CE - 010315000202301653001SENTENCIA20230524164625

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01653-00

Accionante: Yesenia Holguín Mateus Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte actora pretende reabrir el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la solicitud de amparo constitucional formulada por la señora Yesenia Holguín Mateus contra el Tribunal Administrativo del QuindíoSala Primera de Decisión.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 30 de marzo de 2023, la señora Yesenia Holguín Mateus , a través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proce so, seguridad social, igualdad, acceso a la

apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra la Sala Primera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proce so, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” , así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica . Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia del 16 de marzo de 2023, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 2 que promovió contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magis terio y el Municipio de Armenia.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 Identificado con número de radicado 63001-3333-006-2022-00031-02Radicación:11001-03-15-000-2023-01653-00

Accionante: Yesenia Holguín Mateus Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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2.- La accionante pretende que en virtud del amparo, “(…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el

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2.- La accionante pretende que en virtud del amparo, “(…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda(…) ”3.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección inv ocada y de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- Desde el 27 de enero de 2012, la accionante labora para el municipio de Armenia y se encuentra vinculad a al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) en calidad de docente oficial.

5.- El 14 de julio de 2021, la accionante solicitó al Ministerio de Educación Nacional y al municipio de Armenia el reconocimiento y desembolso de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, generada por la consignación extemporánea de sus cesantías, así como el pago de la indemnización por el desembolso tardío de los intereses a las cesantías, consagrada en la Ley 52 de 1975. La solicitud se remitió a la Fiduciaria Previsora S.A., entidad encargada de administrar el Fomag, sin que esta entidad emitiera una respuesta al respecto.

6.- En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , la

la Fiduciaria Previsora S.A., entidad encargada de administrar el Fomag, sin que esta entidad emitiera una respuesta al respecto.

6.- En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , la señora Yesenia Holguín Mateus presentó una demanda en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fomag y el municipio de Armenia, con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto que se configuró ante la falta de respuesta a l a petición radicada el 14 de julio de 2021 . Además, solicitó que se condenara a las entidades demandadas a pagar la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 por la consignación tardía de sus cesantías, y la indemnización por el pago tardío de los intereses generados por las cesantías, consagrad o en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 1176 de 1991.

7.- A través de fallo proferido el 29 de junio de 2022, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia negó las pretensiones de la demanda, por considerar que la sanción por mora solo aplica para aquellos docentes que no están afiliados al fondo prestacional del magisterio, de modo que al encontrarse afiliada al Fomag, la situación jurídica del demandante se encontraba regulada por el régimen especial de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989 . En desacuerdo con lo anterior , la parte demandante apeló la decisión adoptada.

8.- Mediante sentencia de 16 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión confirmó la decisión apelada al considerar que

demandante apeló la decisión adoptada.

8.- Mediante sentencia de 16 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión confirmó la decisión apelada al considerar que no existe un criterio unificado al interior del Consejo de Estado, sobre la posibilidad

3 Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.Radicación:11001-03-15-000-2023-01653-00

Accionante: Yesenia Holguín Mateus Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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de hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al caso de los docentes afiliados al Fomag y, que los pronunciamientos que han determinado la procedibilidad de la sanción deprecada se profirieron en asuntos en los que mediaron supuestos fácticos que difieren de las circunstancias en las que se enmarcaba la situación jurídica de la demandante.

9.- Por lo anterior, concluyó que a la parte actora no le son aplicables las disposiciones que consagran la sanción moratoria por el retardo en el pago de las cesantías anualizadas y de los intereses a las mismas, consagrados en los artículos 99 de la Ley 50 de 1990 y 1° de la Ley 52 de 1975, ya que el régimen de cesantías docente es especial y en él se determina específicamente c ómo se reconoce n, liquidan y pagan las cesantías y los intereses de éstas, teniendo unas características propias que hacen que el pago de las sanciones solicitadas sea incompatible.

10.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus

liquidan y pagan las cesantías y los intereses de éstas, teniendo unas características propias que hacen que el pago de las sanciones solicitadas sea incompatible.

