CE - 010315000202301625001SENTENCIA20230526160619

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01625-00

Demandantes :CONCEPCIÓN PARRA SAÉNZ Y OTRO

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601 - 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01625-00

Demandantes: CONCEPCIÓN PARRA SAÉNZ Y ROQUE CARVAJAL IBARRA

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL CAQUETÁ

Temas: Tutela contra providencia judicial. Medio de control de reparación directa por pérdida de oportunidad derivada del supuesto defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial. Requisito de le relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Concepción Parra Saénz y el señor Roque Carvajal Ibarra, quienes actúan en nombre propio , contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, en la que piden el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la

Ibarra, quienes actúan en nombre propio , contra el Tribunal Administrativo del Caquetá, en la que piden el amparo constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva , vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 23 de septiembre de 2022, mediante la cual confirmó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda , en el marco del medio de control de reparación directa que promovieron contra la Rama Judicial, con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonial mente responsable por la pérdida de oportunidad causada por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que conllevó la declaratoria de prescripción de la acción penal en el proceso adelantado contra el señor Jairo Mora Benavides , por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

Los accionantes afirmaron que el 21 de agosto de 2006, la buseta afiliada a la empresa Coomotor Florencia Ltda , en la que se movilizaban en tre Bogotá y Florencia, sufrió un aparatoso acci dente en cercanías de Suaza, Huila, en el que perdieron la vida varias personas y otras tantas resultaron heridas, luego de que en el peaje de Chinauta empez ara a presentar fallas en el sistema de frenos, “debiendo permanecer varias horas, mientras un mecá nico de la ciudad de Bogotá, fue hasta “Chinauta” donde estaba el vehículo, le hizo alguna revisión superficial, y el conductor prosiguió el viaje en tales condiciones”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01625-00

hasta “Chinauta” donde estaba el vehículo, le hizo alguna revisión superficial, y el conductor prosiguió el viaje en tales condiciones”.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01625-00

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2 Sostuvieron que, como consecuencia de lo anterior , la Fiscalía General de la Nación abrió la fase instructiva del proceso penal en contra del señor Jairo Mora Benavides, en su condición de conductor de la buseta de placa SQL -997, afiliada a la empresa Coomotor Florencia Ltda, por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culpo sas, proceso en el que los familiares de algunas personas fallecidas y de otras que sufrieron lesiones, se constituyeron en parte civil.

Refirieron que solo hasta el 15 de septiembre de 2009 , la Fiscalía Once Seccional de Florencia profirió resolución de acusación en contra de l señor Jairo Mora Benavides y que el expediente fue recibido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia el 29 de abril de 2010.

Mencionaron que en el interregno entre el 13 de mayo de 2010 y el 22 de febrero de 2011, el apoderado de la parte civil solicitó al juzgado que señalara fecha y hora para llevar a cabo la audiencia preparatoria, con el fin de evitar la prescripción de la acción penal, y que, finalmente, mediante auto de 23 de febrero de 2011 señaló el 14 de marzo de esa anualidad para llevar a cabo la audiencia

hora para llevar a cabo la audiencia preparatoria, con el fin de evitar la prescripción de la acción penal, y que, finalmente, mediante auto de 23 de febrero de 2011 señaló el 14 de marzo de esa anualidad para llevar a cabo la audiencia preparatoria, la cual fue aplazada para el día 3 de mayo de 2011.

Indicaron que el 20 de abril de 2012, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia recibió el expediente penal proveniente del Juzgad o Segundo Penal del Circuito de Florencia , en cumplimiento del Acuerdo No. 513 de 8 de marzo del 2012, emanado de la otrora Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, que dispuso tramitar en ese despacho judicial los procesos que se adelantaban bajo la Ley 600 del 2000, y que mediante oficios de 3 de mayo de 2012, 19 de diciembre del 2012, 5 de febrero de 2013 y 16 de abril de 2013, el apoderado judicial de la parte civil solicitó al Juez Tercero Penal del Circuito de Florencia, señalar fec ha y hora para llevar a cabo la audiencia pública , sin que esta ocurriera.

