CE - 010315000202301661001SENTENCIA20230613000000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-01661-00

Referencia: Acción de tutela

Actores: TELMO DE JESÚS ZULETA CASTRILLÓN Y OTRAS.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE TUTELA POR

FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL. LOS ACTORES

PRETENDEN QUE SE ACOJA LA INTERPRETACIÓN QUE PROPONEN,

CON FUNDAMENTO EN UNA JURISPRUDENCIA QUE FUE

PRECISAMENTE OBJETO DE PRONUNCIAMIENTO POR EL TRIBUNAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: A L DEBIDO PROCESO Y A LA

IGUALDAD.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por los actores contra

el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL TOLIMA1.

I.- ANTECEDENTES

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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I.1.- La solicitud

Los señores TELMO DE JESÚS ZULETA CASTRILLÓN , MARLY

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I.1.- La solicitud

Los señores TELMO DE JESÚS ZULETA CASTRILLÓN , MARLY YULIETH y ANGIE KATERINE ZULETA BUENO, actuando a través de apoderado especial y en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, los cuales, a su juicio, les fueron vulnerados por el TRIBUNAL, al haber proferido en segunda instancia la sentencia de 29 de septiembre de 2022, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 730013333001-2015-00070-01.

I.2.- Hechos

Indicaron que el señor VÍCTOR ALFONSO ZULETA BUENO (Q.E.P.D.), mientras se encontraba privado de la libertad en el Complejo Carcelario y Penitenciario Coiba de Ibagué, el 22 de julio de 2014 sufrió un accidente al caer de un piso superior del patio donde estaba recluido, que le ocasionó trauma craneoencefálico, trauma maxilofacial, fractura en miembro inferior izquierdo y otras lesiones.3

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Relataron que, como consecuencia de lo anterior, promov ieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa

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Relataron que, como consecuencia de lo anterior, promov ieron demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa contra la Nación – Instituto Penitenciario y Carcelario INPEC y la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), por los perjuicios causados a su familiar, el señor VÍCTOR AL FONSO ZULETA BUENO (Q.E.P.D.), mientras se encontraba recluido, a la cual le fue asignado el número único de radicación 2015-00070-00.

Refirieron que el proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Ibagué2 que, mediante sentencia de 17 de noviembre de 2017, accedió parcialmente a las pretensiones, por lo que declaró responsable al INPEC de los perjuicios morales y daños a la salud ocasionados a los demandantes.

Adujeron que la anterior decisión fue apelada por las partes, disenso desatado por el TRIBUNAL en sentencia de 29 de septiembre de 2022, a través de la cual revocó la decisión del a quo y, en su lugar, denegó las pret ensiones al estimar que se configuró la causal de eximente de responsabilidad de culpa exclusiva de la víctima, en la

2 En adelante el Juzgado.4

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medida en que fue el propio VÍCTOR ALFONSO ZULETA BUENO

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medida en que fue el propio VÍCTOR ALFONSO ZULETA BUENO (Q.E.P.D.) quien decidió poner en peligro su vida al maniobrar sobre una baranda sin protección alguna.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Argumentaron que la jurisprudencia en reiterada oportunidad, ha dispuesto que los establecimientos penitenciarios asumen una obligación de seguridad que es de resultado y no de medio, de tal forma que la administración tiene la responsabilidad de devolver al detenido, en el momento en que recupere su libertad, en el mismo estado de salud que tenía cuando fue recluido, salvo los deterioros normales del paso del tiempo.

Sobre el particular, adujeron que en sentencia T -535 de 1998 la Corte Constitucional refirió que “[…] no pueden resultar afectados ni en mínima parte durante el tiempo necesario para el pago de la pena impuesta o a lo largo del período de detención cautelar. De ello se hace responsable el Estado desde el momento mismo de la captura o entrega del detenido o con denado y hasta el instante en que readquiera su libertad […]”.5

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Destacaron que, en ese mismo sentido, las sentencias T -590 de

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Destacaron que, en ese mismo sentido, las sentencias T -590 de 1998, T-645 de 1996 y T -698 de 2002, han indicado que el Estado tiene la obligación en la protección a la vida de los internos en centros de reclusión, posición que ha sido reiterada por el Consejo de Estado.

Arguyeron que el TRIBUNAL también incurrió en desconocimiento del precedente horizontal, toda vez que en varias oportunidades y en casos similares al presente, la autoridad jud icial accionada ha proferido decisiones de carácter condenatorio.

Para el efecto precisaron que, en sentencia de 2 de agosto de 20183, el TRIBUNAL en un asunto con identidad fáctica al caso bajo análisis, esto es, ante la caída de un recluso de un piso su perior del Complejo Carcelario y Penitenciario Coiba, determinó la falla en la prestación del servicio penitenciario y carcelario, por lo que condenó al INPEC al pago de los perjuicios causados.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, los actores pretenden lo siguiente:

3 Tribunal Administrativo del Tolima, sentencia de 2 de agosto de 2018, número único de radicación 73001-33-33-003-2015-00017-02.6

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73001-33-33-003-2015-00017-02.6

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“[…] declarar la nulidad de la sentencia de septiembre 29 de 2022 proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima en el expediente radicado: 73001 -33-33-001-2015-00070-01 y ordenar que el mencionado Tribunal vuelva a proferir sentencia de acuerdo con lo establecido en la Constitución, la Ley y la jurisprudencia […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL manifestó que la solicitud de amparo no tiene vocación de prosperar, dado que no se materializó la vulneración de derecho fundamental alguno contra la parte actora , además, lo pretendido es discutir criterios de interpretación de normas legales y jurisprudenciales, lo cual no resulta válido a través de este mecanismo residual y subsidiario.