10.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia, “situación más favorable al trabajador en caso de duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho” , así como los principios de perpetuatio jurisdictionis y seguridad jurídica, al incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues, a su juicio, a partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-098 de 2018, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que en virtud del principio de favorabilidad , es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación debe ser consignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación. Para ello adujo el desconocimiento de las reglas fijadas en las siguientes sentencias:

Tabla 1: Sentencias – Corte Constitucional No. Radicado Exp. Fecha Decisión Magistrado Ponente Magistrados 1 Exp. T6.736.200 17/10/2018 Gloria Stella Ortiz Delgado

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 Y Otros

1 Exp. T6.736.200 17/10/2018 Gloria Stella Ortiz Delgado

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 Y Otros 25/07/2019 Gloria Stella Ortiz Delgado

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

3 Exp. T7.182.312 Y Otros 06/02/2020 Luis Guillermo Guerrero Pérez

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

Tabla 2: Sentencias – Consejo de Estado No. Radicado Exp. Fecha decisión Magistrado Ponente Consejeros FirmantesRadicación:11001-03-15-000-2023-01653-00

Accionante: Yesenia Holguín Mateus Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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1 08001-2333000-201300666-01 (0833-16) 06/08/2020 Sandra Liseth Ibarra Sentencia de Unificación del Consejo de Estado 2 76001-2331-00020090086701 (48542014) 24/01/2019 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 3 11001-0315000-201803499-01 29/07/2019 Nicolás Yepes Corrales Jaime Enrique Rodríguez NavasGuillermo Sánchez Luque

Perdomo Cuéter 3 11001-0315000-201803499-01 29/07/2019 Nicolás Yepes Corrales Jaime Enrique Rodríguez NavasGuillermo Sánchez Luque 4 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16) 02/12/2019 Rafael Francisco Suárez Vargas William Hernández Gómez - Gabriel Valbuena Hernández 5 08001-2333000-201400208-01 10/06/2020 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 6 08001-2331000-201400254-01 (4960-2017) 22/10/2020 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena Hernández 7 08001-2333000-201400132-01 12/11/2020 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena Hernández 8 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17/06/2021 Gabriel Valbuena Hernández William Hernández Gómez - Rafael Francisco Suárez Vargas 9 08001-2333000-201500331-01 27/06/2021 César Palomino Cortés Sandra Lisset Ibarra Vélez - Carmelo Perdomo Cuéter 10 19001-233333000-201500331-01 27/06/2021 César Palomino Cortés Sandra Lisset Ibarra Vélez - Carmelo Perdomo Cuéter 10 19001-2333000-20150044502(0483-20) 04/11/2021 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez Vargas - Gabriel Valbuena Hernández 11 08001-2333000-201401127-01 (1002-2021) 25/11/2021 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 12 40001-2340000-201700134-01 (2208-2020) 25/11/2021 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena Hernández 13 080001-2340-000201590008-01 (2387-2020) 11/11/2021 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena HernándezRadicación:11001-03-15-000-2023-01653-00

Accionante: Yesenia Holguín Mateus Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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14 080001-2340-000201490022-01 (5154-2016) 11/11/2021 Gabriel Valbuena Hernández

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14 080001-2340-000201490022-01 (5154-2016) 11/11/2021 Gabriel Valbuena Hernández William Hernández Gómez - Rafael Francisco Suárez Vargas 15 080001-2333-000201700931-01 (1001-2021) 20/01/2022 Gabriel Valbuena Hernández William Hernández Gómez - Rafael Francisco Suárez Vargas 16 080001-2333-000201500075-01 (2660-2020) 03/03/2022 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena Hernández 17 76001-2333000-201300756-01 (2224-2020) 28/04/2022 Carmelo Perdomo Cuéter César Palomino Cortés - Sandra Liseth Ibarra 18 080001-2340-000201700795-01 (2659-2020) 09/05/2022 Rafael Francisco Suárez Vargas William Hernández Gómez - Gabriel Valbuena Hernández 19 47-001-2333-000201900359-01 (4004-2021) 19/05/2022 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 20 47-001-2333-000201900376-01 (4462-2021) 01/07/2022 Sandra Liseth Ibarra

