CE - 010315000202301420001SENTENCIA20230609000000

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01420-00

Demandante: Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural

Sumergido de Colombia

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-01420-00

Demandante: VEEDURÍA NACIONAL PARA EL CONTROL SOCIAL DEL

PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO DE COLOMBIA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN PRIMERA, SUBSECCIÓN B

Temas: Contra providencia judicial, contra recurso de insistencia.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, por conducto del representante legal, por la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia -VNPCScontra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B , de conformidad con lo establecido en el artículo 1 º del Decreto 333 de 2021.

de Colombia -VNPCScontra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B , de conformidad con lo establecido en el artículo 1 º del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia VNPCS, -en adelante la veeduría -, interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B , por estimar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia . En consecuencia, formul ó las siguientes pretensiones:

«1. Se amparen los derechos fundamentales del accionante y su representada, así como los de la sociedad que representan: artículos: 13 igualdad; 14 reconocimiento de personalidad jurídica; 23 petición; 25 trabajo; 29 debido proceso; 229 acceso a la justicia.

2. Se ordene, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, se corrija o anule la providencia judicial 2022-09-122 RI, emanada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, emitida en Sala el 8 de septiembre de 2022 con la cual se “declara bien negada la solicitud formulada por el señor Francisco Hernando Muñoz Atuesta actuando en nombre y representación de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia —VNPCS”, tocante al recurso de insistencia contenido en el expediente 25000-23-41000-2022-00607-00, y en consecuencia, se conceda pleno acceso a la información

Sumergido de Colombia —VNPCS”, tocante al recurso de insistencia contenido en el expediente 25000-23-41000-2022-00607-00, y en consecuencia, se conceda pleno acceso a la información solicitada por el accionante a la DIMAR en su derecho de petición de 24 de marzo de 2022.

3. Igualmente, se pide protección al ejercicio del derec ho constitucional a la participación ciudadana en la fiscalización de la gestión pública por medio de la Veeduría Ciudadana (mecanismo democrático de representación) la cual, en este caso puntual, a esta VNPCS le han sido frustrados sus ingentes esfuerzos para ejercer su objeto de control social sobre el Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia, vulnerándose postulados Internacionales, Constitucionales y Legales que promueven la participación ciudadana en la fiscalización de la gestión pública, como son los Derechos Humanos 1, 7 y 8; el artículo 13,2 de la Convención Americana de Derechos Humanos; los artículos 74 y 270 de la Constitución Nacional; el artículo 66 de la Ley 80 de 1993; artículo 100 de la Ley 134 de 1994; artículo 63 y 66 de la Ley Estatutaria 1757 de 2015; Ley 1755 de 2015; literal “h” del artículo 4 de la Ley 87 de 1993; y en especial la Ley 850 de 2003».Radicado: 11001-03-15-000-2023-01420-00

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2. Hechos

De la lectura del expediente, se resaltan como hechos relevantes los siguientes:

El 24 de marzo de 2022, el señor Francisco Hernando Muñoz Atuesta, en representación de la Veeduría, formuló petición ante la Di rección General Marítima, en adelante DIMAR, a la que le correspondió el radicado número 292022102993, con el fin de obtener información relacionada con material escrito, fotográfico y de video de los hallazgos de especies náufragas relacionadas con las exploraciones adelantadas por la DIMAR, al igual que información sobre autorizaciones de exploración en las áreas marítimas cercanas a Serranilla y Bajo Nuevo en el Archipiélago de San Andrés que involucren al señor Burt Webber o a la señora Sandra Bessudo Lion.

El Director General de la DIMAR, mediante oficio 29202201710 del 31 de marzo del 2022, le solicitó al peticionario aclarar y complementar la petición en el sentido de informar las razones que la fundamentaban, de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 16 de la Ley 1755 de 2015 . E l 5 de abril del 2022 el peticionario manifestó insistir en la petición en calidad de representante de una Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sum ergido de

el numeral 4 del artículo 16 de la Ley 1755 de 2015 . E l 5 de abril del 2022 el peticionario manifestó insistir en la petición en calidad de representante de una Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sum ergido de Colombia.

