CE - 010315000202302044001SENTENCIAFALLOTUTE20230606094557

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, veintiséis (26) de mayo de dos mil veintitrés (2023)

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ Expediente: 11001-03-15-000-2023-02044-00

Demandante: ADELFINA LAVERDE FLÓREZ Y OTROS

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE

Medio de control: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA

JUDICIAL PROFERIDA EN PROCESO DE

REPARACIÓN DIRECTA. SE DECLARA LA

IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA POR

FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL EN

RELACIÓN CON EL DEFECTO PROCEDIMENTAL

ABSOLUTO Y SE NIEGA EN CUANTO AL DEFECTO

FÁCTICO.

Síntesis del caso: la parte actora cuestionó la providencia que en segunda instancia resolvió una demanda de reparación directa y negó las pretensiones. Los demandantes invocaron la configuración de un defecto procedimental absoluto respecto del cual la Sala encontró que no se superó el requisito de relevancia constitucional por plantearse una discusión ya zanjada por el juez natural de la causa y también alegaron un defecto fáctico que se analiza de fondo y se niega por evidenciar que la autoridad demandada sí valoró todas las pruebas que fueron aportadas en el proceso de reparación directa.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentad o por Adelfina

de fondo y se niega por evidenciar que la autoridad demandada sí valoró todas las pruebas que fueron aportadas en el proceso de reparación directa.

La Sala procede a decidir el proceso de acción de tutela presentad o por Adelfina Laverde Flórez y otros1, en contra del Tribunal Administrativo de Casanare para la protección de su s derechos fundamentales de la igualdad, debido proceso, reparación integral y acceso a la administración de justicia, consagrados en los artículos 13, 29, 90 y 229 de la Constitución Política.

I. ANTECEDENTES

1. Los hechos de la demanda.

1 Hernando Goyeneche, Ruby Abril Laverde, María Marleny Laverde Flórez, Luis Alfredo Laverde Flórez, Angélica Fernanda Goyeneche, Sonia Carolina Goyeneche, Aura Lina Laverde, Francelina Laverde, Edilma Laverde, Blanca Cecilia Flórez y Danilo Cáceres Laverde.2

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00

Actores: Adelfina Laverde Flórez y otros Acción de tutela

Mediante escrito radicado el 24 de abril de 2023, los actores promovieron proceso de acción de tutela en contra de la sentencia proferida el 20 de octubre de 2022 por el Tribunal Administrativo de Casanare, con el fin de que se protegieran los derechos constitucionales fundamentales antes referidos, por cuanto, a su juicio, incurrió en los defectos fáctico y procedimental absoluto.

Como fundamento fáctico de la acción ejercida los demandantes señalaron, en síntesis, lo siguiente:

los defectos fáctico y procedimental absoluto.

Como fundamento fáctico de la acción ejercida los demandantes señalaron, en síntesis, lo siguiente:

1. El 17 de diciembre de 2006, William Goyeneche Laverde se encontraba en su lugar de habitación cuando fue abordado por tres personas que lo convencieron de salir de su residencia de manera voluntaria.

1. Desde esa fecha, el grupo familiar no tuvo noticias de él hasta el 15 de noviembre de 2013, fecha en que la señora Adelfina Laverde Flórez fue citada al Juzgado 13 de Instrucción Penal Militar de Yopal para ser notificada del proceso no. 046 en el que se concluyó, por causa de la investigación que adelantó la Fiscalía 36 de la Unidad de Desaparición y Desplazamiento Forzado de Santa Rosa de Viterbo, que el señor William Goyeneche Laverde fue identificado con una prueba necrodactilar y que fue asesinado el 18 de diciembre de 2006 por hechos relacionados con actividades que adelantó el Ejército Nacional en el municipio de Recetor (Casanare).

1. El 9 de septiembre de 2014, los actores presentaron una demanda de reparación directa en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional - Ejército Nacional

(en adelante Ejército Nacional) con ocasión de la desaparición forzada de l señor William Goyeneche Laverde por parte de personal de la fuerza pública.

1. El 3 de diciembre de 2020, el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal profirió sentencia de primera instancia en la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, entre ellas el reconocimiento de los

1. El 3 de diciembre de 2020, el Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judicial de Yopal profirió sentencia de primera instancia en la cual accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, entre ellas el reconocimiento de los perjuicios morales y materiales reclamados, así como al daño inmaterial por afectación relevante a bienes o dere chos convencional y constitucionalmente amparados.

