CE - 010315000202302017001SENTENCIA20230606115640

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá D.C., dos (2) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02017-00

Demandante: DRUMMOND LTD.

Demandado: CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN CUARTA

Referencia: SENTENCIA DE TUTELA DE PRIMERA INSTANCIA

ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito de relevancia constitucional / RELEVANCI A CONSTITUCIONAL – Los argumentos de la parte actora pretenden extender y continuar el debate planteado en el proceso ordinario, sin razones constitucionales que así lo justifiquen.

La Sala decide la acción de tutela instaurada por la sociedad Drummond L TD. contra el Consejo de Estado, Sección Cuarta.

I. A N T E C E D E N T E S

1. La demanda

1.1. Pretensiones

El 21 de abril de la presente anualidad1, la sociedad Drummond LTD. (en adelante Drummond) interpuso acción de tutela contra la Sección Cuarta del Consejo de Estado, por considerar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia , con ocasión de la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2022, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del d erecho con radicado 47001-23-33-000-2019-00751-01 (26751). Formuló las

el 10 de noviembre de 2022, en el medio de control de nulidad y restablecimiento del d erecho con radicado 47001-23-33-000-2019-00751-01 (26751). Formuló las siguientes pretensiones:

6.1 Declarar que el Consejo de Estado vulneró el derecho al debido proceso, a la defensa y al acceso a la administración de justicia de mi representada, en

1 Se advierte que, el 15 de mayo de 202 3, el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente, para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente. Posteriormente, el 1 7 de mayo siguiente, se recibió el expediente del proceso ordinario remitido por el Tribunal Administrativo del Magdalena.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02017-00

Demandante: Drummond LTD Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Sentencia de tutela de primera instancia

2 tanto se extralimitó en su función judicial, ejerciendo de cierta manera una función legislativa al extender el hecho generador del impuesto sobre el servicio de alumbrado público previsto en la ley 1819 de 2016; valoró indebidamente las pruebas aportadas y s e desconoció que la carga de probar la proporcionalidad de las tarifas cobradas a la compañía se había invertido al municipio. Por ello mismo, profirió sentencia en contra de la teoría dinámica de la prueba.

6.2 Proteger los derechos fundamentales de Drummond y revocar la sentencia proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

6.3 Conceder cada una de las pretensiones expuestas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de Ciénaga por la

proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

6.3 Conceder cada una de las pretensiones expuestas en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de Ciénaga por la liquidación del impuesto de Alumbrado Público por los meses de julio y agosto de 2018.

1.2. Hechos

De la solicitud de amparo y de las pruebas aportadas al expediente se extraen los siguientes supuestos fácticos jurídicamente relevantes:

La sociedad Drummond presentó demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Municipio de Ciénaga (Magdalena), a fin de que se declarara la nulidad de la Liquidación Oficial 2018 -06, en la que se determinó que era sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público de los meses de julio y ag osto de 2018, y de la Resolución 2019-002 del 30 de julio de 2019 , por medio de la cual se resolvió el recurso de reconsideración.

La demanda contra la liquidación del tributo se fundamentó principalmente en que la competencia establecida en la ley era para gravar únicamente el servicio de alumbrado público, por lo que n o podía cobrarse a quien no se benefició del servicio, como es el caso de la demandante cuyos inmuebles están ubicados en un área rural del municipio en la que no se presta dicho servicio. Además, la tarifa no se fijó de manera proporcional, ni contó con estudio técnico.

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 1º de septiembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

La anterior decisión fue apelada y la Sección Cuarta d el Consejo de Estado , en

El Tribunal Administrativo del Magdalena, mediante sentencia del 1º de septiembre de 2021, negó las pretensiones de la demanda.

La anterior decisión fue apelada y la Sección Cuarta d el Consejo de Estado , en providencia del 10 de noviembre de 2022, la confirmó.