La DIMAR, mediante oficio 29202202049 MD -DIMAR-SUBDEMAR-GINSEMARINV del 21 de abril del 2022 , resolvió la solicitud en el sentido de informar que , frente a los puntos uno y cuatro de la petición, era imposible entregar la información porque se encuentra sometida a reserva, por razones de defensa, seguridad y soberanía nacional y, en ese sentido, indicó que está protegida por la Ley 1675 de 2013, sobre Patrimonio Cultural Sumergido; la Ley 1712 de 2014, de transparencia y del derecho d e acceso a la información pública nacional y, la Ley 1755 de 2015 por medio del cual se sustituyó un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

En lo demás, la DIMAR, por medio del radicado número 29202202048 dio traslado de la solicitud al Ministerio de Cultura, por considerar que era la entidad competente para emitir concepto de fondo respecto de los demás puntos de la solicitud.

El peticionario en escritos radicados del 25 de abril, 27 de abri l, 9 de mayo y 11 de mayo del 2022 interpuso recurso de insistencia frente a la respuesta emitida por la DIMAR, con fundamento en que la información requerida tiene relación única y exclusivamente con el patrimonio cultural sumergido de la nación, en torno a todo lo inherente al proceso científico, académico y cultural y en nada relacionado con

la DIMAR, con fundamento en que la información requerida tiene relación única y exclusivamente con el patrimonio cultural sumergido de la nación, en torno a todo lo inherente al proceso científico, académico y cultural y en nada relacionado con la defensa o seguridad nacional. Dijo, además, que la DIMAR no justificó el motivo por el cual la información solicitada se encuentra dentro de las causales de carácter legal o constitucional que impliquen la reserva de la totalidad de la información.

El Director General Marítimo de la DIMAR, por medio de l radicado número 29202202948 del 7 de junio del 2022, remitió al Tribunal Administrativo de Cundinamarca el recurso de insistencia.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, en providencia del 8 de septiembre de 2022, declaró bien denegada la solicitud de información que ejerció el señor Francisco Hernando Muñoz Atuesta, como representante legal de la veeduría, para lo cual precis ó que la reserva se invocóRadicado: 11001-03-15-000-2023-01420-00

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únicamente respecto de los interrogantes números 1 1 y 42 de la petición del 24 de

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únicamente respecto de los interrogantes números 1 1 y 42 de la petición del 24 de marzo de 2022, por lo que sería respeto de estos dos puntos que proveería.

Al analizar la i nformación que la DIMAR remitió con destino al expediente, la cual contenía la información respecto de la que se solicitó el acceso, determinó que está incluía de forma reservada documentos de los procesos judiciales instaurados por la empresa SEA Search Armada SSA contra el Estado Colombiano, tanto en Colombia como en los Estados Unidos, litigios que versan respecto de la propiedad y los derechos derivados del hallazgo del Galeón San José, situación que eventualmente podría resultar lesiva a los intereses patrimoniales y culturales de la Nación.

Igualmente, estableció que la información contenía coordenadas, nombres de personas que participaron en la expedición en calidad de inspectores, nombres de naves y fechas de autorizaciones, entre otros, los cuales en virtud del artículo 20 de Ley 1675 de 2013, sobre patrimonio cultural sumergido; del literal a) del artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, sobre transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y del numeral 1) del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 por medio del cual se regula el derecho fundamental de petición, se considera información de carácter reservado por seguridad, defensa y soberanía nacional, en los que además se ventilan intereses de otros países.

Explicó que, si bien, en las solicitudes el señor Francisco Hernando Muñoz Atuesta no solicitó información relacionada con las coordenadas, la información pedida es

los que además se ventilan intereses de otros países.

Explicó que, si bien, en las solicitudes el señor Francisco Hernando Muñoz Atuesta no solicitó información relacionada con las coordenadas, la información pedida es conexa o relacionada y se encuentra protegida de acuerdo con la ley.

