CE - 010315000202301574001SENTENCIA20230523164509

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01574-00

Demandante: LUZ CARMENZA PERILLA TORRENTE

Demandado: CONSEJO DE ESTADO , SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN

C

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumpli ó el requisito de rel evancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la demanda buscan convertir la acción de tutela en instancia adicional del proceso ordinario.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la señora Luz Carmenza Perilla Torrente contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 27 de marzo de la presente anua lidad1 , la señora Luz Carmenza Perilla Torrente interpuso acción de tutela contra el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, por considerar vulnerados sus derechos f undamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la admin istración de justicia, con ocasión de la sentencia del 26 de mayo de 2022, dictada en el proceso de reparación directa

Subsección C, por considerar vulnerados sus derechos f undamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la admin istración de justicia, con ocasión de la sentencia del 26 de mayo de 2022, dictada en el proceso de reparación directa con radicado 50001-23-31-000-2008-00019-01(54305). Formuló las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

Primero-. TUTELAR los derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la Administración de Justicia establecido e n el artículo 29, 13 y 229 de la Constitución Política de Colombia.

1 Se advierte que, el 8 de mayo de 202 3, el exp ediente ingresó a l de spacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01574-00

Demandante: Luz Carmenza Perilla Torrente

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Sentencia de tutela de primera instancia

2 Segundo-. DECLARAR que la sentencia dictada por la Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, violó los artículos 29, 13 y 229 de la Constitución Política de Colombia.

Tercero-. ORDENAR la revisión de la sentencia prof erida por la Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado, el 26 de mayo de 2022, a fin de que se garantice el debido proceso y la igualdad.

Cuarto-. ORDENAR a la Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declare responsable al Ministerio de Defensa -Ejército Nacional y reconozca los perjuicios solicitados en la demanda interpuesta en ejercicio de

Cuarto-. ORDENAR a la Subsección C, de la Sección Tercera del Consejo de Estado que declare responsable al Ministerio de Defensa -Ejército Nacional y reconozca los perjuicios solicitados en la demanda interpuesta en ejercicio de la acción de reparación directa.

1.2. Hechos

De la soli citud de tutela y de lo s documentos aportados , la Sa la extrae los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

La señora Luz Carmenza Perilla Torrente y otros 2 presentaron demanda de reparación directa contra la Nación - Ministerio de Defensa - Ejército Nacional, para que se dec larara la responsabilidad patrimonial de la entidad, por los daños derivados del fallecimiento del soldado Ángel Ricardo Barrera Perilla, mientras se desplazaba en una aeronave para ejecutar una misión asignada.

La demanda se fundamentó en que , el 12 d e octubre de 2007, se encontró destruida en el Páramo d e Sumapaz, la aeronave con matrícula HK 4055 , contratada por el Ejército, que había despegado el 8 de octubre anterior, con algunos integrantes del Batall ón de Contraguerrilla 76, Brigada M óvil 10 . En el hecho fue hallado el cadáver del soldado Barrera Perilla.

En primera instancia, e l Tribunal Administrativo del Meta , mediante sentencia del 17 de marzo de 2015, negó las pretensiones de la demanda.

La anterior decisión fue apelada por la parte demandante y, en providencia del 26 de mayo de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado la confirmó.

La anterior decisión fue apelada por la parte demandante y, en providencia del 26 de mayo de 2022, la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado la confirmó.

2 Héctor Alberto Barrera Urrea, María Andrea Barrera Perilla, Ramón Alb erto Barrera Perilla, Carmen Cecilia Barrera Perilla, Dian a Isabel Barrera Perilla, Piedad Marcela Barrera Perilla, Nidia Carolina Barrera Perilla, Héctor José Barrera Perilla, Luz Estefany Barrera Perilla, Carlos Manuel Perilla Torrente, Alba Luz Reyes Ro dríguez, Efraín Mendoza Reyes, Martha Isabel Mendoza Reyes, Nury Esperanza Mendoza, Luz Idalid Mendoza Reyes y Luis Eduardo Mendoza Reyes .Radicación: 11001-03-15-000-2023-01574-00

Demandante: Luz Carmenza Perilla Torrente

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Sentencia de tutela de primera instancia

3 1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada desconoció el precedente de la Sección Tercera del Consejo de Estado, según el cual el Estado es responsable de los daños c ausados a miembros de la fuerza pública cuando el hecho dañoso provenga de una actividad peligrosa en la que la víctima no tiene la guarda material, así se trate de un riesgo propio del servicio. Apuntó que en esos casos la responsabilidad se fundamenta en el régimen objetivo, si no se acredita una falla del servicio.

