CE - 010315000202301794001SENTENCIA20230601175518

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá, D.C., primero (1º) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: Acción de tutela Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01794-00

Actora: Beatriz Elena Ibáñez Villa

Demandados: Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Carrera Judicial y otro1

Tema: Improcedencia de la acción de tutela/ incumplimiento del requisito general de subsidiariedad

Derechos Fundamentales Invocados: i) Debido proceso, ii) igualdad, iii) acceso a cargos públicos, iv) trabajo y v) petición

Derechos Fundamentales Amparados: Ninguno

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta por la actora contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colombia.

La presente providencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii) Consideraciones de la Sala y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 Cfr. índice núm. 2 de SAMAI, Documento denominado “ED_CARATULA(.pdf) NroActua 2”. Archivo aportado en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01794-00

Actora: Beatriz Elena Ibáñez Villa

ANTECEDENTES

en forma digital.2

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01794-00

Actora: Beatriz Elena Ibáñez Villa

ANTECEDENTES

La solicitud

1. Beatriz Elena Ibáñez Villa, en nombre propio, presentó solicitud de tutela contra la Nación – Rama Judicial – Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de

Administración de Carrera Judicial y la Universidad Nacional de Colom bia, porque, a su juicio, la Unidad de Administración de Carrera Judicial, al expedir las Resoluciones núms. CJR2 3-0061 de 8 de febrero de 2023 2, en la cual “[…] fui incluida en el Anexo 2, como aspirante RECHAZADO, por no acreditar las calidades señaladas en el Acuerdo PCSJA18-11077 de 2018 […]”; y la CJR23-0110 de 21 de marzo de 20233 , “[…] que RECHAZA mi petición y se indica que se “informará a los aspirantes de manera individual, aclarando a quienes se confirma su rechazo y los que pasarán del estado de rechazados a admitidos en la presente resolución […]”: vulneraron sus derechos fundamentales al trabajo, “[…] acceso al ejercicio y desempeño de cargos y funciones públicas […]”, debido proceso, igualdad, petición, buena fe, “[…] confianza legítima y respeto al acto propio […]”.

Presupuestos fácticos

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, mediante Acuerdo núm. PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018,

2. Los presupuestos fácticos en los cuales se fundamenta la acción de tutela, en

síntesis, son los siguientes:

3. Señaló que, mediante Acuerdo núm. PCSJA18-11077 del 16 de agosto de 2018, el Consejo Superior de la Judicatura llevó a cabo la convocatoria núm. 027 para la provisión de cargos de funcionarios en la Rama Judicial.

4. Expresó que , con fundamento en el A cuerdo núm. PCSJA18-11077 de 2018 procedió a la inscripción en las fechas establecidas para el cargo de Juez Promiscuo

Municipal.

2 “[…] Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018 […]”. 3 “[…] Por medio de la cual se modifica la Resolución CJR23 -0061 de 8 de febrero de 2023, para e fectos de incluir los aspirantes que resultaron admitidos con base en las solicitudes por ellos presentadas […]”.3

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01794-00

Actora: Beatriz Elena Ibáñez Villa

5. Adujo que, en “[…] la Convocatoria de Méritos cada una de las etapas de selección y clasificación y, en relación con la primera, definió sus fases así: i) prueba de aptitudes y conocimientos; ii) verificación de requisitos mínimos y iii) curso de formación judicial, las que tienen carácter sucesivo y preclusivo de conformidad con

selección y clasificación y, en relación con la primera, definió sus fases así: i) prueba de aptitudes y conocimientos; ii) verificación de requisitos mínimos y iii) curso de formación judicial, las que tienen carácter sucesivo y preclusivo de conformidad con la ley. Frente a la primera de ellas, obtuve como calificación en la prueba de aptitudes y conocimientos un total de 802,14 puntos; alcanzando el estatus de

APROBADO […]”.

6. Manifestó que, mediante Resolución núm. CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, fue “[…] incluida en el Anexo 2, como aspirante RECHAZADO, por no acreditar las calidades señaladas en el Acuerdo PCSJA18 -11077 de 2018 […]”. Se rechazó del concurso bajo la causal de inadmisión “ […] “3.5”, que en el cuadro de convención del Anexo 2 se identificó como “3.5”, siendo la de: “3.5. No presentar la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades” […]” para ejercer el cargo de Juez Promiscuo Municipal, al momento de la inscripción en el año 2018.