Indicó que, en cuanto a los bienes incorporados en el Registro Nacional de Patrimonio Cultural Sumergido, el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015 señaló en el artículo 2.7.1.3.12: los bienes que se encuentren como resultado de la exploración, serán incorporados al Registro Nacional de los Bienes del Patrimonio Cultural Sumergido, pero se mantendrá reserva sobre su ubicación en los términos del artículo 17 de la Ley 1675 de 2013.

Que, por su parte, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH expidió la Resolución 114 de 20153, en la que estableció que “Será de carácter público reservado la documentación que sobre Patrimonio Cultural Sumergido se expida por el ICANH y por aquellas entidades públicas o privadas involucradas en la intervención de este patrimonio y que tenga conocimiento el instituto, siempre y cuando cumpla con los requisitos de reserva establecida por la normatividad vigente”.

Dijo que e l Reglamento Marítimo Colombiano - REMACen concordancia con lo previsto en la Ley 1712 d e 2014 y en la Ley 1675 de 2013, indica que el acceso a la información de coordenadas y ubicación material de los elementos del patrimonio cultural sumergido se exceptúa por circunstancias de defensa y seguridad nacional y que, en el capítulo relacionado con la información pública, reguló la reserva de la

la información de coordenadas y ubicación material de los elementos del patrimonio cultural sumergido se exceptúa por circunstancias de defensa y seguridad nacional y que, en el capítulo relacionado con la información pública, reguló la reserva de la información a su cargo, con fundamento la defensa y la seguridad nacional.

Respecto al uso de la imagen relacionada con el Patrimonio Cultural Sumergido, concluyó que las imágenes generadas en el proceso de exploración e intervención son propiedad de la Nación y deben ser manejadas por el ICANH y la DIMAR, de

1 “Hallazgo de especies náufragas relacionadas con las exploraciones adelantadas en virtud de la resoluci ón 0048 de enero 29 de 1980 y cuyo denuncio fue reconocido mediante la resolución 0354 de 3 de junio de 1982 - material escrito, fotográfico y de video”. 2 “Información sobre la exploraci ón adelantada en virtud de la resoluci ón 0304-2016MD-DIMARSUBDEMAR-ALIT de 13 de mayo de 2016. La información solicitada se refiere puntualmente al informe final de exploración, así como material escrito, fotográfico y de video”. 3 “Por la cual se establece el car ácter de confidencialidad de los documentos relacionados con el Patrimonio Cultural Sumergido”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01420-00

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acuerdo con lo dispu esto en el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 20154. Al respecto, indicó, en primer lugar, que cualquier imagen o material obtenido por cualquier procedimiento podría llevar a la ubicación de bienes del patrimonio cultural sumergido, lo cual hace improcedente su entrega y, en segundo lugar, las imágenes generadas en el proceso de exploración e intervención del Patrimonio Cultural Sumergido son propiedad de la nación y su manejo es restrictivo, así lo disponen los artículos 2.7.1.5.1. y 2 .7.1.5.2. del Decreto Único Reglamentario de Cultura 1080 de 2015.

Se refirió a la Resolución 0192 de 2020 de la DIMAR, según la cual, la información presentada por la persona natural o jurídica autorizada para la realización de las actividades relativas al Patrimonio Cultural Sumergido, la documentación cursada con la Armada Nacional para efectos de emitir pronunciamiento, los antecedentes que reposan en la entidad, las coordenadas que delimiten las áreas de intervención de las mismas y las imágenes obtenidas en dichas actividades, tendrán el carácter de reservado.

El Decreto 204 del 8 de febrero del 2022 5, sobre Patrimonio Cultural Sumergido,

de las mismas y las imágenes obtenidas en dichas actividades, tendrán el carácter de reservado.

El Decreto 204 del 8 de febrero del 2022 5, sobre Patrimonio Cultural Sumergido, señala la reserva de la información que pueda dar cuenta de la ubicación del Patrimonio Cultural Sumergido, de forma directa o indirecta, en los términos del artículo 17 y artículo 20 de la Ley 1675 de 2013.