Adujo que en el proceso ordinario el Ejército Nacional no demostró que la muerte fuera consecuencia de la culpa del soldado, de un tercero o que se tratara de una

una falla del servicio.

Adujo que en el proceso ordinario el Ejército Nacional no demostró que la muerte fuera consecuencia de la culpa del soldado, de un tercero o que se tratara de una fuerza mayor o caso fortuito.

Argumentó que dentro de los riesgos que asumen los militares no se encuentra el de «resultar muerto en un accidente aéreo», ni que el ingreso a la vida militar implica aceptar riesgos «ilimitados e irraciona les» y que , en to do cas o, el daño reclamado «no hacía parte de los riesgos inherentes de la carrera militar» o de los que la víctima voluntariamente «asumió al ingresar a las fuerzas militares».

Insistió en que la jurisprudencia del Consejo de Estado permite la aplicación del régimen objetivo de imputación de riesgo excepcional, y que el hecho de transportarse en una aeronave en la que la víctima no es el pilot o, sí conlleva la creación de un riesgo excepcional.

Expuso que la providencia también incurrió en «valoración indebida del acervo probatorio», puesto que se demostró plenamente que el daño reclamado fue consecuencia del accidente aéreo que se presentó en desarrollo de una actividad propia del servicio, en la que el fallecido no tenía la guarda material de la actividad riesgosa, por lo cual debió aplicarse el régimen objetivo de responsabilidad.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 30 de marzo de 202 3, el despacho sustanciador admitió la presente ac ción de tutela y ordenó notificar a los magistrados que integran la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado , en calidad de parte

presente ac ción de tutela y ordenó notificar a los magistrados que integran la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado , en calidad de parte demandada, y al ministro de Defensa Nacional , al comandante del EjércitoRadicación: 11001-03-15-000-2023-01574-00

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4 Nacional y a quienes fungieron como demandantes3 en el proceso de reparación directa, como terceros con interés. Tambi én dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado señaló que las consideraciones contenidas en la providencia cuestionada «son suficientes para explicar la improcedencia del amparo solicitado».

2.2. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providenc ia judicial . De ser a sí, se abordar á el estudio de fondo d el asunto, con e l fin de establecer si s e configuraron los atribuidos a la sentencia dictada el 26 de mayo de 2022 por el Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C , en el proceso de reparación directa con radicado 50001-23-31-000-2008-00019-01.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

Sección Tercera, Subsección C , en el proceso de reparación directa con radicado 50001-23-31-000-2008-00019-01.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. De la inmediatez: la t utela cu mple con este requisito, tod a vez que la providencia con la que culminó el proceso de reparación directa fue dictada el 26 de mayo de 202 2 y se noti ficó el 15 de noviembre siguiente4, mientras que la solicitud de amparo se pr esentó el 27 de marzo de 2023, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la deci sión. Es te término resulta razonable.

3 Héctor Alberto Barrera Urrea, María Andrea Barrera Perilla, Ramón Alberto Barrera Perilla, Carmen Cecilia Barrera Peril la, Diana Isabel Barrera Perilla, Piedad Mar cela Barrera Perilla, Nidia Carolina Barrera Perilla, Héctor José Barrera Perilla, Luz Estefany Bar rera Perilla, Carlos Manuel Perilla Torrente, Alba Luz Reyes Rodríguez, Efraín Mendoza Reyes, Martha Isabel Mendo za Reyes, Nury Esperanza Mendoza, Luz Idalid Mendoza Reyes y Luis Eduardo Mendoza Reyes. 4 Así consta en el sistema de consulta de procesos de SAMAI.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01574-00

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5 2.1.2 La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

Demandado: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C Sentencia de tutela de primera instancia

5 2.1.2 La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que este requisito está acreditado, puesto que cont ra la sentencia de segunda instancia no procede recurso alguno , y las razones que motivan la demanda de tutela no se ajustan a la procedencia o trámite de los recursos extraordinarios previstos en la Ley 1437 de 2011.

