CE - 010315000202301652001SENTENCIA20230509080838

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., ocho (8) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01652-00

Demandante: MAURICIO ARBES GORDILLO TRIVIÑO

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE SANTANDER

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL / La demanda carece de carga argumentativa jurídica suficiente y coherente para discutir la razonabilidad de la decisión adoptada por la autoridad judicial accionada.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por el señor Mauricio Arbes Gordillo Triviño contra el Tribunal Administrativo de Santander.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 30 de marzo de la presente anualidad1, el señor Mauricio Arbes Gordillo Triviño interpuso acción de tutela contr a el Tribunal Administrativo de Santander , por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia, con ocasión de la sentencia proferida dentro de la acción de cum plimiento con radi cado 68001-33-33-0082022-00311-01. Formuló las siguientes pretensiones (se tr anscriben textualmente):

proferida dentro de la acción de cum plimiento con radi cado 68001-33-33-0082022-00311-01. Formuló las siguientes pretensiones (se tr anscriben textualmente):

[….]TUTELAR MIS DERECHOS DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO 1932007-01 DEL JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE EJECUCIONES DE BUCARAMANGA, POR LA CAUSAL DE EX ISTIR EL INMINENTE RIESGO DE

UN GRAVE PERJUICIO IRREMEDIABLE POR CUANTO NO ME QUIEREN

ENTREGAR NI PONER A DISPOCISION LOS INMUEBLES QUE FORMAN

1 La Sala advierte que el 24 de abril de 2023, el expediente ingresó al de spacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01652-00

Demandante: Mauricio Arbes Gordillo Triviño Demandado: Tribunal Administrativo de Santander Sentencia de tutela de primera instancia

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PARTE DE DICHO EJECUTIVO Y QUE CORRESPONDEN AL PROCESO DE INSOLVENCIA, TODA VEZ QUE EL REMATE NO QUEDO EN FIRME A L MOMENTO DE LA SUSPENSION PROCESAL EL DIA 06 DE JULIO DE 2021.

EN CONSECUE NCIA SE REVOQU E LA DECISION DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE SANTANDER POR VIA DE HECHO, COMO CONSECUENCIA DEL GRAVE PERJUICIO IRREMEDIABLE QUE TAMBIEN SE PUEDE APLICAR EN LA ACCION DE CUMPLIMIENTO Y DICHO ENTE

DESCONOCIÓ TOTALMENTE EL CONTENIDO DE ESTE DERE CHO BAJO

CONSECUENCIA DEL GRAVE PERJUICIO IRREMEDIABLE QUE TAMBIEN SE PUEDE APLICAR EN LA ACCION DE CUMPLIMIENTO Y DICHO ENTE DESCONOCIÓ TOTALMENTE EL CONTENIDO DE ESTE DERE CHO BAJO ESTA FIGURA Y NO SOLO POR EL ART. 87 QUE IGUALMENTE AGOTÉ

PERO NO ME TUVIERON EN CUENTA.

1.2. Hechos

De la solicitud de amparo y de las pruebas aporta das se extr aen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

El señor Mauricio Arbes Gordillo Triviño interpuso acción de cumplimiento contra el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecuc ión de Bu caramanga y el Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Bu caramanga por el pres unto incumplimiento del mandato contenido en el numeral 1 del artículo 545 del Código General del Proceso.

La pretensión de cumplimi ento se fund ó en que en su contra cursó un proceso ejecutivo con título hipotecario con radicado 680014003012-2007-00193-00, en el que se decretó como medida cautelar el embargo de los inmuebles con matrícula inmobiliaria 300-127986 y 300-128167.

Dichos inmuebles fueron objeto de remate por parte del Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga, en diligencia realizada el 22 de octubre de 2020 y aprobada en auto del 14 de diciembre de 2020.