7. Señaló que, mediante memorial del 11 de febrero de 2023, presentó solicitud de verificación de requisitos respecto de la Resolución núm. CJR23-0061 y sus Anexos

1 y 2 ante la Unidad de Administración de Carrera Judicia l, con el fin de que se reconsiderara la decisión, para que admitida al concurso, avanzar a la Etapa III de la convocatoria núm. 27 para la provisión de los cargos de funcionarios en carrera de la Rama Judicial.

8. Indicó que:

reconsiderara la decisión, para que admitida al concurso, avanzar a la Etapa III de la convocatoria núm. 27 para la provisión de los cargos de funcionarios en carrera de la Rama Judicial.

8. Indicó que:

“[…] La comunicación con la respuesta individual fue enviada el 22 de marzo de 2021 con OFICIO CJO23 -1400 por correo electrónico, pese a estar fechada el 17 demarzo (sic) de 2023, en donde se indica en una respuesta formateada y genérica, que el cumplimiento del requisito “3.5” se debía hacer en un documento en formato PDF, pero “la manifestación de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades” en la Regla del Concurso contenida en el Acuerdo PCSJA 18 -11077 NO aparece reglada que ha debido hacerse con esa ritualidad excesiva de “documento en formato PDF” y más cuando el registro, inscripción y envío de documentos se hizo por el aplicativo KACTUS-HCM, en donde obra el cumplimiento de dicha manifestación por la suscrita conforme se evidencia en los pantallazos del registro de la inscripción que precavidamente tomé en tiempo real durante el diligenciamiento del mismo, pues en la actualidad los aspirantes no tenemos acceso a esa información, sin que lo manifestado fuese desvirtuado por la entidad accionada […]”.4

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Actora: Beatriz Elena Ibáñez Villa

9. Manifestó que, mediante resolución núm. CJO23 – 1400 del 21 de marzo de 20234, “[…] se indica en una respuesta formateada y genérica, que el cumplimiento

Actora: Beatriz Elena Ibáñez Villa

9. Manifestó que, mediante resolución núm. CJO23 – 1400 del 21 de marzo de 20234, “[…] se indica en una respuesta formateada y genérica, que el cumplimiento del requisito “3.5” se debía hacer en un documento en formato PDF, pero “la manifestación de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades” en la Regla de l Concurso contenida en el Acuerdo PCSJA 1811077 NO aparece reglada que ha debido hacerse con esa ritualidad excesiva de “documento en formato PDF” […]”.

La solicitud de tutela

Pretensiones

10. La actora solicitó en su escrito de tutela:

“[…] 1. Tutelar mis derechos constitucionales fundamentales al DEBIDO PROCESO, AL TRABAJO, AL EJERCICIO DE FUNCIONES PÚBLICAS, acorde con los hechos referidos en el acápite pertinente de ésta acción, por cuanto están siendo vulnerados por las entidades accionad as al tratar de hacer efectivos unos actos administrativos que comportan una vía de hecho y afectan el cumplimiento pronto y oportuno del PRINCIPIO DE IGUALDAD y del MÉRITO, como aspirante inscrita a la Convocatoria 027 de 2018 y quien superó la FASE I de la misma.

2. ORDENAR a la entidad accionada la protección de mis derechos fundamentales vulnerados y que proceda a REVOCAR el rechazo como aspirante, para en su lugar la suscrita sea admitida a la FASE III del Concurso de Méritos 027 de 2018, destinado a la conformación los Registros Nacionales de Elegibles para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18la suscrita sea admitida a la FASE III del Concurso de Méritos 027 de 2018, destinado a la conformación los Registros Nacionales de Elegibles para los cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018, en los términos de mi inscripción. […]”.

11. Indicó que:

“[…] La postura de la Unidad de Administración de Carrera Judicial en los actos administrativos reseñados en esta acción de amparo, por la cual me excluye de la Fase III del Concurso de Méritos 027 de 2018, constituyen una violación a las propias reglas del concurso, por extralimitación en la interpretación de las causales de rechazo e incurrir en un defecto material que afecta el debido proceso reglado en la convocatoria […]”.