2.1.4 De la relevancia constitucional : en sentencia del 5 de agosto de 2014 5, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y ( ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga argumentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, ad ucir la vuln eración de derechos fu ndamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en e l cual fue proferida la providencia acusada, toda

requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en e l cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este mecanismo fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Esta tesis se ajus ta a la juri sprudencia6 reiterada de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, expresa que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de m era legalidad, de índole patrimoni al o la interpretación propia de los jueces naturales.

5 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6 Sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01574-00

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6 De suerte que, si la demanda de tutela no cumple con las condiciones señaladas, el asunto carece de relevancia constitucional , presupuesto que resulta más estricto cuando recae sobre una providencia judicial dictada por un órgano de cierre, en atención a su función en la definición e interpretación del derecho y el valor que la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico le otorgan a su contenido.

estricto cuando recae sobre una providencia judicial dictada por un órgano de cierre, en atención a su función en la definición e interpretación del derecho y el valor que la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico le otorgan a su contenido.

• Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

Esta Subsección considera que la solicitud de amparo tutela no cumple con el requisito de relevancia constitucional , toda vez que los argumentos que en ella se proponen están dirigidos a convertir la tutela en una instancia ad icional del proceso de reparación directa y no se ofrecen elementos que en una dimensión constitucional justifiquen la intervención del juez de tutela.

Para la Sala, aun cuando los reparos de la parte actora se ajustan a las categorías de un debate sobre el desconocimiento del precedente judicial y un defecto fáctico, ese hecho es insuficiente para adentrarse en la solución de fondo, dado que lo pretendido es reabrir y continuar la discusión que ya fue zanjada en el proceso de reparación directa.

En suma, la demanda de lo que da cuenta es de su inconformidad con los razonamientos de los jueces naturales, especialme nte, los contenido s en la sentencia di ctada el 26 de mayo de 2022 por la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado, incluso, a partir de elementos de orden legal, para refutar el análisis que se hizo sobre la responsabilidad del Estado por daños padecidos por soldados voluntario s durante una actividad militar o durante la prestación del servicio.

De esta forma, al examinarse el proceso ordinario, se observa que la parte actora solicitó declarar la responsab ilidad patrimonial del Estado por el fa llecimiento del

prestación del servicio.

De esta forma, al examinarse el proceso ordinario, se observa que la parte actora solicitó declarar la responsab ilidad patrimonial del Estado por el fa llecimiento del soldado Ángel Ricardo Barrera P erilla, que para el momento de los hecho s se encontraba como pasajero de una aeronave contratada para el desarrol lo de una misión militar. Según los demandantes, la tripulación no estaba confirmada por personal idóneo.

El Tribunal Administrativo de l Meta negó las pretensione s de la deman da, por considerar que el accidente y la muerte del soldado se present aron en desarrolloRadicación: 11001-03-15-000-2023-01574-00

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7 de una misión que constituía un riesgo propio del serv icio, sin que se hubiese acreditado la ausencia de medidas de seguridad en el transporte aéreo o la falta de capacidad y de idoneidad del piloto.

Los demandantes apelaron la decisión bajo el argumento de que debía aplicarse el régimen objetivo d e responsabilidad por riesgo excepcional, en tanto que se trató de una actividad pelig rosa ajena al Ejército en la que la víctima no tenía la guarda material por no ser el piloto.

