CE - 010315000202301757001SENTENCIA20230509142634

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., cinco (5) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01757-00

Accionante: LIGIA SABOGAL ARÉVALO

Accionados: CONSEJO DE ESTADO - SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B

Y OTRO Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL – Se niega el amparo – las accionadas no incurrieron en la vulneración de derechos fundamentales

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada por la ciudadana Ligia Sabogal Arévalo, a través de apoderado judicial y en contra de las sentencias de 4 de octubre de 2017 y de 22 de septiembre de 2022, dictadas, respectivamente, por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. La ciudadana Ligia Sabogal Arévalo , a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la “familia”, al debido proceso, al mínimo vital y al

acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la “familia”, al debido proceso, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyó a las sentencias de 4 de octubre de 2017 y de 22 de septiembre de 2022, dictadas, respectivamente, por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-42-000-2015-05110-00/01.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado por el extremo accionante, los hechos y razones que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relató que el señor Pedro Hilario Ubaté Guerrero era pensionado de la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, y afirmó que dicha persona falleció el 4 de julio de 2013.2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01757-00

Accionante: Ligia Sabogal Arévalo

2.2. Comentó que contrajo matrimonio con el señor Ubaté Guerrero el 3 de octubre de 1970 , y que dicho vínculo matrimonial se mantuvo hasta el día de su fallecimiento, ocurrido el 4 de julio de 2013.

2.3. Refirió que, del vínculo matrimonial que sostuvo con el señor Ubaté Guerrero , nacieron tres (3) hijos.

fallecimiento, ocurrido el 4 de julio de 2013.

2.3. Refirió que, del vínculo matrimonial que sostuvo con el señor Ubaté Guerrero , nacieron tres (3) hijos.

2.4. Adujo que actualmente cuenta con 72 años , y agregó que: «[…] desde que la asignación de retiro de su difunto cónyuge se extinguió el día 04 de julio del 2013, no cuenta con los medios para su congrua subsistencia […]».

2.5. Expuso que , como consecuencia del fallecimiento de su c ónyuge, presentó solicitud de reconocimiento de sustitución pensional, la cual le fue negada.

2.6. Indicó que, por lo anterior, promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se le reconociera la sustitución de la asignación de retiro.

2.7. Mencionó que el conocimiento del referido proceso le correspondió al Tribunal accionado, corporación judicial que, en sentencia de 4 de octubre de 2017, negó las pretensiones de la demanda.

2.8. Inconforme con la anterior decisión , presentó recurso de apelación el cual fue desatado por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, mediante sentencia de 22 de septiembre de 2022, en el sentido de confirmar la providencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

2.9. Adujo que en las decisiones aquí acusadas se incurrió en defecto fáctico, por las siguientes razones:

providencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

2.9. Adujo que en las decisiones aquí acusadas se incurrió en defecto fáctico, por las siguientes razones:

A) Se desconocieron las pruebas que daban cuenta que su vínculo matrimonial con el finado Ubaté Guerrero se mantuvo desde el 3 de octubre de 19 70 hasta su fallecimiento, ocurrido el 4 de julio de 2013, tales como: (i) «[…] [Los] testimonios de los señores MONIC A y FRANCISCO UBATE GUERRERO […]»; (ii) «[…] [la] declaración extra juico del día 23 de septiembre del 2010, suscrita por el señor PEDRO HILARIO UBATE […]»; (iii) «[…] [la] Carta suscrita por el señor PEDRO HILARIO UBATE, del día 10 de mayo del 2011 […]»; (iv) «[…] [la] Carta suscrita por la señora MONICA UBATE, del día 04 de mayo del 2011; (v) «[…] [la] Declaración extra juico del día 06 de julio del 2013, suscrita por la señora LIGIA SABOGAL […]»; (vi) «[…] [la] Declaración extra juico del día 06 de juli o del 2013, suscrita por la señora SANDRA HELENA REYES […]»; y (vii) «[…] [la] Declaración extra juico del día 06 de julio del 2013, suscrita por el señor ALVARO VENEGAS […]».