[…]

“[…] Es a través del proceso de Convocatoria Pública 027 de 2018 que se puede cumplir con las expectativas de los aspirantes inscritos para el desempeño de los cargos ofertados, en condiciones de igualdad y basado en el mérito. Por tanto, la forma en la cual fue interpretada la causal de rechazo a través de un formalismo, como es presumir la “no manifestación de la declaración de inhabilidad o incompatibilidad” al momento de la inscripción, no consulta el alcance de la regla de la convocatoria en ese sentido, como es la de asumir un acto propio de

4 “Por medio de la cual se modifica la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, para efectos de incluir los aspirantes que resultaron admitidos con base en las solicitudes por ellos presentadas”5

4 “Por medio de la cual se modifica la Resolución CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, para efectos de incluir los aspirantes que resultaron admitidos con base en las solicitudes por ellos presentadas”5

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Actora: Beatriz Elena Ibáñez Villa

responsabilidad del aspirante, que sí se ve absuelto y cumplido con el diligenciamiento del aplicativo kactus en cuyo apartado exigía dicha manifestación para seguir adelante con el proceso de inscripción, lo cual se evidencia en la trazabilidad del proceso de inscripción que permite colegir el cumplimiento del requisito exigido […]”.

[…]

“[…] La respuesta recibida a través del OFICIO CJO23-1400 hace una interpretación errada de lo que se debe entender como la regla del concurso, que es inamovible e inalterable, y el cual era la de expresar y dejar consignada en el registro la “declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades” del aspirante, siendo la postura de las entidades accionadas como la producción exclusivamente de un documento en formato PDF, incluyendo una regla única; pero dicho formalismo no puede ser superior al contenido de la manifestación que es el fin último y, precisamente, su contenido es lo que realmente se torna necesario para el cumplimiento de los requisitos de inscripción; manifestación que se itera se realizó expresamente durante el diligenciamiento del aplicativo de inscripción a la convocatoria, con el contenido: “Declaro bajo la gravedad del juramento, que cumplo y acredito los requisitos mínimos exigidos para el cargo seleccionado y que son

expresamente durante el diligenciamiento del aplicativo de inscripción a la convocatoria, con el contenido: “Declaro bajo la gravedad del juramento, que cumplo y acredito los requisitos mínimos exigidos para el cargo seleccionado y que son veraces y fidedignos los documentos que soportan mi inscripción”. De manera que, se está incurriendo en una interpretación abiertamente formalista e inconstitucional por las accionadas en desmedro del principio del mérito y contrariando la evidencia aportada por la suscrita de que sí se hizo la manifestación a través del mismo aplicativo.

El argumento esbozado por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura de señalar que un gran porcentaje de aspirantes sí allegaron una manifestación jurada en documento PDF, es un argumento pobre y sin fundamento constitucional, que no responde a porqué más de trescientos aspirantes lo hicieron de otra forma. Y permite inferir el ánimo irregular que le asiste a la funcionaria que suscribe el rechazo de la suscrita a la siguiente fase del concurso público de méritos pese a adjuntar prueba de que la manifestación sí se hizo y que por demás de una vaga lectura de las documentales allegadas como prueba permiten inferir que la suscrita ostenta desde el año 2015 el cargo al cual aspira a través de la Convocatoria 27, de manera que, se cae de su peso que me encuentre incursa en alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad para ejercer el mismo pues evidentemente de contar con alguna de ellas no se me hubiera permitido posesionarme en el cargo y permanecer en el por más de 8 años […]”.

[…]

“[…] En este punto es necesario indicar que la conducta de las entidades accionadas,

evidentemente de contar con alguna de ellas no se me hubiera permitido posesionarme en el cargo y permanecer en el por más de 8 años […]”.

[…]

“[…] En este punto es necesario indicar que la conducta de las entidades accionadas, constituye un vicio procedimental que ha sido caracterizado desde la jurisprudencia constitucional y que debe ser corregido por el juez de tutela:

El defecto por exceso ritual manifiesto se produce cuando “un funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y por esta vía, sus actuaciones devienen en una denegación de justicia”. En particular, en hipótesis similares a la que nos ocupa, ha dicho la Corte que se presenta cuando “… el juzgador… excede la aplicación de formalidades procesales que hacen nugatorio un derecho”, o “imposible… su realización material”. Ello se produce cuando se presenta apego excesivo a las normas procesales […]”.6

Núm. único de radicación: 11001-03-15-000-2023-01794-00

Actora: Beatriz Elena Ibáñez Villa

Actuación

12. El Despacho sustanciador, mediante auto del 5 de mayo de 2023: i) admitió la acción de tutela; ii) ordenó notificar al Presidente del Consejo Superior de la