Adujeron que el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia por auto de 23 de abril de 2013, señaló el 16 de mayo de 2013 para llevar a cabo la audiencia pública, la cual se ap lazó para el 5 de junio de 2013, fecha en la cual se inició la diligencia, la cual fue suspendida y reprogramada para el 7 de junio de ese año, y posteriormente fue suspendida para el día 11 de junio de 2013.

Narraron que e l 5 de julio de 2013 , el Juzgado Tercero Penal del Circuito de

posteriormente fue suspendida para el día 11 de junio de 2013.

Narraron que e l 5 de julio de 2013 , el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Florencia declaró la nulidad de todo lo actuado a partir de la audiencia pública efectuada el 7 de junio de 2013 con el fin de vincular al propietario del vehículo como tercero civilmente responsable, y señaló el 17 de septie mbre de 2013 para realizar la audiencia pública. Agregaron que mediante auto de 1º de noviembre de 2013, el mismo despacho judicial remitió las actuaciones al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia, en cumplimiento del Acuerdo No. 609 de 30 de octubre de 2012.

Afirmaron que e l 24 de febrero de 2014 se llevó a cabo la audiencia pública por parte del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia , y que m ediante peticiones de 3 de marzo y 17 de marzo de 2014 los apoderados de la parte civil solicitaron nuevamente al juzgado que se profiriera la sentencia, en aras de evitar la configuración de la prescripción de la acción penal.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01625-00

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3 Señalaron que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia dictó sentencia de primera instancia el 6 de junio de 2014, en la que resolvió declarar penalmente

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3 Señalaron que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia dictó sentencia de primera instancia el 6 de junio de 2014, en la que resolvió declarar penalmente responsable al señor Jairo Mora Benavides como autor del delito de homicidio culposo en concurso con lesiones personales culposas, condenándolo a 139 meses de prisión y 63.33 salarios de multas, la inhabilidad p ara el ejercicio de derechos y funciones públicas por un período igual a la pena , la prohibición de conducir vehículos automotores, y lo condenó solidariamente , junto con e l propietario del vehículo, la e mpresa Coomotor Florencia Ltda y Seguros la Equidad, hasta el tope de la póliza , al pago de los perjuicios morales y materiales causados a las víctimas.

Informaron que dicho fallo fue apelad o por la parte condenada y que mediante escrito de 14 de julio de 2014, los apoderados de la parte civil le expresaro n su preocupación al juez fren te a la posibilidad de que operara la prescripción de la acción penal.

Sostuvieron que el 1º de agosto de 2014 , el proceso fue repartido a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia , correspondiénd ole al magistrado Miguel Antonio Díaz Palacios , y que m ediante Acuerdo PSAA 1310277 de 19 de diciembre de 2014, la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura suprimió ese despacho, por lo que el proceso pasó al despacho de la magistrada Gloria María Villarreal Ramírez.

Afirmaron que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia

la Judicatura suprimió ese despacho, por lo que el proceso pasó al despacho de la magistrada Gloria María Villarreal Ramírez.

Afirmaron que la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia resolvió los recursos de apelación a través de sentencia de 26 de marzo de 2015, en la que confirmó el fallo de 6 de junio de 2014.

Relataron que c ontra esa sentencia los apoderados de los terceros civilmente responsables interpusieron demanda de casación, ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, que mediante proveído de 16 de septiembre de 2015 declaró prescritas las a cciones penal y civil adelantadas en contra de l señor Jairo Mora Benavides y, en consecuencia, ordenó la cesación del procedimiento y compulsó copias a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura del Caquetá para que investigara a los juzgados de primera instancia que tuvieron a su cargo el expediente, ya que pudieron haber incurrido en mora en el trámite del proceso.

Indicaron que , como conse cuencia de lo anterior , el 30 de octubre de 2017, a través de apoderado judicial, i nterpusieron demanda de reparación directa con el fin de que se declarara a la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, como administrativa y patrimonialmente responsables por la pérdida de o portunidad causada por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que conllevó la declaratoria de prescripción de la acción penal, efectuada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso penal radicado bajo el

defectuoso funcionamiento de la administración de justicia que conllevó la declaratoria de prescripción de la acción penal, efectuada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso penal radicado bajo el No. 18001310400220100004901, “ tras haber concluido el proceso penal a favor del acusado por el fenómeno de la prescripción de la acción penal”.

