CE - 010315000202301722001SENTENCIA20230523161737

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01722-00

Demandante: YASMÍN LLANOS TORRES Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA,

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN C

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumpli ó el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la de manda se dirigen a convertir la acción de tutela en una tercera instancia del proceso ordinario.

La Sala d ecide la acción de tutela instaurada por los señore s Yasmín, Jhon William, Luis Haimer, Jorge Edinson, Álvaro y Alexer LLanos Torres; Andrés Felipe y Deryi Viviana Llanos Ospina, y Diego Fernando Llanos Rincón contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 10 de abril de la presente anualidad1, los citados demandantes, por intermedio de apode rada judicial , interpusieron acción de tu tela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por considerar

El 10 de abril de la presente anualidad1, los citados demandantes, por intermedio de apode rada judicial , interpusieron acción de tu tela contra el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, por considerar vulnerados sus derechos f undamentales al debido proceso , de acceso a la administración de justicia y a la reparación integral, con ocasión de la sentencia del 5 de octubre de 202 2, dictada en el pr oceso de reparación directa con radicado 11001-33-31-037-2008-00315-01. Formularon las siguientes pretensiones (se transcriben textualmente):

1 Se advierte que, el 9 de mayo de 202 3, el exp ediente ingresó a l de spacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01722-00

Demandante: Yasmín Llanos Torres y otros

Demandado: Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C Sentencia de tutela de primera instancia

2

1. Sean tutelados los derechos fundamentales al Debido Proceso, Acceso efectivo a la Administración de Justicia y a la Reparación Integral de los accionantes, que fueron vulnerados, producto de las irregularidades sustanciales expuestas.

2. Se deje sin efectos la Sentencia de segunda instancia del 5 de octubre de 2022 profer ida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsecci ón C, M.P: José Élver Muñoz Barrera en el proceso con radicado No. 11001-33-31-037-2008-00315-01.

Tercera, Subsecci ón C, M.P: José Élver Muñoz Barrera en el proceso con radicado No. 11001-33-31-037-2008-00315-01.

3. Que en su lugar se ordene al Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera, Subsección C, proferir nueva sentencia, que corresponda en derecho, se ajuste al amparo, garantía real y efectiva protección del derecho fundamental al debido proceso y con ello el derecho de acceso a la administración de justicia y a la reparac ión integral, analizando integralmente los precedentes jurisprudenciales relacionados.

(…)

1.2. Hechos

De la soli citud de tutela y de lo s documentos aportados , la Sa la extrae los siguientes hechos jurídicamente relevantes:

La señora Yasmín LLanos Torres y otros 2 presentaron demanda de reparación directa contra el Distrito Capital de Bogotá, la ESE Centro Oriente I Nivel y la ESE Hospital Occidente de Kennedy III Nivel, para que se declarara la responsabilidad patrimonial de estas, «con ocasión de los hechos ocurridos entre el 12 de mayo de 2006 y el 15 de mayo de 2006, en donde perdió la vida el señor Wilson Llanos Torres a causa de una deficiente prestación del servicio médico».

El Juzgado 61 Administrativo de Bogotá, mediante sentencia del 6 de octubre de 2021, declaró probada la excepci ón de caducidad y negó las pretensiones de la demanda.

La parte demandante interpuso recurso de apelación , y la Subsecci ón C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del

demanda.

La parte demandante interpuso recurso de apelación , y la Subsecci ón C de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en providencia del 5 de octubre de 2022, confirmó la declaratoria de caducidad.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora sostuvo que la autoridad judicial accionada incurrió en los siguientes defectos:

2 Jhon William, Luis Haimer, Jorge Edinson, Álvaro y Alexer LLa nos Torres; A ndrés Felipe y Deryi Viviana Llanos Ospina, y Diego Fernando Llanos Rincón.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01722-00

Demandante: Yasmín Llanos Torres y otros

Demandado: Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C Sentencia de tutela de primera instancia 3 1.3.1. Defecto su stantivo, por desconocimiento de las reglas de caducidad, así como la errónea interpretación del numeral 8 del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dado q ue el Tribunal debió partir del hecho daños o

(defectuosa prestación del servicio médico, falla del servicio ) y no desde el daño en sí mismo, que es la muerte del señor Wilson Llanos Torres.

