CE - 010315000202302079001SENTENCIA20230608165918

Demandante: Edwin Ricardo Volpe Iglesias Demandado: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal Radicado: 11001-03-15-000-2023-02079-00

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá, D. C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02079-00

Demandante: EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS

Demandado: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA - SALA DE CASACIÓN PENAL

Temas: Acción de tutela contra providencia judicial . No se acreditó el requisito de la relevancia constitucional.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la acción de tutela formulada por el señor Edwin Ricardo Volpe Iglesias contra la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. Con escrito recibido en el despacho el 26 de abril de 2023 1, el señor Edwin Ricardo Volpe Iglesias, a través de apoderado judicial, presentó la acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, con el fin de obtener el amparo de sus derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia

Ricardo Volpe Iglesias, a través de apoderado judicial, presentó la acción de tutela contra la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, con el fin de obtener el amparo de sus derechos al debido proceso, de acceso a la administración de justicia y a la defensa.

2. El accionante consideró vulneradas dichas garantí as constitucionales, con ocasión de la providencia de segunda instancia del 15 de marzo de 2023, proferida por la autoridad judicial accionada, que confirmó el fallo de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla que condenó al actor por el delito de prevaricato por acción agravado, d entro del proceso n.° 11001 -60-00-717-201700019-03.

1 Radicado el 25 de abril de 2023 mediante correo electrónico enviado a la Secretaría General del

Consejo de Estado.Demandante: Edwin Ricardo Volpe Iglesias Demandado: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal Radicado: 11001-03-15-000-2023-02079-00

2 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.2. Pretensiones

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, pidió:

(…) DECRÉTESE por vía de tutela que la doctora MYRIAM ÁVILA ROLDÁN en su calidad de MAGISTRADA PONENTE de la CORTE SUPREMA DE J USTICIA, incurrió en una ostensible VÍA DE HECHO por DEFECTO SUSTANTIVO y por DEFECTO PROCEDIMENTAL y, en su

MAGISTRADA PONENTE de la CORTE SUPREMA DE J USTICIA, incurrió en una ostensible VÍA DE HECHO por DEFECTO SUSTANTIVO y por DEFECTO PROCEDIMENTAL y, en su defecto ordenar que la SALA de DECISIÓN PENAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA, se pronuncie de conformidad con la aplica ción de la conformación de la SALA mediante el sorteo y designación de dos Conjueces; para que decidan acerca de la solicitud de RECUSACIÓN en contra de los señores Magistrados JORGE ELIÉCER

CABRERA JIMÉNEZ y DEMÓSTENES CAMARGO DE ÁVILA2.

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La solicitud de amparo se fundamentó en los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son relevantes para la decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La Fiscalía General de la Nación acusó ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla al señor Edwin Ricardo Volpe Iglesias, quien se desempeñaba como juez noveno penal municipal con función de control de garantías de Barranquilla, y a la señora Gloria Amparo Giraldo Ruiz, en calidad de jueza cuarta penal del circuito de la misma ciudad, por el delito de prevaricato por acción agravado.

5. Lo anterior porque el actor, en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales revocó la medida de aseguramiento de detención preventiva y, en consecuencia, dejó libertad al señor Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue, quien era procesado por homicidio, concierto para delinquir agravado y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada . Tal determinación, en su momento, fue apelada por la

al señor Alfonso del Cristo Hilsaca Eljadue, quien era procesado por homicidio, concierto para delinquir agravado y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada . Tal determinación, en su momento, fue apelada por la Fiscalía General de la Nación y confirmada por la jueza Giraldo Ruíz.

6. El 23 de abril de 2021 3, la defensa de Edwin Ricardo Volpe Iglesias recusó a los magistrados Demóstenes Camargo de Ávila (ponente) y Jorge Eliécer Cabrera Jiménez, con base en la causal 4ª del artículo 56 de la Ley 906 de 20044. Esto porque consideró que habían emitido valoraciones probatorias y de responsabilidad sobre los mismos hechos, en otros procesos adelantados contra distintos imputados, lo cual podría afectar su imparcialidad.

7. El Tribunal Superior de Barranquilla realizó el sorteó de conjueces para decidir la recusación presentada. En auto de 21 de junio de 2021, se declaró infundada dicha solicitud y se dispuso devolver la actuación al despacho sustanciador para que continuara el trámite.