Refirieron que en la demanda se solicitó expresamente al juez de primera instancia la aplicación del precedente jurisprudencial vertical del Consejo de Estado, contenido en la sentencia de 6 de julio de 2017, proferida dentro delRadicación: 11001-03-15-000-2023-01625-00

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4 expediente con radicado No. 63001 -23-31-000-2005-00719-01 (41579) 1 , lo cual no fue tenido en cuenta al momento de resolver el caso.

Expresaron que el Juzgado Cuarto Administrativo de l Circuito de Florencia en sentencia de 30 de septiembre de 2019 , denegó las pretensiones de la demanda, luego de considerar que no se evidenció que los accionantes hubiesen agotado la acción civil ante la jur isdicción ordinaria para el resarcimiento de los perjuicios patrimoniales que les fueron generados como consecuencia del hecho punible, opción que, señaló, subsistía independiente de la penal para la reparación patrimonial de los demandantes y n o fu e agota da, por lo que la declaratoria de

patrimoniales que les fueron generados como consecuencia del hecho punible, opción que, señaló, subsistía independiente de la penal para la reparación patrimonial de los demandantes y n o fu e agota da, por lo que la declaratoria de prescripción de la acción penal por sí sola no les generó una pérdida de la oportunidad por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ya que la parte actora no agotó todas las vías procesales que tenía a su alcance.

Por último, i ndicaron que contra dicha sentencia interpusieron recurso de apelación del que conoció el Tribunal Administrativo del Caquetá, que en sentencia de 23 de septiembre de 2022 confirmó el fallo desfavorable, por las mismas razones esgrimidas por el a quo.

2. Fundamentos de la acción

Los accionantes presentaron acción de tutela con el objeto de que el juez constitucional proteja los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, de acceso a la administración de justicia y a la tutela judicial efectiva, vulnerados, supuestamente, por la sentencia de 23 de septiembre de 2022, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Caquetá confirmó el fallo de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, en el marco d el medio de control de reparación directa que promovieron contra la Rama Judicial con el fin de que se le declarara administrativa y patrimonialmente responsable por la pérdida de oportunidad causada por el defectuoso funcionamiento de la admini stración de justicia, que conllevó la declaratoria de prescripción de la acción penal, efectuada en el proceso adelantado contra el señor Jairo Mora Benavides por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas en el que se constituyeron en

justicia, que conllevó la declaratoria de prescripción de la acción penal, efectuada en el proceso adelantado contra el señor Jairo Mora Benavides por los delitos de homicidio culposo y lesiones personales culposas en el que se constituyeron en parte civil.

A su juicio , l a providencia objetada incurre en i) defecto fáctico, por cuanto, indicaron, “carece del apoyo probatorio para haber realizado la aplicación del supuesto legal sustento de sus decisiones ”, en tanto argumentó que los demandantes aún contaban con término suficiente para incoar demanda civil ordinaria de responsabilidad civil extracontractual, respecto de la cual se contaba con el término de 10 años, que debía ser contabilizado desde la ocurrencia del accidente el 21 de agosto de 2 006 y fenec ía el 21 de agosto de 2016 , por lo q ue en virtud de dicho término , y habiéndose declarado la prescripción de la acción penal el día 16 de septiembre de 2015, cobrando ejecutoria el 20 de octubre de 2015, la parte actora tenía la opción de interponer la acción civil ordinaria entre el 21 de octubre de 2015 y el 21 de agosto de 2016 , y que por ello la prescripción de la acción penal y civil por sí sola no destruyó de manera definitiva la posibilidad de obtener la indemnización perseguida ya que se tenía otra opción para obtenerla, la cual consistía en la acción civil ordinaria en contra de los responsables directos.

1 C.P. Danilo Rojas Betancourth.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01625-00

Demandante: CONCEPCIÓN PARRA SAÉNZ Y OTRO

1 C.P. Danilo Rojas Betancourth.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01625-00

Demandante: CONCEPCIÓN PARRA SAÉNZ Y OTRO

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5 A su juicio, dicho análisis constituye un error en el que incurrió la autoridad judicial accionada, pues analizó el asunto bajo la fig ura de la r esponsabilidad civil extracontractual, misma que no era la aplicable al presente caso, toda vez que acudieron como parte civil, “lo que excluye la posibilidad de adelantar simultáneamente demanda ordinaria civi l”, y que, declaran, los perjuicios reclamados en el proceso penal “están originados es en responsabilidad civil contractual, toda vez que los tres (3) fuimos pasajeros del vehículo accidentado y que contratamos el servicio de transporte en dicho automotor y no transeúntes ajenos a dicho transporte”.