1.3. Argumentos de la tutela

La parte actora no calificó sus argumentos de manera expresa conforme a losRadicación: 11001-03-15-000-2023-02017-00

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3 defectos específicos establecidos por la jurisprudencia constitucional, sin embargo, expuso los siguientes reparos:

La Sección Cuarta del Consejo de Estado excedió su función judicial e invadió la competencia del legislador , al aplicar la sentencia de unificación proferida e n noviembre de 20 19 a un caso posterior a la expedición de la Ley 1819 de 2016 , que no fue considerada en dicha providencia, con lo cual , y al exigir que la demandante probara la falta razonabilidad de la tarifa para fijar el impuesto del servicio de alumbrado público, desconoció que:

a) A partir del artículo 349 de la Ley 1819 de 2016, el legislador estableció que el hecho generador del impuesto sobre el alumbrado público dejó de ser por la simple prestación del servicio para tener como elemento ser beneficiario por la prestación del servicio.

b) En la demanda ordinaria la hoy accionante realizó afirmaciones y negaciones indefinidas, por consiguiente, estaba relevada de probar la desproporción de la tarifa , dado que , en esos casos , el artículo 167 del

por la prestación del servicio.

b) En la demanda ordinaria la hoy accionante realizó afirmaciones y negaciones indefinidas, por consiguiente, estaba relevada de probar la desproporción de la tarifa , dado que , en esos casos , el artículo 167 del CGP invierte la carga de la prueba a la parte contraria. Este hecho no fue considerado en la sentencia, puesto el Municipio de Ciénaga, Magdalena, nunca acreditó que las tarifas fijadas para liquidar el impuesto se fijaron de manera técnica, proporcionales y razo nables respecto del costo de la prestación del servicio público y ni siquiera el Acuerdo Municipal 010 de 2017 cuenta con estudio técnico.

Agregó que la sentencia atacada no valoró de forma integral el material probatorio, ni aplicó la carga dinámica de la prueba, pue s el municipio est aba en m ejores condiciones de probar que las tarifas fijadas para el impuesto eran acordes con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad , en cambio, la autoridad judicial accionada asignó la carga de la prueba a la demandante.

2. Trámite impartido e intervenciones

Mediante auto del 26 de abril de 202 3, el Despacho sustanciador admitió la solicitud de tutela y ordenó que aquel se notificara a los magistrados que integran la Sección Cuarta del Consejo de Estado, como parte demandada, y al alcalde del municipio de Ciénaga (Magdalena) y a la sociedad Dolmen S.A. E.S.P ., comoRadicación: 11001-03-15-000-2023-02017-00

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4

Demandante: Drummond LTD Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Sentencia de tutela de primera instancia

4 terceros con interés. Así mismo se ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

2.1. El Consejo de Estado, Sección Cuarta, por intermedio del magistrado ponente de la sentencia cuestionada, señaló que la parte demandante «reclama un nuevo juicio sobre asuntos que fueron atendidos, estudiados y definidos en la sentencia de segunda instancia », por el solo hecho « de que la sentencia no accedió a sus pretensiones», sin q ue se advierte que se trate de un debate que involucre la violación de derechos fundamentales.

Sostuvo que se pretende instrumentalizar la tutela «como instancia adicional del proceso judicial», a pesar de que no está demostrada «la relevancia constitucional del asunto para habilitar al juez de tutela a hacer un escrutinio de la decisión judicial».

De otra parte, explicó que la sentencia reprochada fue dictada «en consonancia con los precedentes en los cuales se ha dictado sentencia en litigios sustancialmente idénticos al caso controvertido, e incluso entre las mismas partes del proceso, como son las sentencias del 29 de abril, del 27 de agosto y del 17 de septiembre de 2020; exps. 24589, 24569 y 25022».

Con fundamento ello, pidió que se declar ara la imp rocedencia de la acción de tutela o, subsidiariamente, se negaran las pretensiones por ausencia de vulneración de derechos fundamentales.

2.2. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

vulneración de derechos fundamentales.

2.2. Los demás sujetos procesales guardaron silencio.

II. C O N S I D E R A C I O N E S

1. Problema Jurídico

En primer lugar, la Sala determinará si la solicitud de amparo cumple los requisitos generales de la tutela contra providencia judicial , en especial, el de relevancia constitucional, cuyo incumplimiento alegó la autoridad judicial demandada. De cumplirse, se abordará el estudio de fondo, con el fin de establecer si se vulneraron o no los derechos fundamentales invocados por la sociedad demandante, respecto de la sentencia dictada el 10 de noviembre de 2022,Radicación: 11001-03-15-000-2023-02017-00

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5 proferida por el Consejo de Estado, Sección Cuarta, en el expediente con radicado 47001-23-33-000-2019-00751-01 (26751).