La Subsección C de l a Sección Tercera del Consejo de Estado , en sentencia del 26 de mayo de 2022, confirmó la decisión del fallador de primer grado . Para tal efecto, luego de relacionar los hechos acreditados y de explicar el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado , concluyó que no se configuró la

26 de mayo de 2022, confirmó la decisión del fallador de primer grado . Para tal efecto, luego de relacionar los hechos acreditados y de explicar el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado , concluyó que no se configuró la responsabilidad reclamada, dado que el daño provino del desarrollo de una misión que constituye un riesgo in herente del se rvicio. Particularmente, abordó los siguientes puntos relevantes:

El Estado responderá por los daño s que hayan sufrido los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía, cuando se pruebe una falla del servicio o se acredite que fueron some tidos a un riesgo mayor al que debían afrontar sus demás compañeros 7. La atribución de responsabilidad supone que e l daño tenga relación o se produzca con o casión del ejercicio de las funciones que cumplen los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía . Si el hecho que causa el daño es ajeno, o no se produce en conexidad con esas funciones, no será imputable al Estado.

10. Los artículos 1880 a 1883 del C Co., que regulan el régimen de responsabilidad del transportador, prevén un régimen objetivo por las lesiones o muerte de los pasajeros a bordo de la aeronave o durante el embarque o desembarque. El mismo régimen se extiende a los retardos imputables al transportador, que deriven en daños sufridos por los pasajeros, el equipaje o las mercancías. Sin emba rgo, ese régimen no aplica cuando se trata de un accidente en las actividades ordinarias de la fuerza pública, ya q ue entre las fuerzas armadas y sus agente s no existe un contrato de transporte celebrado bajo las normas comerciales, sino que el transporte aéreo corresponde a una

accidente en las actividades ordinarias de la fuerza pública, ya q ue entre las fuerzas armadas y sus agente s no existe un contrato de transporte celebrado bajo las normas comerciales, sino que el transporte aéreo corresponde a una actividad riesgosa ordinaria del servicio militar y, por ello, se trata de un riesgo que el agente acepta cuando ingresa a esa funci ón. Por ello, el Estado solo responderá por vía de reparación directa por los daños que se hayan producido por una falla del servicio o cuando el funcionario sea sometido a un riesgo mayor al que debían afrontar sus demás compañeros. (…)

Está acredit ado qu e Ángel Ricardo Barrera Perilla y Juan Carlos Mendoza

7 Cita original de la pr ovidencia: Cfr. Consejo de Estado, sentencia de 26 de mayo de 2010, Rad 19.158 [fundamento juríd ico 3.2], en Antología Jurisprudencias y Conceptos, Consejo de Estado 1817-2017 Sección Tercera Tomo B, Bogotá, Imprenta Naci onal, 2018, p. 465, disponible en https://bit.ly/3gjjduK.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01574-00

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8 Reyes eran soldados profesionales de la Briga da Móvil nº. 10 del Batallón de Contraguerrillas nº. 76 con sede en la Macarena, Meta [hecho probado 8.3]. Ellos murieron porque la aeronave LET 410, matrícula HK4055, de propiedad

Contraguerrillas nº. 76 con sede en la Macarena, Meta [hecho probado 8.3]. Ellos murieron porque la aeronave LET 410, matrícula HK4055, de propiedad de la Sociedad Aérea de Ibagué Ltda -SADI LTDA. [hecho probado 8.5], en la que se transportaban para realizar una misión de servicio , se accidentó y terminó destruida en el Páramo del Sumapaz en el municipio de Cubarral, Meta [hechos probados 8.1 y 8.4]. El Ejército adelantó un proceso disciplinario y concluyó que no se configuró una falta disciplinaria de los agentes, pues el accidente ocurrió por caso fortuito y ninguno de los miembros de la brigada tuvo responsabilidad [hecho probado 8.2].

(…)

Participar en una misión oficial no significaba un peligro superior, diferente o extraordinario al riesgo propio de la prestación del servicio de defensa del Estado. Cuando Ángel Ricardo Barrera Perilla y Juan Carlos Mendoza Reyes ingresaron a l Ejército Nacional, también asumieron el ries go de padecer eventuales daños en el ejercicio de s us funciones. En el expediente no obra prueba que demuestre que el Ejército Nacional expuso a Ángel Ricardo Barrera Perilla y Juan Carlos Mendoza Reyes a un ri esgo mayor al que debían afrontar sus demás compañeros.

