CE - 010315000202301514001SENTENCIA20230602155651

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01514-00

Demandante: Gloria Pastora Peña Villalobos

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., primero (1º) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-01514-00

Demandante: GLORIA PASTORA PEÑA VILLALOBOS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN SEGUNDA,

SUBSECCIÓN B Y OTRO

Temas:

REQUSI

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL. NULIDAD Y

RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO –RÉGIMEN

RETROACTIVO DE LAS CESANTÍAS – REQUISITOS

GENERALES DE PROCEDENCIA.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por la señora Gloria Pastora Peña Villalobos contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda,

Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderado, por la señora Gloria Pastora Peña Villalobos contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B y el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Gloria Pastora Peña Villalobos ejerció acción de tutela en contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B , y el Tribunal Administ rativo de Cundinamarca, Sección Segunda, Subsección D, por considerar vulnerados los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso, al mínimo vital y de seguridad social. En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones: “PRIMERO: Comprobado cómo están los elementos axiológicos para la prosperidad de la acción, respetuosamente solicito SE DEJE SIN EFECTOS la sentencia emitida por el CONSEJO DE ESTADO - SECCION SEGUNDASUBSECCION -Ade fecha 05 de diciembre de 2022, mediante la cual confirmó la sentencia emitida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA, SECCION SEGUNDA, SUBSECCION “D” el 21 de octubre de 2021.

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, solicito respetuosamente se ORDENE al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO - SECCION SEGUNDASUBSECCION -Aa proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FIDUCARIA LA PREVISORA S.A a PAGAR el valor de la cesantía con

proferir sentencia de fondo ordenando al FONDO DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO – FIDUCARIA LA PREVISORA S.A a PAGAR el valor de la cesantía con RETROACTIVIDAD a la señora GLORIA PASTORA PEÑA DE JARAMILLO, identificado con la Cédula de Ciudadanía N°. 21.207.512 expedida en Guamal, tomando como salario base de liquidación la asignación básica correspondiente al año del retiro del servicio.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01514-00

Demandante: Gloria Pastora Peña Villalobos

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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TERCERO: Solicito cordialmente a su distinguida Sala oficiar al HONORABLE CONSEJO DE ESTADO - SECCION SEGUNDASUBSECCION -Apara que allegue en su integralidad el expediente del proceso 25000234200020190141001 (2914-2022), como quiera que el expediente ya ha sido devuelto del Tribunal al despacho de origen.”

2. Hechos

De la lectura del expediente, se advierten como hechos relevantes los siguientes:

La señora Gloria Pastora Peña Villalobos laboró como docente al servicio del magisterio en la Secretaría de Educación del Departamento del Meta, desde el 2 de marzo de 1973 hasta el 19 de julio de 1990 y como docente en propiedad durante el

La señora Gloria Pastora Peña Villalobos laboró como docente al servicio del magisterio en la Secretaría de Educación del Departamento del Meta, desde el 2 de marzo de 1973 hasta el 19 de julio de 1990 y como docente en propiedad durante el periodo comprendido entre el 30 de julio de 1990 y el 8 de ene ro de 2019 en la Secretaría de Educación de Bogotá.

El 15 de febrero de 2019 , la actora solicitó a la Secretaría de Educación de Bogotá – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio el reconocimiento y pago de las cesantías definitivas, dicha solicitud fue atendida mediante Resolución núm. 2783 del 4 de abril de 2019, en la que se reconoció, liquidó y ordenó el pago de la liquidación definitiva de las cesantías bajo el régimen anualizado ; por lo cual la demandante interpuso recurso de reposición y mediante Resolución núm. 4723 del 27 de mayo de 2019, fue confirmada la resolución recurrida. Inconforme con lo anterior, la señora Peña Villalobos ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el que solicitó que se declarara la nulidad de los actos administrativos referidos, pues, a su juicio, había lugar al reconocimiento de las cesantías definitivas bajo el sistema retr oactivo, acorde al último salario devengado de conformidad a lo establecido en la Ley 91 de 1989. La Sección Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , en sentencia de l 21 de octubre de 2021, negó las pretensiones de la demanda bajo el