Afirmó el demandante que inició un proceso de insolvencia en la Notaría Octava del Círculo de Bucaramanga el cual fue aceptado el 6 de julio de 2021 y en él se

Afirmó el demandante que inició un proceso de insolvencia en la Notaría Octava del Círculo de Bucaramanga el cual fue aceptado el 6 de julio de 2021 y en él se relacionaron, entre otros bienes, los inmuebles objeto del proceso ejecutivo, antes de que quedaran en firm e la aprobación del remate, puesto que interpuso recurso de reposición y apelación contra dicha decisión; no obstante , las autoridades judiciales accionadas se negaron a dar cumplimiento al artículo 545 del CGP, que ordena suspender el proceso de ej ecutivo cuando se ha aceptado la solicitud de negociación de deudas.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01652-00

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Mediante auto del 22 de se ptiembre de 2021, el Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Buc aramanga ordenó suspender el citado proceso ejecutivo hasta que se re solviera la solici tud d e nego ciación de deudas, con excepción de los bienes rematados. Dicha providencia no fue recurrida.

En primera instancia, la acción de cumplimiento correspondió al Juzgado Octavo Administrativo de Bucaramanga, el que, mediante sentencia del 22 de febr ero de 2023, declaró improcedente la solicitud del accionante.

Contra la anterior decisión el señor Gordillo Triviño interpuso recurso de apelación que fue desatado por el Tribunal Administrativo de Santander , en providencia del 28 de marzo de 2023, en la que confirmó la sentencia recurrida.

1.3. Argumentos de la tutela

que fue desatado por el Tribunal Administrativo de Santander , en providencia del 28 de marzo de 2023, en la que confirmó la sentencia recurrida.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora manifestó que los juzgado s civi les que tuvieron a su cargo el proceso ejecutivo dictaron diferentes providencias cuando habían perdido competencia, toda vez que cuando se informó del proceso de insolvencia el auto aprobatorio del remate no estaba en firm e, por ende, debió tenerse en cuenta el proceso de insolvencia obligaba de manera imperativa a suspender toda s las actuaciones.

Señaló que «en Bucaramanga los jueces carecen de total conocimiento y capacitación acerca de los procesos de insolvencia», dado que el numeral 1 del artículo 545 de la Ley 15 64 de 20 12 señala que la aceptación del trámite de insolvencia suspende los procesos en curso.

Que en la sentencia de la acción de cumplimiento, el Tribunal afirma que «nada se puede hacer por cuanto no agoté tales recursos contra una providencia NULA E ILÍCITA»; con ello, descon oce que el auto del 7 de septiembre de 2021 es «engañoso» dado que en la página de consulta de procesos se dio a entender de que efectivam ente se estaba cum plimiento con la norma, y sin embar go el juzgado, «sacó de la insol vencia los inmuebles que no tenía ejecutoria del auto aprobatorio del remate».

Que si bien el Tribunal c onfirmó la decisión d el juez de primera instancia que declaró improcedente la acción de cumplimiento porque no podía inmiscuirse enRadicación: 11001-03-15-000-2023-01652-00

Demandante: Mauricio Arbes Gordillo Triviño

declaró improcedente la acción de cumplimiento porque no podía inmiscuirse enRadicación: 11001-03-15-000-2023-01652-00

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esos asuntos y porque no se interpusieron los recursos, lo cierto es que «cuando un juez dicta un auto por (sic) nulo, fraudulento, ilícito o manifiestamente contrario a la ley, a la Constitución Nacional y al debido proceso».

Que, en esos casos la actuación sigue vigente y es «muy difícil logra la nulidad o reversar un auto …por cuanto como lo reiter o la justicia es tá amarrada y estos funcionarios gozan de un fuero, por tal razón su señoría quiero que solamente me digan por qu é razón no aplicaron la otra parte de la acci ón de cumplimiento que es cuando hay un inminente, grave perjuicio irremediable».

