CE - 010315000202302072001SENTENCIA20230606105656

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., dos (02) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02072-00

Accionante: Lilia Ruth González Becerra Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío – Sala Tercera de Decisión Referencia: Acción de tutela

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Temas: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIAS JUDICIALES – Improcedencia / RELEVANCIA CONSTITUCIONAL - Instancia adicional – la parte actora pretende reabrir el debate probatorio al no estar de acuerdo con lo decidido por el juez natural

Surtido el trámite de ley1, sin que se advierta irregularidad o causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a dictar sentencia de primera instancia dentro de la solicitud de amparo constitucional formulada por Lilia Ruth González Becerra contra el Tribunal Administrativo del Quindío.

I. A N T E C E D E N T E S

A. Demanda y sus fundamentos

1.- El 25 de abril de 2023, Lilia Ruth González Becerra , a través de apoderado judicial, instauró demanda de tutela contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proce so, seguridad social, igualdad, acceso a la

judicial, instauró demanda de tutela contra la Sala Tercera de Decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proce so, seguridad social, igualdad, acceso a la administración de justicia y “situación más favorable al trabajador en caso d e duda en la aplicación e interpretación de las fuentes formales de derecho”2. Considera que tales prerrogativas fueron vulneradas por la autoridad judicial accionada al proferir la sentencia de 16 de marzo de 2023, al interior del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 3 que promovió la actora contra la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y el departamento del Quindío – Secretaría de Educación Departamental.

1 Cfr. Decreto 1983 de 2017 “ Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1., 2.2.3.1.2.4. y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 2 También invocó la protección de los principios de seguridad jurídica y “perpetuatio jurisdictionis”. 3 Identificado con número de radicado 63001-3333-006-2022-00053-02.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02072-00

Accionante: Lilia Ruth González Becerra Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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2.- El accionante pretende que en virtud del amparo, “(…) se ordene al TRIBUNAL

Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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2.- El accionante pretende que en virtud del amparo, “(…) se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…) ”4.

3.- Entre los presupuestos de orden fáctico que respaldan la protección invocada y de las pruebas allegadas se tiene, que:

4.- Desde el 17 de febrero de 1997, la accionante labora para el municipio de Armenia y se encuentra vinculada al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante Fomag) en calidad de docente oficial.

5.- El 15 de julio de 2021, la accionante solicitó al Fomag y al Municipio de Armenia: (i) la consignación efectiva de las cesantías que correspondían a los se rvicios prestados durante el año 2020 y (ii) el reconocimiento y desembolso de la sanción moratoria consagrada en la Ley 50 de 1990, generada por la consignación extemporánea de dichas cesantías, así como el pago de la indemnización consagrada en la Ley 52 de 1975. La solicitud se remitió a la Fiduciaria Previsora S.A., entidad encargada de administrar el Fomag, sin que esta entidad emitiera una

consagrada en la Ley 52 de 1975. La solicitud se remitió a la Fiduciaria Previsora S.A., entidad encargada de administrar el Fomag, sin que esta entidad emitiera una respuesta al respecto.

6.- En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho , el accionante presentó una demanda en contra de la Nación – Ministerio de Educación – Fomag y el Municipio de Armenia, con el fin con el fin de que se declarara la nulidad del acto administrativo ficto que se configuró ante la falta de respu esta a la petición radicada el 15 de julio de 2021. Además, solicitó que se condenara a las entidades demandadas a pagar la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses generados por las cesantías, consagrada en el artículo 1º de la Ley 52 de 1975, la Ley 50 de 1990 y en el Decreto 1176 de 1991.

7.- El 9 de agosto de 2022 el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia, negó las pretensiones de la demanda por considerar que la sanción por mora solo aplica para aquello s docentes que no están afiliados al fondo prestacional del magisterio, de modo que al encontrarse afiliada al Fomag, la situación jurídica de l demandante se encontraba regulada por el régimen especial de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989 . En desacuerdo con lo anterior, la parte demandante apeló la decisión adoptada.

8.- Mediante Sentencia de 16 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío, confirmó la decisión apelada al considerar que: (i) no existe un criterio

decisión adoptada.