1. Esa autoridad judicial afirmó que el 17 de diciembre de 2006, el Ejército Nacional desplegó un operativo militar en el marco de la misión táctica antiextorsión “Enigma” y que se presentó un enfrentamiento armado en el que resultó abatido un presunto3

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00

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miembro del Frente 28 de las FARC, posteriormente identificado como William Goyeneche Laverde.

1. Sin embargo, concluyó que en ese procedimiento militar se presentaron una serie de irregularidades e incongruencias que desvirtuaron la existencia de un verdadero combate, y que la persona fallecida fue la misma apre hendida por el Ejército Nacional 12 horas antes del supuesto enfrentamiento, en el municipio de Aguazul

(Casanare).

1. Los militares del escuadrón afirmaron de manera uniforme que fueron atacados por subversivos y que como resultado de su respuesta defensiva se presentó el fallecimiento del señor Goyeneche.

1. Sin embargo, p ara el juzgado esas declaraciones distaron d e la realidad, en particular por lo relatado por el Soldado Santos Miguel García Comayán, quien en

fallecimiento del señor Goyeneche.

1. Sin embargo, p ara el juzgado esas declaraciones distaron d e la realidad, en particular por lo relatado por el Soldado Santos Miguel García Comayán, quien en el curso del proceso penal relató que la víctima no fue ultimad a en acciones defensivas, sino que horas antes del supuesto combate le fue presentado a él como informante del Ejército Nacional y, además, reconoció que la declaración que dio al “juez militar” en la que respaldaba la versión del enfrentamiento fue falsa y obedeció a una intimidación por parte del hoy fallecido Teniente Franco Silva Xavier.

1. La autoridad judicial concluyó, a partir de las pruebas testimoniales, que la operación Enigma constituyó lo que denominó una “invención criminal” para revestir de legalidad actos atroces e inhumanos en contra de miembros de la población civil que no tenían vínculos con grupos armados y que fueron asesinados para obtener el reconocimiento de beneficios personales , hechos constitutivos de una falla del servicio.

1. Los actores apelaron esa decisión con fundamento en que debieron serles reconocidos los montos máximos por concepto de los perjuicios reclamados y, además, que ese reconocimiento debió hacerse en favor de la totalidad de miembros del grupo familiar, sin exclusiones.

1. Asimismo, solicitaron que para el lucro cesante se apli caran las fórmulas jurisprudenciales correspondientes y que para el daño emergente se conden ara in genere por los gastos en que incurrieron en la búsqueda de su familiar desaparecido, p ues no les habían sido entregados los restos del señor William4

jurisprudenciales correspondientes y que para el daño emergente se conden ara in genere por los gastos en que incurrieron en la búsqueda de su familiar desaparecido, p ues no les habían sido entregados los restos del señor William4

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00

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Goyeneche, por lo que pidieron que las condenas fueran mejoradas en segunda instancia por tratarse de un delito de lesa humanidad.

1. El Ejército Nacional también apeló la sentencia y pidió que se declar ara la caducidad del medio de control de acuerdo con las reglas ju risprudenciales definidas en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020 proferida por la Sección Tercera de esta Corporación, al tiempo que insistió en que no exist ieron pruebas que acreditaran la falla del servicio.

1. El 12 de agosto de 2021, el Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia de segunda instancia en la declaró probada la excepción de caducidad de la acción.

1. La autoridad judicial consideró que no se trató de un caso relacionado con el delito de desaparición forzada porque no se presentó el elemento de ocultamiento propio de ese tipo penal, en atención a que la víctima salió de su casa de manera voluntaria y murió en un combate sostenido con miembros del Ejército Nacional quienes el mismo día dieron aviso de lo sucedido a la Fiscalía y la Policía Judicial.

1. El tribunal denotó que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses hizo la

quienes el mismo día dieron aviso de lo sucedido a la Fiscalía y la Policía Judicial.

1. El tribunal denotó que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses hizo la necropsia y que el fallecido fue identificado el 29 de junio de 2007 para luego ser exhumado el 10 de octubre de 2011 con el fin de que sus familiares lo reclamaran.

1. Por lo anterior, la regla aplicable en el caso concreto fue la definida por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación de 29 de enero de 2020, según la cual el té rmino de 2 años previsto en el artículo 164 del CPACA se contabiliza a partir del día siguiente al de la ocurrencia de la acción u omisión causante del daño o desde la fecha en que se tiene conocimiento del mismo.