En cuanto al alegado desconocimiento del precedente vertical y horizontal, adujo que esa Corporación efectuó un análisis integral de las pruebas, las normas y la jurisprudencia aplicable al asunto, de conformidad con el principio de autonomía judicial de la cual se encuentran investidas las decisiones judiciales.

Así las cosas, manifestó que no se advierte la vulneración de los derechos fundamentales invocados, en la medida en que lo

conformidad con el principio de autonomía judicial de la cual se encuentran investidas las decisiones judiciales.

Así las cosas, manifestó que no se advierte la vulneración de los derechos fundamentales invocados, en la medida en que lo pretendido es reabrir un debate jurídico que ya se surtió ante el juez7

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natural del asunto, por lo que solicitó denegar el amparo deprecado.

I.5.2.- El INPEC, vinculado en calidad de tercero con interés directo en las resultas del proceso, solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo, toda vez que la parte actora dispone del recurso extraordinario de revisión, mecanismo judicial idóneo para analizar las inconformidades acá expuestas , por lo que no cumple con el requisito de la subsidiariedad.

Agregó que la acción de tutela de la referencia tampoco cumple con el requisito de la inmediatez, pues no se promovió dentro del término previsto para el efecto.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente as unto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que

conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y8

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del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González) , en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y con miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la violación de derechos constitucionales fundament ales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia

observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corp oración o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de9

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unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez

constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez de tutela debe indicar con to da claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.10

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y

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c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre tod as las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efect o decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse como crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.

e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acci ón de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza

vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acci ón de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, qu e la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencias proferidas son sometidas a un riguroso11

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proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela c ontra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sent encia se requiere

es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha señalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sent encia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.

d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance12

en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance12

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de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalm ente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, los actores pretenden que se deje sin efecto la sentencia de 29 de septiembre de 202 2, proferida por el TRIBUNAL, mediante la cual revocó la decisión de primera instancia y, en su lugar, denegó las pretensiones de la demanda dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 2015-00070-01.

La controversia tiene origen en una demanda de reparación directa presentada en el año 201 5 por los actores contra el INPEC y la USPEC, en la que solicitaban que se les declarara a las demandadas administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios morales, materiales y daño en la vida en relación, ocasionados por las lesiones sufridas al señor VÍCTOR ALFONSO ZULETA BUENO

administrativa y patrimonialmente responsables por los perjuicios morales, materiales y daño en la vida en relación, ocasionados por las lesiones sufridas al señor VÍCTOR ALFONSO ZULETA BUENO (Q.E.P.D.) mientras se encontraba recluido.

Los actores estiman que la providencia cuestionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, dado que,13

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en su sentir, el TRIBUNAL incurrió en desconocimiento del precedente vertical y horizontal, pues la jurisprudencia ha establecido que el Estado está en la obligación de proteger la vida de los internos en centros de reclusión, además, en casos similares al presente, la autoridad j udicial accionada ha proferido decisiones de carácter condenatorio.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en desconocimiento del precedente judicial , al haber proferido la sentencia de 29 de septiembre de 2022.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la a cción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en

requisitos generales de procedencia de la a cción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta14

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expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra provid encias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se p onga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional4, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».5

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación6, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

4 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 5 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 6 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.15

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El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa par a efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los

providencias judiciales, es el que interesa par a efectos de esta sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [7]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [8].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, e s un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [9].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afe cción de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutel a debe motivar su decisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [10].

[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.”

amparo constitucional [10].

[7] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [8] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [9] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [10] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia c onstitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará aten diendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y16

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El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse en una instancia procesal adicional . En consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una

consecuencia, en caso que de la acción de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones carecerían de relevancia constitucional.

En este sentido, la Corte Constitucional, en la sentencia T-061 de 2007, Magistrado Ponente: Humberto Sierra Porto, señaló lo siguiente:

“En primer lugar l a jurisprudencia ha señalado que la cuestión que se pretende discutir por medio de la acción de tutela debe ser una cuestión de evidente relevancia constitucional. Teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera in stancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental. En otras palabras, la tutela contra decisiones judiciales debe fundarse en un asunto de evidente relevancia constitucional y no puede ser utilizada para discutir asuntos de mera legalidad [11]. Si bien no siempre es fácil delimitar los asuntos de relevancia constitucional de aquellos que no lo son, también lo es que esta Corporación ha sido particularmente cuidadosa al intentar establecer criterios de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al de bido proceso. El primero

de diferenciación razonables. Así por ejemplo, basada en los antecedentes originados en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, ha reconocido la existencia de dos ámbitos del derecho al de bido proceso. El primero

para la determinación del contenido y alcance de los derechos fundamentales”) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), respect o de la procedencia de la acción de amparo en general y, en particular, contra providencias judiciales.” [11] “Corte Constitucional. Sentencia T-173/93.”17

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que emerge de la propia Constitución y que es el den