8.- Mediante Sentencia de 16 de marzo de 2023, el Tribunal Administrativo del Quindío, confirmó la decisión apelada al considerar que: (i) no existe un criterio

4 Expediente digital, folio 3 del escrito de tutela.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02072-00

Accionante: Lilia Ruth González Becerra Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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unificado al interior del Consejo de Estado, sobre la posibilidad de hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990, al caso de los docentes afiliados al Fomag; (ii) los pronunciamientos que han determinado la procedibilidad de la sanción deprecada se profirieron en asuntos en los que mediaron supuestos fácticos que difieren de las circunstancias en las que se enmarcaba la situación jurídica de la demandante y , (iii) no era procedente resolver las pretensiones de la demanda a partir del principio de favorabilidad, pues su utilización solo es posible en aquellos casos en los que existe duda en relación a normatividad aplicable o en los que existen interpretaciones distintas sobre la regulación de un derecho, aspectos que no se configuraban en el caso de la demandante.

9.- Por lo anterior, concluyó que al no existir una norma que contemple la extensión de la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al caso de la demandante, la situación jurídica objeto de la demanda se encontraba regulada por el sistema anualizado de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, por lo que no era

demandante, la situación jurídica objeto de la demanda se encontraba regulada por el sistema anualizado de cesantías previsto en la Ley 91 de 1989, por lo que no era posible acceder a las pretensiones de la demanda ya que esto implicaba introducir un cambio en la regulación sobre el funcionamiento interno del Fomag en lo qu e respecta a la administración de los recursos (principio presupuestal de unidad de caja).

10.- La parte actora sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, igualdad y acceso a la administración de justicia, al incurrir en un defecto por desconocimiento del precedente, pues -a su parecera partir de las reglas fijadas en la Sentencia SU-098 de 2018 , la Corte Constitucional y el Consejo de Estado han señalado de forma reiterada que en virtud del principio de favorabilidad, es posible aplicar a los docentes oficiales las disposiciones consagradas en la Ley 50 de 1990, en materia de sanción moratoria por la consignación extemporánea de cesantías anuales, de modo que el valor reconocido con corte a 31 de diciembre de cada año por concepto de la aludida prestación también debe ser cons ignado en el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, a más tardar el 14 de febrero del año siguiente a su causación. Para ello adujo el desconocimiento de las reglas fijadas en las siguientes sentencias:

Tabla 1: Sentencias – Corte Constitucional No. Radicado Exp. Fecha Decisión Magistrado Ponente Magistrados 1 Exp. T6.736.200 17/10/2018 Gloria Stella Ortiz Delgado

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE

No. Radicado Exp. Fecha Decisión Magistrado Ponente Magistrados 1 Exp. T6.736.200 17/10/2018 Gloria Stella Ortiz Delgado

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

098/2018 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

2 Exp. T5904426 Y Otros 25/07/2019 Gloria Stella Ortiz Delgado

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

332/2019 DE LA CORTE

CONSTITUCIONAL

3 Exp. T7.182.312 Y Otros 06/02/2020 Luis Guillermo Guerrero Pérez

SENTENCIA DE UNIFICACIÓN

041/2020 DE LA CORTE CONSTITUCIONALRadicación: 11001-03-15-000-2023-02072-00

Accionante: Lilia Ruth González Becerra Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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Tabla 2: Sentencias – Consejo de Estado No. Radicado Exp. Fecha decisión Magistrado Ponente Consejeros Firmantes 1 08001-2333000-201300666-01 (0833-16) 06/08/2020 Sandra Liseth Ibarra Sentencia de Unificación del Consejo de Estado 2 76001-2331-00020090086701 (48542014) 24/01/2019 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 3 11001-0315000-201803499-01 29/07/2019 Nicolás Yepes Corrales

Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 3 11001-0315000-201803499-01 29/07/2019 Nicolás Yepes Corrales Jaime Enrique Rodríguez NavasGuillermo Sánchez Luque 4 08001 23 33 000 2014 00173-01 (1688-16) 02/12/2019 Rafael Francisco Suárez Vargas William Hernández Gómez - Gabriel Valbuena Hernández 5 08001-2333000-201400208-01 10/06/2020 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 6 08001-2331000-201400254-01 (4960-2017) 22/10/2020 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena Hernández 7 08001-2333000-201400132-01 12/11/2020 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena Hernández 8 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979–2017) 17/06/2021 Gabriel Valbuena Hernández William Hernández Gómez - Rafael Francisco Suárez Vargas 9 08001-2333000-201500331-01 27/06/2021 César Palomino Cortés Sandra Lisset Ibarra Vélez - Carmelo Perdomo

Francisco Suárez Vargas 9 08001-2333000-201500331-01 27/06/2021 César Palomino Cortés Sandra Lisset Ibarra Vélez - Carmelo Perdomo Cuéter 10 19001-2333000-20150044502(0483-20) 04/11/2021 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez Vargas - Gabriel Valbuena Hernández 11 08001-2333000-201401127-01 (1002-2021) 25/11/2021 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 12 40001-2340000-201700134-01 (2208-2020) 25/11/2021 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena HernándezRadicación: 11001-03-15-000-2023-02072-00

Accionante: Lilia Ruth González Becerra Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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13 080001-2340-000201590008-01 (2387-2020) 11/11/2021 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena Hernández 14 080001-2340-000201490022-01 (5154-2016)

William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena Hernández 14 080001-2340-000201490022-01 (5154-2016) 11/11/2021 Gabriel Valbuena Hernández William Hernández Gómez - Rafael Francisco Suárez Vargas 15 080001-2333-000201700931-01 (1001-2021) 20/01/2022 Gabriel Valbuena Hernández William Hernández Gómez - Rafael Francisco Suárez Vargas 16 080001-2333-000201500075-01 (2660-2020) 03/03/2022 William Hernández Gómez Rafael Francisco Suárez VargasGabriel Valbuena Hernández 17 76001-2333000-201300756-01 (2224-2020) 28/04/2022 Carmelo Perdomo Cuéter César Palomino Cortés - Sandra Liseth Ibarra 18 080001-2340-000201700795-01 (2659-2020) 09/05/2022 Rafael Francisco Suárez Vargas William Hernández Gómez - Gabriel Valbuena Hernández 19 47-001-2333-000201900359-01 (4004-2021) 19/05/2022 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 20 47-001-2333-000201900359-01 (4004-2021) 19/05/2022 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 20 47-001-2333-000201900376-01 (4462-2021) 01/07/2022 Sandra Liseth Ibarra César Palomino Cortés - Carmelo Perdomo Cuéter 21 08001-2333000-201500509-01 (2140-2020) 22/08/2022 César Palomino Cortés Sandra Lisset Ibarra Vélez – Carmelo Perdomo Cuéter 22 08001-2333-0002015-9012401 (23942020) 22/09/2022 César Palomino Cortés Sandra Lisset Ibarra Vélez – Carmelo Perdomo Cuéter

11.- Además, señaló que la postura adoptada por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado ha sido acogida por los jueces administrativos del circuito en los siguientes fallos:

Tabla 3: Sentencias – Juzgados Administrativos De Circuito No. Radicado Expediente Fecha

Decisión Juzgado JuezRadicación: 11001-03-15-000-2023-02072-00

Accionante: Lilia Ruth González Becerra Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

6

1 66001 3333 001 2022 0002000 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CTO

DE PEREIRA

Cristina Isabel

Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

6

1 66001 3333 001 2022 0002000 23/06/2022 JUZ. 1 ADTIVO DEL CTO

DE PEREIRA

Cristina Isabel Sánchez Brito 2 05001 3333 019 2022 0009700 29/07/2022 JUZ. 19 ADTIVO ORAL DEL

CTO DE MEDELLIN

Patricia Córdoba Vallejo 3 70001 3333 002 2022 0007200 09/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL

CTO DE SINCELEJO

Lissette Mairely Nova Santos 4 27001 3333 002 2022 0014700 22/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO ORAL DEL