Judicatura, a la Directora de la Unidad de Administración de Carrera Judicial y a la Rectora de la Universidad Nacional de Colombia; y iv) vinculó a los participantes de la convocatoria pública ordenada por el Acuerdo núm. PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de

la convocatoria pública ordenada por el Acuerdo núm. PCSJA1811077 de 16 de agosto de 2018, expedido por el Consejo Superior de la Judicatura, en calidad de terceros con interés legítimo, concediéndoles el término de tres (3) días para que rindieran informe sobre el particular. Intervención de la demandada y de los terceros con interés legítimo

13. El Consejo Superior de la Judicatura – Unidad de Administración de Carrera

Judicial adujo que:

“[…] En ejercicio de esta potestad, como lo ha hecho en oportunidades anteriores, el Consejo Superior de la Judicatura señaló de manera integral, todos los requisitos generales y específicos para participar en el concurso, requisitos cuyo incumplimiento da luga r al rechazo o exclusión del concursante del proceso de selección. En igual sentido, precisó que los aspirantes con su inscripción manifestaban que se encontraban conforme con las normas establecidas en el acuerdo de convocatoria expedido el 16 de agosto de 2018 y contra el cual, a 2023, no tenemos conocimiento que curse una demanda contenciosa por el asunto aquí debatido.

En este orden, los participantes al inscribirse al concurso se obligaron a cumplir los lineamientos del citado Acuerdo, dentro del cual se encuentran estipuladas las reglas generales y especificas por las cuales se conduciría el concurso de méritos, y expresamente se indicaron los requisitos de inscripción y causales de rechazo […]”.

[…]

“[…] El instructivo de inscripción hace parte del acuerdo de convocatoria y, también tiene carácter obligatorio, razón por la cual su aplicación y guía debe hacerse de manera integral, no siendo posible fraccionarlo a conveniencia o hacer

[…]

“[…] El instructivo de inscripción hace parte del acuerdo de convocatoria y, también tiene carácter obligatorio, razón por la cual su aplicación y guía debe hacerse de manera integral, no siendo posible fraccionarlo a conveniencia o hacer interpretaciones sobre cumplimiento de requisitos, con opciones q ue reportaba el sistema para ingresos de primera vez, pretendiendo omitir requisitos o documentos requeridos expresamente en las reglas de la convocatoria para el proceso de inscripción […]”.

[…]

“[…] En el caso en concreto, esta Unidad advierte que se revisaron los documentos cargados en la base del sistema "Kactus", durante el término previsto en la inscripción y se verificó que la accionante no aportó documento en formato PDF contentivo de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, tal como quedó establecido en el Acuerdo de Convocatoria. De7

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lo cual, mediante Oficio CJO23-1400 de 17 de marzo de 2023 se le dio respuesta a la aspirante a la revisión de los documentos aportados.

De otra parte, contrario a lo manifestado por la tutelante, se precisa que, no es cierto que la obligación de aportar esta declaración se haya cumplido con el diligenciamiento del formulario previsto electrónicamente en la plataforma al momento de la inscripción, toda vez que el mismo se relacionaba con una afirmación general sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para postularse al cargo, pero no se contempló para convalidar ninguno de los documentos exigidos, ni modificar las causales de rechazo previstas en el Acuerdo de Convocatoria […]”.

general sobre el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos para postularse al cargo, pero no se contempló para convalidar ninguno de los documentos exigidos, ni modificar las causales de rechazo previstas en el Acuerdo de Convocatoria […]”.

[…]

“[…] En virtud de lo expuesto, se señala que la actuación de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial responde a la naturaleza del concurso y preserva la garantía de transparencia e imparcialidad del mismo, sin que ello pueda considerarse violatoria de los derechos fundamentales de la tutelante, toda vez que, el Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018, es de obligatorio cumplimiento tanto para la administración como para los concursantes y el mismo señaló de manera integral todos los requisitos generales y específicos para participar en el concurso, requisitos cuyo incumplimiento da lugar al rechazo del proceso de selección […]”.