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 11 de abril de 2023, se admitió la presente acción de tutela y se ordenó notificar a l os magi strados que integra n el Tribunal Administrativo de Santander, en calidad de parte demandada, y al Juzgado Tercero Civil Municipal de Ejecuci ón de Sentencias de Bucaramanga y al Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga, como terceros con interés. Asimismo, se orde nó notificar a la Agencia Naci onal de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga, tras relatar las actuaciones a su cargo dentro del proceso ejecutivo

Estado.

2.1. El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Ejecución de Sentencias de Bucaramanga, tras relatar las actuaciones a su cargo dentro del proceso ejecutivo que fue objeto de acción de cumplimiento, señaló que las decisiones adoptadas por ese Despacho gozan de autonomía e independencia judicial, y corresponden inequívocamente al cumplimiento de un deber le gal y constituciona l frente a la correcta y oportuna administración de justicia.

2.2. El juez tercero civil municipal de ejecución de sentencias de Bucaramanga señaló que dentro del p roceso ejecutivo se h an r espetado los derechos constitucionales y legales de las partes, y que las decisiones proferidas han sido ajustadas a derecho.

Respecto de las sentencias dictadas en la acción de cumplimiento, dijo que no le corresponde hacerles un juicio de valor, sino estarse a las decisiones, puesto que en ellas se explicó la improcedencia en contra del proceso ejecutivo.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01652-00

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2.3 El Tribunal Administrativo de Santander, por inte rmedio del magistrado ponente de la decisión cuestionad a, señaló que no se v ulneraron los derechos fundamentales señalados en la demanda de tutela, sino que, dicha Corporación se ajustó a los parámetros legales y jurisprudenciales en la materia, por lo cual, la decisión no constituye una «vía de hecho» ni estructura un perjuicio irremediable.

Explicó que la acción de cumplimiento no fue consagrada como un procedimiento

se ajustó a los parámetros legales y jurisprudenciales en la materia, por lo cual, la decisión no constituye una «vía de hecho» ni estructura un perjuicio irremediable.

Explicó que la acción de cumplimiento no fue consagrada como un procedimiento alternativo para evaluar el cumplimiento de la ley por part e de los jueces, ni para suplir los recursos ordinarios diseñados por el legislador para discutir la validez de las providencias judiciales.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. La acción de tutela contra providencias judiciales

A p artir de 2012 2 , la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación acogió la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con las reglas fijadas por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005.

Según la Corte, los requisitos generales para la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales son: (i) que se indiquen los hechos y las razones en que se fundamenta la acción; (ii) que se hubieran utilizado todos los mecanismos judiciales ordinarios y extra ordinarios a su alcance para la protección de los derechos fundamentales invocados (subsidiariedad); (iii) que la acción se hubiera interpuesto en un término prudencial (inmediatez); (iv) que el asunto sea de evidente relevancia constitucional y (v) que no se trate de una decisión proferida en sede de tutela.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la pres encia

en sede de tutela.

Una vez la acción de tutela supere el estudio de las causales anteriores, llamadas genéricas, el juez puede conceder la protección siempre que advierta la pres encia de alguno de los siguientes defect os o vicios de fondo: (i) defecto orgánico, (ii) defecto procedimental absoluto, (iii) fáctico, (iv) defecto material o sustantivo, (v) error inducido, (vi) decisión sin motivación, (vii) desconocimiento del preceden te y (viii) violación directa de la Constitución.

2 Sentencia del 31 de julio de 2012, expediente No. 2009 -01328-01(IJ), M.P. María Elizabeth

García González.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01652-00

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Finalmente, conviene señalar que la Corte Constitucional ha enfatizado en que la acción de tutela contra providencias dictadas por los denominados órganos de cierre, « sólo tiene cabida cuando una decisión riñe de manera abierta con la Constitución y es definitivamente incompatible con la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional al definir el alcance y límites de los derechos fundamentales o cuando ejerce el control abstracto de constitucionalidad , est o e s, cuando se configura una anomalía de tal entidad que exige la imperiosa intervención del juez constitucional»3.

2. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contr a pro videncia judicial. De ser a sí, se abord ará el

constitucional»3.

2. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contr a pro videncia judicial. De ser a sí, se abord ará el estudio de fondo, con el fin de establecer si la sentencia del 28 de marzo de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Sa ntander vulneró los derechos fundamentales del señor Mauricio Arbes Gordillo Tri viño dentro del trámite de la acción de cumplimiento con radicado 68001-33-33-008-2022-00311-01.

3. Análisis del caso

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la i nmediatez: la tutela cumple c on el re quisito de i nmediatez, toda vez que l a sentencia de segunda instanci a data del 28 de marzo de 202 3 y fue notificada el 29 de marzo siguiente, mientras q ue la solicitud de amparo se presentó el 30 de marzo del año en curso, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la expedición y notific ación de la decisión. Este término resulta razonable.

3.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

3.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que este requisito también está acreditado, por cuan to s e a gotaron l os recursos disponibles dentro de la acción de cumplimiento.

3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01652-00

Demandante: Mauricio Arbes Gordillo Triviño

3 Ver, entre otras, las sentencias SU-917 de 2010 y SU-573 de 2017.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01652-00

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3.1.4 De la relevancia con stitucional: la Sa la consi dera necesario referirse brevemente al requisito de la relevancia constitucional de la acción de tutela, a fin de establecer si se cumple o no en el presente asunto.

El cumplimiento del requisito de relevancia constitucional no se agota al señalar los derechos fundamentales vulnerados y que se identifique n los defectos contra la providencia. Se requiere que la solicitud de amparo con tenga (i) una carga argumentativa mínima y (ii) que no se utilice este instrumento como tercera instancia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

La tesis que viene de exponerse se ajusta al precedente 4 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario pa ra discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretació n propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitucional es inidóneo si lo pretendido es que el juez de tutela se adentre en juicios de corrección, de re ctificación o de interpretación propios de cada especialidad.

La tutela solo s e justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el

cada especialidad.

La tutela solo s e justifica en aquellos eventos en los que exista una discusión de marcada importancia constitucional, circunstancia que no se satisface con el simple señalamiento de que se es tán afectando garantías iusfundamentales, sino porque, en efecto, afloran dudas razonables y razonadas de que se ha desbordado el alcance de un derecho fundamental.

• Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala considera que la solicitud de amparo carece de relevancia constitucional, toda vez que la parte demandante no cumple con el requisito de una mínima carga argumentativa suficiente y coherente, como pasa a explicarse.

El escrito de tu tela se en cuentra ause nte de la identificación de los defe ctos específicos en que habr ía incurrido la providencia cuestion ada, y tampoco contiene una explicación jurídica concreta de los hechos que se atribuyen al Tribunal y que darían lugar a su configuración; en su lugar, l a demanda est á

4 Sobre este aspecto pueden consultarse las sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01652-00

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cargada de descalif icaciones sin una argumentación jurídica dirigida a demostrar el desatino de la autoridad judicial accionada.

Pero, aun si la Sala diera por intrascendente el hecho que la solicitud de tutela

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cargada de descalif icaciones sin una argumentación jurídica dirigida a demostrar el desatino de la autoridad judicial accionada.

Pero, aun si la Sala diera por intrascendente el hecho que la solicitud de tutela adolezca de la calificación jurídica de las causales específicas de procedencia, y se estuviese a l as razones contenidas en la dema nda para intentar deducir o construir la existencia d e alguna de ella s, sin duda, se concluye que los reparos expuestos por la parte acto ra son absolutamente limitadas en tanto qu e no dan cuenta de una argumentación mínima , suficiente y congruente sobre cómo en el caso espe cífico la tes is del Tribunal Administrativo de Santander vulneró los derechos fundamentales del demandante.

