CE - 010315000202301830001SENTENCIA20230526165524

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01830-00

Demandante: Jaime Lindo Torrijos

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-01830-00

Demandante: JAIME LINDO TORRIJOS

Demandado: CONSEJO DE ESTADO –SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN AY OTROS

Temas:

TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL –

REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

Decide la Sala la acción de tutela presentada, mediante apoderada, por el señor Jaime Lindo Torrijos contra el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) , de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y la Administradora Colombiana de Pensiones (en adelante Colpensiones) , de conformidad con lo establecido en el artículo 1° del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El señor Jaime Lindo Torrijos ejerció acción de tutela contra el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A, el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y Colpensiones, por considerar vulnerados los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad , a la seguridad social y de habeas data . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“PRIMERO: Tutelar los Derechos Fundamentales del Dr. JAIME LINDO TORRIJOS a la VIDA DIGNA, a la IGUALDAD, al HABEAS DATA, a la SEGURIDAD SOCIAL y al

DEBIDO PROCESO, vulnerados por la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE

PENSIONES – COLPENSIONES.

SEGUNDO: Declarar ineficaces las Sentencias No. 29 de febrero 28 de 2020 proferida por la SALA DE DECISIÓN DEL HONORABLE TRIBUNA L ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA, Rad. 76 -001-23-33-009-2015-026200 y la Sentencia S/N proferida el 27 de octubre de 2022 por el HONORABLE CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIV O SECCION SEGUNDA – SUBSECCION A, Rad. 76001-233-33000-2015-00262-01 (1674-2021).

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la ADMINISTRADORA

Rad. 76001-233-33000-2015-00262-01 (1674-2021).

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior, ordenar a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, reliquidar la pensión de jubilación del Dr. JAIME LINDO TORRIJOS, aplicándole las normas del Decreto 1653 de 1977, como funcionario de la seguridad social reconocido, incluyendo para ello sus factores salariales de “Asignación básica, Prima de servicios y Prima de Vacaciones” que fueron tenidos en cuenta en la Resolución No. 00002669 de 07 de Junio de 1991, proferida porRadicado: 11001-03-15-000-2023-01830-00

Demandante: Jaime Lindo Torrijos

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES, para la liquidación del ingreso base de su último año de servicios.

CUARTO: Ordenar a la ADMINISTRADORA DE PENSIONES – COLPENSIONES, el reconocimiento de los intereses de que trata el Articulo 141 de la Ley 100 de 1993, como resarcitorios por la tardanza en el reconocimiento de su pensión y la inaplicación del Decreto 1653 de 1977 que le correspondía.”

2. Hechos:

Del expediente de tutela, se destacan como hechos relevantes los siguientes:

resarcitorios por la tardanza en el reconocimiento de su pensión y la inaplicación del Decreto 1653 de 1977 que le correspondía.”

2. Hechos:

Del expediente de tutela, se destacan como hechos relevantes los siguientes: El señor Jaime Lindo Torrijos nació el 3 de septiembre de 1937 y laboró por más de veinte años al servicio del estado en el Instituto de Seguro Social . El 25 de noviembre de 1992, el actor solicit ó al Instituto de Seguro Social el reconocimiento y pago de la pensión de jubilación, lo cual fue reiterado en solicitud del 28 de julio de 1995. El 17 de junio de 2013, Colpensiones mediante la Resolución núm. GNR 131305 le reconoció pensión de jubilación al actor efectiva a partir del 1 º de junio de 2013 en cumplimiento del fallo de tutela de 20 de marzo de 2013, proferido por el Juzgado Sexto Administrativo de Bogotá́. El 6 de agosto de 2013, el señor Lindo Torrijos solicitó ante Colpensiones la revocatoria directa de la mencionada resolución al considerar que tenía derecho a la reliquidación de la pensión en aplicación de la Ley 33 de 1985 y/o Decreto 1653 de 1977 al igual que al pago de intereses moratorios causados. Mediante Resolución núm. GNR142971 del 28 de abril de 2014, Colpensiones negó la solicitud del actor al considerar que no fue acreditada la calidad de funcionario de la seguridad social. Debido a lo anterior, el 14 de mayo de 2014, el señor Lindo Torrijos elev ó queja ante