[…]

“[…] Dado que lo que se demuestra con en el escrito de tutela, es la inconformidad de la accionante frente a la Resolución CJR23 -0061 de 8 de febrero de 2023 "Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destina do a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018", al haberse incluido en el listado de aspirantes rechazados por la ca usal de inadmisión prevista en el punto 3.5, por tratarse de un acto administrativo de carácter general con contenido particular, lo procedente es iniciar el medio de control de nulidad, toda vez que, la acción de tutela

tratarse de un acto administrativo de carácter general con contenido particular, lo procedente es iniciar el medio de control de nulidad, toda vez que, la acción de tutela no es el escenario para controvertir actos que se presumen legalmente emitidos por ser expedidos en desarrollo de funciones legales y reglamentarias, ni mucho menos puede el administrado valerse de la misma para reemplazar los medios de control que se encuentran dispuestos para controvertir tales actos.

Por lo tanto, si la tutelante considera que dicha decisión no se ajusta a derecho, debe acudir al juez natural del asunto, pues esta acción constitucional no puede ser utilizada como mecanismo paralelo de protección cuando la legislación ti ene establecidas las vías adecuadas para debatir judicialmente asuntos como el que aquí se propone, a través del ejercicio del correspondiente medio de control judicial previsto en el CPACA […]”.

14. La Universidad Nacional de Colombia manifestó que:

“[…] En primera medida, es menester informar que a la fecha de presentación de este informe, las accionadas le han brindado respuesta de forma clara, completa y de fondo a todos los reparos y solicitudes invocados por el accionante en su escrito de verificación de requisitos mínimos (VRM) y de petición, a través de los siguientes instrumentos:8

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Actora: Beatriz Elena Ibáñez Villa

1. La Resolución CJR23-0110 del 21 de marzo de 2023 mediante la cual no se modificó la decisión adoptada mediante Resolución CJR23 -0061 del 8 de Febrero de 2023, que rechazó al tutelante por no cumplir con el requisito de

modificó la decisión adoptada mediante Resolución CJR23 -0061 del 8 de Febrero de 2023, que rechazó al tutelante por no cumplir con el requisito de aportar una declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades (causal 3.5) contemplado en el acuerdo regulatorio de la Convocatoria y conforme a los parámetros establecidos para ello.

En las mencionadas resoluciones se puso de presente al tutelante que el alcance de la verificación de requisitos mínimos estaba limitado a verificar aquellos documentos allegados en debida forma y en su oportunidad mediante el aplicativo Kaktus, esto es, dentro del término de la inscripción y en el formato solicitado, por parte de cada uno de los aspirantes inscritos.

2. En el oficio CJ023-1400 con fecha del 17 de marzo de 2023, las accionadas le informaron al accionante las razones c oncretas de su exclusión una vez efectuado el procedimiento de verificación de requisitos mínimos respecto de su situación particular, y en concordancia con los actos administrativos que lo regulan respectivamente. Allí se argumentó la razón de su exclusión con base en la causal 3.5 del Acuerdo de la Convocatoria […]”.

[…]

“[…] Es de anotar que al describir su situación particular, el aspirante confundió las causales de exclusión 3.5 y 3.8 en su demanda de tutela. En su escrito, el accionante hace refere ncia a que no debe ser excluido de la convocatoria por cuanto se convalidó el requisito contenido en la Causal 3.8 de rendir declaración bajo juramento del cumplimiento y acreditación de los requisitos mínimos exigidos para el cargo seleccionado al momento de la inscripción (2018), con el de rendir la

cuanto se convalidó el requisito contenido en la Causal 3.8 de rendir declaración bajo juramento del cumplimiento y acreditación de los requisitos mínimos exigidos para el cargo seleccionado al momento de la inscripción (2018), con el de rendir la misma declaración en el momento de la prueba escrita (2022). No obstante, la Causal 3.5 refiere a la falta de presentación de la declaración juramentada de ausencia de inhabilidades e incompatibilidades, y es la causal por la cual la tutelante fue excluido de la Convocatoria conforme a las reglas que la regulan; por lo que, resulta patente, que se trata de situaciones que no son idénticas e implican el lleno de requisitos distintos para continuar en el concurso de méritos.

No obstante lo anterior, el aspirante busca la aplicación de un criterio de igualdad consistente en también convalidar la entrega del documento contenido en causal 3.5 de exclusión; pero esto no tiene cabida, dado que se trata de situaciones distintas, y su aplicación daría lugar a un trato diferenciado que lo privilegia respecto a los demás aspirantes en su misma situación particular.