Adujeron que basta analizar la resolución de acusación, la sentencia condenatoria de primera instancia y la sentencia de segunda instancia penales, para concluir que en el asunto no se acreditó por la parte demandada ninguna de las causales eximentes de r esponsabilidad; “de allí que en efecto se pueda expresar de manera categórica que en la causa sub judice quedó plenamente demostrada la existencia de un contrato de transporte, y que en el ejercicio del mismo se incumplió con la obligación de seguridad que le demandaba la ley comercial al afectarse la integridad física de los pasajeros, motivo por el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia y el

contrato de transporte, y que en el ejercicio del mismo se incumplió con la obligación de seguridad que le demandaba la ley comercial al afectarse la integridad física de los pasajeros, motivo por el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia y el Honorable Tribunal Superior de Florencia emitieron sentencia condenatoria”.

Indicaron que el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia no cumplió con la obligación que la Constitución Política y la ley le ha n asignado, ya que dejó transcurrir el tiempo hasta el punto de dejar el proceso penal al borde de la prescripción, sin prever los términos para resolver los posibles recursos de apelación que se presentaran contra la sentencia de primera instancia y sin prever los términos para resolver el recurso extraordinario de casación que se llegara a interponer frente a la sentencia de seg unda instancia, de lo que emerge la responsabilidad patrimonial del Estado, ante la evidente inoperancia, ineficacia o defectuoso funcionamiento del aparato judicial.

Añadieron que, teniendo en cuenta que la actividad del transporte se encuentra expresamente regulada en el título IV capítulo 1, art ículo 981 y subsiguientes del Código de Comercio, que por ser una norma de naturaleza jurídica especial se impone sobre lo dispuesto en el art ículo 2536 del Código Civil , “lo que implica que era totalmente imposi ble para la s víctimas y perjudicados con el delito instaurar la correspondiente demanda de responsabilidad civil extracontractual porque al emitirse la providencia de fecha 16 de septiembre del 2015 aprobada en el acta nro. 321 firmada por el Magistrado Po nente GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ a través de la cual la

providencia de fecha 16 de septiembre del 2015 aprobada en el acta nro. 321 firmada por el Magistrado Po nente GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ a través de la cual la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, declaró la prescripción de la acción penal era evidente que ya había transcurrido el t érmino de prescripción establecido en el art ículo 993 d el Código de Comer cio que como dije anteriormente, por ser norma especial prevalece sobre cualquier otra norma incrustada en el Código Civil o en el Código Penal; ya que el Código de Comercio reglamenta con especificidad y especialidad la ACTIVIDAD DEL TRANSPORTE de personas”.

Refirieron que en el caso tampoco se analizó lo evidente del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, “quien con su actuar paquidérmico y pese a los muchos escritos de impulso y de alerta elevados por los apoderados de la parte civil en el proceso penal, no quisieron evitar la configuración del fenómeno prescriptivo de la acción penal y por tanto la revictimización de los afectados en su vida e integridad”.

Agregaron que las consideraciones y decisione s proferidas en el marco del medio de control de reparación directa revictimizan nuevamente a los ahora accionantes, al argumentar erróneamente que est aban obligados a continuar desgastándoseRadicación: 11001-03-15-000-2023-01625-00

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6 nuevamente por culpa del evidente defectuoso funcionamiento de l a administración de justicia que condujo a la prescripción de la acción penal , y “en nada se compadece con los principios rectores que enarbola la administración de justicia y por el contrario desdice mucho de su finalidad en aras de una justicia material, pronta y eficaz que es lo que desde hace muchos años reclamamos los hoy accionantes y en especial en procura de ayudar a que nuestro hijo quien quedó con secuelas graves y permanentes para afrontar su vida futura en condiciones por lo menos mínimamente dignas”.