2. Análisis del caso

3.1. Requisitos generales de procedibilidad

3.1.1. De la inmediatez: la tutela cumple con el requisito de inmediatez, toda vez que la sentencia de segunda instancia fue proferida el 10 de noviembre de 2022, mientras que la solicitud de amparo se presentó el 21 de abril de 2023, esto es, dentro de los seis meses siguientes a la expedición de la decisión. Este término resulta razonable , sin que sea necesario valorar la fecha de n otificación de la providencia.

3.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

resulta razonable , sin que sea necesario valorar la fecha de n otificación de la providencia.

3.1.2. La providencia cuestionada no fue proferida en un proceso de tutela.

3.1.3. Del agotamiento de los mecanismos de defensa judicial: la Sala estima que este requisito está acreditado porque se agotaron los recursos disponib les en el proceso ordinario , pues, precisamente , se discute la sentencia de segunda instancia contra la cual, a partir de los argumentos expuestos en la tutela, tampoco procede ningún recurso extraordinario.

3.1.4 De la relevancia constitucional.

En sentencia del 5 de agosto de 2014 2, la Sala Plena de esta Corporación señaló que el requisito de la relevancia constitucional tiene como finalidad (i) proteger la autonomía e independencia judicial y (ii) evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos q ue le corresponde resolver a otras jurisdicciones. De ahí que, para determinar si una solicitud de amparo de tutela tiene o no relevancia constitucional, es necesario examinar dos elementos.

El primero de ellos consiste en que el actor cumpla su carga arg umentativa, esto es, que justifique suficientemente la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta que para ello «[n]o basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales».

2 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02017-00

Demandante: Drummond LTD

2 Expediente número: 11001-03-15-000-2012-02201-01 (IJ), M.P. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02017-00

Demandante: Drummond LTD Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Sentencia de tutela de primera instancia

6 El segundo hace referencia a que la acción de tutela no se erija en una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue proferida la providencia acusada, toda vez que este mecanism o fue creado para proteger derechos fundamentales y no para que las partes de un proceso judicial ventilen sus discrepancias con las providencias que allí se dicten.

Esta tesis se ajusta a la jurisprudencia 3 reiterada de la Corte Constitucional que, de manera consistente y consolidada, expresa que la acción de tutela no puede convertirse en una instancia adicional a los procesos ordinarios, ni en el escenario para discutir aspectos de mera legalidad, de índole patrimonial o la interpretación propia de los jueces naturales.

De suerte que, si la demanda de tutela no cumple con las condiciones señaladas, el asunto carece de relevancia constitucional ; presupuesto que resulta más estricto cuando recae sobre una providencia judicial dictada por un órgano de cierre, en atención a su función en la definición e interpretación del derecho, y el valor que la jurisprudencia y el ordenamiento jurídico le otorgan a su contenido.

• Análisis de la relevancia constitucional en el caso concreto

La Sala advierte que la solic itud de amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional , pues los argumentos propuestos en la tutela tienen como propósito convertir la acción de tutela en instancia adicional del proceso

La Sala advierte que la solic itud de amparo no cumple con el requisito de relevancia constitucional , pues los argumentos propuestos en la tutela tienen como propósito convertir la acción de tutela en instancia adicional del proceso ordinario, como también lo reprochó la autoridad judicial accionada.

De la simple comparación entre las razones esgrimidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho (demanda, alegatos de conclusión y recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia ) y los argumentos propuestos en la solicitud de tutela, es claro que la sociedad demandante pretende extender al escenario constitucional el debate jurídico que ya fue decidido por los jueces de instancia dentro del respectivo medio de control , para insistir en una discusión que no ofrece elementos constitucionales que justifiquen la intervención del juez de tutela, para determinar el acierto o no de una decisión dictada por un órgano de cierre.