La Sección Segunda, Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca , en sentencia de l 21 de octubre de 2021, negó las pretensiones de la demanda bajo el argumento de que la demandante no tiene derecho al reconocimiento de las cesantías con régimen retroactivo, pues, de conformidad con el material probatorio obrante en el expediente, la normativa y la jurisp rudencia, debían ser liquidadas anualmente y sin retroactividad, tal como lo dispone la Ley 91 de 1989, en su artículo 15, dado que su vinculación se dio con posterioridad al 31 de diciembre de 1989 (16 de junio de 1990). La actora interpuso recurso de ape lación contra la referida providencia y la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado , mediante providencia del 5 de diciembre de 2022 , la confirmó al considerar que los periodos reclamados por la demandante fueron objeto de reconocimiento de cesa ntías definitivas y hubo una ruptura de la relación laboral que tuvo vigencia entre el 2 de marzo de 1973 y el 16 de julio de 1990, lo que tuvo como consecuencia la pérdida del derecho a la liquidación de la prestación social del lapso del 30 de julio de 1990 al 8 de enero de 2019 a través del sistema retroactivo, por tal razón, no fue posible la inclusión de periodos anteriores al 30 de julio de 1990 ni la liquidación retroactiva del beneficio prestacional del periodo laborado con posterioridad al 30 de ju lio de 1990 en la medida que el régimen procedente para el reconocimiento es el anualizado.

3. Argumentos de la tutela

A juicio de la demandante, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en

laborado con posterioridad al 30 de ju lio de 1990 en la medida que el régimen procedente para el reconocimiento es el anualizado.

3. Argumentos de la tutela

A juicio de la demandante, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en defecto sustantivo dado que, a su juicio, se le deben reconocer y pagar las cesantías de forma retroactiva, conforme lo señalado en el artículo 17 de la Ley 6 de 1945; elRadicado: 11001-03-15-000-2023-01514-00

Demandante: Gloria Pastora Peña Villalobos

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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artículo 1º del Decreto 2767 de 1945; el artículo 1º de la Ley 65 de 1946; los artículos 1 y 2 del Decreto 1160 de 1947 y los Decretos 2755 de 1966, 899 de 1991 y Ley 91 de 1989.

Indicó que en las decisiones reprochadas se incurrió en desconocimiento del precedente judicial por omisión de lo estipulado en las sentencias de unificación SUJ025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado , demandante Gloria Luz Manco Quiroz , radicado: 05001 -23-33025-CE-S2-2021 del 9 de septiembre de 2021, emitida por la Sección Segunda del Consejo de Estado , demandante Gloria Luz Manco Quiroz , radicado: 05001 -23-33000-2013-01143-01 (1317 -2016), sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, consejero Ponente: Carmelo Perdomo radicado: 25000234200020130468301.

Finalmente, afirmó que se realizó una interpretación completamente desmedida e inaceptable al dar un trato diferencial en lo que respecta al reconocimiento y pago de las cesantías de forma retroactiva dado que no entiende por qué la entidad se negó a darle continuidad al régimen retroactivo de sus cesantías cuando el traslado de la Escuela las Camelias del departamento del Meta al IED Alfonso López Pumarejo en Bogotá, únicamente duro 9 días hábiles razón por la que prestó sus servicios de manera continua y en esa medida no tendría por qué cambiar el régimen de cesantías aplicable.

4. Trámite previo Mediante auto del 28 de marzo de 202 3, se admitió la acción de tutela , se ordenó notificar a las partes y a los magistrados que conforman la Subsección D de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a los Consejeros que conforman la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado y a la Nación –Ministerio de Educ ación Nacional-Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio-, como terceros interesados en el resultado del p roceso a quienes se les remitió copia de la demanda.

Adicional a lo anterior el despacho sustanciador mediante auto del ordenó notificar a

del Magisterio-, como terceros interesados en el resultado del p roceso a quienes se les remitió copia de la demanda.

Adicional a lo anterior el despacho sustanciador mediante auto del ordenó notificar a los consejeros que conforman la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

5. Oposiciones

La Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado guardó silencio y por su parte el Tribunal Administrativo de Cundinamarca remitió el expediente y no se pronunció respecto a la solicitud de amparo.