1. Concluyó que el cadáver fue plenamente identificado por el Instituto de Medicina Legal el 29 de junio de 2007 y que en el proceso penal que se adelantó con base en la denuncia presentada por la señora Adelfina Laverde obraba el Oficio no. S2011-8314 SIJIN-GIVDI38.10 de 10 de octubre de 2011, en el cual un investigador de la SIJIN certificó que William Goyeneche fue presentado como una baja en combate por miembros del Batallón de Infantería no. 44 del Ejército Nacional.5

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00

Actores: Adelfina Laverde Flórez y otros Acción de tutela

1. Con fundamento en ese documento , consideró que desde entonces los demandantes conocían las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió

Actores: Adelfina Laverde Flórez y otros Acción de tutela

1. Con fundamento en ese documento , consideró que desde entonces los demandantes conocían las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrió la muerte de William Goyeneche, por lo que el “el libelo debió radicarse a más tardar el 10 de octubre de 2013.”.

1. Los actores presentaron un proceso de acción de tutela para controvertir lo decidido por el tribunal por considerar que esa decisión vulneró sus derechos constitucionales fundamentales.

1. La Subsección C de la Sección Tercera del Consejo de Estado profirió sentencia de tutela de primera instancia el 8 de abril de 2022 en la que declaró improcedente el amparo constitucional respecto de los defectos fáctico y sustantivo , por incumplimiento del requisito de relevancia constitucional y negó la configuración de los defectos sustantivo por desconocimiento del precedente judicial y violación directa de la Constitución porque la decisión se sustentó en un fallo de unificación y las providencias invocadas como desconocidas tuvieron efectos inter partes, por lo que no fueron precedente judicial vinculante.

1. Los demandantes presentaron impugnación en contra del fallo y la Sección Primera del Consejo de Estado con providencia de 25 de agosto de 20222 la revocó y dejó sin efectos la sentenc ia de 12 de agosto de 2021 proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y ordenó a esa autoridad que profiriera un nuevo fallo.

1. En los fundamentos de esa decisión concluyó que el tribunal desconoció la subregla contenida en la sentencia de uni ficación de 29 de enero de 2020 y en la

1. En los fundamentos de esa decisión concluyó que el tribunal desconoció la subregla contenida en la sentencia de uni ficación de 29 de enero de 2020 y en la SU-312 de 13 de agosto de 20203 e incurrió en un defecto fáctico porque tomó como fecha inicial para el conteo del término de caducidad la del oficio de 10 de octubre de 2011 proferido por la SIJIN, con lo que omitió que no existió prueba de que ese documento fue ra dado a conocer a los actores, porque su destinatario fue exclusivamente la fiscal del caso, sin que se constatara que los actores accedieron al mismo durante el trámite de la investigación penal.

2 Consejo de Estado, Sección Primera, Rad. 11001-03-15-000-2022-01194-01, MP Roberto Augusto Serrato Valdés. 3 Corte Constitucional, sentencia SU-312 de 13 de agosto de 2020. (...) “TERMINO DE CADUCIDAD DE LA ACCION DE REPARACION DIRECTA FRENTE A DELITOS DE LESA HUMANIDAD, GENOCIDIO Y CRIMENES DE GUERRA POR PARTE DE AGENTES DEL ESTADOJurisprudencia del Consejo de Estado.”, MP. Luis Guillermo Guerrero Pérez.6

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00

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1. El juez de tutela concluyó que el referido oficio de la SIJIN tuvo como propósito ayudar a la señora Adelfina Laverde Flórez a diligenciar el formato nacional para búsqueda de personas desaparecidas, no así para certificar el fallecimiento del

ayudar a la señora Adelfina Laverde Flórez a diligenciar el formato nacional para búsqueda de personas desaparecidas, no así para certificar el fallecimiento del señor William Goyeneche y la participación de agentes del Estado en ese hecho.

1. La única prueba a partir de la cual se podría inferir una fecha probable a partir de la cual los demandantes tuvieron conocimiento sobre la participación de agentes del Estado en la desapar ición y muerte de su familiar fue la copia del acta de declaración de la señora Adelfina Laverde Flórez, realizada el 15 de noviembre de 2013 ante el Juzgado Trece de Instrucción Penal Militar de Yopal , en la que esa autoridad puso de presente a la actora los hechos que rodearon a la muerte de su familiar.

1. Por último, la autoridad judicial afirmó que el tribunal también violó el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (protección judicial).