solicitud del actor al considerar que no fue acreditada la calidad de funcionario de la seguridad social. Debido a lo anterior, el 14 de mayo de 2014, el señor Lindo Torrijos elev ó queja ante Colpensiones con el fin aclarar que no le era aplicable la Ley 100 de 1993, porque consolidó el estatus pensional el 3 de septiembre de 1992 y cumplía requisitos para dar aplicación a lo dispuesto en la Ley 33 de 1985 o e n el Decreto 1653 de 1977, en su integridad. Colpensiones resolvió este último recurso mediante Resolución núm. GNR 390536 del 7 de noviembre de 2014, en la que reliquidó la pensión de jubilación del actor y ordenó el pago de un retroactivo ; contra dicha resolución el actor interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación con la finalidad de que se ordenara la reliquidación de la pensión de jubilación en los términos del Decreto 1653 de 1977, dichos recursos no fueron resueltos por Colpensiones y el actor renunció a estos el 9 de marzo de 2015. Por lo expuesto , el señor Lindo Torrijos interpuso demanda de nulidad y restablecimiento del derecho con la finalidad de que se declare nula la referida resolución y, en consecuencia, se reliquidara la pensión de jubilación. El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, en sentencia del 28 de febrero de 2020, negó las pretensiones al considerar que la autoridad pensional tomó como ingresoRadicado: 11001-03-15-000-2023-01830-00

Demandante: Jaime Lindo Torrijos

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negó las pretensiones al considerar que la autoridad pensional tomó como ingresoRadicado: 11001-03-15-000-2023-01830-00

Demandante: Jaime Lindo Torrijos

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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base de liquidación el 75 % del promedio de lo devengado durante el ú ltimo año de servicio comprendido entre el 1º de mayo de 1990 y el 30 de abril de 1991 y que los factores salariales certificados por el ISS para el último año de servicio, asignación básica y horas extras, los cuales se encuentran señalados en el artículo 19 del Decreto 1653 de 1977 y corresponden a los incluidos en el reconocimiento pensional hecho por Colpensiones. El actor apeló la decisión de primera instancia y el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A en sentencia del 27 de octubre de 2022 , la confirmó al considerar que la liquidación de la pensión de jubilación del señor Lindo Torrijos se realizó de conformidad con lo establecido en el Decreto 3135 de 1968 y que se tuvieron en cuenta los factores salariales de asignación bás ica y horas extras devengados en el último año de servicios. En la sentencia se indicó que los asuntos pensionales causados por la relación laboral existente entre el Instituto de Seguros Sociales y sus funcionarios de la seguridad

en cuenta los factores salariales de asignación bás ica y horas extras devengados en el último año de servicios. En la sentencia se indicó que los asuntos pensionales causados por la relación laboral existente entre el Instituto de Seguros Sociales y sus funcionarios de la seguridad social eran responsabilidad de la UGPP. Que, si lo que pretendía era la aplicación del Decreto 1653 de 1977, para efectos de lograr la reliquidación pensional, le correspondía elevar petición ante esta última autoridad, competente para resolver las solicitudes pensionales causadas por la relación laboral con el ISS como empleador. Además, en dicha oportunidad se indicó que no era procedente la reliquidación pensional reclamada con la inclusión de las primas de servicios y de vacaciones, porque no fueron certificadas por el emplead or como emolumentos devengados en el último año de servicios, no se probó que sobre ellas se hubieren efectuado cotizaciones y no se encuentran contempladas en la Ley 62 de 1985 .

3. Argumentos de la tutela La parte actora manifestó que la solicitud de amparo es procedente porque es una persona de especial protección por parte del Estado si se tiene en cuenta que la edad actual es de 85 años, que además, se le han desconocido los derechos fundamentales invocados porque ha solicitado el reconocimiento de sus derechos pensionales, con documentación oficial e idónea que, a su juicio , ha sido desconocida, tanto por las autoridades administrativas como por las judiciales.