Sin embargo, adujo que por tratarse de un asunto de «especial complejidad» y de «especialísima condición», el punto de partida de la caducidad debe ser el momento en el que los perjudicados tuvieron conocimiento de que la actividad médica fue defectuosa; toda ve z que esa interpretación es la que se aviene a los principios «pro homine, pro damnato y pro actione».

momento en el que los perjudicados tuvieron conocimiento de que la actividad médica fue defectuosa; toda ve z que esa interpretación es la que se aviene a los principios «pro homine, pro damnato y pro actione».

Argumentó que se desconocieron las disposiciones internas e internacionales relativas a la prevale ncia de l os derechos de los menores, pues, de haberlas considerado entonces, se habría computado la caducidad de manera diferente, esto es, a partir del momento en que los menores cumplieron la mayoría de edad, y no en la forma prevista en el numeral 8 del artículo 136 del CCA.

Expuso que tampoco se consideraron los artículos 2535, 2541 y 25 30 del Código Civil sobre la prescripción extintiva de las acciones, por cuanto de dichas disposiciones se deduce que «la prescripción o caducidad de las acciones», cuando involucre derechos de los menores, se suspenderá hasta tanto cumplan la mayoría de e dad; norma que por «analogía o por remisión normativa» debe aplicarse al término de caducidad de la acción de reparación directa.

1.3.2. Defecto fáctico , al declarar se configurada la caducidad, a pesar de que existían pruebas para arribar a una conclusión contraria.

Explicó que, a partir de la interpretación errónea de la norma sobre caducida d de la acción de reparación directa, el Tribunal pasó por al to la s p eticiones que los demandantes elevaron a las entidades demandadas en el proceso ordinario para obtener la historia clínica del servicio prestado a la víctima, y solo hasta el 21 de junio de 2 006 tuvieron acceso a dicha información, por ende, ese momento es el

demandantes elevaron a las entidades demandadas en el proceso ordinario para obtener la historia clínica del servicio prestado a la víctima, y solo hasta el 21 de junio de 2 006 tuvieron acceso a dicha información, por ende, ese momento es el que corresponde al conocimiento del hecho dañoso y, en cons ecuencia, el de inicio del término de caducidad.

Que, en el mismo sentido, se desconocieron las pruebas de la calidad de menores de edad de los demandantes Andrés Felipe y Deryi Vivivana Llanos Ospina , aRadicación: 11001-03-15-000-2023-01722-00

Demandante: Yasmín Llanos Torres y otros

Demandado: Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C Sentencia de tutela de primera instancia 4 quienes por lo menos se le s debió contar la caducidad de sde que alcanzaron la mayoría de edad.

2. Trámite impartido e intervenciones

En auto del 26 de abril de 202 3, previo requerimiento3 a los accionantes , el despacho sustanciador admitió la presente acc ión de tutela y ordenó notificar a los magistrados que integran el Tribunal Administ rativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en calidad de parte demand ada, y a la alcaldesa mayor y al secretario de salud de Bogotá D.C., al gerente del Hospital C entro Oriente II nivel E.S.E, al gerente del Hospital Occidente de Kennedy III ni vel E.S.E y al presidente de la Previs ora S.A . Compañía de Seguros , como terceros c on interés. También dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

y al presidente de la Previs ora S.A . Compañía de Seguros , como terceros c on interés. También dispuso notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. La Subred Integrada de Servicios de Salud Ce ntro Oriente E.S.E . alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva de dicha entidad, por cuanto lo que se pretende con la t utela es que se deje sin efecto una providencia judicial, frente a lo cual la ESE carece de competencia.

De otra parte, expuso que , en todo caso, la tutela es improcedente por la inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales reclamados.

2.2. La directora de gestión judicial de la S ecretaría Jurídica Distri tal de Bogotá señaló que la competenc ia para pronunciarse sobre el presente asunto corresponde a la Secretaría Distrital de Salud, por lo cual solicitó tener en cuenta las intervenciones presentadas por dicha dependencia y por las demás entidades de salud del Distrito.

2.3. La Secreta ría Distr ital de Salud de Bogotá pidió que se declarara improcedente la tutela, dado que no se había incurrido en vulneración de los derechos fundamentales reclamados. Igualmente, alegó la falta de legitimación en la causa por pasiva con fundamento en que dicha entidad «no es la competente para resolver la pretensión expuesta

3 Mediante providencia del 12 de abril de 2 023, el Despacho sustanciador requirió a la apoderada judicial de la parte acto ra para que aportara el poder de todos los de mandantes. Una vez cumplió con el requerimiento se admitió la demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01722-00

judicial de la parte acto ra para que aportara el poder de todos los de mandantes. Una vez cumplió con el requerimiento se admitió la demanda.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01722-00

Demandante: Yasmín Llanos Torres y otros

Demandado: Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C Sentencia de tutela de primera instancia 5 en la presente acción», por no ser el superior de las autoridades jud iciales accionadas.