1. Según se afirmó en la demanda, el 26 de agosto de 2022 (un día después de proferida la sentencia de tutela de segunda instancia), los demandantes allegaron al proceso de acción de tutela una copia del auto proferido el 14 de julio de 2022 por parte de la Sala de Reconocimiento de Verdad, d e Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas de la Jurisdicción Especial para la Paz

(Auto Sub D – Subcaso Casanare 055) en el que esa autoridad judicial determinó los hechos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate atribuibles a algunos miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional, y los calificó jurídicamente como homicidios y desapariciones.

los hechos de muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate atribuibles a algunos miembros de la Brigada XVI del Ejército Nacional, y los calificó jurídicamente como homicidios y desapariciones.

1. En el expediente obra copia del referido auto que para el caso concreto del señor

William Goyeneche Laverde resolvió lo siguiente:

151. Las cifras presentadas anteriormente no son solo números. Ayudan a dimensionar los cambios que el fenómeno presentó, de acuerdo con lo analizado por esta Sala. Sin embargo, las víctimas eran padres, hijos, hermanos, que perdieron la vida a manos de los miembros de esta organización criminal. Esta providencia describe las circunstancias en las que se presentaron los asesinatos, y en algunos casos, las desapariciones, así como otros hechos de violencia, de (...) William

Goyeneche Laverde (...)

402. De acuerdo con lo encontrado por esta Sala, entre marzo de 2006 y diciembre de 2007, 102 hombres, uno de estos con OSIEGD1090, y una7

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mujer fueron ejecutados en los 76 hechos bajo esta modalidad. [Se trata de (...) (98) William Goyeneche Laverde (...)

De esta manera, la Sala de Reconocimiento llama al señor Henry Hernán Acosta Pardo a reconocer responsabilidad en calidad de autor mediato en el AOP instalado en el Birno por las siguientes razones:

863. Acosta Pardo es responsable por haber fortalec ido y robustecido la suborganización criminal instalada en el Birno, que aumentó

Acosta Pardo a reconocer responsabilidad en calidad de autor mediato en el AOP instalado en el Birno por las siguientes razones:

863. Acosta Pardo es responsable por haber fortalec ido y robustecido la suborganización criminal instalada en el Birno, que aumentó significativamente las muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate presentadas como resultados operacionales. Durante la comandancia de Germán León Durán, alreded or de 66% de las muertes reportadas como bajas en combate fueron ilegítimas (párr. 823). Estas cifras aumentaron radicalmente con la llegada de Acosta Pardo.

Como se afirmó previamente, durante el periodo de su comandancia, se presentaron 55 resultados con 74 víctimas [Las víctimas identificadas son: 1) William Goyeneche Laverde (...)] (...)

1089. Esta Sala, conforme al ejercicio de contrastación que ha venido adelantando, cuenta con bases suficientes para entender que el señor Marcolino Puerto Jiménez, e n ejercicio de su posición jerárquica dentro de la unidad militar, contribuyó de manera esencial a la planeación, ejecución y encubrimiento de asesinatos presentados como bajas en combate por miembros del Birno. Durante su vinculación, dicho Batallón presentó 55 hechos, en los que se produjeron 73 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate, de las cuales 30 fueron durante la comandancia de León Durán y 43 en la de Acosta Pardo [Se trata de los homicidios de William Goyeneche Laverde (...)]. De l total 23 fueron presentadas como NN.

"(...) Primero. – MODIFICAR la denominación del Subcaso Casanare del

homicidios de William Goyeneche Laverde (...)]. De l total 23 fueron presentadas como NN.

"(...) Primero. – MODIFICAR la denominación del Subcaso Casanare del Caso 03 de acuerdo con los hechos determinados y la calificación jurídica definida por la Sala. En consecuencia, en adelante, [el] Subcaso Casanare del Caso 03 se denominará “Asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado” de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de esta providencia.

Segundo. – DETERMINAR los hechos y conductas del Caso 03 de asesinatos presentados como bajas en combate de (...) William Goyeneche Laverde (...) Lo anterior, en los términos expuestos en la parte motiva de esta providencia, especialmente, las secciones C y D de esta providencia, así como en la individualización presentada en la sección E. En consecuencia, llamará a reconocer responsabilidad a las siguientes personas, en los siguientes términos: (...)”.