En el mismo sentido, respecto de la petición sobre la Resolución 0304 de 2016, determinó que es objeto de reserva, comoquiera que se refiere al informe final de exploración, que de acuerdo con el Decreto 1080 de 2015 en e l artículo 2.7.1.3.11.6, debe contener información que se relacionan de manera directa o indirecta con la ubicación, coordenadas o información relevante que permitiría deducir fácilmente la localización del hallazgo denominado “ Galeón San José” y la Ley 1675 de 2013 estableció el carácter reservado de las coordenadas y cualquier elemento relacionado con la ubicación de bienes de Patrimonio Cultural Sumergido.

La providencia se notificó por correo electrónico el 20 de septiembre de 2022.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora la autoridad judicial demandada incurrió en los defectos procedimental absoluto, material o sustantivo, por decisión sin motivación y por violación directa de la Constitución, con base en los fundamentos que se pasan a resumir.

En cuanto a la reserva de la información relacionada con coordenadas de la ubicación del galeón San José

Indicó que la autoridad judicial demandada falló extra petita al determinar que “la

resumir.

En cuanto a la reserva de la información relacionada con coordenadas de la ubicación del galeón San José

Indicó que la autoridad judicial demandada falló extra petita al determinar que “la Sala puede concluir que la información sobre coordenadas y cualquier dato que conlleve a la ubicación de bienes de patrimonio cultural sumergido tienen reserva legal” , al efecto, explicó que esa información fue excluida en la petición del 24 de marzo de 2022 , cuando expresamente dijo “excluyendo única y exclusivamente la que haga relación directa o indirecta con las coordenadas o ubicación del hallazgo, tal como le limita la legislación vigente en especial el artículo 17 de la Ley 1675 de 2013 y los artículos 16 y 21 del Decreto 1467 de 2012, reglamentario de la Ley 1508 de 2012, así como el parágrafo 1 del artículo 4° del Decreto 204 de febrero de 2022”.

4 “Artículo 2.7.1.5.1. Propiedad de imagen. Las imágenes generadas en el proceso de exploración y de intervención sobre el Patrimonio Cultural Sumergido son propiedad de la nación, sin perjuicio de los derechos morales adquiridos por las personas autorizadas. Artículo 2.7.1.5.2. Reserva de imagen. Las imágenes obtenidas, cualquiera que sea su procedimiento (luz, sonar, eléctrica u otros) serán manejadas de manera restrictiva por el Instituto Colombiano de Antropológica e Historia (ICANH) y la Dirección General Marítima (Dimar)”. 5 “Por el cual se modifican y adicionan unos artículos del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01420-00

General Marítima (Dimar)”. 5 “Por el cual se modifican y adicionan unos artículos del Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 1080 de 2015”.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01420-00

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Insistió en que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca reiteró y enfatizó la importancia de la reserva de las coordenadas y los datos relacionados con la ubicación de los elementos del Patrimonio Cultural Sumergido, a pesar de que en la petición nunca hizo tal solicitud, con fundamento en lo cual, alega que se negó una información que no fue pedida y, por lo tanto, que excedió los límites de su competencia al emitir un fallo " extra petita", “decidiendo sobre algo que no fue solicitado expresamente en el proceso, lo que puede ser motivo de nulidad de la sentencia”.

Adujo que el fallo atacado es incongruente porque negó el acceso a la información solicitada, la cual comprende una gran cantidad de documentos de diversa naturaleza, que incluye miles de fotografías, registros electrónicos y digitales, y horas de video, con fundamento en “... que la información sobre coordenadas y cualquier dato que conlleve a la ubicación de bienes de patrimonio cultural sumergido tienen reserva legal ...”.

naturaleza, que incluye miles de fotografías, registros electrónicos y digitales, y horas de video, con fundamento en “... que la información sobre coordenadas y cualquier dato que conlleve a la ubicación de bienes de patrimonio cultural sumergido tienen reserva legal ...”. A su juicio , de manera equivocada el tribunal concluyó que la totalidad de la documentación solicitada hacía referencia única y exclusivamente a coordenadas y otros datos que permit irían la ubicación de bienes pertenecientes al Patrimonio Cultural Sumergido.