B) Se valoraron indebidamente: (i) los testimonios rendidos por los señores Horacio Wilches Acosta, José del Carmen Ubaté Guerrero, Sandra Ubaté González e Isabel3

B) Se valoraron indebidamente: (i) los testimonios rendidos por los señores Horacio Wilches Acosta, José del Carmen Ubaté Guerrero, Sandra Ubaté González e Isabel3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01757-00

Accionante: Ligia Sabogal Arévalo

Álvarez Ubaté; (ii) «[…] Las cartas presentadas por el causante a Casur los días 07 de julio del 2011 Y 13 de diciembre del 2011 […]»; y (iii) «[…] La certificación del 17 de mayo de 2011 expedida por la directora del Hogar geriátrico Doña Tere […]».

2.10. Aseguró que se incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en las siguientes sentencias: (i) de 23 de septiembre de 2015, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado; (ii) de 12 de febrero de 2015, proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado; ( iii) de 18 de julio de 2019 , dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, y (iv) de 20 de febrero de 2020, proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Tales decisiones judiciales, a su juicio, establecen que el requisito de convivencia de cinco (5) años se puede cumplir en cualquier época, y no necesariamente previos al fallecimiento del pensionado.

2.11. Manifestó que se incurrió en «[…] una interpretación inadecuada, irrazonable y/o desproporcionada del inciso 3º, literal b del parágrafo 2 del artículo 11 del

2.11. Manifestó que se incurrió en «[…] una interpretación inadecuada, irrazonable y/o desproporcionada del inciso 3º, literal b del parágrafo 2 del artículo 11 del decreto 4433 de 2004, al exigir que mi representada tenía que cumplir con el requisito de convivencia de 5 años antes de la muerte del causante […]».

2.12. Por último, señaló que se configuró una violación directa de la Constitución, porque las accionadas omitieron analizar su caso «[…] bajo la óptica de enfoque de género […]».

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló la siguiente pretensión:

[…] Como consecuencia de todo lo anterior, solicito al honorable Consejo de Estado que actuando como Juez Constitucional, ampare los derechos fundamentales al acceso a la administración de justicia configurándose vías de hecho judicial, que han sido vulnerados por las autoridades a la señora LIGIA SABOGAL AREVALO y en consecuencia deje sin efectos la Sentencia del 04 de octubre del 2017, proferida por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA - SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN "c" y CONSEJO DE E STADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN B y la Sentencia del 22 de septiembre del 2022, proferida por el CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B. dentro del proceso radicado 25 000234200020150511000 en cuanto negaron el reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de cónyuge del

ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B. dentro del proceso radicado 25 000234200020150511000 en cuanto negaron el reconocimiento de la sustitución pensional en calidad de cónyuge del señor PEDRO HILARIO UBATE GUERRERO (Q. E. P. D) Se ordene como corolario, al CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN SEG UNDASUBSECCIÓN B emita un nuevo fallo en el cual se concedan las pretensiones de la demanda de acción de nulidad y restablecimiento del derecho […].4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01757-00

Accionante: Ligia Sabogal Arévalo

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El magistrado a cargo de la sustanciación del proceso, mediante auto de 13 de abril de 2023, admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma providencia, vinculó como tercero con interés directo en los resultados del proceso a la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional. También dispuso notificar al Ministerio Público para lo de su competencia.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las notificaciones a las autoridades accionadas y a la vinculada, se advierte que se allegaron los siguientes informes:

5.1. El Tribunal accionado, por conducto del magistrado ponente de la providencia aquí enjuiciada, rindió informe en el que manifestó que : «[…] en la sentencia proferida por la Sala, el cuatro (4) de octubre de dos mil diecisiete (2017), se

aquí enjuiciada, rindió informe en el que manifestó que : «[…] en la sentencia proferida por la Sala, el cuatro (4) de octubre de dos mil diecisiete (2017), se encuentran consignados los argumentos que llevaron a tomar la decisión, de acuerdo con los supuestos facticos y jurídicos del caso, y en aplicación de la jurisprudencia vigente, y la posición respectiva de la Sala en estos asuntos de sustitución pensional […]».