1. En cumplimiento del fallo de tutela de la Secció n Primera del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo de Casanare profirió sentencia de reemplazo el 20 de octubre de 2022, notificada el 24 del mismo mes y año, en la que revocó el fallo del Juzgado Administrativo de Descongestión del Circuito Judic ial de Yopal y, en su lugar, negó las pretensiones de la demanda.8

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00

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1. Entre las consideraciones de la providencia y previo a resolver el caso concreto,

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Actores: Adelfina Laverde Flórez y otros Acción de tutela

1. Entre las consideraciones de la providencia y previo a resolver el caso concreto, la demandada señaló que con posterioridad al fallo de tutela de 25 de agosto de 2022 y con miras a obte ner mayores elementos de juicio, por auto del 12 de septiembre de 2022 solicitó a la Fiscalía 121 de la Unidad de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de Villavicencio – Meta, la copia íntegra y legible del proceso penal militar no. 10067 (046 JPM) que cursa por la muerte de William Goyeneche Laverde, la cual incorporó al proceso ordinario.

1. En la providencia judicial cuestionada se anotó que mediante auto OPV-130 de 8 de abril de 2022, la JEP ordenó la inspección judicial del expedient e penal tramitado por ocasión del fallecimiento del señor Goyeneche Laverde y de él destacó que, para entonces, se encontraba en etapa de instrucción.

1. La autoridad judicial hizo una valoración de las pruebas obrantes en el proceso ordinario y afirmó que el juzgado de primera instancia apoyó su decisión únicamente

en la indagatoria que rindió el soldado Santos Miguel García (párr. no. 8) y afirmó que, “[p]ese a que se solicitó el proceso penal actualizado esperando que para la fecha de emisión de esta sentencia se hubiera definido por la justicia penal si los hechos en que resultó muerto William Goyeneche Laverde se trataron de un combate simulado o de una verdadera operación m ilitar con una baja en combate,

fecha de emisión de esta sentencia se hubiera definido por la justicia penal si los hechos en que resultó muerto William Goyeneche Laverde se trataron de un combate simulado o de una verdadera operación m ilitar con una baja en combate, se establece que ello no ha ocurrido, si se tiene en cuenta que en la providencia de la JEP del 8 de abril de 2022, que es la última en la que se hace mención al asunto, se indica que el proceso está en etapa de instrucción.”.

1. A partir de las pruebas practicadas en el proceso penal, la demandada afirmó que existieron por lo menos 4 declaraciones dadas por el soldado Santos Miguel García, en las que, en dos de ellas afirmó que se presentó un combate en el que resultó muerto William Goyeneche, mientras que en las otras dos negó la existencia de esa operación militar, de modo que era imposible saber cuál versión era cierta y ninguna resultó creíble a la luz de las reglas de la sana crítica.

1. Si bien los testimonios dieron cuenta de la existencia de un supuesto informante del Ejército Nacional, no existió prueba de que el mismo fuera la víctima.

1. Aunque se acreditó que William Goyeneche falleció el 17 de diciembre de 2006 en desarrollo de la misión Enigma, no hay prueba que acredite que se trató de un9

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falso positivo y tampoco se probó que ese día llegaron 3 hombres en moto a la casa en la que residía como se señaló en la demanda.

1. Contrario sensu, todas las demás personas que participa ron en esa operación

falso positivo y tampoco se probó que ese día llegaron 3 hombres en moto a la casa en la que residía como se señaló en la demanda.

1. Contrario sensu, todas las demás personas que participa ron en esa operación manifestaron que se trató de un combate legítimo y así lo corroboró el informe de esa operación por lo que existe un documento público que no fue desvirtuado mediante un incidente de tacha de falsedad u otras pruebas fehacientes, de ahí que constituyó plena prueba.

2. Los fundamentos de la vulneración.

La parte actora dirigió sus razones de reproche en contra de la providencia de reemplazo proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare y afirmó que esa autoridad incurrió en los defectos fáctico y procedimental absoluto por las siguientes razones:

La autoridad judicial demandada afirmó que no se acreditó la falla en el servicio, lo que denota que no tuvo en cuenta el auto de 14 de julio de 2022, proferido por la JEP (ver párr. 25) que se remitió como anexo de los “alegatos en segunda instancia de tutela al Consejo de Estado (...) que además tiene la calidad de hecho notorio con amplia divulgación nacional.”.

Esa providencia obraba “en el expediente” para el momento de expedició n de la sentencia de segunda instancia, por lo que era deber del tribunal decidir conforme a lo analizado por la JEP.