Indicó que al haber cumplido con el tiempo y edad re queridos en el año 1992, el derecho pensional está especialmente reglamentado por el Decreto 1653 de 1977 en sus artículos 19 y 21, que le dan el derecho a que se le incluyan como factores

derecho pensional está especialmente reglamentado por el Decreto 1653 de 1977 en sus artículos 19 y 21, que le dan el derecho a que se le incluyan como factores salariales para la liquidación de su pensión, su asignación básica, su prima de servicios y su prima de vacaciones y al aplicarle una reglamentación diferente en detrimento del valor de su pensión, se constituye una flagrante vía de hecho que vulnera los derechos fundamentales invocados. La apoderada del actor , en escrito adicional , afirmó que la solicitud de amparo no va contra las autoridades judiciales demandadas sino contra Colpensiones , sin embargo, no modificó las pretensiones ni argumentos del escrito inicial, únicamente destacó que la solicitud de amparo radicada ante el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, que es mencionada en una de las contestaciones de la solicitud de amparo es la misma que está siendo objeto de estudio en la medida que fue remitida por competencia.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01830-00

Demandante: Jaime Lindo Torrijos

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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4. Trámite previo Mediante auto del 18 de abril de 2023 , se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a las partes a quienes se les remitió copia de la demanda.

5. Oposiciones

4. Trámite previo Mediante auto del 18 de abril de 2023 , se admitió la acción de tutela y se ordenó notificar a las partes a quienes se les remitió copia de la demanda.

5. Oposiciones El Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A por intermedio del ponente de la decisión objeto de cuestionamiento, manifestó que el actor interpuso una primera acción de tutela ante el Juzgado Dieciséis Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali, con radicado 2023 -00028-00, con identidad de partes, fundamentos fácticos, jurídicos y pretensiones de la presente solicitud de amparo e informó que dicho despacho avocó conocimiento a través del auto del 12 de abril de

2023. Expuso que en la sentencia impugnada mediante la acción de tutela no se configuró ninguna causal que haga procedente el estudio de la tutela contra providencia judicial , en los términos planteados por la Corte Constitucional, afirmó que las razones de hecho y de derecho que sustentan la providencia emitida por esa Subsección se encuentran debidamente precisadas y señaladas en su parte motiva, y a ellas se atiene la Sala como fundamento de defensa, en caso de que se considere tomar una decisión que la involucre. Adujo que la sentencia se ajustó al ordenamiento jurídico y a los pronunciamientos emitidos por esta Subsección y en ella no se incurrió en defecto procesal, orgánico, fáctico o material que amerite la discusión. Tampoco se cumple con alguno de los requisitos específicos de procedencia, porque, contrario a lo señalado por el ac tor, la decisión objeto de reproche valoró la integridad del material probatorio allegado al expediente.

requisitos específicos de procedencia, porque, contrario a lo señalado por el ac tor, la decisión objeto de reproche valoró la integridad del material probatorio allegado al expediente. Por lo expuesto, solicitó que se declare la improcedencia de la acción de tutela.

6. Intervenciones

El Tribunal Administrativo del Valle del Cauca guardó silencio.

Por su parte Colpensiones indicó que la presente acción de tutela desnaturaliza este mecanismo de protección de carácter subsidiario y residual frente a los derechos invocados más aun cuando este no es el mecanismo para realizar el reconocimiento pretendido.

Sumado a lo anterior, explicó que lo que se pretende debatir en este escenario invade la órbita del juez ordinario y su autodominio, pero además excede las competencias del juez constitucional, en la medida que no se probó vulneración a dere chos fundamentales, ni la existencia de un perjuicio irremediable que haga viable proteger derecho alguno por vía tutelar.

Adujo que en el caso objeto de estudio no se configuran causales de procedibilidad que permitan revocar la decisión judicial más aun cuando ya hizo tránsito a cosa juzgada.

Por lo expuesto, solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de tutela.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01830-00

Demandante: Jaime Lindo Torrijos

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 establece: « Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto».

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para co ntrovertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590

providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

A la sala le corresponde determinar si el presente asunto se cumple con el requisito de relevancia constitucional y, solo en el evento en que se logre superar el requisito de procedencia y los demás requisitos generales, descenderá con el estudio de la configuración de los defectos alegados por la parte actora.

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC-10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe acometerse el estudio de fondo, cuando se esté en presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente. (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se

son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta debe tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredieron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que e sto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01830-00

Demandante: Jaime Lindo Torrijos

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Caso concreto

Mediante el ejercicio de la presente acción la parte actora pretende que se deje sin efecto la providencia del 27 de octubre de 2022, proferida por el Consejo de Estado , Sección Segunda, Subsección A que confirmó la decisión de negar la reliquidación pensional solicitada por el señor Lindo Torrijos y el reconocimiento de los intereses moratorios reclamados por el actor.