2.4. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providenc ia judicial . De ser a sí, se abordar á el estudio de fondo d el asunto, con e l fin de establecer si s e configuraron los defectos sustantivo y fáctico endilgados a la providencia dictada el 5 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de C undinamarca, Sección Tercera, Subsección C, en el proceso de reparación directa con radicado 11001-33-31-0372008-00315-01.

2. Análisis de la Sala

2.1. Requisitos generales de procedibilidad

2.1.1. De la inmediatez: la t utela cu mple con este requisito, tod a vez que la providencia de segunda instancia fue dictada el 5 de octubre de 2022 y se notificó el 11 de octubre siguiente4, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 10 de abril de 2023, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de

providencia de segunda instancia fue dictada el 5 de octubre de 2022 y se notificó el 11 de octubre siguiente4, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 10 de abril de 2023, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la notificación de la decisión. Este término resulta razonable.

2.1.2 La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

2.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que este requisito está a creditado, puesto que cont ra la sentencia dictada por el Tribunal no procede recurso alguno , y las razones por las que se cuestiona la providencia no se ajustan a la procedencia o trámite de ninguno de los recursos extraordinarios previstos en la Ley 1437 de 2011.

4 Así consta en el sistema de consulta de procesos de SAMAI, según constató la Sala.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01722-00

Demandante: Yasmín Llanos Torres y otros

Demandado: Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C Sentencia de tutela de primera instancia 6 2.1.4 De la relevancia c onstitucional. La solicitud de amparo propuesta por los demandantes carece de relevancia constitucional por las siguientes dos razones:

En primer lugar, la parte actora pretende trasladar la discusión central —caducidad— del proceso ordinario al de tutela , a pesar de que e l asunto fue debatido y decidido razonablemente; en segundo ord en, plantea argumentos novedosos respecto de los cuales la autoridad judicial no tuvo oportunidad de

—caducidad— del proceso ordinario al de tutela , a pesar de que e l asunto fue debatido y decidido razonablemente; en segundo ord en, plantea argumentos novedosos respecto de los cuales la autoridad judicial no tuvo oportunidad de pronunciarse y que ni siquiera fueron insinuados en el recurso de apelación, pese a que en él se discutía, p recisamente, la cad ucidad declarada en primera instancia.

Algo más, se exponen razones que no guardan coherencia entre sí con los hechos de la demanda y con los mismo s argumentos de la tutela. En efecto, mientras que en unos apartes se define claramente la deficiente prestación del servicio de salud y la muerte como hecho dañoso, en otros se pretende que los jueces desconozcan ese ele mento como el parámet ro de la caducidad, aun cuando en la demanda ordinaria siempre se sostuvo que el daño se configuró con el deceso de la víctima. La tesis que la Sala acaba de exponer se amplía con las siguientes razones:

• El pres upuesto de relevancia constitucional prohíbe que la tutela se invoque para surtirse una instancia adicional al proceso ordinario.

La jurisprudencia constitucional y el mismo Consej o de Estado ha n sido enfáticos en af irmar que el cumplimiento de l requisito de relevancia constit ucional no se agota por el hecho de señalar los derechos fundamentales vulnerados y de que se identifiquen los defectos contra la providencia. No. Se requiere que la solicit ud de amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y coherente y (ii) que no se utilice est e instrumento como tercera insta ncia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

amparo contenga (i) una carga argumentativa mínima y coherente y (ii) que no se utilice est e instrumento como tercera insta ncia o instancia adicional a las establecidas por el legislador.

Esta premisa se ajusta al precedente5 reiterado de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, sostiene que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ord inarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la int erpretación propia de los jueces naturales. De manera que este instrumento constitu cional es

5 Sobre este aspe cto pueden consultarse las sentencias SU -128 de 2021, T -131 de 2021, SU -103 de 2022 y SU-215 de 2022 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-01722-00

Demandante: Yasmín Llanos Torres y otros

Demandado: Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C Sentencia de tutela de primera instancia 7 inidóneo si lo pre tendido es que el juez de tutela se adentre e n juicios de corrección, de rectificación o de interpretación propios de cada especialidad.

