Además, en Sentencia C-171 de 2020, la Corte Constitucional estableció que “ las

puesto que la finalidad es que el trabajador efectivamente descanse. (Subraya la Sala).

Además, en Sentencia C-171 de 2020, la Corte Constitucional estableció que “ las vacaciones periódicas y remuneradas corresponden a uno de los mecanismos paraRadicado: 11001-03-15-0000-2023-01418-00

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concretar el derecho humano y el principio mínimo fundamental al descanso del trabajador; cuyo disfrute efectivo permite avanzar en el propósito de dignidad y justicia, en el ejercicio de sus actividades laborales”. De ahí que la periodicidad de las vacaciones garantice el descanso efectivo para el trabajador.

En sentencias de tutela del 26 de febrero de 20202, 27 de mayo de 20213, 3 de junio de 20214, 10 de junio de 20215, 1 de julio de 20216, 12 de agosto de 20217, del 19 de agosto de 2021 8 y del 16 de junio de 2022 9 (entre otras) , esta Sección ha amparado el derecho al descanso en casos relativos al disfrute de las vacaciones individuales de los servidores judiciales. Así también lo hizo en sentencia del 5 de agosto de 202110, en un caso de vacaciones colectivas.

4. De las vacacion es de los servidores judiciales y solución al problema jurídico planteado

El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de Administración de

4. De las vacacion es de los servidores judiciales y solución al problema jurídico planteado

El artículo 146 de la Ley 270 de 1996 –Estatutaria de Administración de Justicia– dispone que las vacaciones de los funcionarios y empleados de la rama judicial serán colectivas, salvo “las de los de la Sala Administrativa de los Consejos Superiores y Seccionales de la Judicatura, las de los Tribunal Nacional, las de los Juzgados Regionales mientras existan, de Menores, Promiscuos de Familia, Penales Municipales y de Ejecución de P enas; y las de los de la Fiscalía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses” asimismo, señala la norma que las vacaciones individuales serán concedidas de acuerdo con las necesidades del servicio por la Sala Administrativa del Consejo S uperior y Seccionales de la Judicatura, por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal a los Jueces y por el respectivo nominador en los demás casos, por un término de 22 días continuos por cada año de servicio.

Por su parte, mediante Circular No. PSAC11 -44 del 23 de noviembre de 2011, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura estableció el procedimiento para la programación de vacaciones de los funcionarios judiciales que pertenecen al régimen de vacaciones individuales.

La anterior circular derogó las circulares 44 y 89 de 2005, proferidas por esa misma entidad, última que establecía la asignación de recursos para remplazos por vacaciones del personal perteneciente al régimen de vacaciones individuales, bajo el cumplimiento de al menos alguna de las siguientes condiciones:

2.1. Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de

vacaciones del personal perteneciente al régimen de vacaciones individuales, bajo el cumplimiento de al menos alguna de las siguientes condiciones:

2.1. Que el número total de servidores del Despacho, incluido el Juez o del Centro de Servicios, sea menor o igual a tres, toda vez que debido al personal escaso no es conveniente aplicar la figura del encargo para nombrar el reemplazo del juez, y/o redistribuir las funciones del empleado que disfrutará de vacaciones, entre los empleados restantes.

2 11001-03-15-000-2020-00143-00. 3 Procesos Nos. 11001-03-15-000-2021-01100-00 y 11001-03-15-000-2021-01709-00. 4 Procesos Nos. 5001-23-33-000-2021-00684-01 y 11001-03-15-000-2021-01869-00. 5 11001-03-15-000-2021-02107-00. 6 Procesos Nos. 05001-23-33-000-2021-00898-01 y 11001-03-15-000-2021-00447-01. 7 Proceso No. 11001-03-15-000-2021-04136-00. 8 Procesos Nos. 05001-23-33-000-2021-01332-01(AC) y 11001-03-15-000-2021-04630-00. 9 Proceso No. 05001-23-33-000-2022-00444-01. 10 Proceso No. 11001-03-15-000-2021-04086-00(AC).Radicado: 11001-03-15-0000-2023-01418-00

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10 Proceso No. 11001-03-15-000-2021-04086-00(AC).Radicado: 11001-03-15-0000-2023-01418-00

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2.2. Cuando se trate de nombramientos de reemplazos por vacaciones de Jueces, cuyo despacho tenga más de tres servidores, el Tribunal encargado de dicho nombramiento deberá certificar que en el Despacho no existe ningún empleado que cumpla los requisitos para ser designado en encargo como Juez, situación que debe ser corroborada e igualmente certificada por el Director Seccional, previa verificación de las hojas de vida correspondientes.

Justamente la expedición de la Circular No. PSAC11 -44 del 23 de noviembre de 2011 tuvo como propósito eliminar los condicionamientos para el nombramiento de reemplazos en provisionalidad de los funcionarios judiciales, “que se encuentran sujetos al régimen de vacaciones individuales cuando pretendan hacer uso de este derecho” y dispuso el procedimiento a seguir por parte de los funcionarios judiciales del régimen de vacaciones individuales que pretendieran hacer uso de ese derecho, consistente en el deber de reportar la programación de las vacaciones hasta el mes de marzo del año siguiente a la causación, ante el Consejo Seccional de la Judicatura, Sala Administrativa y Dirección Seccional, del respectivo distrito judicial.