Por su parte la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado , por intermedio del ponente de la decisión cuestionada, indicó que lo pretendido por la actora es hacer uso de la acción de tutela como instancia adicional a lo definido en el proceso ordinario pues claramente lo que argumentó evidencia que pretende reabrir nuevamente la discusión definida.

De igual forma, señaló que la solicitud de amparo plantea una discusión de carácter legal la cual evidencia la falta de relevancia constitucional del caso expuesto por la demandante y , en todo caso , precisó que la decisión controvertida puede ser susceptible de ser objeto del recurso extraordinario de revisión conforme al artículo 248 del CPACA , por lo que solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01514-00

Demandante: Gloria Pastora Peña Villalobos

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Gloria Pastora Peña Villalobos

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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6. Intervenciones

El Ministerio Nacional de Educación solicitó que se declare la falta de legitimación en la causa por pasiva dado que no es el responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración alegada por la demandante , en consecuencia no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones de la presente acción de tutela, pues los conflictos alegados en la presente solicitud de amparo , se circunscriben a las actuaciones de un despacho judicial, razón por la que es claro que no tiene injerencia en la decisión que se tome al respecto.

El FOMAG guardó silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: «Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quie ra que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quie ra que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C -590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Exp. AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando

excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de d efensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo;Radicado: 11001-03-15-000-2023-01514-00

Demandante: Gloria Pastora Peña Villalobos

5

Demandante: Gloria Pastora Peña Villalobos

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Gloria Pastora Peña Villalobos pretende que se deje sin efecto la providencia del 5 de diciembre de 2022 proferida por la Sección Segunda, Subsección A del Consejo de Estado que confirmó la sentencia de la Sección Segunda Subsección D del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante la que se le negó el reconocimiento y pago de las cesantías en modalidad retroactiva.

A la sala le corresponde determinar si el presente asunto se cumple con el requisito de relevancia constitucional y, solo en el evento en que se logre superar el requi sito de procedencia y los demás requisitos generales, descenderá con el estudio de la configuración de los defectos alegados por la parte actora.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional 1 ha señalado que la relevancia constitucional

independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional 1 ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una ins tancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014 4, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cump lir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las

cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cump lir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela . La discusión propuesta en la demanda de tutela debe

(v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución. 4 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ). Actor: Alpina Productos Alimenticios S.A.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01514-00

Demandante: Gloria Pastora Peña Villalobos

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serio s y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

De la falta de relevancia constitucional en el sub examine

En el caso concreto, la Sala advierte que la señora Gloria Pastora Peña Villalobos propone la misma discusión jurídica que presentó en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra la Nación – Ministerio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Si bien, la demandante alega que las providencias objeto de tutela vulneraron

y restablecimiento del derecho que interpuso contra la Nación – Ministerio de EducaciónFondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.

Si bien, la demandante alega que las providencias objeto de tutela vulneraron derechos fundamentales e incurrieron en defecto sustantivo y desconocimiento del precedente judicial, lo ci erto es que, en últimas, lo que pretende la actora es que se reabra el debate surtido en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 2019-01410-01, el cual concluyó que no había lugar a reconocer las cesantías definitivas solicitadas por la demandante en la modalidad retroactiva.

La Sala observa que, en el recurso de apelación presentado contra la sentencia de primera instancia en el medio de control, que negó las pretensiones de la demanda, se indicó:

«(…) En cuanto a la forma de liquidar las Cesantías (sistema Retroactivo o Anualizado), el artículo 15 de la ley 1091 de 1989, en concordancia del artículo 6 de la Ley 60 de 1993, en su numeral 1ro y 3ro estableció que:

1. Los docentes nacionalizados que figuren vinculados hasta el 31 de diciembre de 1989, para efectos de las prestaciones económicas y sociales, mantendrán el régimen prestacional que han venido gozando en cada entidad territorial de conformidad con las normas vigentes.