De esta forma, al revisar las premisas expuestas en la demanda de tutela, la Sala reitera que el de bate sobre la oportunidad para e l ejercicio de la acción de reparación directa fue un asunto discutido y clausurado por los jueces de instancia, los cuales concluyeron que los demandant es no i nterpusieron la demanda dentro del término previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Cód igo

reparación directa fue un asunto discutido y clausurado por los jueces de instancia, los cuales concluyeron que los demandant es no i nterpusieron la demanda dentro del término previsto en el numeral 8 del artículo 136 del Cód igo Contencioso Administrativo, que establecía un lapso de dos años , para ese caso concreto, contados desde la ocurrencia del hecho dañoso.

Si se observa la demand a ordinaria, consta que se solicitó que se declarara la responsabilidad patrimonial de las demandadas por «negligencia, imprudencia, falta de pe ricia y fallas integra les en l a prestación del servicio de sa lud de urgencia… que conllevó a la muerte del señor WILSON LLANOS TORRES»; y en los fundamentos de las pre tensiones se enfatiza que la acción se der iva de las fallas en la prestación del servicio de salud, que tuvo lugar entre el 12 de mayo de 2006 —fecha en que la víctima ingresó al primer centro asistencia l— y el 15 de mayo de 2006 —día del fallecimiento—.

Fue así como el Juzgado 61 Administrativo de Bogot á, mediante sentencia del 6 de octubre de 2021, declaró la caducidad de la acción , al estimar, conforme a las pretensiones de la demanda, que el hecho dañoso se produjo el 15 de m ayo de 2006, por lo cual el término para demandar vencí a el 16 de mayo de 200 8. Sin embargo —agregó—, el 19 de noviembre de 2007 se radicó una solicitud de conciliación que suspendió la caducidad por 5 meses y 28 días, término que se reanudó el 16 de enero de 2008, día siguiente a la expedición de la constancia de

conciliación que suspendió la caducidad por 5 meses y 28 días, término que se reanudó el 16 de enero de 2008, día siguiente a la expedición de la constancia de falta de conciliación.

En tal sentido, concluyó que, como consecuencia de la suspensión y reanudación del término de caducidad, el plazo para demandar venció el 12 de julio de 2008, mientras que la demanda se radicó el 1º de agosto siguiente.

La parte actora interpuso recurso de apelación en el que alegó (i) que «el hecho dañoso que se demanda se p rodujo el 15 de mayo de 2006, con e l fallecimiento del señor Wilson Llanos Torres »; (ii) que para discutir la responsa bilidad los demandantes otorgaron poder a un abo gado que presentó la audiencia de conciliación el 19 de noviembre d e 2007, la cual se declaró fallida el 15 de eneroRadicación: 11001-03-15-000-2023-01722-00

Demandante: Yasmín Llanos Torres y otros

Demandado: Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C Sentencia de tutela de primera instancia 8 de 2008, y la demanda fue radicada el 31 de julio de 2008; (iii) que el Despacho de primera instancia admitió la demanda el 17 de enero de 2009, por considerar que «reunían los requisitos formales de ley».

En el mismo escrito de apelación, sostuvo que la decisión de declarar la caducidad luego de 13 años, resultaba sorpresiva puesto que el juzgado tenía dentro de sus obligaciones verificar que la demanda cumpliera los requisitos legales, dentro de

En el mismo escrito de apelación, sostuvo que la decisión de declarar la caducidad luego de 13 años, resultaba sorpresiva puesto que el juzgado tenía dentro de sus obligaciones verificar que la demanda cumpliera los requisitos legales, dentro de los cuales se encontraba el de ausencia de caducidad. Por último, solicitó que «se revis[ara] de manera acuciosa los términos de la CADUCIDAD decretada y que la misma se revo[cara]».

Por su parte, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en la sentencia dictada el 4 de octubre de 2022, confirmó la declaratoria de caducidad, al concluir que:

• Si el daño se atribuye a la muerte del familiar ocurrida el 15 d e mayo de 2006, «se tenía en principio hasta el 16 de mayo de 2008 para presentar la demanda de reparación directa». • Al haberse radicado la solicitud de conciliación el 19 de noviembre de 2017, cuando falt aban 5 meses y 27 d ías para que operara la caducidad, el término se interrumpió por ese mismo tiempo. • El término de caducidad se reanudó a partir del 15 enero de enero de 2008, fecha en que se expidió la constancia de no conciliación, por lo cual los 5 meses y 27 días se cumplir ían el 12 de julio de 2008, y por ser sábado, se extendió hasta el día hábil siguiente: 14 de julio de 2008. • Finalmente, la demanda fue presentada el 31 de julio de 200 8 y no el 1º de agosto de ese año , como se di jo en la sente ncia apelada, por lo que sí estaba configurada la caducidad.