2 La transcripción corresponde al texto original de la demanda, por lo que puede contener errores. 3 Surtido el juicio oral, el sentido del fallo condenatorio fue anunciado el 5 de marzo de 2021. 4 La disposición prevé: “[q]ue el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o h aya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”.Demandante: Edwin Ricardo Volpe Iglesias

Demandado: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal

partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o h aya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”.Demandante: Edwin Ricardo Volpe Iglesias Demandado: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal Radicado: 11001-03-15-000-2023-02079-00

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8. La Sala de Decisión que resolvió la recusación estuvo integrada por el magistrado Jorge Eliécer Mola Capera y el conjuez Luis Hernando Ortiz Rosero. Esto porque el conjuez Ernesto Javier González Daza, que también había sido elegido para integrar esa sala, se declaró impedido antes de adoptarse la decisión.

9. El actor le solicitó al Tribunal Superior de Barranquilla que conformara una nueva Sala de Decisión para que se pronunciara sobre la recusación presentada. Esto porque el auto del 21 de junio de 2021, fue adoptado únicamente por el magistrado y un conjuez, cuando debieron ser tres votos.

10. Mediante auto d el 23 de junio de 2021, el magistrado Mola Capera ordenó efectuar un nuevo sorteo de conjueces y comunicar lo anterior al ponente del proceso, para que se suspendieran las diligencias.

11. Sin embargo, el trámite continuó su curso normal y el 30 de junio de 2021 , la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla condenó al señor Edwin Ricardo Volpe Iglesias a 57 meses de prisión, 87.49 salarios mínimos legales mensuales a título de multa y 87 meses de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. A su vez,

Sala Penal del Tribunal de Barranquilla condenó al señor Edwin Ricardo Volpe Iglesias a 57 meses de prisión, 87.49 salarios mínimos legales mensuales a título de multa y 87 meses de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. A su vez, a la señora Gloria Amparo Giraldo Ruiz, le impuso 48 meses de prisión, 66.66 salarios mínimos legales mensuales 4 de multa y 80 meses de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. A ninguno de los sancionados se les concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria.

12. Los dos condenados apelaron la sentencia . Por un lado, el actor presentó cuestionamientos a la condena impuesta. En su criterio, no estaba demostrado más allá de toda duda razonable su responsabilidad, ya que no se acreditaron los actos de corrupción para favorecer al entonces procesado ni el dolo.

13. Por otra parte, la señora Giraldo Ruíz presentó argumentos encaminados a desvirtuar la condena y, además, solicitó que la nulidad de las actuaciones desde el 27 de junio de 2021, fecha en la cual se dio lectura al fallo, por violación al debido proceso, toda vez que se emitió el fallo condenatorio sin tener en cuenta que por solicitud del señor Volpe Iglesias, el magistrado Mola Capera, ordenó que se volviera a realizar el sorteo de conjueces y se resolviera nuevamente la recusación presentada.

14. Mediante sentencia de 15 de marzo de 2023, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en primer lugar, negó la solicitud de nulidad y, en segundo lugar, confirmó la decisión del a quo.

14. Mediante sentencia de 15 de marzo de 2023, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en primer lugar, negó la solicitud de nulidad y, en segundo lugar, confirmó la decisión del a quo.

15. Frente a lo primero, la autoridad judicial explicó que la petición de nulidad no

estaba llamada a prosperar por lo siguiente:

Desde el punto de vista formal, la solicitante no cumplió la carga argumentativa exigida. Si bien expone el hecho en el cual consistiría la irregularidad y el momento apartir del cual debería reponerse la actuación, no explica el carácter sustancial del acto considerado irregular. TampocoDemandante: Edwin Ricardo Volpe Iglesias Demandado: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal Radicado: 11001-03-15-000-2023-02079-00

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co sustenta cómo éste afecta los derechos presuntamente vulnerados ni la aplicación de los principios que rigen la declaratoria de la nulidad en el caso concreto.