3. Cesantías: Para los docentes nacionalizados vi nculados hasta el 31 de diciembre de 1989, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último

Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio pagará un auxilio equivalente a un mes de salario por cada año de servicio o proporcionalmente por fracción de año laborado, sobre el último salario devengado, si no ha sido modificado en los últimos tres meses, o en caso contrario sobre el salario promedio del último año.

Para los docentes que se vinculen a partir del 1 de enero de 1990 y para los docentes nacionales vinculados con anterioridad a dicha fec ha, pero sólo con respecto a las cesantías generadas a partir del 1 de enero de 1990, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio reconocerá y pagará un interés anual sobre saldo de estas cesantías existentes al 31 deRadicado: 11001-03-15-000-2023-01514-00

Demandante: Gloria Pastora Peña Villalobos

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica: http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos/evalidador

diciembre de cada año, l iquidadas anualmente y sin retroactividad, equivalente a la suma que resulte aplicar la tasa de interés, que de acuerdo con certificación de la Superintendencia Bancaria, haya sido la comercial promedio de captación del sistema financiero durante el mismo período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional.

período. Las cesantías del personal nacional docente, acumulados hasta el 31 de diciembre de 1989, que pasan al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, continuarán sometidas a las normas generales vigentes para los empleados públicos del orden nacional. FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL El Órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa Administrativo en sentencia de unificación emitida el veinticinco (25) de agosto de dos mil dieciséis (2016), Radicado No.3 08001-23-31-000-2011-00628801(0528-14) CE -SUJ2-004-16, consejero ponente: LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO, indicó: “Los empleados que ingresaron a la administración pública con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996, están cobijados por el régimen anualizado de liquidación de cesantías, al igual que los vinculados con anterioridad pero que se hubieran acogido al régimen anualizado, y para efecto de la liquidación y pago de esa prestación se rigen por lo que en esa materia consagra la Ley 50 de 1990 y normas concordantes, en virtud de los dispuesto en el artículo 1° del Decreto 1582 de 1998” 3.3. Entonces, tomando en consideración que a folios 12 – 15 del expediente obra Resolución de nombramiento y acta de posesión del demandante, documentales en la que se establece que el demandante es designado y posesionado como docente territorial, lo que tuvo lugar el 31 de mayo de 1994, antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 (norma que como se ha dicho dispuso un nuevo régimen de liquidación anual de las cesantías, aplicables a partir del año

mayo de 1994, antes de la entrada en vigencia de la Ley 344 de 1996 (norma que como se ha dicho dispuso un nuevo régimen de liquidación anual de las cesantías, aplicables a partir del año 1997..."

Así mismo, solicito a su respetado despacho, que los efectos de la sentencia de unificación que a continuación se cita brevemente, se hagan extensibles al caso de mi poderdante. en cuanto a se refiere a la precisión que realizó el Honorable Consejo de Estado respecto a los docentes vinculados a través del situado Fiscal a través del Fondo Educativo regional FER -, Sentencia de unificación de fecha 21 de junio de 2018, consejero Ponente: CARMELO PERDOMO CUETER Numero de Radicado: 25000234200020130468301 N.I: 3805-2014, que indico: “...En esas condiciones, concluye la Sala que la finalidad del situado fiscal, antes y después de la Carta Política de 1991, siempre fue la misma, esto es, ceder a las entidades territoriales parte del presupuesto nacional destinado esencialmente a financiar los servicios de educación y salud, en atención a los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad, sin quebrantar, por supuesto, el eje fundamental del principio relativo a la autonomía territorial. En consecuencia, a pesar de que los recursos del situado fiscal tienen su origen en la Nación, una vez eran cedido a las entidades territoriales e incorporados a sus presupuestos pasaban a ser considerados como de propiedad exclusiva de la localidad destinataria, e inexorablemente su naturaleza jurídica cambiaba de nacional a territorial, en virtud de que ingresaban a las arcas locales como rentas exógenas.” El honorable Consejo de Estado, en su acertado análisis aclaró que el requisito exigido por la

inexorablemente su naturaleza jurídica cambiaba de nacional a territorial, en virtud de que ingresaban a las arcas locales como rentas exógenas.” El honorable Consejo de Estado, en su acert