César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 20 47-001-2333-000201900376-01 (4462-2021) 01/07/2022 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 21 08001-2333000-201500509-01 (2140-2020) 22/08/2022 César Palomino Cortés Sandra Lisset Ibarra Vélez – Carmelo Perdomo Cuéter 22 08001-2333-0002015-9012401 (23942020) 22/09/2022 César Palomino Cortés Sandra Lisset Ibarra Vélez – Carmelo Perdomo Cuéter

11.- Además, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido acogida por los jueces administrativos del circuito en los siguientes fallos:

Tabla 3: Sentencias – Juzgados Administrativos De Circuito No. Radicado Expediente Fecha Decisión Juzgado Juez 1 66001-33-33-0012022-00020-00 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CTO

DE PEREIRA

Cristina Isabel

Sánchez BritoRadicación: 11001-03-15-000-2023-01653-00

Accionante: Yesenia Holguín Mateus Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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2 70001-33-33Accionante: Yesenia Holguín Mateus Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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2 70001-33-33002-2022-0011500

09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL CTO DE SINCELEJO Sin información 3 70001-33-33-0022022-00072-00 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL

CTO DE SINCELEJO

Lissette Mairely Nova Santos 4 05001-33-33019-2022-0008500 02/09/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL CTO DE MEDELLIN Sin información 5 76001-33-33-0022022-00066-00 28/09/2022

JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO

DE GUADALAJARA DE

BUGA Leidy Johanna Uribe Molina 6 76-001-3333-002-202200095-00 27/09/2022

JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO

DE GUADALAJARA DE BUGA Sin información 7 68001-33-33-0022022-00065-00 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO

DE BUCARAMANGA

Arley Méndez De La Rosa 8 68001-33-33-0092022-00109-00 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA Jairo García Suarez 9 27001-33-33-005Rosa 8 68001-33-33-0092022-00109-00 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA Jairo García Suarez 9 27001-33-33-0052022-00122-00 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO

DE QUIBDÓ

Emilson Marmolejo García 10 11001-33-42-0512022-00098-00 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL CTO

DE BOGOTÁ

Norberto Mendivelso Pinzón 11 76147-33-33-0022022-00008-00 16/11/2022

JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO

DE GUADALAJARA DE

BUGA Sin información

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

12.- Mediante auto de 10 de abril de 20234, se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a la autoridad judicial accionada y vincul ar a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Municipio de Armenia, en calidad de terceros interesados.

13.- Además, se requirió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia y al Tribunal Administrativo del Quindío para que remitieran, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado número 63001-33-33-006-202200031-00/02.

(i) Ministerio de Educación5

14.- Solicitó ser desvinculado del presente asunto, toda vez que, a su juicio, la entidad no es la responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración

00031-00/02.

(i) Ministerio de Educación5

14.- Solicitó ser desvinculado del presente asunto, toda vez que, a su juicio, la entidad no es la responsable de la conducta cuya omisión genera la vulneración

4 Notificado el 14 y 24 de abril de 2023. 5 Expediente digital, intervención contenida en 7 folios.Radicación:11001-03-15-000-2023-01653-00

Accionante: Yesenia Holguín Mateus Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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alegada y, en consecuencia, no tiene competencia para pronunciarse sobre los hechos y pretensiones d e la presente acción de tutela, pues el conflicto se circunscribe a las actuaciones del Despacho Judicial; por lo que es claro que el Ministerio de Educación no tiene injerencia en la decisión que se tome al respecto.

(ii) Parte actora

15.- El apoderado de la parte accionante presentó 3 memoriales adicionales: (a) El 21 de abril de 2023 allegó un escrito, en el que itera la existencia de pronunciamientos previos respecto de la materia y citó la sentencia de 17 de junio de 2019 (sin radicado) y la acción de tutela del 29 de julio de 2019, radicado 10010315-000-2018-03499-01; (b) El 4 de mayo de 2023 se pronunció sobre la contestación de la demanda presentada por el Ministerio de Educación; y (c) el 9 de mayo de 2023 aportó la copia de un fallo de tutela de p rimera instancia proferido el

contestación de la demanda presentada por el Ministerio de Educación; y (c) el 9 de mayo de 2023 aportó la copia de un fallo de tutela de p rimera instancia proferido el 23 de marzo de 2023 por la Sección Segunda – Subsección B del Consejo de Estado, en el marco del proceso 11001031500020230106300, en el cual se estudió un caso similar al que nos ocupa, y se concedió el amparo impetrado.