Adicionalmente, el tribunal demandado no tuvo en cuenta la petición subsidiaria que le fue planteada en las pretensiones de la demanda ordinaria, según la cual, el caso debía resolverse, en principio, con origen en un régimen subjetivo basado en la falla del servicio o de acuerdo con un régimen de responsabilidad objetiva con

le fue planteada en las pretensiones de la demanda ordinaria, según la cual, el caso debía resolverse, en principio, con origen en un régimen subjetivo basado en la falla del servicio o de acuerdo con un régimen de responsabilidad objetiva con fundamento en la teoría del riesgo excepcional por el uso de armas de fuego, según el cual únicamente era necesario acreditar la existencia del daño antijurídico y el nexo causal, elementos que fueron reconocidos por el Tribunal Administrativo de Casanare.

3. Pretensiones10

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00

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Con fundamento en lo anterior la parte demandante solicitó lo siguiente:

“(...) PRIMERA: (...) con efectos inter comunis o inter pares sean tutelados los derechos fundamentales (...) que les fueron vulnerados (...) por causa de la decisión judicial adoptada por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE contenida en su providencia de fecha 20 de octubre de 2022 (...)

SEGUNDA: Que, como consecuencia del amparo solicitado (...) se declare nula (...) la providencia de fecha 20 de octubre de 2022 (...)

TERCERA: Que (...) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CASANARE a tratar con debida diligencia el proceso de reparación directa con radicado 85001 -3333-001-2014-00264-01, dando prioridad para proferir de nuevo la correspondiente providencia de segunda instancia dentro de un tiempo perentorio de diez (10) días hábiles (...)”.

4. Actuación de primer grado

Con auto de 26 de abril de 202 3 se admitió la acción de tutela y se ordenó la

dentro de un tiempo perentorio de diez (10) días hábiles (...)”.

4. Actuación de primer grado

Con auto de 26 de abril de 202 3 se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación del presidente y magistrados integrantes del Tribunal Administrativo de Casanare y del Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Yopal , con el fin de que allegaran un informe sobre los hechos que motivaron el ejercicio de la acción. Además, se negó la solicitud de medida provisional presentada por la parte actora.

En la misma providencia se inadmitió la acción de tutela presentada por la señora María Belén Flórez y se otorgó un término de 3 días para que se allegara el respectivo poder de la persona mencionada y/o se explique la condición en la que actúa, so pena de que sea rechazada respecto de ella.

El apoderado de los demandantes no atendió esa solicitud razón por la cual en la parte resolutiva de esta providencia se dispondrá el rechazo de la acción de tutela presentada por la referida ciudadana.

5. Actuación de la autoridad judicial demandada.

El magistrado ponente del Tribunal Administrativo de Casanare afirmó que en la sentencia cuestionada quedaron plasmadas todas las consideraciones fácticas, jurídicas y jurisprudenciales que se tuvieron en cuenta para adoptar la decisión de fondo sin que exista algo que agregar o corregir a lo consignado en esa providencia.11

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00

Actores: Adelfina Laverde Flórez y otros Acción de tutela

En la sentencia cuestionada se analizaron todas las pruebas allegadas de forma

Expediente: No. 11001-03-15-000-2023-02044-00

Actores: Adelfina Laverde Flórez y otros Acción de tutela

En la sentencia cuestionada se analizaron todas las pruebas allegadas de forma regular y oportuna al proceso, dándoles mérito conforme a las reglas de la sana crítica y , si bien es cierto en algunos casos se decidió la responsabilidad extracontractual del Estado bajo la tesis de responsabilidad objetiva , ello ocurrió cuando se encontraron cumplidos los requisitos establecidos por la jurisprudencia para el efecto, y no como regla general, como lo afirman los demandantes.

El proceso de acción de tut ela propuso un debate de naturaleza legal que ya fue decidido por el juez natural de la causa y se pretende emplear a este mecanismo constitucional como una tercera instancia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo actuado , procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el siguiente derrotero: 1) finalidad de la acción de tutela y 2) el caso concreto.

1. Finalidad de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, disposiciones que regulan la acción de tutela, tal mecanismo se ejerce mediante un procedimiento preferente y sumario cuyo objeto es proteger de manera inmediata y eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender

eficaz los derechos constitucionales fundamentales amenazados o vulnerados por una acción u omisión de una autoridad pública o de un particular.

Sin embargo, este mecanismo no puede ser utilizado válidamente para pretender sustituir los recursos idóneos previstos por el legisl ador y tampoco para desplazar o variar los procedimientos de reclamo judicial preestablecidos o revivir términos precluidos o acciones caducadas.

De igual forma, dichas normas establecen la improcedencia de esta acción cuando exista otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable sobre uno o varios derechos fundamentales del demandante.12

Expediente: No. 11001-03-15