CTO DE QUIBDÓ

Yudy Yineth Moreno Correa 5 76001 3333 002 2022 0006600 27/09/2022

JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO

DE GUADALAJARA DE

BUGA Juan Miguel Martínez Londoño 6 76111 3333 003 2022 0006600 28/09/2022

JUZ. 3 ADTIVO DEL CTO

DE GUADALAJARA DE

BUGA Leidy Johanna Uribe Molina 7 68001 3333 002 2022 0006500 28/09/2022 JUZ. 2 ADTIVO DEL CTO

DE BUCARAMANGA

Arley Méndez De La Rosa 8 68001 3333 009 2022 00010900 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA Jairo García Suarez

DE BUCARAMANGA

Arley Méndez De La Rosa 8 68001 3333 009 2022 00010900 30/09/2022 JUZ. 9 ADTIVO DEL CTO DE BUCARAMANGA Jairo García Suarez 9 27001 3333 005 2022 0012200 25/10/2022 JUZ. 5 ADTIVO DEL CTO

DE QUIBDÓ

Emilson Marmolejo García 10 11001 3342 051 2022 0009800 19/01/2023 JUZ. 51 ADTIVO DEL CTO

DE BOGOTÁ

Norberto Mendivelso Pinzón

B. Trámite procesal y la contestación de la demanda

12.- Mediante auto de 28 de abril de 2023, el despacho sustanciador admitió la acción de tutela, notificó a la autoridad judicial accionada y vinculó a la Nación – Ministerio de Educación Nacional – Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) y al departamento del Quindío – Secretaría de Educación Departamental, en calidad de terceros interesados.

13.- Además, requirió al Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Armenia y al Tribunal Administrativo del Quindío para que remitieran, en medio magnético, copia del expediente identificado con el radicado número 63001 -3333-006-2022-0005300/02.

(i) Ministerio de Educación5

5 Expediente digital, intervención contenida en 8 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02072-00

Accionante: Lilia Ruth González Becerra Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

Accionante: Lilia Ruth González Becerra Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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14.- El 10 de mayo de 2023, el Ministerio de Educación solicitó declarar improcedente el amparo solicitado en atención a: (i) que el accionante no logró demostrar la existencia de la vulneración de sus derechos fundamentales o la existencia de un perjuicio irremediable y (i i) la necesidad de salvaguardar la independencia y autonomía judicial de la autoridad accionada.

(ii) Fiduprevisora S.A.6

15.- El 10 de mayo de 2023, la Fiduprevisora S.A., en calidad de administradora del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio solicitó que se declare improcedente la acción de tutela. Para ello indicó que en escrito de demanda la parte actora no logró demostrar la configuración de alguna de las causales generales y específicas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales. Además, indicó que: (i) por disposición del Decreto 1582 de 1998, artículo 2, las entidades administradoras de cesa ntías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías. Esta modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, no así para el FOMAG, que se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja; (ii) en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes, y segundo, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y

que se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja; (ii) en el FOMAG no hay cuentas individuales para los docentes, y segundo, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia ; (iii) las circunstancias fácticas relacionadas con el caso que desató la Corte Constitucional en la sentencia SU-098 de 2018 no corresponden a las mismas en las que se fundan las pretensiones de la demanda que resultó desfavorable para el accionante y que hoy reclama por vía tutela, ya que, en el caso concreto, no se cuestiona una afiliación inoportuna al FOMAG que haya devenido en el retardo de la consignación de las cesantías y ( iv) la existencia de regímenes especiales no puede considerarse discriminatorio per se sin analizar previamente las particularidades de cada caso concreto

16.- Por último, solicitó desvincular a la entidad del presente trámite al considerar que carece de leg itimación en la causa por pasiva, toda vez que las pruebas allegadas con el escrito de tutela no guardan relación entre las actuaciones de la Fiduprevisora S.A. y las pretensiones de la accionante.

(iii) Parte actora

17.- El apoderado de la parte accionante presentó un memorial adicional, a través del cual se pronunció sobre las contestaciones de la demanda presentadas por el Ministerio de Educación y Fiduprevisora S.A.

18.- A pesar de haber sido notificado s en debida forma el Tribunal Administrativo del Quindío y el Municipio de Armenia guardaron silencio.

Ministerio de Educación y Fiduprevisora S.A.