Conforme las pruebas, los soldados Ángel Ricardo Barrera Perilla y Juan Carlos Mendoza Reyes murieron en un accidente aéreo durante una misión oficial. Dichos medios de convicción no permitieron esta blecer cuál fue la causa del accidente, ni si se configuró falla del servicio durante el vuelo de la aeronave, específicamente, que el piloto no estuviera capacitado para

oficial. Dichos medios de convicción no permitieron esta blecer cuál fue la causa del accidente, ni si se configuró falla del servicio durante el vuelo de la aeronave, específicamente, que el piloto no estuviera capacitado para conducirlo o que el avión tuviera fallas mecánicas. Quedó probado que la aeronave contaba con certificado de aeronavegabilidad, por lo que era apta y estaba en condiciones para transportar pasajeros. Como no se acreditaron las causas del accidente, no es posible establecer si se configuró o no fa lla del servicio de la entidad demandada.

Así pues, inmediatamente se concluye que las razon es8 propuestas en la tu tela, según se antici pó, son una reiteración de una de la s tes is pr opuestas en la demanda y , especialmente, en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia del Tribunal Administrativo del Meta . De modo que la S ala no está habilitada para resolver dichos argumentos de fondo, pues, sin duda, convertiría este mecanismo en una suerte de tercera instancia en clara contravía del presupuesto de relevancia constitucional.

Además, la decisión cuestionada se sustentó en una valoración conjunta, integral y sistemática de las disposiciones normativas y jurisprudenciales que el juez de segundo grado estimó aplicables al caso concreto, así como de las pruebas aportadas. En ese análisis, sostuvo que no se probó la existencia de una falla del servicio y en cambio sí que el daño se produjo durante una misión, p or lo cual

8 En la solicitud de amparo se insiste en que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado ,

servicio y en cambio sí que el daño se produjo durante una misión, p or lo cual

8 En la solicitud de amparo se insiste en que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado , sí se acredita la responsabilida d del Ejército porque el daño no provino de un riesgo propio del servicio y, por tanto, debía aplicarse el régimen objetivo de riesgo excepcional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01574-00

Demandante: Luz Carmenza Perilla Torrente

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9 hacía parte de un riesgo propio del servicio , puesto que «el transporte aéreo corresponde a una actividad riesgosa ordinaria del servicio militar».

Compártase o no ese discernimiento, y aun cuando se propusiera una tesis diferente apoyada en otros pronunciamientos jurisprudenciales, lo cierto es que la mera discrepancia no es un criterio válido para inmiscuirse en la decisión cuestionada, puesto que no hay visos de irracionalidad, arbitrariedad o capricho en la conclusión de que se trataba de una misión oficial cuyo desarrollo no significaba «un peligro superior, diferente o extraordinario al riesgo propio de la prestación del servicio de defensa del Estado », que fue asumido por los soldados al ingresar al Ejército Nacional y que no fue superior al que deben afrontar sus demás compañeros.

En últimas, lo que ocurre es que el deman dante considera que transportarse en una aeronave para desplegar una misión no es un riesgo del servicio si no se tiene la calidad de pilot o; en cambio, la autoridad judicial accionada considera lo

En últimas, lo que ocurre es que el deman dante considera que transportarse en una aeronave para desplegar una misión no es un riesgo del servicio si no se tiene la calidad de pilot o; en cambio, la autoridad judicial accionada considera lo contrario. En estos casos, se reitera, la diferencia conceptual o de entendimiento sobre ese u otro punto d e derecho que no implique una vulneración de las garantías constitucionales fundamentales, es un análisis ajeno al juez de tutela.

De ahí que para la Sala sean irrelevantes o poco transcendentes esas diferencias y, en conse cuencia, no puede resolver una cuestión p ropia de quien por regla general es el j uez de la responsabili dad patrimonial del Estado . El juez constitucional no funge como superior funcional o revisor de los jueces ordinarios, ni realiza juicios de corrección9 de las decisiones proferidas por estos, salvo casos excepcionalísimos.