16.- A pesar de haber sido notificado s en debida forma el Tribunal Administrativo del Quindío, el FOMAG y el Municipio de Armenia guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestiones previas

17.- En virtud del carácter preferente y sumario propio de la acción de tutela, son ajenas a su procedimiento figuras y etapas procesales típicas de los procesos ordinarios, como la reforma a la demanda o los alegatos de conclusión . En esa medida, a efectos de garantizar los derechos a la defensa y al debido proceso de la parte demandada y de los terceros interesados, la Sala sólo se pronunciará sobre lo indicado en el escrito inicial de tutela, que fue sobre el cual tuvieron oportunidad de referirse tales sujetos procesales.

D. La acción de tutela contra providencias judiciales

18.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales, son los siguientes 6: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los

requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales, son los siguientes 6: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmediatez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los d erechos

6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).Radicación:11001-03-15-000-2023-01653-00

Accionante: Yesenia Holguín Mateus Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de manera razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

19.- Interesa destacar que la relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el

19.- Interesa destacar que la relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento, de tal suerte que, en la práctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional7.

20.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito d e hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

21.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito, se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 8 y, en ese sentido, evitar que la acción de tutela se utilice para debatir asuntos de mera legalidad9; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos fundamentales10; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales11.

7 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010. 8 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este

jurisdiccionales11.

7 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010. 8 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. 9 Estos son de competencia exclus iva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de derechos fundamentales. Tal como se ha reiterado e n la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés constitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional. 10 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derecho legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdadde los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. 11 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental ”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional.Radicación:11001-03-15-000-2023-01653-00

Accionante: Yesenia Holguín Mateus Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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22.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia qu e ha decantado la

Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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22.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia qu e ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C -590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales12: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

E. Análisis del caso concreto

23.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si las circunstancias que se alegan en la presente causa satisfacen los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si se cumple el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acredi tarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si el Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión, incurrió en el defecto o yerro invocado por la accionante y si se justifica la adopción de medidas de p rotección frente a los mismos.

F. Estudio sobre el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

24.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si una acción de tutel a cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos13:

de la acción de tutela contra providencias judiciales.

24.- La Sala Plena del Consejo de Estado ha expresado que, para determinar si una acción de tutel a cumple con el requisito de relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos13:

a) Que el actor cumpla su carga argumentativa de motivar la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales, escenario en el que no basta con enunciar los derechos presuntamente transgredidos, sino que tal vulneración ha de estar justificada, esto es, desde la carga argumentativa, debe expresar con suficiencia las razones y motivos de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor respecto de los derechos fundamentales de quien promueve la acción de tutela, cuya fuente es la decisión que ha adoptado el juez, encargado por mandato constitucional de definir el derecho bajo la sacramental fórmula de administrar justicia por mandato de la Constitución y la ley. En este caso, tal ejercicio debe permitir una acción valorativa de la justeza de la decisión, asunto que se superpone aún a la justicia que envuelve el mandato de ley en que se basa la sentencia.

b) Que la demanda de tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada , en la medida en que

12 Es de anotar que la jurisp rudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.

desconocimiento de derechos fundamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional. 13 Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número: 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).Radicación:11001-03-15-000-2023-01653-00

Accionante: Yesenia Holguín Mateus Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Primera de Decisión Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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este mecanismo constitucional fue instituido para proteger derechos fundamentales y no para discutir toda discrepancia que el actor tenga frente a una decisión judicial, aspecto que se vincula en perfecta armonía con el anterior elemento, en tanto la acción de tutela no se presenta como garantía para la confrontación entre la decisión del juez y la opinión, criterio, dicho y aún raciocinio de quien no se ve favorecido con la determinación contenida en la sentencia, pues, sin lugar a dudas, de lo que se trata es de verificar la justeza constitucional de la decisión judicial.

25.- En el caso objeto de estudio, se cuestiona la decisi