18.- A pesar de haber sido notificado s en debida forma el Tribunal Administrativo del Quindío y el Municipio de Armenia guardaron silencio.

6 Expediente digital, intervención contenida en 8 folios.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02072-00

Accionante: Lilia Ruth González Becerra Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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II. C O N S I D E R A C I O N E S

C. Cuestiones previas

19.- Sobre las intervenciones realizadas en el presente trámite resulta necesario indicar lo siguiente:

20.- En primer lugar, la Sala no accederá a la solicitud de desvinculación presentada Fiduprevisora S.A., pues es claro que junto a los demás por los terceros interesados participan de manera directa o indirecta, en los procesos administrativos relacionados con los asuntos laborales de los docentes, y en esa medida desde sus distintas competencias concurren en la distribución, manejo y administración de los recursos destinados para ese propósito. En tal sentido, el reproche de la accionante se dirige a las actuaciones adelantadas por dicha entidad.

21.- En segundo lugar, se advierte que, en virtud del carácter preferente y sumario propio de la acción de tutela, son ajenas a su procedimiento figuras y etapas procesales típicas de los procesos ordinarios, como la refor ma a la demanda o los alegatos de conclusión. En esa medida, a efectos de garantizar los derechos a la defensa y al debido proceso de la parte demandada y de los terceros interesados, la

procesales típicas de los procesos ordinarios, como la refor ma a la demanda o los alegatos de conclusión. En esa medida, a efectos de garantizar los derechos a la defensa y al debido proceso de la parte demandada y de los terceros interesados, la Sala sólo se pronunciará sobre lo indicado en el escrito inicial de t utela presentado por la parte actora.

D. La acción de tutela contra providencias judiciales

22.- El Consejo de Estado ha indicado de manera consistente y reiterada que, los requisitos generales alusivos a la procedencia formal del mecanismo tuitivo de los derechos fundamentales, son los siguientes 7: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional, (ii) que se hayan agotado todos los medios -ordinarios y extraordinarios - de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable, (iii) que se cumpla el requisito de inmedia tez, (iv) cuando se trate de una irregularidad procesal, debe quedar claro que esta tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora, (v) que la accionante identifique, de man era razonable, tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial, siempre que esto hubiere sido posible; y, (vi). que no se trate de sentencias de tutela.

23.- La relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento,

23.- La relevancia constitucional supone la presentación de un conflicto que trascienda las discusiones legales ante el juez constitucional. Bien es sabido que el ámbito de los derechos fundamentales tiene un efecto irradiador en el ordenamiento,

7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 23 de febrero de 2017, exp. 11001-03-15-000-2016-03336-00 (AC).Radicación: 11001-03-15-000-2023-02072-00

Accionante: Lilia Ruth González Becerra Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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de tal suerte que, en la prá ctica, no existen temas jurídicos que no puedan relacionarse con un derecho constitucional8.

24.- En tal virtud, no basta con que el actor afirme que una determinada providencia judicial transgrede derechos fundamentales para dar por cumplido dicho requisito, sino que este debe estructurar una fundamentación clara y suficiente en torno a la necesidad de la intervención del juez de tutela con el propósito de hacer cesar la presunta infracción de los derechos fundamentales invocados.

25.- Lo anterior, comoquiera que con dicho requisito, se persiguen al menos tres finalidades: (i) preservar los principios de autonomía e independencia judicial de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional 9 y, en ese sentido, evitar que la acción de tutela se utilic e para debatir asuntos de mera legalidad 10 ; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos

que la acción de tutela se utilic e para debatir asuntos de mera legalidad 10 ; (ii) restringir el ejercicio del recurso de amparo a cuestiones que revistan de clara y marcada relevancia desde la óptica constitucional, porque afectan derechos fundamentales11; e (iii) impedir que la interposición de la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de las autoridades jurisdiccionales12.