• Finalmente, la demanda fue presentada el 31 de julio de 200 8 y no el 1º de agosto de ese año , como se di jo en la sente ncia apelada, por lo que sí estaba configurada la caducidad.

Así pues, resulta evidente que las razones expuestas en la solicitud de amparo, en el sen tido de que en el presente asunto no operó la caducidad , carecen de un verdadero sust rato constitucional. Además, no existen razones dirigidas a evidenciar la falta de razonabilidad del análisis de los jueces ordinarios, pese a que la caducidad es una f orma de límite legal al derecho de acción previsto por el legislador.

Si el entonces Código Contencioso Administrativo asignó al juez administrativo la competencia p ara decidir so bre la responsabilidad patrimonial de las entidadesRadicación: 11001-03-15-000-2023-01722-00

Demandante: Yasmín Llanos Torres y otros

Demandado: Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C Sentencia de tutela de primera instancia 9 públicas, en casos como el que aquí se examina, y si pa ra ese efecto estableció un régimen de doble instancia, que ciertamente se surtió en este ca so para analizar la configuración o no de la caducidad, no resulta acertado continuar la discusión en sede constitucional para provocar que el juez de tutela desplace la labor de los jueces nat urales e intervenga en litigios cuya atribución no le ha sido dada, puesto que no se trata de un verdadero debate so bre vulneración de derechos fundamentales, así se invoque su afectación en la solicitud de amparo.

labor de los jueces nat urales e intervenga en litigios cuya atribución no le ha sido dada, puesto que no se trata de un verdadero debate so bre vulneración de derechos fundamentales, así se invoque su afectación en la solicitud de amparo.

En contraste, se constata la intención de convertir la acción de tutela en una tercera instan cia judicial, sin que se hubiese derruido desde el pu nto de vista constitucional el ejercicio de intelección realizado por el Tribunal y el juez administrativo.

Nótese que en la solicitud de amparo los demandantes insisten en la ausencia de caducidad, a pesar de que esa disc repancia tuvo espacio y escenari o en las dos instancias del proceso ordinario y fue decidida por los jueces de instancia.

La Sala estima que la providencia del Tribun al es razonable y constitucionalmente admisible, por cuanto en ella obr an las razone s por las cuales se configuró la caducidad de la acción . En ese raciocinio no se advierte capricho, arbitrariedad o irracionalidad; todo lo contrario, la decisión se fundó en un análisis de los hechos de la demanda, el hecho dañoso y el tér mino previsto por el legislador la reparación de un daño atribuido al Estado.

La tesis del Tribunal se ajusta a las garantías del debido proceso y de acceso a la administración de justicia, en la medida en que, aun cuando todas las personas tienen derecho de ele var una pretensi ón para que sea resuelta por el Es tado a través de los órganos investidos de jurisdicción, es obligatorio que se exam inen los plazos que para es os efectos consagra el ordenamiento ju rídico. En esa medida, lo que la autoridad judicial accionada hizo fue verificar, conforme a la

través de los órganos investidos de jurisdicción, es obligatorio que se exam inen los plazos que para es os efectos consagra el ordenamiento ju rídico. En esa medida, lo que la autoridad judicial accionada hizo fue verificar, conforme a la apelación, si el ejercicio del derecho de acción se hizo de manera opo rtuna o no; y, de esa for ma, encontró fund ada la decisión de pri mer grado de que no fue oportuna la presentación de la demanda.

Lo expuesto significa que, mientras la parte actora no soporte con argumentos constitucionales los elementos supuest amente desconocidos po r la autorid ad judicial accionada, el contenido de la pr ovidencia goza de presunción de acierto yRadicación: 11001-03-15-000-2023-01722-00

Demandante: Yasmín Llanos Torres y otros

Demandado: Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C Sentencia de tutela de primera instancia 10 se aviene a los principios de independencia y autonomía judiciales que no puede n ser desconocidos por el juez de tutela.

• La relevancia constit ucional exige una carga arg umentativa mínima , suficiente y coherente, que en manera alguna puede propiciar la introducción de temas no debatidos en la respectiva instancia.