Sostuvo que la información contenida en el disco compacto que allegó la DIMAR al expediente del recurso de insistencia no incluía toda la información solicitada, por lo cual no era posible decidir cuál información ostentaba realmente la calidad de reservada y cuál no, “lo que constituye un defecto fáctico, procedimental y material o sustancial, así como una vulneración a los derechos fundamentales del accionante y su representada”.

Afirmó que la documentación enviada por la DIMAR al tribunal se reduce a un grupo de resoluciones y/o actos administrativos, que, si bien están relacionados con lo solicitado, no comprenden el todo de la información solicitada, dado que, la información de interés es la relacionada con las “exploraciones adelantadas en virtud de la resolución 0048 de enero 29 de 1980 y cuyo denuncio fue reconocido mediante la resolución 0354 de 3 de junio de 1982” , la cual es información compuesta, también, por otra clase de documentos, diferentes a los allegados, “como lo son los relacionados con todas y cada una de las faenas realizadas entre 1980 y 1982 las cuales se realizaron en diferentes fechas, tales como: Bitácoras, informes de l os inspectores de la Armada, informes de la empresa Glocca Morra (hoy

de las faenas realizadas entre 1980 y 1982 las cuales se realizaron en diferentes fechas, tales como: Bitácoras, informes de l os inspectores de la Armada, informes de la empresa Glocca Morra (hoy Sea Search Armada), además, la información generada en cada exploración como: documentos, registros electrónicos, fotografías y videos; igual, que las actas de la comisión asesora de recuperación de especies náufragas (hoy Comisión de Especies Náufragas), etc.”.

Lo anterior, para reiterar que la reserva solo es atribuible a la información que haga relación directa o indirecta con las coordenadas o ubicación del hallazgo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Ley 1675 de 2013 y los artículos y 21 del Decreto 1467 de 2012, reglamentario de la Ley 1508 de 2012 y el parágrafo 1 del artículo 4 del Decreto 204 de febrero de 2022.

Alegó el defecto mate rial o sustantivo porque el tribunal demandado justificó la reserva sobre “nombres de personas que participaron en la expedición en calidad de inspectores, nombres de naves y fechas de autorizaciones, [...] por seguridad, defensa y soberanía nacional, en los que además se ventilan intereses de otros países”, basado en el artículo 20 de la Ley 1675 de 2013 6, en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 y en el artículo 24 de la Ley 1755 de 2015

6 Artículo 20 de la ley 1675 de 2013. “Competencias de la Dire cción General Mar ítima (Dimar). La Direcci ón General

Ley 1755 de 2015

6 Artículo 20 de la ley 1675 de 2013. “Competencias de la Dire cción General Mar ítima (Dimar). La Direcci ón General Marítima (Dimar) ejercer á vigilancia y control de las actividades mar ítimas que desarrollen los contratistas, seg ún sus atribuciones y competencias. De igual manera, la Direcci ón General Marítima (Dimar) mantendr á la función de otorgar las autorizaciones en los asuntos que son de su competencia y que, sin oponerse a lo establecido en esta ley, se requieran para poder desarrollar o ejercer las actividades o suscribir los contratos para exploración, intervenci ón o aprovechamiento económico del Patrimonio Cultural Sumergido. La informaci ón que en consonancia con la legislaci ón vigente tenga car ácter reservado por razones de soberan ía y defensa nacional, entre otras, será preservada por la Dirección General Marítima.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01420-00

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Frente a lo cual se limitó a decir que la Ley 1675 d e 2013 no tiene e l alcance que

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Frente a lo cual se limitó a decir que la Ley 1675 d e 2013 no tiene e l alcance que le atribuyó el tribunal ; en cuanto al artículo 19 de la Ley 1712 de 2014, prevé que se debe motivar el daño a los intereses públicos, cuando dicho acceso estuviese prohibido por una norma “lo cual no acreditó en debida forma”.