Sobre la relevancia constitucional como requisito general para la procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferent es a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del

fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de un ificación del 5 de agosto de 2014, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales . Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio deciden di. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en

deben tener relación con la ratio deciden di. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01830-00

Demandante: Jaime Lindo Torrijos

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes ar gumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adi cional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se

conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adi cional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

(subrayado fuera de texto).

De la falta de relevancia constitucional en el sub examine

A juicio de la parte actora, con la providencia del 27 de octubre de 2022, el Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, no tuvo en cuenta el régimen pensional aplicable al actor conforme a la época en que cumplió los requisitos para acceder al reconocimiento pensional y a su juicio omitió los documentos aportados al proceso en los que consta que devengó los factores sobre los que reclama le sea reajustada su pensión.

En principio, el estudio de los cargos en que la parte demandante sustentó las causales específicas de procedencia de la acción de tutela debería estudiarse a partir de los denominados defecto sustantivo y de fecto fáctico de no ser, porque, vista la providencia atacada y el esc rito de tutela se evidencia que lo pretendido es prolongar la discusión zanjada por el juez de la causa, como se pasa a explicar.

En el escrito de tutela l a parte actora propone argumentos que ya fueron expuestos ante la autoridad judicial demandada - en el recurso de apelación - y que fueron resueltos con suficiencia, sin embargo, manifiesta la inconformidad que le generó las conclusiones de los jueces de c onocimiento, y, en general, la decisión contraria a sus intereses.

resueltos con suficiencia, sin embargo, manifiesta la inconformidad que le generó las conclusiones de los jueces de c onocimiento, y, en general, la decisión contraria a sus intereses.

La parte actora reiteró lo expuesto al interior del proceso ordinario en relación con la reliquidación pensional reclamada y los intereses moratorios causados por no incluir todos los factores devengados desde el reconocimiento inicial.

La Sala evidencia que se señalaron como argumentos del recurso de apelación los siguientes:

“El señor Jaime Lindo Torrijos, por conducto de apoderado, interpuso recurso de apelación y lo sustentó así:

1. El a quo se equivoca al señalar que lo pretendido en la demanda es la reliquidación de la pensión de jubilación tomando una tasa de reemplazo del 100 %, pues lo realmente solicitado es la reliquidación sobre el salario promedio del último año de servici o, por valor de $ 667.688, actualizado al 2008, como lo especificó la Resolución 00002669 de 1991. Lo anterior, conforme el Decreto 1653 de 1977 y/o la Ley 33 de 1985.

1. El salario base de liquidación del último año de servicio fue de $ 667.688, que act ualizado al año 2008, arroja un valor de $ 5.653.915 y no de $ 3.996.133 como lo señala la entidad demandada. Así, lo pretendido es obtener la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Lindo Torrijos, en su condición de funcionario de la segurida d social, teniendo en cuenta todos

demandada. Así, lo pretendido es obtener la reliquidación de la pensión de jubilación del señor Lindo Torrijos, en su condición de funcionario de la segurida d social, teniendo en cuenta todos los factores salariales devengados en el último año de servicio, de conformidad con el artículoRadicado: 11001-03-15-000-2023-01830-00

Demandante: Jaime Lindo Torrijos

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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19 del Decreto 1653 de 1977.

En consecuencia, solicita «[...] conceder todas y cada una de las pretensiones de la demanda».

1. Es procedente ordenar el pago de intereses moratorios teniendo en cuenta que COLPENSIONES no incluyó todos los factores salariales devengados por el actor como sí lo hizo el ISS al momento de su retiro del servicio, e igualmente, estos se solicitaron sobre la pensión reconocida inicialmente, sin reliquidar.”

(subrayado fuera de texto.)

En igual sentido, en el escrito de tutela la parte actora alega que:

Con todo respeto, se equivoca la HONORABLE SALA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CUACA, cuando seguidamente en su Sentencia No. 29, dice:

“En este punto, cabe destacar que el reconocimiento a que tiene derecho el actor es con la tasa

ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CUACA, cuando seguidamente en su Sentencia No. 29, dice:

“En este punto, cabe destacar que el reconocimiento a que tiene derecho el actor es con la tasa de reemplazo del 75% de que trata el artículo 21 del Decreto 1653 de 1977, y no con el 100% pretendido en la demanda y la actuación administrativa (artículo 19 ibidem) pues en su caso acreditó la acumulación del tiempo de servicios para acceder al reconocimiento pensional”.

También se equivoca el HONORABLE SALA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CUACA al decir que: “en esta instancia no se encontraron certificados otros factores salariales d