3 Sentencias SU-128 de 2021, T-131 de 2021, SU-103 de 2022 y SU-215 de 2022.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02017-00

Demandante: Drummond LTD Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Sentencia de tutela de primera instancia

7 En principio, podría decirse que la demanda de tutela cumple con suficiencia el requisito de carga argumentativa, porque a pesar de que no se califican los defectos, sí se enuncian razones a partir de los cuales se atribuye la vulneración de derechos fundamentales (extralimitación de la competencia del Consejo de Estado, desconocimiento del principio de carga dinámica de la prueba y la inversión de la prueba cuando se trata de afirmaciones y negaciones indefinidas) y

de derechos fundamentales (extralimitación de la competencia del Consejo de Estado, desconocimiento del principio de carga dinámica de la prueba y la inversión de la prueba cuando se trata de afirmaciones y negaciones indefinidas) y que objetivamente podrían corresponder a ciertas causales específicas como los defectos sustantivo y fáctico; sin embarg o, los reparos se edifica n en clave de instancia adicional al proceso contencioso administrativo, por el desacuerdo con la interpretación de la s autoridades judiciales y, c omo se sabe, el papel del juez constitucional no es hacer las veces de superior funcional de los jueces ordinarios, ni realizar juicios de corrección4 de las decisiones judiciales proferidas por estos.

Téngase en cuenta que el juez natural es una garantía del debido proceso que dimana del artículo 29 constitucional, cuando este se refie re al derecho de ser juzgado «ante juez o tribunal competente ». Ello es así, porque la Constitución preserva la labor de cada autoridad u organismo estatal, para evitar que otras usurpen o asuman funciones que no les han sido encomendadas o que corresponden a otra entidad.

La ley, en desarrollo de la Carta Política , prevé un proceso y unas autoridades para dirimir determinadas controversias judiciales, por ende, no podría una autoridad que no esté investida de competencia resolver litigios que no le han sido asignados. El juez constitucional no es un juez de lo contencioso administrativo , ni de determinación de la correcta identificación del sujeto pasivo o de la tarifa de un gravamen tributario , razón por cual no tiene el papel de definir, salvo casos excepcionalísimos, la juridicidad de un acto administrativo o de los elementos de

de determinación de la correcta identificación del sujeto pasivo o de la tarifa de un gravamen tributario , razón por cual no tiene el papel de definir, salvo casos excepcionalísimos, la juridicidad de un acto administrativo o de los elementos de un tributo: cualquier intención dirigida a ese fin debe ser contenida. De lo contrario, la justicia constitucional se antepondría a los principios del juez natural , independencia y autonomía judiciales.

Puestas así las cosas, resulta evidente que e n el escenario que propone la parte actora, la Sala tendría que examinar nueva mente la tes is de la demanda , el alcance de la sentencia de primera instancia y, especialmente, los motivo s de reparo contenidos en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena, al igual que la decisión de

4 En tal sentido, puede consultarse la sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02017-00

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8 la Sección Cuarta del Consejo de Estado, aun cuando el debate se clausuró por los jueces de instancia con argumentos razonables que se acompasan a la controversia judicial que les fue planteada.

Nótese que las pretensiones formuladas en el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho se dirigían a (i) que se declarara la nulidad d e la liquidación oficial mediante la cual el Municipio de Ciénaga estableció que la demandante debía asumir el valor del impuesto de alumbrado p úblico de los

restablecimiento del derecho se dirigían a (i) que se declarara la nulidad d e la liquidación oficial mediante la cual el Municipio de Ciénaga estableció que la demandante debía asumir el valor del impuesto de alumbrado p úblico de los meses de julio y agosto de 2018 , y de la Resolución del 30 de julio de 2019, en la que se decidió el recurso de reconsideración, (ii) que, como consecuencia, se declarara que la demandante no era responsable de dicho impuesto y se ordenara al ente territorial abstenerse de cobrar el tributo.

Para sustentar las pretensiones de la demanda ordinaria la parte actora se centró en que no era sujeto pasivo del impuesto porque sus inmuebles no se beneficiaban del servicio público de alumbrado público, que la definición del tributo del ente territorial no se acompasaba a la modificación que introdujo la Ley 18 19 de 2016, ni se contó con un estudio técnico para estimar la proporcionalidad y razonabilidad de las tarifas.