Frente al numeral 1 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015, mencionó que no es cierto, como lo adujo el tribunal «que el numeral 1 del artículo 24 de la Ley 1755 de 2015 señale “...sino también toda información y documentación que se relacione con el patrimonio cultural sumergido”.» sino que indica «solo tendrán carácter reservado las informaciones y documentos expresamente sometidos a reserva por la constitución política o la ley, y en especial: (…) 1. Los relacionados con la defensa y seguridad nacional».

En cuanto a la naturaleza de reservada de la información solicitada

De manera específica, frente a la reserva invocada en cuanto a la solicitud número 4 de la petición del 24 de marzo de 2022, reiteró que la información solicitada a la DIMAR hace relación directa, única y exclusivamente con el patrimonio cultural sumergido de la Nación, en torno a todo lo inherente al proceso científico, académico y cultural y en nada relacionado con la defensa o seguridad nacional.

Al respecto, afirmó que dentro del expediente no consta la existencia de alguna imagen y, por lo tanto, el tribunal demandado “jamás tuvo a la vista imagen alguna”, pues según dice, en los 23 actos administrativos que allegó la DIMAR, ninguno de ellos

Al respecto, afirmó que dentro del expediente no consta la existencia de alguna imagen y, por lo tanto, el tribunal demandado “jamás tuvo a la vista imagen alguna”, pues según dice, en los 23 actos administrativos que allegó la DIMAR, ninguno de ellos se hace alusión a algún tipo de registro de imagen, video o fotografía. Con fundamento en lo cual, aduce que la decisión cuestionada es “incongruente, además, constituye un defecto procedimental absoluto, un defecto fáctico” porque «se aventura a asegurar (sobre un material que no ha visto, ni consta su existencia en el expediente), que, “... cualquier imagen o material obtenido por cualquier procedimiento podría llevar a la ubicación de bienes del patrimonio cultural sumergido, lo cual hace improcedente su entrega ...”».

Seguidamente sostuvo que, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca desconoció que, del contexto arqueológico del galeón San José se han publicado imágenes y videos por parte del gobierno, las cuales se encuentran al alcance de todo aquel que tenga acceso a Internet . Ello para señalar que no hay manera que las aludidas imágenes, material fotográfico y de video, sobre el contexto arqueológico del galeón San José lleven a alguien al lugar de ubicación de bienes pertenecientes al patrimonio cultural sumergido de Colombia.

En cuanto a la limitación temporal para aducir reserva legal

Dijo que la autoridad judicial demandada negó la información que reposa en archivos estatales desde hace más de 40 años, lo cual vulnera las excepciones temporales señaladas en el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014, que determinan un período máximo de reserva de 15 años.

En cuanto a la calidad de información contenida en procesos judiciales

temporales señaladas en el artículo 22 de la Ley 1712 de 2014, que determinan un período máximo de reserva de 15 años.

En cuanto a la calidad de información contenida en procesos judiciales

Cuestionó que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera, Subsección B, afirmara que la información solicitada está contenida de forma reservada en procesos judiciales instaurados por la empresa Sea Searc h Armada SSA, contra el Estado Colombiano, tanto en Colombia como en los Estados Unidos, sobre litigios que versan respecto de la propiedad y los derechos derivados del hallazgo del Galeón San José, situación que eventualmente podría resultar lesiva a los intereses patrimoniales y culturales de la Nación.

A su juicio, el tribunal acogió los planteamientos de la ANDJE de un plano netamente hipotético, pues, sostuvo que: (i) e s falso que el CD que la DIMARRadicado: 11001-03-15-000-2023-01420-00

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remitió al expediente contenía información de forma reservada en algún proceso judicial, porque “no hay pruebas en el expediente que respalden la existencia de dichos litigios, ni de su supuesta reserva”; (ii) el litigio que tuvo el Estado colombiano con la empresa

remitió al expediente contenía información de forma reservada en algún proceso judicial,