Más allá de lo anterior, la Sala no observa irregularidad al guna en el acto procesal atacado. De conformidad con el artículo 54 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, el quorum para deliberar y decidir al interior de las Corporaciones Judiciales en pleno o en cualquiera de sus Salas y Secciones, re quiere de la asistencia y el voto de la mayoría de los miembros de la respectiva Corporación, Sala o Sección. Por otro lado, el artículo 60 de la Ley 906 de 2004,

Salas y Secciones, re quiere de la asistencia y el voto de la mayoría de los miembros de la respectiva Corporación, Sala o Sección. Por otro lado, el artículo 60 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 84 de la Ley 1395 de 2010, sobre los requisitos y formas de recusación, establece que si el Magistrado que se solicita separar del proceso no acepta la correspondiente recusación, los restantes magistrados decidirán.

16. En suma, concluyó que la decisión sobre la recusación estuvo correctamente adoptada, en la medida en que fue por una sala plural unánime y convocar un nuevo sorteo y posterior decisión sobre la aludida recusación implicaba una dilación injustificada.

17. En cuanto a lo segundo, es decir, la condena del actor, la Sala de Casación Penal concluyó que la providencia judicial que adoptó y por la que fue condenado por prevaricato por acción, no se sustentó en los elementos probatorios ni en la inferencia de autoría o participación. Por el contrario, revocó la medida de aseguramiento sin acoger los principios de igualdad de armas y progresividad de la actuación penal.

18. Además, la Corte Suprema de Justicia explicó que se acreditó el dolo tanto en la alteración del reparto para que le fuese asignado ese asunto al señor Volpe Iglesias como en la adopción de la revocatoria de la medida de aseguramiento al reconocer que no era necesario el estándar de “más allá de toda duda razonable” para ordenar la libertad del señor Hilsaca Eljadue.

19. También se evidenció que el ahora demandante limitó las facultades de la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de medida de aseguramiento y

la libertad del señor Hilsaca Eljadue.

19. También se evidenció que el ahora demandante limitó las facultades de la Fiscalía General de la Nación durante la audiencia de medida de aseguramiento y permitió que se fortaleciera la postura de la defensa del señor Hilsaca Eljadue. En

síntesis, la Sala de Casación Penal concluyó que:

Esto permite inferir que EDWIN RICARDO VOLPE IGLESIAS obró con conocimiento y voluntad de infringir el ordenamiento jurídico. Las pruebas acreditan, por lo tanto, más allá de toda duda razonable, que en su condición de Juez Noveno Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Barranquilla, el acusado dolosamente emitió una decisión manifiestamente contraria a lo dispuesto en el artículo 318 de la Ley 906 de 2004.

Con esta decisión, favoreció ilícitamente las preten siones del entonces imputado, quien estaba procesado por los delitos de homicidio, concierto para delinquir y financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada.

1.3. Fundamentos de la vulneración

20. El peticionario sostiene que existieron irregularidades en la decisión de la recusación y, con la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema que negó la solicitud de nulidad procesal y confirmó la providencia del a quo. Por lo tanto, considera que se configuraron los defectos sustantivo y procedimental.Demandante: Edwin Ricardo Volpe Iglesias Demandado: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal Radicado: 11001-03-15-000-2023-02079-00

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que se configuraron los defectos sustantivo y procedimental.Demandante: Edwin Ricardo Volpe Iglesias Demandado: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal Radicado: 11001-03-15-000-2023-02079-00

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

21. En primer lugar, el demandante reprocha que se hubiere aplicado el artículo 84 de la Ley 1395 de 2010, sobre los requisitos y formas de recusación, que establece que, si el magistrado que se solicita separar del proceso no acepta la correspondiente recusación, los restantes decidirán. En opinión del actor, “lo que aconteció fue una decisión de declaratoria de infundada por un magistrado y un conjuez, cuando lo ordenado por el debido proceso es que la decisión sea tomada por tres magistrados, en este evento, por un magistrado y dos conjueces”.

22. En segundo lugar, el señor Volpe Iglesias señaló que se produjeron los referidos errores al: “haber aplicado el artículo 54 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia5, en lo atinente al quorum para deliberar y decidir; y, en una vía de hecho por defecto procedimental al haber aplicado el artículo 84 de la Ley 1395 de 2010 6 y, al desviar el procedimiento reglado en materia del procedimiento de las recusaciones”.