El princ ipio del juez natural es una garantía del debido proceso que dimana de l artículo 29 constitucional, cuando este se refiere al derecho de ser juzgado « ante juez o tribunal competente». Ello es así porque la Constitución preserva la labor de cada autoridad u organismo estatal, para evit ar que otras usurpen o asuman funciones que no les han sido encomendadas.

La ley, en desarrollo de la Carta Política, prevé un proceso y unas autoridades para dirimir determinadas controversias judiciales, por ende, no podría una

9 En tal sentido, puede consultarse la sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01574-00

Demandante: Luz Carmenza Perilla Torrente

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10 autoridad que no esté investida de competencia resolver litigios que no le han sido asignados. El juez constitucional no es un juez de la responsabilidad patrimonial del Estado , ni de lo contencioso administrativo, razón por cual le está vedado inmiscuirse en los asuntos específicos que a este último se le asignan . Cualquier intención dirigida a ese fin debe ser contenida , de lo contrario la justicia constitucional se antepondría a los principios de juez natural, independencia y autonomía judiciales.

Solo puede ab rirse paso a la intervención del juez de ampar o, cuando en la providencia dictada por un órgano de cierre, se advierta capricho, arbitrariedad o irracionalidad que evidencie una flagrante vulneración de derechos fundamentales, de su interpretac ión o del alcance del sentido fijado a una disposición constitucional.

En ese orden de ideas, como la Sala constata que la autoridad judicial accionada abordó directamente los aspectos fundamentales de la cuestión litigiosa propuestos en la apelación, es decir, estudió si en ese ca so se configuró una responsabilidad objetiva p or riesgo excepcional y razonablemente descartó esa teoría porque consideró que el daño fue consecuencia de la concreción de un riesgo propio de la actividad militar, en la que no existió una falla del servici o; resulta claro que la tutela es imp rocedente, puesto que la decisión cumple los requisitos de razonabilidad y no se advierte prima facie vicio o defecto alguno que

riesgo propio de la actividad militar, en la que no existió una falla del servici o; resulta claro que la tutela es imp rocedente, puesto que la decisión cumple los requisitos de razonabilidad y no se advierte prima facie vicio o defecto alguno que amerite la intervención del juez constitucional en pos de ga rantizar los derechos fundamentales invocados.

Se insiste, el desacuerdo de la parte accionante y la disparidad de criterios en torno a los elementos debatido s no son raz ones suficientes para que el juez de tutela realice un estudio de fondo, pues este instrume nto constitucional no es una instancia adicional para dirimir diferencias de criterios e imponer una interpretación única en un proceso dirigido y decidi do por los jueces naturales , tanto más si la demanda está desprovista de razonamientos constitucionales que den cuenta de que se cumple el presupuesto de relevancia constitucional.

La importancia iusfundamental o constitucional de un asunto no surge por el solo hecho de invocarse la violación de derechos fundamentales, pues de ser así todos los conflictos serían definidos mediante la acción de amparo, en la medida en que siempre habrá un debate, al menos respecto de los derechos al debido proceso yRadicación: 11001-03-15-000-2023-01574-00

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11 de acceso a la administración de justicia. Tampoco significa que la tutela deba hacer abstracción de las disposiciones legale s sobre las cuales versa el proceso jurisdiccional, s ólo que debe limitarse las discrepancias con clara y marcada importancia constitucional.

hacer abstracción de las disposiciones legale s sobre las cuales versa el proceso jurisdiccional, s ólo que debe limitarse las discrepancias con clara y marcada importancia constitucional.

Los reparos, desde luego y necesariamente, deben estar relacionados con los temas debatidos, pero no con miras a que el juez constitucional asuma el papel de los jueces naturales, ni que se agregue una instancia más a las que el legislador, dentro d e s u margen de configuración legislativa, a bien tuvo prever; mucho menos si se trata de un