No hay duda de que la caducidad fue el asunto que concentró el examen de los jueces de instancia, tanto así que la parte actora apeló la determinación de haber sido declarada en el fallo de pr imer grado; sin em bargo, en la tutela no so lo se pretende derivar una tercera instan cia, sino que se plantean argumentos

jueces de instancia, tanto así que la parte actora apeló la determinación de haber sido declarada en el fallo de pr imer grado; sin em bargo, en la tutela no so lo se pretende derivar una tercera instan cia, sino que se plantean argumentos diferentes a los allí debatidos y se distorsionan los hechos y la causa petendi de la demanda ordinaria.

En los acápites prece dentes se sintetizaron los ar gumentos con bas e en los cuales la parte actora apeló la caducidad, básicamente se centró en que recibieron con sorpresa que trece años de spués de prese ntada la demanda se declarara la caducidad, a pe sar de que para admi tir la demanda era necesario que el juez verificara cumplimiento de los requisitos, incluidos, el d e la inexistencia de caducidad; en consecuencia, pidió que se «revis[ara] de manera acuciosa los términos de la CADUCIDAD decretada y que la misma se revo[cara]».

Como puede verse, en manera alguna la parte demandante presentó argumentos referidos a la ex istencia de menores de edad cuando se present ó la demanda , para que con ello se modificara o flexibilizara la forma de conteo de la caducidad. Tampoco adujo que debía contar se la ca ducidad, no desde la ocurrencia del hecho —muerte por mala pr estación del s ervicio d e salud —, sino desde el supuesto conocimiento de los errores o de la falla de las demandadas de la que solo tuvieron conocimiento con la e ntrega de la historia clínica, mucho menos se invocaron disposiciones convencionales o legales sob re estos te mas, a pesar de

supuesto conocimiento de los errores o de la falla de las demandadas de la que solo tuvieron conocimiento con la e ntrega de la historia clínica, mucho menos se invocaron disposiciones convencionales o legales sob re estos te mas, a pesar de que era la apelación el escenario para enarbolar todos los reparos y protestas con la decisión.

Pretender que sea la t utela el espacio para exponer nuevos argumentos les resta relevancia constitucional, desconoce el derecho al de bido proceso de los demás sujetos procesales y el principio del juez natural, pues a quien le corresponde examinar las razones de la parte es al operador jurídico de la causa , con mayorRadicación: 11001-03-15-000-2023-01722-00

Demandante: Yasmín Llanos Torres y otros

Demandado: Tribunal Admi nistrativo de Cundinamarca, Sección Tercera, Subsección C Sentencia de tutela de primera instancia 11 razón cuando es un escenario de se gunda instancia en el que el nor te de la discusión surge de la existencia de una decisión desfavorable, y de un control o juicio a partir de los motivos de inconformidad planteados.

La introducción de nuevos argumentos que debieron ser objeto de apelación se entrelaza incluso con el incumplimiento de l requisito de subsidiariedad , pues la alzada era la vía idónea para presentar todos los cargos contra la ca ducidad, por lo que la falta de su ejercicio diligente e integral trae aparejado el desconocimiento del deber de alegar en el respectivo proceso todas las inconformidades que se tienen contra una decisión recurrible.

Sea la oportunidad para reiterar que, pese a la existencia de me nores de edad al

del deber de alegar en el respectivo proceso todas las inconformidades que se tienen contra una decisión recurrible.

Sea la oportunidad para reiterar que, pese a la existencia de me nores de edad al tiempo de la deman da, la regla aplicada por el Tribunal en el fondo y para este caso, no es un aspecto r eferido a una verdadera vulneración de sus derechos fundamentales, pues ellos comparecieron en el proceso ordinario por intermedio de su progenitora, quien, como s e sabe, ostentaba la representación legal. Recuérdese que el artículo 446 del Código de Procedimiento Civil —vigente en ese momento y cuya regla se mantiene inalterada — incluye a los menores dentro de los sujetos con capacidad para ser parte, pues para ello solo se exige la condición de persona , por ende, estos únicamente tienen limitada la capaci dad de comparecer y el derecho d e postulación, que se ejerc ió válidamente por su representante legal y su apoderado judicial, respectivamente.

Llama la atención de esta Subsección el hecho de que, habiéndose expedido el acta de no conciliación el 15 de enero de 2008 y contándose con un término para presentar la demanda de 5 meses y 27 días, ello sólo se hubiera concretado el 31 de jul