El Tribunal Administrativo de Magdalena, en la sentencia de primera instancia , se pronunció sobre los cargos que atacaban la juridicidad de los actos demandados, así:

• Para interpretarse el hecho generador basta con ser usuario potencial del servicio público , esto es, es suficiente que el destinatario resida, tenga domicilio o al menos un esta blecimiento físico en la jurisdicción del municipio respectivo. • Tratándose de empresas dedicadas a la exploración, explotación, suministro y transporte de recursos naturales no renovables, serán sujetos pasivos del impuesto, siempre que tengan actividad o instalación en el municipio, o un establecimiento fís ico en dicho territor io, pues por ese

suministro y transporte de recursos naturales no renovables, serán sujetos pasivos del impuesto, siempre que tengan actividad o instalación en el municipio, o un establecimiento fís ico en dicho territor io, pues por ese hecho son potenciales beneficiarios del servicio público. • La sociedad Drummond, al ser propietaria de varios inmuebles ubicados en el munic ipio de Ciénaga, es sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público, dado que que se beneficia de manera potencial del servicio público.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02017-00

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9 • Pese a que la demandante alega que no se debe aplicar el precedente judicial de 2019, en sentencia del 17 de septiembre de 2020 , el Consejo de Estado reiteró la tesis de la sentencia de unificación , para mantener su aplicación respecto de liquidaciones posteriores a la vigencia de la Ley 1819 de 2016. • La ausencia de un estudio técnico no impedía al municipio f ijar los elementos del tributo, puesto que aquél no tiene la virtud de «socavar las facultades impositivas», sino de evitar cobros excesivos que debían ser acreditados por la demandante.

Dichas conclusiones tuvieron como sustento la sentencia de unificación del 6 de noviembre de 2019 y la s providencias del 29 abril de 2020, expediente (24589) y del 17 de septiembre de 2020 (25022), proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

La sociedad demandante apeló la sentencia de primera instancia , por considerar que:

del 17 de septiembre de 2020 (25022), proferidas por la Sección Cuarta del Consejo de Estado.

La sociedad demandante apeló la sentencia de primera instancia , por considerar que:

• La sentencia de unificación no consideró el cambi o legislativo adoptado en la Ley 1819 de 201 9 y la proferida con posterioridad no discutió la importancia de ese hecho. • En todo caso, en aplicación de la sentencia de unificación el sujeto pasivo del impuesto requiere de un establecimiento físico en la jurisdicción del municipio, y la demandante no cumplía esa condición por la sola existencia de activos en el municipio, dado no se trató de un establecimiento, pues el único que tienen la sociedad se encuentra en Bogotá. • La demandante no se beneficia directamente del servicio de alumb rado público, y la norma del impuesto no se refiere a ser beneficiario potencial. • Sí se probó que la tarifa del impuesto no es proporcional ni razonable, ni existe estudio técnico de referencia para su fijación • El Municipio de Ciénega es el que debe probar que las tarifas son proporcionales y que se fijaron conforme a un estudio técnico de referencia, porque se discutían afirmaciones y negaciones indefinidas hechas por de la parte demandante.

Para desatar la alzada, la Sección Cuarta del Consejo de Estado dijo que, a partir de los argumentos de la apelación, debía resolver los siguientes aspectos:Radicación: 11001-03-15-000-2023-02017-00

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10 [S]i en el asunto sub lite son aplicables las reglas de unificación jurisprudencial

Demandante: Drummond LTD Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Sentencia de tutela de primera instancia

10 [S]i en el asunto sub lite son aplicables las reglas de unificación jurisprudencial de la sentencia nro. 2019-CE-SUJ-4-009 de 2019, del 06 de noviembre de 2019 (exp. 23103, CP: Milton Chaves García), y por consiguiente si se puede juzgar, con base en ellas, la realización del hecho generador del impuesto de alumbrado público y la sujeción pasiva de la actora durante los períodos debatidos. De ser así, se determinar á si la tarifa aplicada en los actos censurados atiende a criterios de proporcionalidad y razonabilidad.

Para tal efecto, la providencia cuestionada sostuvo —se extraen los argumentos que interesan para esta decisión—:

• El precedente censurado por la apelante tiene como finalidad zanjar las diferencias existentes entre las diferentes interpretaciones del hecho generador del impuesto de alumbrado público con el objetivo de garantizar la igualdad y la seguridad jurídica en las sucesivas decisiones judiciales , precisión que es extensible a la definición del hecho generador del artículo 349 ibidem, pues el beneficio por la prestación del servicio de alumbrado público no solo comprende su disfrute particular, sino también el provecho colectivo, de suerte que tod os los sujetos que residan, tengan domicilio o, al menos, un establecimiento físico en determinada jurisdicción municipal, están obligados a contribuir para garantizar la prestación de un servicio del que se benefician todos en común.