Adujeron que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia en que incurrieron los Juzgados Segundo y Tercero Penal del Circuito de Florencia, “dio al traste con la posibilidad de reparación de nosotros las v íctimas quienes después d e muchos añ os de lucha y espera como PARTE CIVIL en el proceso penal vimos con impotencia la configuración de la prescripción de la acción penal y con ella de los perjuicios tasados, liquidados y ya en firme en dicho proceso, toda vez que el inicio de la PARTE CIVIL que fue el que escogimos para ser reparados, era excluyente de la posibilidad de acudir a la jurisdicción Ordinaria”.

Indicaron que el problema jurídico planteado por su apoderado judicial en el medio de reparación directa no fue abordado ni re suelto en la decisión objetada, pues no

posibilidad de acudir a la jurisdicción Ordinaria”.

Indicaron que el problema jurídico planteado por su apoderado judicial en el medio de reparación directa no fue abordado ni re suelto en la decisión objetada, pues no se centró en analizar la evidente y ostensible configuración de la defectuosa administración de justicia “que conllevó con su paquidérmica o nula actuación a la violación de los términos legales y por ende a la confi guración del fenómeno prescriptivo de la acción penal, pese a las muchas alertas y advertencias de los apoderados de la parte civil”.

Finalmente, sostuv ieron que la decisión objetada incurre también en ii) desconocimiento del precedente judicial, emanado de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, proferida en el proceso con radicado Nº 63001-23-31-000-2005-00719-01 (41579) el 6 de julio de 2017 , “y que por ser anterior a la decisión del caso donde se pretendía su aplicación, p or s u perti nencia y semejanza para la resolución del problema jurídico, así como similitud en la cuestión constitucional, en los hechos y en las normas que se cuestionan en su aplicación por resultar configurada la pérdida de oportunidad por defectuoso fun cionamiento de la administración de justicia frente al caso particular”.

3. Pretensiones

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERA: Que se ampare bajo la tutela, como mecanismo definitivo, los derechos constitucionales fundamentales d e lo s suscr itos accionantes CONCEPCIÓN PARRA

En el escrito de tutela se formulan las siguientes:

“PRIMERA: Que se ampare bajo la tutela, como mecanismo definitivo, los derechos constitucionales fundamentales d e lo s suscr itos accionantes CONCEPCIÓN PARRA SAÉNZ, ROQUE CARVAJAL IBARRA y de nuestro hijo Jheiner Steven Carvajal Parra, al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia, tutela judicial efectiva y demás derechos que encuentre vulnerados o amenazados.

SEGUNDA: Que se declare que por desconocimiento del precedente jurisprudencial el TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL CAQUETA, en las consideraciones y en la decisión de la sentencia No. 156 del 23 de septiembre de 2022, desconoció los postulados convencionales, constitucionales y las garantías fundamentales que se amparan.

Por tanto, ordenar que, para el cumplimiento de la orden de tutela, se aplique el precedente jurisprudencial vertical determinado por el máximo Tri bunal de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, esto es, el Consejo de Estado en Sentencia bajo radicado No. 63001 -23-31-000-2005-00719-01(41579), C.P. Danilo Rojas Betancourth del 06 de julio de 2017, por ser anterior a la decisión del caso don de s e prete nde suRadicación: 11001-03-15-000-2023-01625-00

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7 aplicación, por su pertinencia y semejanza para la resolución del problema jurídico, así como similitud en la cuestión constitucional, en los hechos y en las normas que se cuestionan en su aplicación por resultar configurada la p érdida de oportunidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia frente al caso particular; Sentencia que debe ser considerada necesariamente por el juez contencioso al momento de dictar sentencia.”

TERCERA: Que, como consecuencia de lo anteri or, se ordene tanto al Juzgado Cuarto Administrativo de Florencia como al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Caquetá, revocar los fallos de primera y de segunda instancia, (contenidos en las Sentencias de fecha 30 de septiembre de 2019 y sentenc ia N o. 129 del 23 de septiembre de 2022, emanada de la Sala Cuarta de decisión, M.P. YANETH REYES VILLAMIZAR, aprobada en Acta No. 55 de dicha fecha) y se declare en consecuencia como administrativamente responsable a la NaciónRama Judicial, así:

A) Que se declare a la Nación - Rama Judicial - Consejo Superior de la JudicaturaDirección Nacional de Administración Judicial, representadas por sus respectivos directores nacionales, como administrativamente responsables por la pérdida de oportunidad causada por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que conllevó a la declaratoria de PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, efectuada

directores nacionales, como administrativamente responsables por la pérdida de oportunidad causada por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que conllevó a la declaratoria de PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, efectuada por la Sala de Casación Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia dentro del correspondiente proceso pena l r adicado bajo el numero: 18001310400220100004901 No. 53.540 (Ley 600 -2000) adelantado por los delitos de HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES PERSONALES CULPOSAS, siendo procesado el señor JAIRO MORA BENAVIDES, de la cual resultó víctima la señora CONCEPCIÓN PA RRA SÁENZ, el señor ROQUE CARVAJAL IBARRA y su menor hijo JHEINER STIVEN CARVAJAL PARRA, tras haber concluido el proceso penal a favor del acusado por el fenómeno de la prescripción de la acción penal.

B) Que, como consecuencia inmediata de la anterior de claración, se condene a LA NACIÓNRAMA JUDICIAL, en acumulación de pretensiones, reconocer y cancelar por concepto de PERJUICIOS: los preestablecidos por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Florencia en la sentencia de fecha 06 de junio de 2014 y por la Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Florencia en la sentencia de fecha 26 de marzo de 2015, proferidas dentro del mencionado proceso penal, así:

B.1. A favor de JHEINER STIVEN CARVAJAL PARRA LUCRO CESANTE FUTURO la suma de Ciento diecisiete millones ochocientos treinta y tres mil seiscientos setenta y dos pesos ($117.833.672,40) M/Cte.

B.1. A favor de JHEINER STIVEN CARVAJAL PARRA LUCRO CESANTE FUTURO la suma de Ciento diecisiete millones ochocientos treinta y tres mil seiscientos setenta y dos pesos ($117.833.672,40) M/Cte. PERJUICIOS MORALES la suma de Setenta millones de pesos ($70.000.000) M/Cte. B.2. A favor de CONCEPCIÓN PARRA SÁENZ PERJUICIOS MATERIALES la suma de Cinco millones cu atrocientos ochenta y cuatro mil novecientos ocho pesos con setenta pesos ($5.484.908.70) M/Cte. PERJUICIOS MORALES Cincuenta millones de pesos ($50.000.000) M/Cte. B.3. A favor de ROQUE CARVAJAL IBARRA PERJUICIOS MATERIALES la suma de Doscientos sesenta y seis mil novecientos ocho pesos con setenta centavos ($276.908,

1. M/Cte.

PERJUICIOS MORALES la suma de Cincuenta millones de pesos ($50.000.000) M/Cte.

B.4. Que se condene a la NACIÓN - RAMA JUDICIAL, a pagar por concepto de DAÑO INMATERIAL P OR A FECTACIÓN RELEVANTE A BIENES O DERECHOS CONVENCIONAL Y CONSTITUCIONALMENTE AMPARADOS, a favor de cada uno de los demandantes: JHEINER STIVEN CARVAJAL PARRA, CONCEPCIÓN PARRA SAENZ Y ROQUE CARVAJAL IBARRA, una suma de dinero equivalente en pesos colombianos a la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del respectivo fallo, por la declaratoria de PRESCRIPCIÓN DE LA

colombianos a la cantidad de cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes a la fecha de ejecutoria del respectivo fallo, por la declaratoria de PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL, como indemnización por los perjuicios inmateriales sufridos por cada uno de ellos, en razón a la perdida de oportunidad por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, imputables a los Juzgados Segundo y Tercero Penal del Circuito y el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Florencia, Caquetá, por transgredir derechos co nvencional y constitucionalmente amparados tales como a la verdad, laRadicación: 11001-03-15-000-2023-01625-00

Demandante: CONCEPCIÓN PARRA SAÉNZ Y OTRO

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8 justicia, la reparación integral, la tutela judicial efectiva y la garantía de resolución judicial del asunto en un plazo razonable.

B.5. Que se reconozca la indexación sobr e la suma r econocida por PERJUICIOS MATERIALES, tanto en su modalidad de DAÑO EMERGENTE como de LUCRO CESANTE, de acuerd o a la variación porcentual del índice de precios al consumidor certificado por el DANE.

B.6. Que se condene al ente demandado al pago de l os inte reses remuneratorios y morato