CE - 010315000202301875001SENTENCIA20230516120445

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., once (11) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 10010315000-2023-01875-00

Referencia: Acción de tutela

Actor: VÍCTOR GEOVANNI ESQUIVEL OSPINA

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR NO CUMPLIR EL REQUISITO DE LA SUBSIDIARIEDAD. ACCIÓN DE TUTELA CONTRA DECISIÓN ADMINISTRATIVA PARTICULAR EMITIDA EN EL TRÁMITE DE UN CONCURSO DE MÉRITOS, DEL CUAL

EL ACTOR FUE EXCLUIDO POR NO ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO

DE UN REQUISITO. NO SE ACREDITÓ LA EXISTENCIA DE UN

PERJUICIO IRREMEDIABLE.

DERECHOS FUNDAMENTALES: AL DEBIDO PROCESO, AL ACCESO A

CARGOS PÚBLICOS, A LA IGUALDAD Y AL TRABAJO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la solicitud de tutela presentada por el actor

contra el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURAUNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL1 y la UNIVERSIDAD

NACIONAL DE COLOMBIA2.

1 En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL.

2 La UNIVERSIDAD.2

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Actor: VÍCTOR GEOVANNI ESQUIVEL OSPINA

1 En adelante la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL.

2 La UNIVERSIDAD.2

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Actor: VÍCTOR GEOVANNI ESQUIVEL OSPINA

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I. – ANTECEDENTES

I.1.- La Solicitud

El señor VÍCTOR GEOVANNI ESQUIVEL OSPINA , actuando en nombre propio, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a cargos públicos, a la igualdad y al trabajo, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL y la UNIVERSIDAD al expedir la Resolución núm. CJR23 -0061 de 8 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

I.2.- Hechos

Manifestó que se inscribió como aspirante a los cargos de “[…] Juez Civil Municipal - Juez de Pequeñas Causas y competencia múltiple - Juez Civil Municipal de ejecución de sentencias […]” dentro de la Convocatoria núm. 27 adelantada con fundamento en el Acuerdo núm. PCSJA18 -11077 de 16 de agosto de 2018,3

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Actor: VÍCTOR GEOVANNI ESQUIVEL OSPINA

en el Acuerdo núm. PCSJA18 -11077 de 16 de agosto de 2018,3

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emitido por el CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA.

Precisó que, una vez aprobado el examen de conocimientos y aptitudes, la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL expidió la Resolución núm. CJR23-0061 de 8 de febrero de 2023, en la que l o rechazó del concurso por la causal 3.4 del referido acuerdo, esto es, por no acreditar el requisito mínimo de experiencia.

Expuso que solicitó a la UNIDAD DE CARR ERA JUDICIAL la verificación de los documentos que aportó con la inscripción, no obstante, a través del Oficio CJO23-1125 de 10 de marzo de 2023, dicha autoridad mantuvo su decisión, al estimar que conforme con el numeral 1.2 del artículo 3 de la convocatoria, la experiencia para tener en cuenta es la adquirida con posterioridad a la obtención del título, para el caso particular, la acreditada desde el 12 de septiembre de 2017.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Precisó que la decisión cuestionad a transgrede los derechos deprecados porque está sustentada en un requisito formal que desconoce que aprobó las pruebas de conocimientos y aptitudes,4

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deprecados porque está sustentada en un requisito formal que desconoce que aprobó las pruebas de conocimientos y aptitudes,4

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además que para la fecha en que se inscribió cumplía con la experiencia requerida para poder postular a los cargos aludidos.

Precisó que la experiencia debe computarse desde la fecha en que terminó materias, además que, en todo caso, teniendo en cuenta que obtuvo el título de abogado el 12 de septiembre de 2017, a la fecha cuenta con más de 5 años de ejercicio de la profesión.

Mencionó que el requisito establecido en el numeral 1.2 del artículo 3 de la convocatoria debe ser inaplicado por inconstitucional , por cuanto en su sentir constituye un exceso ritual manifiesto, transgrede el principio de favorabilidad, así como los artículos 25 y 40 de la norma superior.

Sostuvo que la presente acción de tutela es procedente para el estudio del fondo del asunto, conforme con las sentencias de 24 de febrero de 2014, proferida por la Sección Segunda de esta Corporación dentro del expediente 0800123330002013 -00350-01 y T 112A de 2014 emitida por la Corte Constitucional.5

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T 112A de 2014 emitida por la Corte Constitucional.5

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I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, el actor pretende lo siguiente:

“[…] 1. TUTELAR los derechos constitucionales fundamentales

del DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO, DERECHO AL

TRABAJO, IGUALDAD EN ACCESO A CARGOS PÚBLICOS,

transgredidos por la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y la Universidad Nacional de Colombia.

2. Como corolario, INAPLICAR POR INCONSTITUCIONAL, del artículo 3º, numeral 1.2. del Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018 , los apartes que a continuación se

subrayan:

“La experiencia profesional deberá ser adquirida con posterioridad a la obtención del título de abogado en actividades jurídicas o en ciencias administrativas, económicas o financieras, según sea el caso, ya sea de manera independiente o en cargos públicos o privados, o en el ejercicio de la función judicial. En todo caso, respecto de los cargos de juez municipal, juez del circuito y magistrado de tribunal, para estos efectos se computará como experiencia profesional la actividad como empleado judicial que se realice con posterioridad a la obtención del título de abogado”.

3. En consecuencia, REVOCAR o ANULAR la decisión contenida

estos efectos se computará como experiencia profesional la actividad como empleado judicial que se realice con posterioridad a la obtención del título de abogado”.

3. En consecuencia, REVOCAR o ANULAR la decisión contenida en la Resolución n.º CJR23-0061 del 8 de febrero de 2023, “Por medio de la cual se decide acerca de la admisión de aspirantes al concurso de méritos destinado a la conformación del Registro Nacional de Elegibles para la provisión de cargos de funcionarios de la Rama Judicial, convocado mediante Acuerdo PCSJA18-11077 de 16 de agosto de 2018”; en lo que respecta a mi caso particula r; en su lugar, se ordene a la UNIDAD DE

ADMINISTRACIÓN DE CARRERA JUDICIAL DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA me admita a la fase 3 del curso de formación inicial judicial de la Convocatoria 27, por tener cumplido el requisito de experiencia mínima para el cargo de Juez Civil Municipal - Juez de Pequeñas Causas y competencia6

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múltiple - Juez Civil Municipal de ejecución de sentencia; tal como se explicó en la parte considerativa del libelo de tutela […]”

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL solicitó denegar el amparo deprecado por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL solicitó denegar el amparo deprecado por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales invocados.

Apuntó que, teniendo en cuenta que de conformidad con el artículo 85 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, le corresponde reglamentar la carrera judicial, expidió el Acuerdo PCSJA18 -11077 de 16 de agosto de 2018, para adelantar el concurso de méritos al que alude el actor.

Señaló que con las inscripciones al concurso los aspirantes manifestaban que se encontraban conformes con las normas establecidas en el acuerdo de la Convocatoria, sin que hasta el momento curse una demanda contenciosa por el asunto aquí debatido.

Añadió que, en efecto, conforme con los numerales 1.2 del artículo 37

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del acuerdo aludido, como requisito de la inscripción, los concursantes debían acreditar a ese momento una experiencia de mínimo dos años, contados a partir de la expedición del título.

Expuso que no es procedente valorar certificaciones que no hayan sido aportadas a la fecha de la inscripción, porque eso vulneraría el derecho de igualdad de las personas que cumplieron con el requisito en los términos previstos en la convocatoria.

Comentó que, en todo c aso, los actos administrativos implicados

derecho de igualdad de las personas que cumplieron con el requisito en los términos previstos en la convocatoria.

Comentó que, en todo c aso, los actos administrativos implicados gozan de presunción de legalidad, por lo que el actor cuenta con los mecanismos ordinarios para cuestionarlos y, en consecuencia, la acción de tutela carecería del requisito de procedibilidad de la subsidiariedad para abordar el estudio del fondo del asunto.

I.5.2.- La UNIVERSIDAD indicó que, en efecto, conforme con las normas que regulan la convocatoria, solo podía tenerse en cuenta la experiencia obtenida por los participantes con posterioridad a la obtención del título.

Explicó que le comunicó al actor las razones detalladas de su rechazo a través del Oficio CJO23-1125 de 10 de marzo de 2023, sin que8

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haya petición alguna que esté pendiente de resolverse.

Anotó que la presente acción de tutela es improcedente para atender el fondo del asunto, comoquiera que existen otros mecanismos judiciales ordinarios para tal efecto, sin que se advierta la existencia de un perjuicio irremediable.

I.5.3.- El señor CARLOS TOBÓN CÁRDENAS , con ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de selección

I.5.3.- El señor CARLOS TOBÓN CÁRDENAS , con ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de selección origen de la controversia, puso de presente que también es aspirante en la Convocatoria núm. 27 y manifestó que intervenía con el fin de coadyuvar las pretensiones del actor.

Indicó que ante las accionadas puso en conocimiento irregularidades que, en su sentir, se presentaron en la elaboración, aplicación y calificación de las pruebas de conocimientos y aptitudes, sin que hasta el momento se hayan subsanado.

Destacó que, en ese orden de ideas, sumado a las reiteradas acciones de tutela que se han presentado por otros participantes del concurso era necesario anular la convocatoria 27.9

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I.5.4.- El señor LEONARDO FABIO NIÑO CHIA, con ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de selección origen de la controversia, puso de presente que también es aspirante en la Convocatoria núm. 27 y mani festó que estimaba procedente que se estudiara de fondo el asunto, con la finalidad de que se accediera al amparo pretendido.

Indicó que el desarrollo de la convocatoria ha sido irregular porque

en la Convocatoria núm. 27 y mani festó que estimaba procedente que se estudiara de fondo el asunto, con la finalidad de que se accediera al amparo pretendido.

Indicó que el desarrollo de la convocatoria ha sido irregular porque se permitió que personas que no cumplían con los requisito s presentaran las pruebas, lo que alteró las fórmulas de asignación de puntajes.

I.5.5.- Los señores MARTÍN GILBERTO GONZÁLEZ TOR RES y SANDRA MILENA GARCIA CARDONA , con ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de selección origen de la controversia, en escritos separados, manifestaron que coadyuvaban las pretensiones del actor.

I.5.6El señor DAVID ALBERTO ANGULO ANGULO , con ocasión de la vinculación general que se dispuso en el auto admisorio de la10

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solicitud de amparo para los demás participantes del proceso de selección origen de la controversia, allegó un correo electrónico en el que indicó que se adhería a la determinación que se adoptara en el presente asunto.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de

que indicó que se adhería a la determinación que se adoptara en el presente asunto.

II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimient o de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos11

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constitucionales fundamentales cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19913. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es deci r, que solo procede cuando el afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

afectado no dispone de otros medios de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Cuestión previa

Previo al planteamiento del problema jurídico, la Sala se pronunciará respecto de las solicitudes de coadyuvancia presentada s por los señores CARLOS TOBÓN CÁRDENAS , LEONARDO FABIO NIÑO CHIA, MARTÍN GILBERTO GONZÁLEZ TO RRES y SANDRA MILENA GARCIA CARDONA y la intervención del señor DAVID

ALBERTO ANGULO ANGULO.

La coadyuvancia está prevista en el artículo 13 del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19914, en el cual se establece que las personas

3 «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política». 4 “Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.12

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que tengan un interés legítimo en el resultado del proceso también pueden intervenir en el mismo para coadyuvar u oponerse a las pretensiones de la demanda.

Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto 306 de 19 de febrero de 19925, prevé que las personas que tengan

Así mismo, el artículo 71 del Código General del Proceso, aplicable al trámite de la acción de tutela por remisión del artículo 4 del Decreto 306 de 19 de febrero de 19925, prevé que las personas que tengan relación sustancial con una de las partes del proceso pueden intervenir como coadyuvantes mientras no se haya dictado sentencia de segunda instancia.

A propósito de la Convocatoria núm. 27, en sentencia SU 067 de 24 de febrero de 2022, con ponencia de la Magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera, la Corte Constitucional hizo algunas precisiones en relación con la figura de la coadyuvancia e intervinientes en este tipo de asuntos, así:

“[…] Cuestión previa: la intervención de coadyuvantes en los procesos bajo revisión

75. Asunto que debe resolverse. Antes de dar comienzo al análisis anunciado, la Sala Plena encuentra necesario analizar un asunto previo, que incide en los efectos de la decisión que habrá de adoptarse en esta oportunidad. Esta cuestión tiene origen en la ingente cantidad de intervenciones que se han presentado,

5 “Por el cual se reglamenta el Decreto 2591 de 1991”.13

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durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo revisión, por personas que se encuentran en una situación similar a la de los demandantes.

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durante los trámites de instancia y de revisión de los fallos bajo revisión, por personas que se encuentran en una situación similar a la de los demandantes.

76. Fundamento normativo de la figura de la coadyuvancia. El inciso segundo del artículo trece del Decreto 2591 de 1991 establece que la persona que tenga «un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él», para respaldar las pretensiones del actor o de la persona o autoridad pública contra la cual se dirige la acción de tutela [32]. La jurisprudencia constitucional ha definido la coadyuvancia en los procesos de tutela como «la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que manifiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela»[33]. En este sentido, ha considerado que los coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a estas[34].

77. Límites a la coadyuvancia. Pese a la informalidad propia de la acción de tutela, que se transmite a la figura procesal bajo análisis, la jurisprudencia ha advertido que la coadyuvancia se encuentra sometida a límites, que pretenden conservar la índole jurídica que tiene esta figura procesal. En la medida en que quien actúa empleando este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de una parte, no puede actuar en contra de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo

actúa empleando este título lo hace para coadyuvar las pretensiones de una parte, no puede actuar en contra de los intereses de esta: «[E]l coadyuvante, entonces, ejercita, dentro del proceso, las facultades que le son permitidas y, en todo caso, no puede afectar a la parte , pues de la esencia de la coadyuvancia es la intervención antes de la sentencia de única o de segunda instancia, para prestar ayuda, mas no para hacer valer pretensiones propias»[35] [énfasis fuera de texto]. De igual manera, atendiendo la remisión al Código General del Proceso, se entiende que el coadyuvante no podrá llevar a cabo actos procesales que «impliquen disposición del derecho en litigio»[36]. De lo anterior resulta que las facultades del coadyuvante se encuentran sometidas a límites, que surgen de la propia naturaleza de la institución procesal que permite su intervención en la causa judicial.14

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78. Límites a la posibilidad de plantear nuevos argumentos por la vía de la coadyuvancia. En esta oportunidad, es preciso analizar la posibilidad de modificar, por esta vía, el problema jurídico planteado en la acción de tutela, mediante la formulación de argumentos y razonamientos distintos a los planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la Sentencia T -1062 de 2010. En dicha ocasión,

jurídico planteado en la acción de tutela, mediante la formulación de argumentos y razonamientos distintos a los planteados en el escrito de demanda. Dicho asunto fue examinado en la Sentencia T -1062 de 2010. En dicha ocasión, la Corte conoció una acción d e tutela que fue coadyuvada por terceros que tenían un interés legítimo en la decisión. En calidad de coadyuvantes, plantearon argumentos diferentes a los que fueron expuestos en el escrito de tutela y elevaron peticiones específicas, que tenían por objeto favorecer sus intereses particulares. Al analizar este asunto, la Corte manifestó lo siguiente:

[E]s claro entonces que la coadyuvancia surge en los procesos de tutela, como la participación de un tercero con interés en el resultado del proceso que mani fiesta compartir las reclamaciones y argumentos expuestos por el demandante de la tutela, sin que ello suponga que éste pueda realizar planteamientos distintos o reclamaciones propias que difieran de las hechas por el demandante, pues de suceder esto se estaría realmente ante una nueva tutela, lo que desvirtuaría entonces la naturaleza jurídica de la coadyuvancia [énfasis fuera de texto].

79. Atendiendo esta consideración, en la providencia en comento, la Corte acotó en los siguientes términos el alcance de los escritos de coadyuvancia presentados: «Bajo esa calidad [de coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones que hace la parte demandante […], razón por la cual, el pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de

coadyuvantes], se entenderá que su participación en el trámite de esta tutela, se limita a apoyar y compartir las reclamaciones que hace la parte demandante […], razón por la cual, el pronunciamiento que se emita por parte de esta Sala de Revisión, se atendrá a los fundamentos contenidos en la demanda de tutela, y no se pronunciará respecto de aquellos que difieran o no hagan parte en ésta » [énfasis fuera de texto].

80. Conclusión en el c aso concreto. Durante el trámite de instancia de los expedientes T -8.252.659 y T -8.258.202, se recibió un número ingente de escritos de personas que15

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coadyuvaron las demandas interpuestas. En su gran mayoría, se trataba de aspirantes que, al igual que los a ccionantes, superaron la prueba de conocimientos y aptitudes practicada el 2 de diciembre de 2018. Los intervinientes manifestaron su respaldo a las pretensiones formuladas en los procesos bajo revisión, plantearon diversos argumentos contra la Resolución CJR20-0202, solicitaron la práctica de pruebas y el reconocimiento de dictámenes periciales preparados por ellos y reclamaron la extensión de los efectos de esta providencia, a través de los dispositivos establecidos con dicho propósito por la jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).

reclamaron la extensión de los efectos de esta providencia, a través de los dispositivos establecidos con dicho propósito por la jurisprudencia (efectos inter comunis e inter pares).

81. Teniendo en cuenta que quien actúa en calidad de coadyuvante tiene vedado «realizar planteamientos distintos […] que difieran de los hechos por el demandante» [37], la Sala Plena centrará su atención en los argumentos planteados en las cuatro acciones de tutela que aquí se revisan. Por consiguiente, en cuanto a las peticiones elevadas por los intervinientes, únicamente habrá de pronunciarse sobre la solicitud de conceder la extensión de los efectos de esta sen tencia. Tal petición debe ser resuelta como consecuencia de la jurisprudencia constitucional que impone este remedio cuando el principio de igualdad así lo exige […]”. (Destacados originales)

Conforme con la sentencia de unificación en cita, los coadyuvantes poseen la facultad para intervenir dentro del proceso, por el interés personal en la suerte de las pretensiones de una de las partes y solo con el fin de manifestar su apoyo a estas, más no para hacer valer sus propias demandas.

Además, en los asuntos en los que se presenten coadyuvancias o intervenciones, el estudio de los casos solo debe limitarse a los16

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fundamentos formulados por las partes, sin que haya lugar a

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fundamentos formulados por las partes, sin que haya lugar a pronunciarse respecto de aquellos que difieran o no hagan parte de sus argumentaciones.

Precisado lo anterior, la Sala advierte que aceptará la solicitud de coadyuvancia de los señores CARLOS TOBÓN CÁRDENAS , LEONARDO FABIO NIÑO CHIA, MARTÍN GILBERTO GONZÁLEZ TORRES y SANDRA MILENA GARCIA CARDONA, comoquiera que su intervención está encaminada a apoyar la solicitud de amparo de la referencia, no obstante, el análisis del caso versará sobre los argumentos planteados por el actor, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva de la presente providencia.

En relación con el señor DAVID ALBERTO ANGULO ANGULO , la Sala se abstendrá de efectuar pronunciamiento alguno, comoquiera que se limitó a indicar que se adhería a lo resuelto en el presente asunto.

Caso concreto

En el presente caso, el actor instauró la acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso,17

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al acceso a cargos públicos y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le

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al acceso a cargos públicos y a la igualdad, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL al expedir la Resolución núm. CJR23 -0061 de 8 de febrero de 2023, dentro del concurso de méritos adelantado con ocasión de la Convocatoria núm. 27, para proveer cargos de carrera en la Rama Judicial.

A través de la referida decisión la UNIDAD DE CARRERA JUDICIAL rechazó del referido concurso al actor, bajo el argumento de que no cumplió con el requisito de experiencia mínim a de dos años que requiere el cargo , contados entre la fecha en que obtuvo su título profesional y la fecha en que se inscribió al concurso.

La controversia deviene del hecho de que el actor estima que si bien en las reglas de la convocatoria está previsto que el cómputo de la experiencia inicia desde la obtención del título profesional, dicha norma debe ser inaplicada por ser un formalismo que desconoce sus garantías fundamentales, dado que cumple con ese requisito si se contabiliza desde la terminación de materias.

Precisado lo anterior, el problema jurídico que debe resolver la Sala18

Número único de radicación: 10010315000-2023-01875-00

Actor: VÍCTOR GEOVANNI ESQUIVEL OSPINA

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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consiste en establecer si el presente caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela, en especial, el requisito de la subsidiariedad y, de ser así, determinar si la autoridad accionada vulneró los derechos deprecados por el actor, al expedir la Resolución núm. CJR26-0061 de 8 de febrero de 2023, en cuanto se le rechazó del concurso de méritos adelantado con ocasión a la Convocatoria núm. 27.

De la improcedencia de la acción de tutela por carencia del requisito de subsidiariedad

El artículo 6º del Decreto 2591 de 19 de noviembre de 1991, «Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política», prevé como causal de improcedencia que «existan otros recursos o medios de defensa judiciales , salvo que aquélla se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable . La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentra el solicitante» (Subrayas y negrillas fuera del texto).

Lo a nterior significa que este mecanismo de amparo ostenta un19

Número único de radicación: 10010315000-2023-01875-00

Actor: VÍCTOR GEOVANNI ESQUIVEL OSPINA

Lo a nterior significa que este mecanismo de a