• Como lo precisó esta Sección en la sentencia de unificación anteriormente referenciada, para que surja la calidad de sujeto pasivo del impuesto basta con

un servicio del que se benefician todos en común.

• Como lo precisó esta Sección en la sentencia de unificación anteriormente referenciada, para que surja la calidad de sujeto pasivo del impuesto basta con que el beneficio del servicio de alumbrado público sea potencial, sin que para el efecto sea exigible que el contribuyente «reciba de forma permanente el servicio de alumbrado público, pues este es un servicio en constante proceso de expansión».

• Dado que en el sub lite está probado y no se discute que la demandante cuenta con inmuebles en la jurisdicción del municipio demand ado, están dadas las condiciones jurídicas y fácticas necesarias para que se le pueda atribuir la calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público en el municipio de Ciénaga, durante los períodos en cuestión.

• Tanto los medios de prueba aportados por la actora, así como la explicación técnica que procuró presentar para cuestionar la proporcionalidad de la tarifa del impuesto debatido, carecen de idoneidad para soportar la tesis sobre la falta de razonabilidad en la tarifa del impuesto cuestionado, pues en ellos no se precisan los costos, recaudo e inversión sobre el servicio de alumbrado público de los períodos debatidos (i.e. junio y agosto del año 2018). Además, con base en dichas pruebas, la actora afirma que el recaudo pretendido es inferior al costo de prestación del servicio, lo que confirma la tesis que pretende refutar, esto es, la proporcionalidad y razonabilidad de la tarifa del impuesto de alumbrado público.

Bajo ese entendimiento, para esta Subsección es incuestionable que los

prestación del servicio, lo que confirma la tesis que pretende refutar, esto es, la proporcionalidad y razonabilidad de la tarifa del impuesto de alumbrado público.

Bajo ese entendimiento, para esta Subsección es incuestionable que los argumentos de la demanda y los reparos de la apelación sobre (i) la calidad de sujeto pasivo del impuesto de alumbrado público , (ii) la aplicación de la sentencia de unificación a pesar aun con la modificación de la Ley 1819 de 2016 y (iii) la proporcionalidad y razonabilidad de las tarifas se resolvieron íntegramente por los jueces de la causa , y ahora se reproducen en la tutela bajo la premisa de que se vulneraron los derechos fundamentales, sin exponer razones de orden constitucional que den cuenta de la fundamentación de su procedencia.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02017-00

Demandante: Drummond LTD Demandado: Consejo de Estado, Sección Cuarta Sentencia de tutela de primera instancia

11 Sin duda, estamos frente a un debate de la interpretación legal respecto de los efectos de un tributo, d e ahí que los reparos señalados en la demanda no puedan ser escrutados nuevamente por el juez constitucional , con mayor razón si no se exponen verdaderos elementos de orden constitucional para develar los yerros en el ejercicio de la función jurisdiccional por parte de un órgano de cierre , al que precisamente le corresponde definir el alcance y la interpretación de las reglas sustanciales y procesales que rigen los asuntos asignados a su competencia , en este caso, en materia impositiva.

Los argumentos que cimentaron la demanda y el recurso de apelación son los

sustanciales y procesales que rigen los asuntos asignados a su competencia , en este caso, en materia impositiva.

Los argumentos que cimentaron la demanda y el recurso de apelación son los mismos que soportan las pretensiones de la acción de tutela, c ual si se tratara de una tercera instancia o instancia adicional a las que se surtieron de conformidad con el procedimiento previsto por el legislador.

Además, como pudo verse, la Sección Cuarta del Consejo de Estado se ocupó de su estudio: en primer lugar, determinó que la sentencia de unificación del 2019 sí era aplicable, pues a pesar de que la modificación legislativa de 2016 no fue incluida en ese estudio, la definición de hecho gravable d el artículo 349 de la Ley 1819 de 2019 era un « aspecto material del he cho generador [que] se encuentra cobijado por el marco jurídico desarrollado por la sentencia de unificación». Esa tarea responde al ejercicio legítimo y propio de dicha autoridad judicial, dado que se trata del mismo órgano de cierre que dictó la sentenci a de unificación, el que, por demás, tiene plena competencia para interpretar y fijar el alcance las disposiciones normativas y resolver los litigios en materia tributaria.

La providencia cuestionada, luego de estudiar las disposiciones normativas de orden nacional y local sobre el impuesto de alumbrado público y el alcance que sobre