Ahora, si bien la citada circular únicamente se refiere a los funcionarios judiciales que, en los términos del artículo 125 de la Ley 270 de 1996 , se trata de los

Ahora, si bien la citada circular únicamente se refiere a los funcionarios judiciales que, en los términos del artículo 125 de la Ley 270 de 1996 , se trata de los magistrados de las corporaciones judiciales, los jueces de la República y los fiscales, esta Sala es del criterio de que “la omisión de establecer un procedimiento para garantizar los rubros de los reemplazos de los empleados judiciales no puede servir de fundamento para desconocer el derecho al descanso de estos”11.

5. Caso concreto

En el asunto objeto de análisis, la señora Cristina Pérez Rodríguez solicitó en el mes de marzo la programación de sus vacaciones para el disfrute del derecho al descanso, por haber laborado un año continuo. Sin embargo, no se accedió a su solicitud, bajo los argumentos de la necesidad del servicio y la negativa de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué–Tolima de asignar el presupuesto requerido para la designación del reemplazo del empleado ausente por vacaciones.

De acuerdo con lo anterior, la falta de asignación de recursos por parte de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Ibagué–Tolima está repercutiendo de manera directa en el derec ho al descanso de la actora y, de contera, amenaza su salud física y mental.

La Sala no desconoce que fue el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué el que, como nominador, negó el otorgamiento de las vacaciones de la demandante. Sin embargo, esa decisión está ligada a la respuesta del director Ejecutivo Seccional

Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué el que, como nominador, negó el otorgamiento de las vacaciones de la demandante. Sin embargo, esa decisión está ligada a la respuesta del director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Ibagué–Tolima, que en oficio DESAJIBO23-453 del 13 de marzo de 2023 informó que no era posible expedir el certificado de disponibilidad presupuestal para autorizar el reemplazo de las vacaciones de la señora Pérez Rodríguez.

11 Consejo de Estado. Sección Cuarta. Sentencia de 12 de diciembre de 2018. Radicado: 08001 -23-33-0002018 00756-01. C.P. Milton Chaves García. En igual sentido se indicó en la sentencia del 26 de febrero de

2020. Radicado Nro. 11001-03-15-000-2020-00143-00. C.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicado: 11001-03-15-0000-2023-01418-00

Demandante: Cristina Pérez Rodríguez

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Luego, como informó el juez coordinador del Centro de Servicios , esa falta de asignación de recursos necesariamente repercutiría en la prestación del servicio , porque las labores de la actora no pueden ser asumidas por las otras dos personas del Centro debido a la alta carga laboral que actualmente atraviesa12. Esa situación da cuenta de que no es posible redistribuir las funciones entre los demás servidores del despacho. Por lo tanto, resulta necesario nombrar un remplazo en el cargo de

del Centro debido a la alta carga laboral que actualmente atraviesa12. Esa situación da cuenta de que no es posible redistribuir las funciones entre los demás servidores del despacho. Por lo tanto, resulta necesario nombrar un remplazo en el cargo de la demandante y que se adelante las gestiones administrativas y presupuestales correspondientes.

Impedir el der echo al descanso con fundamento en restricciones de carácter administrativo, no es una carga que deba soportar la señora Cristina Pérez Rodríguez. De ahí que ante situaciones que puedan alterar el normal desarrollo de un despacho judicial o Centro de Servi cios, se requiere que exista un trabajo conjunto de las autoridades competentes en el que se permita garantizar tanto la continuidad del servicio como el derecho al descanso remunerado.

En este punto es importante resaltar que de conformidad con el artí culo 98 de la Ley 270 de 1996, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es “el órgano técnico y administrativo que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la Rama Judicial, con sujeción a las políticas y decisiones del Consejo Superior de la Judicatura”. Por su parte, el artículo 99 ibidem prevé que el director ejecutivo de Administración Judicial tiene entre sus funciones: (i ) administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y resp onder por su correcta aplicación o utilización y (i i) actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.

Por su parte, las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales tienen el deber de “(…) 6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y

Por su parte, las Salas Administrativas de los Consejos Seccionales tienen el deber de “(…) 6. Ejercer la vigilancia judicial para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y cuidar del normal desempeño de las labores de funcionarios y empleados de esta Rama (…)”13. De ahí la responsabilidad que le atañe en el caso concreto a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué–Tolima.

Conforme con lo anterior, la Sala encuentra que en el sub lite la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué–Tolima y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Ibagué vulneraron los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo y al descanso de la señora Cristina Pérez Rodríguez, al no acceder a la solicitud de disfrute de vacaciones.

Queda resuelto, entonces, el problema jurídico propuesto: el Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué–Tolima y el Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados de Ejecución de Penas y

12 Relacionó los siguientes oficios: (i) 13633 del 4 de febrero de 2022, suscrito por los escribientes de esa dependencia, en el que ponen de presente que las múltiples fallas en los sistemas han causado “un retraso desmedido” en las funciones que tienen asignadas i) el oficio No. 13633, del 04-02-2022, suscrito por los ; (iii)

oficios 427 del 25 -08-2021 y 427 del 07 -092021, por medio de los cuales el Juzgado 1° de EPMS, han registrado las fallas con los sistemas sumini strados y se refieren a las repercusiones de estas con la carga laboral y las posibles acciones disciplinarias que esta mora le puede acarrear al titular; (iv) oficio No. 0080, del dos (2) de febrero de 2022, del Juzgado 2° de EPMS, pone reitera las fallas y enuncia las repercusiones en la gestión del despacho; (y) oficio No. 081, del 14 -02-2022, donde comunica la congestión en el cargue de peticiones al sistema por la demora de la digitalización. 13 Ley 270 de 1996.Radicado: 11001-03-15-0000-2023-01418-00

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Medidas de Seguridad vulne