5.2. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional, por conducto de la jefe de la oficina jurídica de la institución, rindió informe en el que solicitó su desvinculación dentro del presente trámite, en atención a que la acción de tutela se dirige en contra de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, y no contra esa entidad.

5.3. Asimismo, adujo que no existe la vulneración de derechos fun damentales alegada por la actora, comoquiera que : «[…] para el momento en que ocurre el deceso del señor Ubaté Guerrero, la demandante no acreditó los presupuestos establecidos en la Ley 923 y el Decreto 4433 de 2004, esto es, lo pertinente a convivencia real y efectiva, con el causante, prestándole apoyo mutuo, para acceder a la sustitución de la asignación de retiro […]».

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19911, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069

1 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01757-00

Accionante: Ligia Sabogal Arévalo

de 26 de mayo de 20152, modificado por el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 20173.

VI.2. Cuestión previa – de la solicitud de desvinculación

7. La Sala advierte que, previamente a la definición de los problemas jurídicos que se habrán de resolver, resulta necesario pronunciarse respecto de la solicitud de desvinculación procesal propuesta por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía

Nacional.

8. Sobre el particular, la Sala estima que la solicitud de desvinculación planteada por la referida entidad no tiene vocación de prosperidad, habida cuenta que fungió como parte demandada dentro del proceso en el que se profirió la decisión judicial que motivó la interposición del presente mecanismo de amparo, por lo que su vinculación al trámite d e la referencia, como sujeto procesal pasivo, resulta necesaria, dado el interés que le asiste en los resultados de esta acción de tutela.

9. En atención a lo anterior, la Sala negará la solicitud de desvinculación procesal

vinculación al trámite d e la referencia, como sujeto procesal pasivo, resulta necesaria, dado el interés que le asiste en los resultados de esta acción de tutela.

9. En atención a lo anterior, la Sala negará la solicitud de desvinculación procesal elevada por la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional.

VI.3. Problemas jurídicos

10. En este punto, la Sala de Decisión considera necesario precisar, aunque el extremo accionante le atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales tanto a la sentencia proferida en primera instancia como a aquella dictada en segunda instancia dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-42-000-2015-05110-00/01, que el presente análisis se centrará en determinar si en esta última providencia se incurrió en las causales de procedibilidad invocadas, dado que es la decisión que tiene los efectos de cosa juzgada y finiquitó la litis4.

11. A partir de lo anterior, y teniendo en cuenta la situación fáctica planteada la Sala

debe establecer lo siguiente:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Si ello es así, determinar:

b) Si la sentencia de 22 de septiembre de 2022, proferida por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000-2342-000-2015-05110-01, vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora, al haber incurrido, supuestamente, en defecto fáctico, sustantivo,

de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000-2342-000-2015-05110-01, vulneró los derechos fundamentales invocados por la actora, al haber incurrido, supuestamente, en defecto fáctico, sustantivo,

2 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 3 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 4 Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01757-00

Accionante: Ligia Sabogal Arévalo

desconocimiento del precedente jurisprudencial y violación directa de la Constitución.

12. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a

(ii) resolver el caso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

cuando se superen los requisitos generales y/o exigencias adjetivas.

VI.4. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

13. En sentencia de 31 de julio de 20125, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C -590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providencia judicial6, la sentencia C-590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución7.

5 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 6 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 7 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.7

lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01757-00

Accionante: Ligia Sabogal Arévalo

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de esta manera «[…] dejar sin efect o o modular la decisión […]»8 que se encaje en dichos parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 1100103-15-000-2012-02201-01.