Es así como la solicitud de amparo se esfuerza y ocupa por descalificar a las autoridades judiciales que conoc ieron del proceso e jecutivo a pesar de que las providencias proferidas en es e proceso no hacen parte del examen que corresponde a la Sala co mo juez constitucional, puesto que la demanda de tutela recae es contra el Tribunal por la sen tencia dictada en la acción de cumplimien to. De manera que la pretensión primera es ajena a este debate judicial, y esta Subsección no podría estudiar ni ordenar el ampar o de los derechos fundamentales por posibles irregularidades del proceso ejecutivo.

Respecto de la pretensión segunda en la que se solicita que se ordene al Tribunal considerar el perjuicio irremediable aplicable en materia de acción de cumplimiento, al revisar se tanto la demanda de la acción de cumpli miento, el recurso de apelación contra la sente ncia de primera instancia dictad a p or el

considerar el perjuicio irremediable aplicable en materia de acción de cumplimiento, al revisar se tanto la demanda de la acción de cumpli miento, el recurso de apelación contra la sente ncia de primera instancia dictad a p or el Juzgado Octavo Administrativo de Medellín y, en particular, la solicitud de amparo, no se observa que se bebiese expuesto de manera clara y suficiente la existencia de un perjuicio irremediable como circunstancia que modificase la teoría del Tribunal o ameritara u n pronunciamiento expreso, dado que el elemento cardinal de la decisión giró al rededor de la imposibilidad de que la acci ón de cumplimiento fuese una vía para aden trarse en la autonomía judicial y cuestionar las decisiones en otros procesos o, para revivir oportunidades dejadas de vencer.

En suma, el demandante deja de lado que el Tribunal estimó que:

[E] juez de cumplimiento no tiene competencia para determinar si el Juez Tercero Civil Municipal de Ejecución de Bucaramanga debe dar apli cación al numeral 1º del artículo 545 del C.G.P. en los términos so licitados por el actor, pues, además, dicho funcionario judicial mediante auto del 22 de septiembreRadicación: 11001-03-15-000-2023-01652-00

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de 2001 adoptó una decisión sobre el particular, en sentido negativo, en cuanto no accedi ó a la solicitud de suspensión y remisión de los inmuebles con los folios de matrícula inmobiliaria No., 300 -127986 y 300 -128167

de 2001 adoptó una decisión sobre el particular, en sentido negativo, en cuanto no accedi ó a la solicitud de suspensión y remisión de los inmuebles con los folios de matrícula inmobiliaria No., 300 -127986 y 300 -128167 presentada por la parte ejecutada, al punto de que ello implicaría el control de legalidad de esa providencia judicial frente a la cual es posible ejercer dicho control mediante los recursos est ablecidos en el respectivo código de procedimiento, los cuales según se indica en la demanda no se ejercieron.

A partir de esa afirmación, se concluye que, en criterio del Tribunal la existencia de un perjuicio irremediable no e ra razón suficiente para modificar el aserto de la sentencia, y la Sala n o advierte la n ecesidad de que se de dicara un acápite especial a su estudio.

De allí que el accionante debió de cuestionar fue la tesis de la improcedencia de la acción de cumplimiento al interior de los procesos judiciales para obtener el cumplimiento de norma s sust anciales o proces ales, en lugar de pretende r desvanecer esa teoría por la sup uesta la existencia de un perjuicio irremediable que, en todo caso, no fue clara ni suficientemente sustentado.

Para l a Sala el deber de sustentar la procedencia de tutela contra providencias judiciales no se satisface con calificar la providencia de «ilegal, fraudulenta, nula, ilícita», por acusar o descalificar a la autoridad judicial por supuesto desconocimiento y falta de capacitación en materia de insolven cia o, menos aún, debatir sobre decisiones y actuaciones ajenas al deb ate principal aun cuando s e relacionen indirectamente con el objeto del litigio. Lo determinante es que la parte

desconocimiento y falta de capacitación en materia de insolven cia o, menos aún, debatir sobre decisiones y actuaciones ajenas al deb ate principal aun cuando s e relacionen indirectamente con el objeto del litigio. Lo determinante es que la parte explicara o permitiera inferir desde un ejercicio de intelección jurídica el yerr o cometido por el Tribunal, pero, en este caso , se presenta un descontento carente de razones constitucionales sobre una situación que, vale decir, la parte ha discutido y pretendido imponer no solo en el proceso ejecutivo, sino por cuenta de otras acciones constitucionales5 con la única finalidad de que se deje sin efectos el remate d e los b ienes inmuebles objeto del proceso ejecutivo hipotecario y se incluyen esos bienes dentro del proceso de insolvencia.

