CE - 010315000202301831001SENTENCIA20230608162352

Demandantes: Jhon Edison Rodríguez Capera y otros

Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01831-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación n.º: 11001-03-15-000-2023-01831-00

Demandantes: JHON EDISON RODRÍGUEZ CAPERA Y OTROS

Demandado: SUBSECCIÓN A DE LA SECCIÓN TERCERA DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial que declaró probada la excepción de caducidad de la acción . No existió desconocimiento del precedente judicial

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver, en primera instancia, la acción de tutela formulada por el apoderado de los señores Jhon Edison Rodr íguez Capera, Maria Ninfa Capera Gómez, Yurleny Oyola Capera, Yorman Dubian Oyola Capera, Irisney Rodr íguez Capera y Luz Adriana Rodríguez Capera, en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

Gómez, Yurleny Oyola Capera, Yorman Dubian Oyola Capera, Irisney Rodr íguez Capera y Luz Adriana Rodríguez Capera, en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito enviado el 18 de abril de 2023 al buzón web del Consejo de Estado1, el apoderado de los demandantes instauró una acción de tutela en contra de la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, con el objetivo de obtener la protección de los derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad y de acceso a la justicia.

2. La parte actora consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales, con ocasión de la sentencia del 6 de octubre de 2022, proferida por la autoridad judicial

1 La Secretaría General del Consejo de Estado asignó por reparto el expediente de la referencia el 13 de abril de 2023. En la misma fecha, el expediente pasó al despacho para proveer sobre la admisión de la demanda de tutela.Demandantes: Jhon Edison Rodríguez Capera y otros

Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01831-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co accionada, mediante la cual revocó la decisión de primera instancia, que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa, que aquellos habían ejercido

www.consejodeestado.gov.co accionada, mediante la cual revocó la decisión de primera instancia, que negó las pretensiones del medio de control de reparación directa, que aquellos habían ejercido en contra de la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional, radicado 110013336038-2018-00423-01. En su lugar, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declaró probada la excepción de caducidad de la acción.

1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, los demandantes solicitaron el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidieron lo siguiente:

SEGUNDO: Dejar sin efecto la decisión proferida el 06 de octubre de 2022, por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Tercera – Subsección “A”, Magistrado Ponente Bertha Lucy Ceballos Posada, dentro del proceso 11001333603820180042301, promovido por JHON EDISON RODRIGUEZ CAPERA (victima directa) , MARIA NINFA CAPERA GOMEZ ( Madre victima directa), YURLENY OYOLA CAPERA, YORMAN DUBIAN OYOLA CAPERA LUZ ADRIANA RODRIGUEZ CAPERA, IRISNEY RODRIGUEZ CAPERA Y HELENA VARGAS CAPERA, por la cual declara probada de oficio la excepción de caducidad y revoca la decisión proferida en primera instancia el 25 de noviembre de 2020, por el Juzgado Treinta y ocho

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C., en la que negó las pretensiones de la demanda (la transcripción corresponde al texto original de la demanda de tutela, puede contener errores).

Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá D.C., en la que negó las pretensiones de la demanda (la transcripción corresponde al texto original de la demanda de tutela, puede contener errores).

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. El 25 de marzo de 2015, el señor Jhon Edison Rodríguez Capera ingresó como soldado regular a prestar el servicio militar obligatorio en la Escuela de Asalto Aéreo del Ejército Nacional en el municipio de Larandia, Caquetá.

5. El 24 de agosto de 2015, encontrándose en servicio, el señor Rodríguez Capera tuvo convulsiones y, posteriormente, presentó episodios psicóticos, por lo que fue trasladado al Hospital María Inmaculada de Florencia, Caquetá.

6. Finalmente, el 19 de octubre de 2015, fue atendido por la Dirección de Sanidad en Bogotá, por la especialidad de siquiatría y fue recluído en la Clínica Inmaculada de esta ciudad en cinco oportunidades.

7. El 9 de agosto de 2016, el señor Rodríguez Capera fue dado de alta por el cumplimiento del tiempo del servicio militar obligatorio.

8. Mediante la Junta Médica Laboral n.º 90964 del 26 de octubre de 2016

(notificada el día 28 del mismo mes y año), se le asignó al uniformado una pérdida de capacidad laboral del 30%.Demandantes: Jhon Edison Rodríguez Capera y otros

Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca

capacidad laboral del 30%.Demandantes: Jhon Edison Rodríguez Capera y otros

Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01831-00

3 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

9. El 7 de diciembre de 2018, el señor Jhon Edison Rodríguez Capera y su núcleo familiar formularon la acción de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional con el objetivo de obtener la reparación por los perjuicios materiales y morales por las lesiones que sufrió la víctima directa mientras prestaba el servicio militar obligatorio.

10. En primera instancia, en sentencia del 25 de noviembre de 2020, el Juzgado Treinta y Ocho Administrativo de Bogotá accedió a las pretensiones de la demanda.

Esto porque encontró demostrado si bien el señor Rodríguez Capera ingresó al servicio militar obligatorio con buen estado de salud, cinco meses después presentó sintomatología psicótica, lo cual pudo tener como causa probable “los facto res estresores” que vivió durante la vida militar. Lo descrito, a juicio de la autoridad judicial constituyó un daño antijurídico que ni la víctima ni la familia t enían el deber de soportar. En consecuencia, determinó que se acreditó la responsabilidad obj etiva de la entidad bajo la teoría del daño especial y tasó los perjuicios a reconocerle a la parte actora.

11. Esta decisión fue apelada por la institución castrense y, en segunda instancia,

la entidad bajo la teoría del daño especial y tasó los perjuicios a reconocerle a la parte actora.

11. Esta decisión fue apelada por la institución castrense y, en segunda instancia, en sentencia del 6 de octubre de 2022, la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca revocó el fallo del a quo y, en su lugar, declaró proba da de oficio la caducidad del medio de control. Esto porque el 19 de octubre de 2015, es la fecha en que el señor Rodríguez Capera fue diagnosticado con “trastornos psicóticos”, por lo que en ese momento tuvo conocimiento de su diagnóstico, el cual no cambió con la calificación de la Junta Médica Laboral. Es decir, que el término de caducidad empezó a correr desde el 20 de octubre de 2015 y venció el 20 de octubre de 2017.

12. Según el Tribunal accionado, aun cuando el referido plazo se suspendería con la solicitud de conciliación prejudicial, “en el presente asunto no se logró suspender dicho término, habida cuenta que esta se radicó ante la Procuraduría General de la Nación tan solo hasta el 26 de octubre de 2018 (fol. 75 y 76 c.ppl.), es decir un año después, cuando el derecho de acción ya había fenecido. Finalmente, la demanda fue radicada el 7 de diciembre de 2018”.

1.4. Fundamentos de la vulneración

13. En primer lugar, la parte actora reclamó que se le vulneraron los derechos a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la justicia, para lo cual acudió a sentencias de la Corte Constitucional que describen las garantías constitucionales aludidas . En

13. En primer lugar, la parte actora reclamó que se le vulneraron los derechos a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la justicia, para lo cual acudió a sentencias de la Corte Constitucional que describen las garantías constitucionales aludidas . En segundo lugar, citó fallos que aluden a los requisitos de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales y para exponer los defectos endilgados citó la sentencia SU-354 de 2017 de la Corte Constitucional.Demandantes: Jhon Edison Rodríguez Capera y otros

Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01831-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

14. En tercer lugar, refirió que este mecanismo constitucional es procedente en el caso concreto porque la decisión impugnada vulneró los derechos de los accionantes y no cuentan con otro medio de defensa judicial y, agregó que de “no reconocerse el amparo a los derechos de mis prohijados se causará un perjuicio grave e irremediable al mismo”.

15. En cuarto lugar, la parte actora señaló que la providencia impugnada incurrió en un defecto fáctico porque el señor Jhon Edison Rodríguez Capera “no pudo conocer el daño que había padecido, sino hasta el 28 de octubre de 2016, fecha en que se le notificó de manera personal los resultados contenidos en el Acta de Junta M édica Laboral No. 90964 del 26 de octubre de 2016 ”, cuando conocieron la pérdida de

notificó de manera personal los resultados contenidos en el Acta de Junta M édica Laboral No. 90964 del 26 de octubre de 2016 ”, cuando conocieron la pérdida de capacidad laboral.

16. En quinto lugar, los demandantes consideran que hubo error inducido porque “si se hubiera iniciado la Acción de Reparación Directa contando únicamente con la fecha del siniestro, sin conocer sus implicaciones presentes y futuras, se hubiera proferido sentencia NEGANDO PRETENSIONES, desconociendo los derechos de los hoy TUTELANTES, haciendo aún más gravosa su situación por falta de la Junta Médico Laboral como medio de prueba del daño”.

17. En sexto lugar, consideraron que existió un desconocimiento del precedente porque no se tuvo en cuenta que tanto del Consejo de Estado como la Corte Constitucional admiten que el término de caducidad se contabilice a partir del momento en que se conoce el daño y no desde su ocurrencia.

18. En este punto, refirieron que, en la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2018 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, exp. 47308, se determinó que: “en ningún caso el termino de caducidad podrá contabilizarse a partir de la notificación de la Junta de Calificación de Invalidez, también señal ó que el mismo día en que se produce el daño, no se tiene certeza del mismo, ya que varía la fecha en que se produce el conocimiento del perjuicio, el termino de caducidad podrá contabilizarse de manera exce pcional”. En este punto , los actores recalcaron que la jurisprudencia también ha admitido que “si el lesionado es sometido a tratamiento médico, surge una

produce el conocimiento del perjuicio, el termino de caducidad podrá contabilizarse de manera exce pcional”. En este punto , los actores recalcaron que la jurisprudencia también ha admitido que “si el lesionado es sometido a tratamiento médico, surge una expectativa de mejoría o recuperación, lo que permitiría contar el termino de caducidad desde el mome nto en que se conozca de manera definitiva el diagnóstico actual del paciente”.

19. A partir de lo anterior, refirieron que, si bien el señor Jhon Edison Rodríguez Capera obtuvo un diagnóstico e l 19 de agosto de 2015 y conoció el daño en ese momento; lo cier to es que después comprendió la magnitud del mismo, cuando “requirió manejo intrahospitalario en 5 ocasiones por la especialidad de psiquiatría, siendo la última en agosto de 2016, es decir, 2 meses antes de su junta medico laboral No. 90964 del 26 de octu bre de 2016, la cual se determinó una disminución a su capacidad laboral del 30%”.Demandantes: Jhon Edison Rodríguez Capera y otros

Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01831-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

20. Citó como precedente la sentencia T-334 de 2018 de la Corte constitucional que señaló que la duda sobre el conteo en el término de la caducidad se debe resolver a

www.consejodeestado.gov.co

20. Citó como precedente la sentencia T-334 de 2018 de la Corte constitucional que señaló que la duda sobre el conteo en el término de la caducidad se debe resolver a favor de la víctima. En igual sentido, refirió los fallos del 15 de febrero de 1996, exp. 11239; del 29 de enero de 2004, exp. 1995 -81401; del 7 de julio de 2011, exp. 19991311-01; y del 30 de enero de 2013, exp. 2001 -00158-01 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, entre otras.

21. En séptimo lugar, señaló que existió violación directa de la Constitución porque la decisión que se controvierte vulneró las garantías fundamentales de los demandantes.

22. Finalmente, expuso que el trámite de asignación de citas médicas y calificación por parte de la Junta Médico Laboral es engorroso y somete a una larga espera a los uniformados que buscan obtener la reparación de los daños sufridos en el servicio activo.

1.5. Trámite de la acción de tutela

23. Mediante auto del 3 de mayo de 2023 , la magistrada sustanciadora admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma actuación ordenó notificar a la autoridad judicial demandada y vinculó al trámite a la Nación, Ministerio de Defensa Nacional, Ejército Nacional y al Juzgado Treinta y Ocho Administrativo de Bogotá. Además, requirió al apoderado de la parte actora pa ra que allegara al proceso la ratificación a la agencia oficiosa suscrita por las señoras Luz Adriana Rodríguez Capera y Helena

Vargas Capera.

requirió al apoderado de la parte actora pa ra que allegara al proceso la ratificación a la agencia oficiosa suscrita por las señoras Luz Adriana Rodríguez Capera y Helena Vargas Capera.

24. En cumplimiento de lo anterior, el abogado allegó el poder otorgado por la señora Luz Adriana Rodríguez Capera y le solicitó a esta corporación que se excluya de la parte actora a la señora Helena Vargas Capera, quien por error “involuntario” fue registrada en la acción de tutela, pero ella no fue parte del proceso ordinario cuya decisión se impugna.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica , se presentaron las siguientes contestaciones:

1.6.1. Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca

25. En primer lugar, la magistrada ponente de la decisión impugnada se opuso a las pretensiones del amparo. Expuso que la acción es improcedente porque no se agotó el recurso extraordinario de revisión.Demandantes: Jhon Edison Rodríguez Capera y otros

Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01831-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

26. En cualquier caso, afirmó que la providencia no configura ninguno de los yerros endilgados porque se aplicó el precedente vigente, según el cual, la certeza del daño y su magnitud son cuestiones diferentes: “la primera se conoce en el momento del

26. En cualquier caso, afirmó que la providencia no configura ninguno de los yerros endilgados porque se aplicó el precedente vigente, según el cual, la certeza del daño y su magnitud son cuestiones diferentes: “la primera se conoce en el momento del diagnóstico, mientras que la segunda se determina con la notificación del acta médico laboral, pero esta última no define el inicio del término legal de la caducidad”.

1.6.2. Juzgado Treinta y Ocho Administrativo de Bogotá

27. Manifestó que se acoge a lo que decida el Consejo de Estado.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

28. Esta sala es competente para conocer de la demanda presentada por los demandantes, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 , en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como en el Acuerdo 080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. Desvinculación de la señora Helena Vargas Capera

29. En el escrito inicial, el apoderado de los demandante s mencionó que actuaba en calidad de agente oficioso de las señoras Luz Adriana Rodríguez Capera y Helena Vargas Capera. Atendiendo a ello, esta corporación admitió la acción de tutela de la referencia, sin embargo, como en el expediente no obraba el poder ni el escrito de ratificación de la agencia oficiosa de aquella, se requirió al abogado para que lo allegara.

30. El abogado atendió la solicitud del despacho sustanciador y allegó el poder

ratificación de la agencia oficiosa de aquella, se requirió al abogado para que lo allegara.

30. El abogado atendió la solicitud del despacho sustanciador y allegó el poder otorgado por la señora Luz Adriana Rodríguez Capera. No obstant e, afirmó que “en cuanto a la señora Helena Vargas Capera, debo señalar que por error involuntario se incluyó dentro del escrito de tutela, sin embargo, y como quiera que esta no hizo parte del proceso No. 1100133603820180042301, solicito se excluya como a ccionante de la presente acción”.

31. La Sala verificó el escrito contentivo de la demanda de reparación directa, así como los fallos emitidos por los jueces ordinarios y corroboró que, en efecto, la señora Helena Vargas Capera no fue parte demandante del me dio de control de reparación directa.Demandantes: Jhon Edison Rodríguez Capera y otros

Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01831-00

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

32. En consecuencia, se accederá a la solicitud del apoderado de los actores y se desvinculará de esta actuación a la señora Helena Vargas Capera.

2.2.2. Estudio de los cargos formulados

33. En el escrito inicial el demandante afirmó que la decisión impugnada configuraba los defectos fáctico, por error inducido, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución.

33. En el escrito inicial el demandante afirmó que la decisión impugnada configuraba los defectos fáctico, por error inducido, por desconocimiento del precedente y por violación directa de la Constitución.

34. Sin embargo, revisados los fundamentos de los cargos endilgados, la Sala observa que únicamente se desarrolló el yerro por desconocimiento del precedente, de ahí que el estudio de este tribunal se enfoque únicamente respecto de aquel.

2.3. Problema jurídico

35. Corresponde a la sala dar respuesta a los siguientes interrogantes:

• ¿Se superan en el caso concreto los requisitos de procedibilidad adjetiva de la acción de tutela contra la providencia judicial del 6 de octubre de 2022 emitida por la Subsección A de la Sección Tercera del Tribunal Administrativo de

Cundinamarca?

36. De ser positiva la respuesta al interrogante anterior, la sala analizará lo

siguiente:

• ¿El Tribunal Administrativo de Cundinamarca vulneró los derechos fundamentales de la parte actora al proferir la sentencia del 6 de octubre de 2022, que declaró probada de oficio la excepción de caducidad del medio de control de reparación directa?

37. Para resolver los interrogantes planteados, se analizarán los siguientes temas:

(i) la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial; (ii) el estudio de los requisitos de procedibilidad adjetiva y, de encontrarse superados; (iii) las generalidades del defecto por desconocimiento del precedente ; y (iv) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

las generalidades del defecto por desconocimiento del precedente ; y (iv) el caso concreto.

2.4. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia judicial

38. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, en fallo de 31 de julio de 20122 unificó la diversidad de criterios que esta corporación tenía sobre la acción de tutela

2 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia 31.07.12., M.P. María Elizabeth García González, Rad. 11001-03-15-000-2009-01328-01.Demandantes: Jhon Edison Rodríguez Capera y otros

Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01831-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co contra providencias judiciales, por cuanto las distintas secciones y la misma sala plena habían adoptado posturas diversas sobre el tema3 y declaró su procedencia.4

39. Así pues, esta sección de manera reiterada ha establecido como parámetros para realizar su estudio, que cumpla con los siguientes requisitos: i) que no se trate de tutela contra tutela; ii) inmediatez; iii) subsidiariedad, es decir, agotamiento de los requisitos ordinarios y extraordinarios, siempre y cuando ellos sean idóneos y eficaces para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara rá la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

para la protección del derecho que se dice vulnerado. De modo que, de no observarse el cumplimiento de uno de estos presupuestos, se declara rá la improcedencia del amparo solicitado, sin que se analice el fondo del asunto.

40. Por el contrario, cumplidos esos parámetros, corresponderá a la sala adentrarse en la materia objeto del amparo, a partir de los argumentos expuestos en la solicitud y de los derechos fundam entales que se afirmen vulnerados, en donde para la prosperidad o negación del amparo impetrado, se requerirá: i) que la causa, motivo o razón a la que se atribuya la transgresión sea de tal entidad que incida directamente en el sentido de la decisión y ii) que la acción no intente reabrir el debate de instancia.

41. Huelga manifestar que esta acción constitucional no puede ser considerada como una “tercera instancia” que se emplee, por ejemplo, para revivir términos, interpretaciones o valoraciones probatorias que son propias del juez natural. Bajo las anteriores directrices se entrará a estudiar el caso de la referencia.

2.5. Requisitos de procedibilidad adjetiva

2.5.1. Relevancia constitucional

42. La relevancia constitucional se ha entendido como el filtro necesario que habilita al juez de tutela para estudiar el fondo de las pretensiones cuando se cuestionan providencias judiciales. Sobre este particular, es de resaltar que en algunos casos excepcionales, la Sección Quinta ha estudiado el recurso de amparo promovido contra decisiones jurisdiccionales que declaran la caducidad del medio de control, esto porque los accionantes han presentado una carga argumentativa suficiente que soporta la infracción superior reclamada y, en esas situaciones , se ha superado este

decisiones jurisdiccionales que declaran la caducidad del medio de control, esto porque los accionantes han presentado una carga argumentativa suficiente que soporta la infracción superior reclamada y, en esas situaciones , se ha superado este requisito entendiendo también que la determinación de los jueces ordinarios impacta directamente sobre el derecho de acceso a la justicia, en tanto que , en la práctica, significa que ninguna autoridad judicial estudió y emitió un pronunciamiento sobre los fundamentos de la controversia.

43. Desde esta perspectiva, la postura garantista que reitera esta Sala entiende que, ante este tipo de decisiones, los sujetos afectados ven amenazadas sus garantías

3 El recuento de esos criterios se encuentra en las páginas 13 a 50 del fallo de la Sala Plena antes reseñado. 4 Se dijo en la mencionada sentencia “DECLÁRASE la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, de conformidad con lo expresado a folios 2 a 50 de esta providencia.”Demandantes: Jhon Edison Rodríguez Capera y otros

Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01831-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co fundamentales. Esta hipótesis se refu erza cuando en sede de amparo presenta un razonamiento encaminado a demostrar el yerro en el que pudo incurrir la autoridad judicial. En suma, en este caso, se plantea una discusión ius fundamental y se cumplió con el requisito de la carga argumentativa mínima.

razonamiento encaminado a demostrar el yerro en el que pudo incurrir la autoridad judicial. En suma, en este caso, se plantea una discusión ius fundamental y se cumplió con el requisito de la carga argumentativa mínima.

44. En este caso, la parte actora expuso los argumentos que soportan la afectación de índole ius fundamental y, si bien las pretensiones del medio de control de reparación directa puede tener un objetivo pecuniario, lo cierto es que en el asunto bajo es tudio, es decir, la declaratoria de caducidad del medio de control en segunda instancia, impidió que se revisara el fondo de la controversia y, por ende, podría n estar comprometidas las garantías de acceso a la justicia, a la igualdad y al debido proceso.

45. Por lo anterior, la Sala concluye que en este caso se cumple el requisito de la relevancia constitucional, en la medida que la controversia expuesta gravita sobre l a posible afectación de los derechos fundamentales de los accionantes.

2.5.2. Tutela contra tutela

46. La Sala observa que no se trata de una tutela contra una decisión de la misma naturaleza, ya que la providencia censurada fue proferida en segunda instancia del proceso de reparación directa.

2.5.3. Inmediatez

47. En relación con el acatamiento del referido requisito, no se advierte ningún reproche, en vista de que la providencia acusada fue proferida el 6 de octubre de 2022 y se notificó por medios electrónicos el 14 del mismo mes y año . De este modo, sin necesidad de verificar la ejecutoria del proveído censurado, se observa que los accionantes interpusieron la acción de tutela el 13 de abril de 2022, término que la Sala

necesidad de verificar la ejecutoria del proveído censurado, se observa que los accionantes interpusieron la acción de tutela el 13 de abril de 2022, término que la Sala considera razonable para el ejercicio de la acción de tutela contra providencia judicial.

48. Lo anterior, a la luz de la sentencia de unificación del 5 de agosto de 20145, en la que la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado adoptó los criterios fijados por la Corte en la sentencia C -590 de 2005 6, para determinar la procedencia de la acción constitucional contra providencia judicial, y reiteró que seis meses es el término prudente para acudir y solicitar el amparo de los derechos fundamentales que se estimen vulnerados con ocasión de providencias judiciales.

5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia de 5 de agosto de 2014, Rad: 11001 -03-15-000-2012-02201-01 (IJ). Acción de tutela -Importancia jurídica. Actor: Alpina Productos Alimenticios. M. P: Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 6 c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los principios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.Demandantes: Jhon Edison Rodríguez Capera y otros

judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.Demandantes: Jhon Edison Rodríguez Capera y otros

Demandado: Subsección A de la Sección Tercera del

Tribunal Administrativo de Cundinamarca Radicado: 11001-03-15-000-2023-01831-00

10 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 2.5.4. Subsidiariedad

49. En relación con los argumentos expuestos en el escrito de la demanda, se acredita que la parte actora reclama el desconocimiento del precedente del Consejo de Estado plasmado en la sentencia de unificación del 29 de noviembre de 2018 de la Sección Tercera, exp. 47308, así como otras decisiones proferidas por este órgano de cierre; sin embargo, las pretensiones de la demanda no superan la cuantía de los 450

SMLMV necesarios para habilitar la procedencia del recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia previsto en el artículo 257 de la Ley 1437 de 2011. De ahí que se concluya que la parte actora no cuenta con otro medio de defensa ju