VI.5. El caso concreto

20. La ciudadana Ligia Sabogal Arévalo, a través de apoderado judicial, presentó acción de tutela con miras a obtener el amparo de sus derechos fundamentales a la igualdad, a la seguridad social, a la “familia”, al debido proceso, al mínimo vital y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyó a las sentencias de 4 de octubre de 2017 y de 22 de septiembre de 2022, dictadas, respectivamente, por la Subsección C de la Sección Segunda del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado número 25000-23-42-000-2015-05110-00/01.

21. En este punto es preciso indicar que los defectos alegados por el extremo accionante serán estudiados de manera conjunta.

VI.5.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

La Sala encuentra que, en efecto, se cumplen los requisitos generales de procedibilidad, en razón a que: i) la situación planteada reviste relevancia constitucional porque pretende la protección inmediata de garantías de naturaleza fundamentales como lo son la igualdad, el debido proceso, la seguridad social, el

Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente

Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política» 8 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01757-00

Accionante: Ligia Sabogal Arévalo

mínimo vital y el acceso a la administración de justicia y, además, tal como lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-199 de 2022 las controversias asociadas con el reconocimiento pensional «[…] pueden involucrar derechos constitucionales diversos […]»9; ii) la acción de amparo se dirige contra la decisión adoptada en segunda instancia contra la cual no es procedente promover recurso alguno para reclamar la protección de los derechos fundamentales que se invocan como quebrantados, superando así el requisito de la subsidiariedad; iii) la acción de tutela se presentó dentro de un término razonable, por lo que cumple con el requisito de la inmediatez; iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela; v) como no se alega la existencia de una irregularidad procesal, no es necesario efectuar un análisis al respecto, y vi) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de tutela.

alega la existencia de una irregularidad procesal, no es necesario efectuar un análisis al respecto, y vi) la acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de tutela.

VI.5.2. Estudio de los defectos invocados en el sub examine

22. Ahora bien, se advierte que el planteamiento medular de la accionante radica en señalar que se incurrió en defecto fáctico, por las siguientes razones:

A) Se desconocieron las pruebas que daban cuenta que su vínculo matrimonial con el finado Ubaté Guerrero se mantuvo desde el 3 de octubre de 1970 hasta su fallecimiento, ocurrido el 4 de julio de 2013, tales como: (i) «[…] [Los] testimonios de los señores MO NICA y FRANCISCO UBATE GUERRERO […]»; (ii) «[…] [la] declaración extra juico del día 23 de septiembre del 2010, suscrita por el señor PEDRO HILARIO UBATE […]»; (iii) «[…] [la] Carta suscrita por el señor PEDRO HILARIO UBATE, del día 10 de mayo del 2011 […]»; (iv) «[…] [la] Carta suscrita por la señora MONICA UBATE, del día 04 de mayo del 2011 ; (v) «[…] [la] Declaración extra juico del día 06 de julio del 2013, suscrita por la señora LIGIA SABOGAL […]»; (vi) «[…] [la] Declaración extra juico del día 06 de julio del 2013, suscrita por la señora SANDRA HELENA REYES […]»; y (vii) «[…] [la] Declaración extra juico del día 06 de julio del 2013, suscrita por el señor ALVARO VENEGAS […]».

señora SANDRA HELENA REYES […]»; y (vii) «[…] [la] Declaración extra juico del día 06 de julio del 2013, suscrita por el señor ALVARO VENEGAS […]».

B) Se valoraron indebidamente: (i) los testimonios rendidos por los señores Horacio Wilches Acosta, José del Carmen Ubaté Guerrero, Sandra Ubaté González e Isabel Álvarez Ubaté; (ii) «[…] Las cartas presentadas por el causante a Casur los días 07 de julio del 2011 Y 13 de diciembre del 2011 […]»; y (iii) «[…] La certificación del 17 de mayo de 2011 expedida por la directora del Hogar geriátrico Doña Tere […]».