23. En consecuencia, solicita “ordenar que la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla , se pronuncie de conformidad con la aplicación de la conformación de la sala mediante el sorteo y designación de dos

23. En consecuencia, solicita “ordenar que la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Barranquilla , se pronuncie de conformidad con la aplicación de la conformación de la sala mediante el sorteo y designación de dos conjueces; para que decidan acerca de la solicitud de recusación en contra de los

magistrados Jorge Eliécer Cabrera Jiménez y Demóstenes Camargo de Ávila”.

5 “LEY 270 DE 1996 ARTÍCULO 54. QUORUM DELIBERATORIO Y DECISORIO. Modificado por el art. 7, Decreto Nacional 2637 de 2004. Modificado parcialmente (inciso 3) por el Artículo 7 del Decreto 2637 de 2004 , Derogado parcialmente (inciso 4) por el Artículo 626 de la Ley 1564 de 2012 . Todas las decisiones que las Corporaciones judiciales en pleno o cualquiera de sus salas o secciones deban tomar, requerirán para su deliberación y decisión, de la asistencia y voto de la mayoría de los miembros de la Corporación, sala o sección. Es obligación de todos los Magistrados participar en la deliberación de los asuntos que deban ser fallados por la Corporación en pl eno y, en su caso, por la sala o la sección a que pertenezcan, salvo cuando medie causa legal de impedimento aceptada por la Corporación, enfermedad o calamidad doméstica debidamente comprobadas, u otra razón legal que imponga separación temporal del cargo . La violación sin justa causa de este deber es causal de mala conducta. El reglamento interno de cada corporación señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus salas y sus secciones celebrarán reuniones para la deliberación de los asuntos juri sdiccionales de su competencia.

El reglamento interno de cada corporación señalará los días y horas de cada semana en que ella, sus salas y sus secciones celebrarán reuniones para la deliberación de los asuntos juri sdiccionales de su competencia. Inciso derogado por el literal c), art. 626, Ley 1564 de 2012 . Cuando quiera que el número de los Magistrados que deban separ arse del conocimiento de un asunto jurisdiccional por impedimento o recusación o por causal legal de separación del cargo, disminuya el de quienes deban decidirlo a menos de la pluralidad mínima prevista en el primer inciso, para completar ésta se acudirá a la designación de conjueces”. 6 Requisitos y formas de recusación. Si el funcionario en quien se dé una causal de impedimento no la declarare, cualquiera de las partes podrá recusarlo. Si el funcionario judicial recusado aceptare como ciertos los hechos en que la recusación se funda, se continuará el trámite previsto cuando se admite causal de impedimento. En caso de no aceptarse, se enviará a quien le corresponde resolver para que decida de plano. Si la recusación versa sobre magistrado decidirán los restantes magistrados de la Sala. La recusación se propondrá y decidirá en los términos de este Código, pero presentada la recusación, el funcionario resolverá inmediatamente mediante providencia motivada.Demandante: Edwin Ricardo Volpe Iglesias Demandado: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal Radicado: 11001-03-15-000-2023-02079-00

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4. Trámite de la acción de tutela

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 1.4. Trámite de la acción de tutela

1.4.1. Auto admisorio de la demanda

24. Mediante auto del 5 de mayo de 2023, la magistrada sustanciadora de primera instancia admitió la acción de tutela de la referencia. En la misma actuación ordenó:

1. notificar a los magistrados a la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, como autoridad judicial accionada;

1. vincular en calidad de terceros con interés, a la señora Gloria Amparo Giraldo Ruiz, como procesada dentro del proceso penal adelantado por prevaricato por acción agravado, radicado n.° 11001 -60-00-717-2017-0001903; a la Dirección Ejecutiva Seccional de A dministración Judicial de Barranquilla, quien obró como víctima; a la Fiscalía General de la Nación – Fiscalía 70 Delegada ante el Tribunal de Bogotá – Eje Temático de Corrupción en la Administración de Justicia, como ente acusador; a la Procuraduría General de la Nación – Procuraduría Delegada para la Casación Penal, en representación del Ministerio Público, y a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, autoridad judicial que resolvió el proceso penal en primera instancia;

1. oficiar a la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, para que allegue copia digital, íntegra del expediente del proceso penal n.° 1100160-00717-2017-00019-03;

1. oficiar a la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, para que allegue copia digital, íntegra del expediente del proceso penal n.° 1100160-00717-2017-00019-03;

1. oficiar a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, para que publiquen en su página web copia digital de la demanda de tutela, de los anexos que la acompañan y de esta providencia, con el fin de que cualquier persona que tenga interés y conoz ca los referidos documentos, pueda intervenir en el trámite constitucional de la referencia, y

1. reconocer personería jurídica al abogado Luis Felipe Henríquez del

Castillo.