26.- A su turno, los requisitos específicos de procedencia que ha decantado la jurisprudencia constitucional a partir de la Sentencia C -590 de 2005, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, corresponden a los denominados defectos materiales, identificados y definidos como las fuentes de vulneración de derechos fundamentales13: (i) orgánico; (ii) sustantivo; (iii) procedimental; (iv) fáctico; (v) error

8 Corte Constitucional, Sentencia T-079 de 2010. 9 Con relación a este aspecto, se indica en la sentencia hito en la materia (C-590 de 2005), lo siguiente: “En este sentido es muy importante reiterar que la acción de tutela no puede ser un mecanismo que sirva para que el juez constitucional pueda desplazar al juez ordinario en la decisión de la respectiva causa. En efecto, por esta vía no puede el juez de tutela convertirse en el máximo intérprete del derecho legislado ni suplantar al juez natural en su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”.

su función esencial como juez de instancia. Lo que sin embargo sí habilita la tutela es la vigilancia de la aplicación judicial al caso concreto de los derechos fundamentales pertinentes y, en especial, del derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia”. 10 Estos son de competencia exclusiva de los jueces que integran las demás jurisdicciones distintas a la constitucional; por tanto, la competencia del juez de tutela se limita a aquellos casos en que existan afectaciones o vulneraciones de d erechos fundamentales. Tal como se ha reiterado en la jurisprudencia constitucional, “la definición de asuntos meramente legales o reglamentarios que no tengan una relación directa con los derechos fundamentales de las partes o que no revistan un interés c onstitucional claro, no puede ser planteada ante la jurisdicción constitucional”. Cfr, Sentencias T-1044 de 2007, T-658 de 2008, T-505 de 2009, T-896 de 2010, T040 de 2011, T-338 de 2012, T-931 de 2013, T-182 de 2014 y T-406 de 2014 de la Corte Constitucional. 11 Tal como lo consideró la Sala Plena, en la sentencia hito en la materia (C -590 de 2005), “los fundamentos de una decisión de tutela contra una sentencia judicial deben aclarar con transparencia la relevancia iusfundamental del punto que se discute y el juez debe contraerse a estudiar esta cuestión y ninguna otra. No se trata entonces de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derech o legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo

de un mecanismo que permita al juez constitucional ordenar la anulación de decisiones que no comparte o suplantar al juez ordinario en su tarea de interpretar el derech o legislado y evaluar las pruebas del caso. De lo que se trata es de un mecanismo excepcional, subsidiario y residual para proteger los derechos fundamentales de quien luego de haber pasado por un proceso judicial se encuentra en condición de indefensión y que permite la aplicación uniforme y coherente -es decir segura y en condiciones de igualdadde los derechos fundamentales a los distintos ámbitos del derecho”. 12 En este sentido, la Corte ha exigido que, “teniendo en cuenta que la tutela contra providencias judiciales no da lugar a una tercera instancia, ni puede reemplazar los recursos ordinarios, es necesario que la causa que origina la presentación de la acción suponga el desconocimiento de un derecho fundamental ”. Cfr. Sentencia T-102 de 2006 de la Corte Constitucional. 13 Es de anotar que la jurisprudencia constitucional en torno a las vías de hecho evolucionó para comprender situaciones que no despojaban a la providencia de su condición de tal, pero que aún llevaban a un desconocimiento de derechos f undamentales, por lo cual se cambió el vocablo de vía de hecho por causal específica de procedibilidad. Cfr. Sentencias T-774 de 2004 y T-453 de 2005 de la Corte Constitucional.Radicación: 11001-03-15-000-2023-02072-00

Accionante: Lilia Ruth González Becerra Accionado: Tribunal Administrativo del Quindío Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

Referencia: Acción de tutela (sentencia de primera instancia)

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inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente judicial; y (viii) violación directa de la Constitución.

D. Análisis del caso concreto

27.- En los términos precedentes, esta Sala se ocupará de verificar si las circunstancias que se alegan en la presente causa satisfacen los requisitos de procedencia de la tutela contra providencias judiciales, particularmente, si se cumple el requisito de relevancia constitucional. Solo en el evento de acreditarse, pasará a abordar el estudio de los demás criterios con el fin de establecer si el Tribunal Administrativo del Quindío, incurrió en los de fectos o yerros invocados por la accionante y si se justifica la adopción de medidas de protección frente a los mismos.

E.