La aplicación de la convalidación del requisito contenido en la causal 3.8 tuvo una finalidad garantista y práctica del mérito y del principio constitucional de la igualdad en consonancia con las normas reguladoras del concurso, ya que ninguno de los aspirantes fue excluido en virtud de esta causal; pero el aspirante mal retrata una aplicación uniforme de las condiciones favorables que facilitan la participación en el concurso, en tanto que, no es cierto que dicha convalidación se haya efectuado a favor de unos concursantes y no respecto de otros.

Así mismo, se debe mencionar que las accionadas han garantizado el debido

el concurso, en tanto que, no es cierto que dicha convalidación se haya efectuado a favor de unos concursantes y no respecto de otros.

Así mismo, se debe mencionar que las accionadas han garantizado el debido proceso al accionante, pues, así como los demás aspirantes, él ha tenido la posibilidad de expresar los reparos que a bien ha considerado, de cara alguna inconformidad respecto de cualquier etapa y actuación derivada del concurso de méritos. Así mismo, han sido atendidas dichas inconformidades de fondo y en término oportuno, actuando siempre los parámetros y normatividad derivada del Acuerdo de Convocatoria; sin que ello llegue significar que los requisitos y9

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condiciones allí consignados, impliquen la prevalencia de las formalidades sobre el derecho sustancial de los participantes.

Ahora bien, frente a la inquietud del accionante relacionad a con el derecho a acceder a cargos públicos, se recuerda que la participación en el concurso de méritos constituye una mera expectativa, que solo se puede concretar al finalizar el concurso de méritos una vez superadas todas las etapas y pruebas establecidas. De igual forma, los actos proferidos con anterioridad al Registro Nacional de Elegibles son actos de trámite que sólo reconocen a los aspirantes una mera expectativa de derechos subjetivos, los cuales únicamente se concretan con la conformación del me ncionado Registro y, en esa medida, no constituyen actos administrativos definitivos en los términos del artículo 43 de la Ley 1437 de 2011 […]”.

expectativa de derechos subjetivos, los cuales únicamente se concretan con la conformación del me ncionado Registro y, en esa medida, no constituyen actos administrativos definitivos en los términos del artículo 43 de la Ley 1437 de 2011 […]”.

“[…] Atendiendo los hechos y argumentos expuestos, así como la jurisprudencia y la normatividad aplicables al caso concreto, es preciso concluir que la Universidad Nacional de Colombia, como consultor del concurso, ha desarrollado su labor dentro de los términos señalados en la Ley y la reglamentación específica que regula el sistema especial de selección para lo s cargos requeridos en la Convocatoria 27 de 2018, y en consecuencia:

• La Universidad no ha vulnerado ningún derecho del accionante. - El accionante no acreditó la existencia de un perjuicio irremediable. - No existe ningún elemento que acredite algún indicio frente a la vulneración de los derechos de el (sic) accionante dentro del presente proceso de selección. - Dentro del caso en concreto, se presentó el fenómeno de hecho superado por actual carencia del objeto […]”.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia de la Sala

15. Esta Sección es competente para conocer de este proceso, de conformidad con los artículos 1.º y 37 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19915, por el cual se reglamenta la acción de tutela establecida en el artículo 86 de la Constitución Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187 y con el artículo

Política; en concordancia con el artículo 1.º del Decreto núm. 333 de 6 de abril de 20216 y en armonía con el Acuerdo 377 de 11 de diciembre de 20187 y con el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019 8, que asigna a esta sec ción el conocimiento de las acciones de tutela.

5 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política'' 6 “Por medio del cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 7 “[…] Por medio del cual se modifica el reglamento del Consejo de Estado […]”. 8 Reglamento Interno del Consejo de Estado.10

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Generalidades de la acción de tutela

16. La acción de tutela ha sido instituida como instrumento preferente y sumario, destinado a proteger de manera efectiva e inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando hayan sido violados o amenazados por las autoridades públicas, o por los particulares, en los casos expresamente indicados. Procede, a falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

De la coadyuvancia

falta de otro medio de defensa judicial, a menos que se utilice como mecanismo transitorio, para prevenir un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

De la coadyuvancia

17. La Sala encuentra que los señores Freddy Alexander Niño Cortés y Pili Natalia Salazar Salazar presentaron escrito de coadyuvancia.

18. Al respecto, la Sala encuentra que, si bien el inciso 2º. Del artículo 13 del Decreto núm. 2591 de