1.5. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas de manera electrónica , se presentaron las siguientes contestaciones:

1.5.1. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla

25. El 12 de mayo de 20237, a través de correo electrónico, el magistrado ponente dentro del proceso penal de primera instancia informó de la existencia de una acción constitucional en trámite ante la Sala de Casación Civil y Agraria de la Corte Suprema de Justicia, con radicado n.° 11001-02-03-000-2023-01702-00, idéntica a esta, razón por la cual existe temeridad.

7 Actuación n.° 8 del expediente digital de Samai.Demandante: Edwin Ricardo Volpe Iglesias Demandado: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal Radicado: 11001-03-15-000-2023-02079-00

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Radicado: 11001-03-15-000-2023-02079-00

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26. Solicitó el rechazo de la presente solicitud de amparo o, subsidiariamente, que se desvincule a la Sala Penal del Tribunal Superior de Barranquilla por no haber transgredido derecho fundamental alguno.

1.5.2. Gloria Amparo Giraldo Ruiz

27. Indicó que se ha configurado una vía de hecho, por grave defecto sustantivo, ya que la decisión en cuestión se fundamentó en una norma claramente inaplicable para el caso. Agregó que se cumplen con los requisitos de procedenci a general y especial de la acción de tutela contra providencia judicial y solicitó que se acceda a las pretensiones de la tutela en calidad de coadyuvante.

28. Manifestó que presentó solicitud de nulidad ante la Corte Suprema de Justicia, porque consideró que se había vulnerado su derecho fundamental al debido proceso,

por cuanto:

“dos de los tres magistrados de la Sala Penal del Tribunal de Barranquilla, que conforman una sala, pasaron por alto una decisión del tercero de ellos encargado de sortear dos conjueces y quien después de que uno de los nombrados como conjuez se declarara impedido, dispone sortear un segundo conjuez, suspendiendo cualquier diligencia que hubiera pendiente, entre ellas la lectura del fallo. Los magistrados recusados omitieron la orden y procedieron a darle lectura al fallo, diligencia en la cual no estuvo el magistrado no recusado”.

29. Agregó que la Corte Suprema de Justicia decidió la solicitud de nulidad con

fallo, diligencia en la cual no estuvo el magistrado no recusado”.

29. Agregó que la Corte Suprema de Justicia decidió la solicitud de nulidad con fundamento en el artículo 54 de la Ley 270 de 1996, que prevé que las decisiones en las corporaciones se toman con la asistencia y voto de la mayoría. Pero en este caso no se est aba acusando la decisión de irregular porque no s e hubiera tomado por mayoría, sino porque al momento de decidir no estaba conformada debidamente la sala de decisión , toda vez que de los dos conjueces nombrados, uno se declaró impedido y, en ese orden de ideas, debía nombrarse otro para que aquella quedara integrada por tres miembros , conforme al inciso segundo del artículo 5 del decreto 2637 de 2004 (que modificó el artículo 19 de la ley 270 de 1996).

1.5.3. Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia

30. La magistrada ponente de la sentencia de segunda instancia dentro del proceso penal manifestó que la demanda de amparo desconoce el principio de subsidiariedad que rige este mecanismo excepcional. Por un lado, los argumentos propuestos en lo sustancial busca n reabrir la discusión ya resuelta . Por otro lado, consideró que el accionante no demostró los defectos alegados, lo cual es exigido cuando se cuestiona una providencia judicial, en particular de una alta Corte.

31. Destacó que el artículo 54 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia prevé que el quorum para deliberar y decidir al interior de las corporaciones judicialesDemandante: Edwin Ricardo Volpe Iglesias

Demandado: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal

prevé que el quorum para deliberar y decidir al interior de las corporaciones judicialesDemandante: Edwin Ricardo Volpe Iglesias Demandado: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal Radicado: 11001-03-15-000-2023-02079-00

8 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co en pleno o en cualquiera de sus salas y secciones, requiere de la asistencia y el voto de la mayoría de los miembros de la respectiva corporación, sala o sección.

32. En ese sentido, afirmó que no había nulidad en la medida en que había existido coincidencia de criterio, sobre el sentido del fallo, entre el magistrado y el conjuez que participó en la Sala de Decisión. Es decir, se conformó quorum deliberativo y decisorio, en los términos del artículo 54 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia .

Por esto, la decisión inicial fue válidamente adoptada y era innecesaria la designación de otro conjuez para resolver de nuevo, como lo había solicitado el procesado.

33. Advirtió de la existencia de otra acción de tutela con radicado 11001-02-03-0002023-01702-00, ante la Sala de Casación Civil, guarda identidad de partes, hechos y pretensiones y en este sentido, la actividad del accionante resultaría temeraria.

1.5.4. Secretaria General Corte Suprema de Justicia

34. En memorial suscrito por el oficial mayor de la Secretaría Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 15 de mayo de 20238, remitió el expediente digital de segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES

34. En memorial suscrito por el oficial mayor de la Secretaría Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 15 de mayo de 20238, remitió el expediente digital de segunda instancia.

II. CONSIDERACIONES

2.1. Competencia

35. Si se atiende a lo indicado en la demanda, al Consejo de Estado no le correspondería conocer de la solicitud de amparo, comoquiera que la tutela se dirige contra la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal, y por ello el reparto del mecanismo de protección constitucional debería hacerse en primera instancia, “a la misma Corporación”9.

36. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de 1991 y el numeral 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.

37. Sin embargo, la Corte Constitucional, de manera reiterada, ha indicado que:

3. Ahora bien, según la jurisp rudencia pacífica de esta Corporación, las disposiciones contenidas en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 1983 de 2017, de ninguna manera constituyen reglas de competencia de los despachos judiciales, sino únicamente pautas de reparto de las acciones de tutela. Ello implica que el mencionado acto administrativo nunca podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado

8 Actuación 12

podrá ser usado por las autoridades judiciales para declarar su falta de competencia. Esta forma de proceder se opone, principalmente, al derecho al acceso a la administración de justicia, dado

8 Actuación 12 9 El numeral 7.° del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021.Demandante: Edwin Ricardo Volpe Iglesias Demandado: Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Penal Radicado: 11001-03-15-000-2023-02079-00

9 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co que no existe fundamento alguno para asumir este conjunto normativo como un mandato procesal del que dependa la resolución del asunto en sede de instancia.

38. Igualmente, las consideraciones del máximo Tribunal Constitucional coinciden con lo dispuesto en el parágrafo 2.° del artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, en el que se advirtió: “PARÁGRAFO 2. Las anteriores reglas de reparto no podrán ser invocadas por ningún juez para rechazar la competencia o plantear conflictos negativos de competencia”.

39. En cumplimiento de las directrices jurisprudenciales y normativas expuestas, el Consejo de Estado asume la competencia para conocer de la demanda que presentó

el señor Edwin Ricardo Volpe Iglesias.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. De la coadyuvancia presentada

40. En el escrito enviado al correo de la Secretaría General, la señora Gloria

el señor Edwin Ricardo Volpe Iglesias.

2.2. Cuestiones previas

2.2.1. De la coadyuvancia presentada

40. En el escrito enviado al correo de la Secretaría General, la señora Gloria Amparo Giraldo Ruiz, quien actúa en calidad de tercero con interés, porque también fue condenada dentro del proceso penal adelantado por prevaricato por acción agravado, con radicado n.° 11001-60-00-717-2017-00019-03, manifestó que coadyuva las pretensiones del amparo.

41. La coadyuvancia de la acción de tutela se encuentra expresamente prevista en el inciso 2º del artícu lo 13 del Decreto Ley 2591 de 1991, el cual señala que “Quien tuviere un interés legítimo en el resultado del proceso podrá intervenir en él como coadyuvante del actor o de la persona o autoridad pública contra quien se hubiere hecho la solicitud”.

42. Sobre esta figura jurídico procesal, la Corte Constitucional en la sentencia T269 de 201210, reiterada en la T-269 de 201811, consideró que los terceros con interés legítimo pueden intervenir en el proceso como coadyuvantes, apoyando las razones presentadas por el actor, por persona o autoridad dem