23. Igualmente, afirmó que se incurrió en desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en las siguientes sentencias: ( i) de 23 de septiembre de 2015, dictada por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado;

(ii) de 12 de febrero de 2015 , proferida por la Sección Segunda del Consejo de

9 “la jurisprudencia constitucional ha establecido que las controversias que surgen con ocasión del reconocim iento de una sustitución pensional pueden involucrar derechos constitucionales diversos. El presente asunto versa sobre la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social y al mínimo vital de la señora Ceneyda Salazar de Gutiérrez”.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01757-00

Accionante: Ligia Sabogal Arévalo

Estado; (iii) de 18 de julio de 2019 , dictada por la Sala de Casación Laboral de la

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01757-00

Accionante: Ligia Sabogal Arévalo

Estado; (iii) de 18 de julio de 2019 , dictada por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia , y ( iv) de 20 de febrero de 2020 , proferida por la Subsección A de la Sección Segunda del Consejo de Estado. Tales d ecisiones judiciales, en su criterio, establecen que el requisito de convivencia de cinco (5) años se puede cumplir en cualquier época, y no necesariamente de manera concomitante al fallecimiento del pensionado.

24. Asimismo, la actora m anifestó que se incurrió en «[…] una interpretación inadecuada, irrazonable y/o desproporcionada del inciso 3º, literal b del parágrafo 2 del artículo 11 del decreto 44 33 de 2004, al exigir que mi representada tenía que cumplir con el requisito de convivencia de 5 años antes de la muerte del causante […]». Por último, señala que se configuró una violación directa de la Constitución, porque las accionadas omitieron analizar su caso «[…] bajo la óptica de enfoque de género […]».

25. Para resolver lo expuesto, la Sala considera necesario poner de relieve lo

siguiente:

25.1. La aquí actora promovió demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con el fin de que se declarara la nulidad de los actos administrativos acusados y, a título de restablecimiento del derecho, pidió que se le reconociera la sustitución de la asignación de retiro, en calidad de cónyuge del finado Ubaté Guerrero.

título de restablecimiento del derecho, pidió que se le reconociera la sustitución de la asignación de retiro, en calidad de cónyuge del finado Ubaté Guerrero.

25.2. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección C, mediante sentencia de 4 de octubre de 2017 resolvió negar las pretensiones de la demanda.

25.3. La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado , al momento de resolver el recurso de apelación interpuesto por la aquí actora, efectuó un análisis de los siguientes medios de pruebas:

[…] Obra a folio 2 del expediente, partida de matrimonio entre la demandante y el señor Pedro Hilario Ubaté Guerrero (q.e.p.d.), realizado el 3 de octubre de 1970.

El señor Sargento Viceprimero ® del Policía Nacional Pedro Hilario Ubaté Guerrero (q.e.p.d.), falleció el 4 de julio de 2013, conforme al registro de defunción No. 08529295, obrante a folio 3 del expediente.

La señora Ligia Sabogal de Ubaté, elevó solicitud, el 12 de julio de 2013, en su condición de cónyuge supérstite del causante, tendiente a obtener el reconocimiento de la sustitución de la asignación de retiro. La Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional a través de la Resolución 6889 del 12 d e agosto de 2013, negó la prestación pretendida y extinguió el derecho de la asignación mensual de retiro, con el argumento de que la demandante no reunió los requisitos para acceder a la prestación, conforme a las disposiciones del Decreto 4433 de 2004 (ff. 5 – 6)

de que la demandante no reunió los requisitos para acceder a la prestación, conforme a las disposiciones del Decreto 4433 de 2004 (ff. 5 – 6)

En contra de esta decisión, interpuso recurso de reposición (ff. 8 – 11), el cual fue decidido mediante la Resolución 9971 de 22 de noviembre de 2013 (ff. 13 – 18), en el cual se confirma la decisión recurrida, en razón a que la solicitante no c onvivió con el causante los últimos 5 años anteriores al fallecimiento, conforme a las10

Radicación: 11001-03-15-000-2023-01757-00

Accionante: Ligia Sabogal Arévalo