Conviene recordar que esta Corporación ha señalado que en la demanda de tutela el actor no puede conformarse con identificar de manera escueta alguna de las

5 El demandante ha interpuesto diferentes tut elas en contra de los juzga dos a cargo del proceso ejecutivo y de objeción a la negociación de deudas de persona natural no comerciante, las cuales han sido declaradas improcedentes o negadas. Al respecto pueden co nsultarse los radicados 68001 31-0-012-2022-00069-00/01 decidida e n segunda instancia por la Sala Civil -Familia del Tribunal Superior de Bucar amanga, y los expedientes con radicado 11001-02-03-000-2022-0259800 y 11001-02-03-000-2022-03302-00, de la Sal a de Casación Civil de la Corte Suprem a de Justicia.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01652-00

Demandante: Mauricio Arbes Gordillo Triviño

Justicia.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01652-00

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causales específicas de procedenci a d e la tutela contra providencias judiciales, sino que es necesario que tal señalamiento se sustente amplia y razonablemente, que sea prod ucto de un discer nimiento y, por su puesto, que se a terrice al caso concreto. Como se sabe, detrás de las causales esp ecíficas de prosperidad que ha fijado la Corte Constitucional existen fuertes razones para limitar el uso abusivo y desmesurado de la acción de tutela contra las providencias judiciales6.

Se insiste, para la prosperidad del amparo es necesario que los señ alamientos que se hagan se sustenten constitucional, razonable y coherentemente, a fin de que el jue z cuente con los p arámetros suficientes para decidir si una providencia judicial vulnera o no derechos fundamentales. Y, como en este caso ello se echa de m enos, la conclusión no puede ser diferente a la d el incumplimiento de l requisito de relevancia constitucional.

Incluso, si la Sala aceptar a como suficientes los argumentos de la parte demandante, es evidente que la finalidad de ellos es reabrir el debate no solo de la acción de cumplimiento, sino del proceso ejecutivo y de la objeción a la negociación de deudas, como si se tratara de una instancia adicional a las que se surtieron de conformidad con el procedimiento previsto por el legislador para cada uno de ellos, y es sabido que la intención de prolongar una controversia judicial

negociación de deudas, como si se tratara de una instancia adicional a las que se surtieron de conformidad con el procedimiento previsto por el legislador para cada uno de ellos, y es sabido que la intención de prolongar una controversia judicial dirigida y desatada por los jueces naturales se opone al alcance de la acción de tutela que, justamente, prohíbe que se utilice en los términos que aquí se pretende —instancia adicional—.

Por todo lo anterior, la Sala declarará improcedente la acción de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo d e Esta do, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO. Declarar i mprocedente el amparo solici tado por el señor Mauricio Arbes Gordillo Triviño, por lo razonado en la parte motiva de esta providencia.

6 Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 29 de abril de 2015, expediente No. 201500380-00, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01652-00

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SEGUNDO. Notifíquese la presente decisión a las pa rtes y a los interesados por el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. De no ser im pugnada la present e providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

el medio más expedito y eficaz.

TERCERO. De no ser im pugnada la present e providencia, envíese a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

MARÍA ADRIANA MARÍN MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Firmado electrónicamente

JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

VF

Esta providencia fue discutida en Sala de la fecha del encabezado y firmada electrónicamente mediante el aplicativo SAMAI. La autenticidad e integridad de su contenido pueden ser validadas escaneando el código QR que aparece a la derecha o dirigiéndose el siguiente enlace: https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx .