CE - 010315000202301921001SENTENCIA20230609115104

Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00

Actora: Belisa Palacios Vidal

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERA PONENTE: STELLA JEANNETTE CARVAJAL BASTO

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicación: 11001-03-15-000-2023-01921-00

Demandante: BELISA PALACIOS VIDAL

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL VALLE DEL CAUCA

Temas: Tutela contra providencia judicial . Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho . Reconocimiento y pago de la pensión gracia. Defectos f áctico y desconocimiento del precedente judicial .

Requisito general de la relevancia constitucional cuando se acude como instancia adicional

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la acción de tutela promovida por la señora Belisa Palacios Vidal , quien actúa mediante apoderado judicial, contra el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca , en la que pide el amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado con la sentencia de 28 de febrero de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó el reconocimiento y pago de la pensión

amparo constitucional del derecho fundamental al debido proceso, supuestamente vulnerado con la sentencia de 28 de febrero de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia en el marco del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 76109-33-33-001-2021-00055-01.

I. ANTECEDENTES

1. Hechos

De la lectura de los expedientes de tutela y ordinario, se observan como hechos relevantes los siguientes:

La señora Belisa Palacios Vidal nació el 17 de enero de 1956 y se vinculó como docente oficial el 21 de enero de 1979 al 30 de diciembre de 1979 en el municipio de Bahía Solano, Chocó, del 12 de febrero de 1988 al 15 de junio de 1993 en el departamento del Valle del Cauca y de 23 de febrero de 1994 al 23 de julio de 2020 con la última entidad territorial.

El 25 de junio de 2020 solicitó a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (en adelante UGPP), el reconocimiento y pago de la pensión gracia por cumplir con los requisitos legales establ ecidos en las Ley es 114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.

La UGPP mediante Resolución No. 26389 de 18 de noviembre de 2020, negó la petición de la accionante con sustento en que los tiempos laborados de sde el 12

1933 y 91 de 1989.

La UGPP mediante Resolución No. 26389 de 18 de noviembre de 2020, negó la petición de la accionante con sustento en que los tiempos laborados de sde el 12 de enero de 1988 eran de una v inculación nacional y que los tiempos laboradosRadicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00

Actora: Belisa Palacios Vidal

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en el municipio de Bahía Solano no se podían tener en cuenta porque fue prestado mediante contrato de prestación de servicio s, d ecisión que fue confirmada por medio de la Resolución No. 2327 de 2 de febrero de 2021.

La señora Belisa Palaci os Vidal, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, presentó demanda contra la UGPP, con el fin de que se anularan las Resoluciones Nos. 26389 de 18 de noviembre de 2020 y 2327 de 2 de febrero de 2021 y, en consecuencia, que se reconociera y pagara la pensión gracia con sustento, entre otras cosas, en la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado y la Ley 91 de 1989.

El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura en fallo de 31 de marzo de 2022, negó las pretensiones de la demanda al considerar que los tiempos que laboró en el departamento del Valle del Cauca fueron en

El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura en fallo de 31 de marzo de 2022, negó las pretensiones de la demanda al considerar que los tiempos que laboró en el departamento del Valle del Cauca fueron en establecimientos educativos del orden nacional, lo c ual fue certificado por la entidad territorial. Esa decisión fue objeto de recurso de apelación, en el que insistió en la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 , proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado.

Finalmente, el Tribunal Administrativo del Chocó en sentencia de 28 de febrero de 2023, confirmó íntegramente el fallo de primera instancia. Adicionalmente, señaló que de acuerdo con la sentencia de unificación pueden ser viables para la pensión gracia los tiempos servidos a partir d e la designación con visto bueno del delegado del Fondo Educativo Regional -FERo del Ministerio de Educación Nacional, sin embargo, esto no implica que cuando ello ocurra el reconocimiento prestacional sea automático, pues se debe valorar de manera integ ral todo el acervo probatorio.

2. Fundamentos de la acción

La parte actora presentó acción de tutela con el objeto de que se ampar e el derecho fundamental al debido proceso , supuestamente vulnerado con la sentencia de 28 de febrero de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo del Valle del Ca uca confirmó la decisión de primera instancia que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia por no cumplir con la vinculación territorial o nacionalizada.

Afirmó que en el presente asunto se incurrió en “DEFECTO FÁCTICO POR INDEBIDA VALORACIÓN PR OBATORIA” y en desconocimiento del precedente

territorial o nacionalizada.

Afirmó que en el presente asunto se incurrió en “DEFECTO FÁCTICO POR INDEBIDA VALORACIÓN PR OBATORIA” y en desconocimiento del precedente judicial, pues “ el Tribunal omitió aplicar la Jurisprudencia vertical obligatoria del órgano de cierre Consejo de Estado. Sentencia de UNIFICACIÓN POR IMPORTANCIA JURIDICA de fecha, veintiuno (21) de junio de d os mil dieciocho (2018) complementada mediante sentencia de UNIFICACIÓN de fecha 11 de agosto de 2022”.

Señaló que del Decreto No. 0180 de 27 de enero de 1994, por medio del cual el gobernador del Valle del Cauc a nombr ó a la señora Belisa Palacios Vidal e n el cargo “ Seccional del Centro Docente # 67 San Luis Gonzaga Corregimiento El Pital – Río Cajambre del Municipio de Buenaventura Distrito Educativo # 3”, y del Acta de Posesión No. 1.437 -3 de 23 de febrero de19 94, se puede concluir que el vínculo de la actora era del orden territorial.

Indicó que la Sección Quinta del Consejo de Estado en sentencia de tutela de 16 de julio de 2020 1 , amparo los derechos fundamentales de un docente a quien se le

1 Radicado No. 11001-03-15-000-2020-00802-01, C.P.: Rocío Araujo Oñate.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00

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había negado el reconocimiento de la pensión gracia, con sustento en la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda de esta Corporación.

Sostuvo que “ para nadie es un secreto y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo lo sabe, que existe una directriz para las Secretarías de Educaci ón que expiden certificados de tiempos de servicio y salarios devengados, de que estos al ser expedidos debe ser calificados como Nacionales cuando el docente se encuentra con una vinculación nueva es decir a partir del 1 de enero de 1990, esto por la inte rpretación que le han dado a la ley 91 de 1989, luego los Jueces Administrativos no pueden convertirse en meros notarios o espectadores frente a este hecho, pues se perdería la esencia del proceso Ordinario de N ulidad y Restablecimiento del derecho Laboral y la facultad de los Jueces de aplicar justicia, en este caso de cara a las sentencias de unificación expedidas sobre la materia”.

Finalmente, señaló que la sentencia de tutela de 25 de octubre de 2019 2 proferida por la Sección Tercera, Subsección “A” de l Consejo de Estado, es una decisión relacionada con el caso de la demandante.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“4.1. Se TUTELA el derecho constitucional fundamental al DEBIDO PROCESO.

relacionada con el caso de la demandante.

3. Pretensiones

La parte accionante formuló las siguientes:

“4.1. Se TUTELA el derecho constitucional fundamental al DEBIDO PROCESO.

4.2. Se deje sin efectos la sentencia de fe cha 28 de febrero de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle [del Cauca] y como consecuencia se ordene a dicho Tribunal se profiera un nuevo fallo de segunda instancia aplicando la Constitución, la Ley y la Jurisprudencia del Consejo de Estado.

4.3. Vincular al JUZGADO PRIMERO ADMINISTRATIVO MIXTO DEL CIRCUITO

JUDICIAL DE BUENAVENTURA y a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP – para que ejerzan el derecho de defensa”.

4. Pruebas relevantes

En correo electrónico de 27 de abril de 202 3, la Secretaría del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca remitió el enlace de acceso al expediente digital que contiene las actuac iones del proceso de nulidad y restablecimie nto del derecho que adelantó la señora Belisa Palacios Vidal contra la UGPP (radicado No. 76109-33-33-001-2021-00055-01).

5. Trámite procesal

Por auto de 24 de abril de 2023, la Magistrada Sustanciadora admitió la demanda de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, a la UGPP y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

de tutela y ordenó notificar a la autoridad judicial demandada, así como al Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, a la UGPP y a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

La Secretaría General de esta Corp oración libró los oficios 37109 a 37117 de 27 de abril de 2023 3 , con el fin de notificar a las partes.

2 Radicado No. 11001-03-15-000-2019-02867-01, C.P.: Marta Nubia Velásquez Rico. 3 La parte accionante, la s autoridades judiciales demandadas y los terceros interesados fueron notificados a las siguientes direcciones de correo electrónico: cabreraconsultores@hotmail.com, s01tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; s02tadvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co; rpmemorialestadmvcauca@cendoj.ramajudicial.gov.co, tutelasnacionales@defensajuridica.gov.co, j01admbtura@cendoj.ramajudicial.gov.co; jadmin01bun@notificacionesrj.gov.co y defensajudicial@ugpp.gov.co.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00

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6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

En escrito de 2 de mayo de 2023, el magistrado ponente pidió que se negar an las

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6. Oposición

6.1. Respuesta del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca

En escrito de 2 de mayo de 2023, el magistrado ponente pidió que se negar an las pretensiones de la acción de tutela, al considerar que la decisión se ajustó a las normas que regulan el caso, así como a la jurisprudencia aplicable.

Afirmó que no puede admitirse que una vez terminado el proceso ordinario, las partes pretendan cu estionar a través de una acción de tutela asunto s que ya fueron resueltas en la jurisdicción especializada, pues sin duda ello rompe y resquebraja la seguridad jurídica como principio de la administración de justicia.

Sostuvo que los cargos de la acción d e tutela se asemejan a lo planteado en el recurso de apelación propuesto contra la sentencia proferida por el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura.

Indicó que no es cierto que se haya omitido la valoración probatoria sobre los documentos señalados por la accionante, toda vez que estos fueron analizados en el marco probatorio de la providencia impugnada.

Señaló que en el fallo objetado se adujo que el precedente judicial del Consejo de Estado sobre el reconocimiento de la pensi ón gracia es pacífic o alrededor de l a importancia del tiempo de servicio, dejando claro que debe ser territorial o nacionalizado, e iniciar antes del 31 de diciembre de 1980 sin importar si es continuo o discontinuo, ni tampoco su modo de vinculación.

Resaltó que de las pruebas documentale s concluyó que la accionante prestó sus servicios de docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 para una

continuo o discontinuo, ni tampoco su modo de vinculación.

Resaltó que de las pruebas documentale s concluyó que la accionante prestó sus servicios de docente con anterioridad al 31 de diciembre de 1980 para una institución educativa oficial del municipio de Bahía Solano (Chocó) lo que, en principio, permitía colegir que cumplía con este requisito exigido para acceder al derecho pensional reclamado. Sin embargo, al tenor de las reglas de unificación y contrario a lo manifestado por la accionante, es claro que el nombramiento efectuado a la demandante es de carácter na cional y no territorial, pues este s e hizo para un distrito educativo adscrito al orden nacional, lo cual se constató con la certificación expedida por la Alcaldía Distrital de Buenaventura donde se evidenció que su vinculación fue nacional, documento que tiene plena validez probatoria.

Agregó que la accionante en su alzada s olo se limitó a cuestionar, sin sustento alguno, que la plaza de docente para la cual fue nombrada en el Decreto Departamental No. 0180 de 27 de enero de 1994 era territorial, simplem ente aduciendo que la institución es del orden municipal, sin que en el plenario existiera prueba específica de su aseveración.

Finalmente, manifestó que si bien la sentencia de unificación CE -SUJ-SII-11-2018 del Consejo de Estado, los tiempos servidos pu eden ser viables para la pensión gracia a partir de la designación con visto bueno del delegado del Fondo Educativo Regional -FERo del Ministerio de Educación Nacional, no implica que cuando ello ocurra el reconocimiento prestacional sea automático, que es lo que

gracia a partir de la designación con visto bueno del delegado del Fondo Educativo Regional -FERo del Ministerio de Educación Nacional, no implica que cuando ello ocurra el reconocimiento prestacional sea automático, que es lo que planteó la accionante en e l recurso de apelación dentro del proceso ordinario , cuestión diferente es que la interpretación y la valoración probatoria que se efectuó fue contraria a los intereses procesales de la parte actora, lo cual no es ingrediente para suponer una violación al derecho fundamental alegado, pues en la sentencia se esgrimieron razones de peso para llegar a las conclusiones expuestas en dicho proveído.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00

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6.2. Respuesta del Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura

En escrito de 28 de abril de 2023, la titular del despacho pidió que se negaran las pretensiones de la solicitud, bajo el argumento de que no se probaron los defectos alegados en el escrito de tutela.

Afirmó que las pruebas no acreditaron que la v inculación de la docente haya sido territorial, pues el certificado de 23 de julio de 2020 donde se indica el periodo laborado entre el 12 de enero de 1988 al 16 de junio de 1993, señala que su vinculación fue nacional y lo mismo se tuvo del certificado de factores salariales

laborado entre el 12 de enero de 1988 al 16 de junio de 1993, señala que su vinculación fue nacional y lo mismo se tuvo del certificado de factores salariales del periodo com prendido entre el 1 enero de 2005 al 31 de diciembre de 2010 y las certificaciones de tiemp o de servicio expedid as por la a lcaldía de Buenaventura.

Agregó que del acto administrativo de nombramiento en propi edad referido por la accionante -Decreto No. 0180 de 27 de enero de 1994-, no se extrae la calidad de docente territorial ni que la plaza a ocupar hubiera sido de aquellas que el legislador previó como territoriales.

Por último, manifestó que la acción de tutela lo que pretende es reabrir el debate jurídico y probatorio, a efectos de que se reconozca una pensión gracia a una docente que no acreditó que su vinculación era territorial, carga probatoria que le asistía dentro del proceso ordinario, lo que resulta improcedente a través de este mecanismo de protección constitucional.

6.3. Respuesta de la UGPP

En oficio de 2 de mayo de 2023, el subdirector de defensa judicial pensional solicitó que se declarara la improcedencia de la acción de tutela, al considerar que no s e demostraron los defectos fáctico n i sustantivo y, además que, se utiliza como una tercera instancia.

Indicó que en el expediente ordinario obra el certificado de información laboral de la accionante, en el que consta que los tiempo s que laboró como doce nte oficial, se acreditaron al servicio de una entidad del orden nacional.

Señaló que la accionante no demostró que los tiempos en que sirvió como

la accionante, en el que consta que los tiempo s que laboró como doce nte oficial, se acreditaron al servicio de una entidad del orden nacional.

Señaló que la accionante no demostró que los tiempos en que sirvió como docente fuesen del orden terri torial o nacionalizado, por lo que sus tiempos como docente del orden nacional no pueden ser tenidos en cuenta para el reconocimiento de la pensión gracia.

Sostuvo que las pretensiones del demandante son de naturaleza económica, a lo que agregó que la acción de tutela no cumple con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, en razón a que no se evidencia que frent e a la decisión de segunda instancia se interpusiera el recurso extraordinario de revisión.

Resaltó que no existe un defecto sustantivo, toda vez que no se desconocieron las normas aplicables al caso para efectos de ne gar el reconocimiento pensional, ni las aplicó indebidamente o le s dio una interpretación errada. Agregó que las decisiones controvertidas se fundaron en los preceptos legales relacionados con el tema y en la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional.

Finalmente, a firmó que n o se configura el defecto fáctico alegado, pues el accionado tuvo en cuenta las pruebas aportadas al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y que no lograron llevar al juez de la causa aRadicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00

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establecer la existencia del derecho pensional en cabeza de la parte demandante, lo que condujo a que se negaran las pretensiones de la demanda.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Polític a, 29 del Decreto 2591 de 1991 y 13 del reglamento interno (Acuerdo 080 de 2019), la Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto de estudio.

2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar si el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca con la sentencia de 28 de febrero de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión de primera instancia que negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia, vulneró el derecho fundamental al debido proceso por incurrir en defecto i) fáctico, por indebida valoración del Decreto No. 0180 de 27 de enero de 1994 y el Acta de Posesión No. 1.437 -3 de 23 de febrero de1994, que demostraban que la vinculación como docente era del orden territorial y ii) por desconocimiento del precedente judicial, por la omisión en la aplicación de la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, así como los fallos de tutela de 16 de julio de 2020 de la Sección Quinta del Consejo de

precedente judicial, por la omisión en la aplicación de la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, así como los fallos de tutela de 16 de julio de 2020 de la Sección Quinta del Consejo de Estado y de 25 de octubre de 2019 de la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado.

De manera previa, la Sala deberá establecer si la acción de tutela cumple con el presupuesto de la relevancia constitucional, en razón a que fue alegado por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca y el Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura, en sus respectivos informes.

3. El presupuesto de la relevancia constitucional

Esta condición de procedencia precisada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en el m arco de las acciones de tutela contra providencias judiciales, tiene por finalidad “(i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones4.

Al respecto, la Corte Constitucional ha establecido un conjunto de reglas dirigidas a definir cuándo un asunto presenta relevancia constitucional, partiendo del hecho que de la actuación objeto de reproche constitucional se ad vierta una posible vulneración a los derechos y deberes constitucionales. Así, por ejemplo, en la sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, si n que se encuentre de por medio la v iolación de derechos fundamentales se estaría

sentencia T-310 de 20055, la Corte indicó que cuando se acuda al mecanismo de amparo constitucional para cuestionar la legalidad de un acto administrativo, si n que se encuentre de por medio la v iolación de derechos fundamentales se estaría frente a un asunto que carece de relevancia constitucional que conlleva la improcedencia de la tutela.

En el mismo sentido, la Sala Plena del Consejo de Estado partiendo de los lineamientos fijados por la Cor te Constitucional en la Sentencia C -590 de 2005 sobre la procedencia excepcional de la tutela contra decisiones judiciales, fijó las

4 Sección Cuarta, sentencia del 8 de febrero de 2018. Expediente 2017-01745-01 M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez. 5 Corte Constitucional M.P. Jaime Córdoba Triviño. Reiterada en sentencia T-136 de 2015 M.P. María Victoria Calle Correa.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00

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condiciones que corresponde verificar al juez de tutela para determinar si la acción de tutela cumple o no con el requisito de relevancia constitucional6.

Al respecto, estableció que este requisito tiene una doble connotación, como criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la ac ción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

criterio de selección en sede de revisión de la Corte Constitucional y como requisito de procedencia de la ac ción de tutela que busca evitar que el trámite de la acción de amparo se convierta en una instancia adicional.

Esta Sala 7, de conformidad con lo anterior ha precisado que este requisito de procedencia exige la verificación de los siguientes elementos:

1. Que el asunto objeto de estudio realm ente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales . En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

1. Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto , que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales» . Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

1. Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razone s fundamentales de la decisión cuest ionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordi nario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está

estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

1. Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordi nario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

1. Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el i nteresado está en la obligación de i nterponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se tr ata de controvertir las decisiones d e los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron decididos por los jueces competentes.

Los referidos parámetros, se constituyen en una guía orientadora para verificar si en cada caso concreto se cumple esta condición de aplicación, condiciones que, en últimas, buscan preservar el valor de la cosa juzgada, la seguridad jurídica y la autonomía judicial.

4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La accionante manifiesta que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de 28 de febrero de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión de

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4. Estudio y solución del caso concreto

4.1. La accionante manifiesta que el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en la sentencia de 28 de febrero de 2023, mediante la cual se confirmó la decisión de

6 Sala Plena del Consejo de Estado, sentencia del 5 de agosto de 2014. Expediente 2012-02201-01. 7 Expediente 2020-05131-00, M. P. Julio Roberto Piza Rodríguez.Radicado: 11001-03-15-000-2023-01921-00

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primera instancia que negó e l reconocimiento y pago de la pensión gracia vulneró el derecho fundamental al debido proceso, por incurrir en defecto i) fáctico, por indebida valoración del Decreto No. 0180 de 27 de enero de 1994 y el Acta de Posesión No. 1.437 -3 de 23 de febrero de 1994, que demostraban que la vinculación como docente era del orden territorial y ii) por desconocimiento d el precedente judicial, por la omisión en la aplicación de la sentencia de unificación de 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estad o, así como los fallos de tutela de 1 6 de julio de 2020 de la Sección Quinta del Consejo de Estado y de 25 de octubre de 2019 de la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado.

4.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque

Estado y de 25 de octubre de 2019 de la Sección Tercera, Subsección “A” del Consejo de Estado.

4.2. La Sala anticipa que declarará la improcedencia de la acción de tutela porque no cumple el requisito de la relevancia constitucional, en tanto se acude a ella con la intención de dar continuidad al debate legal que fue resuelto en dos instancias.

Como respaldo de esa determinación , a continuación, se realizará un bre ve recuento de las actuaciones que se desarrollaron en el curso del proceso ordinario, con el fin de brindar mayores elementos de juicio.

La señora Belisa Palacios Vidal presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra la UGPP, con la pre tensión de que se anularan las Resoluciones Nos. 26389 de 18 de noviembre de 2020 y 2327 de 2 de febrero de 2021, por medio de las cuales se negó el reconocimiento y pago de la pensión gracia. Lo anterior, con sustento en la Ley 91 de 1989 y la sentencia d e unificación de 21 de junio de 2018 de la Sección Segunda del Consejo de Estado, relativa a la pensión gracia.

El Juzgado Primero Administrativo Mixto del Circuito de Buenaventura en fallo de 31 de marzo de 2022, negó las pretensiones de la demanda, al considerar que del Decreto No. 018 0 de 27 de enero de 1994 se evidenció que el nombramiento en propiedad de la demandante se realizó en una institución educativa del orden nacional, lo cual fue certificad o por el departamento del Valle del Cauca , lo que perduró hasta la fecha de su retiro . Por consiguiente, consideró que la demandante no tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia, pues no

nacional, lo cual fue certificad o por el departamento del Valle del Cauca , lo que perduró hasta la fecha de su retiro . Por consiguiente, consideró que la demandante no tenía derecho al reconocimiento de la pensión gracia, pues no estuvo vinculada a un establecimiento educativo del orden territorial, tal como lo dispu