CE - 010315000202302122001SENTENCIA20230613000000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 110010315000-2023-02122-00

Referencia: Acción de tutela

Actoras: ZONA FRANCA RIONEGRO S.A. Y OTRA.

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO

POR FALTA DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL . LAS ACTORAS

PRETENDES CUESTIONAR UNA DECISIÓN JUDICIAL COMO SI ESTE

MECANISMO SE TRATASE DE UN RECURSO O INSTANCIA

ADICIONAL AL PROCESO ORDINARIO.

DERECHO FUNDAMENTAL: AL DEBIDO PROCESO.

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la solicitud de tutela presentada por las actoras contra

la SALA QUINTA DE DECISIÓN DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA1.

1 En adelante el TRIBUNAL.2

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Las sociedades ZONA FRANCA RIONEGRO S.A . y COLORLINK

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I.- ANTECEDENTES

I.1.- La solicitud

Las sociedades ZONA FRANCA RIONEGRO S.A . y COLORLINK S.A.S, actuando a través de apoderado judicial, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitaron la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual, a su juicio, le s fue vulnerado por el TRIBUNAL al haber proferido en segunda instancia la sentencia de 31 de octubre de 2022, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 050013333016-2017-00246-01.

I.2.- Hechos

Manifestaron que la sociedad ZONA FRANCA DE RIONEGRO S.A es usuaria operadora de la zona franca de Rionegro; mientras que la sociedad COLORLINK S.A.S . fue constituida para desarrollar en dicha zona la actividad de producir, manufacturar, sintetizar, controlar, elaborar, investigar, desarrollar y empacar productos3

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farmacéuticos, químicos, bioquímicos, cosméticos y perfumería.

Indicaron que el 6 de noviembre de 2015 , la DIRECCIÓN DE

IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN2 expidió el

farmacéuticos, químicos, bioquímicos, cosméticos y perfumería.

Indicaron que el 6 de noviembre de 2015 , la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN2 expidió el Requerimiento Especial núm. 190238419192211, con el cual propuso que se sancionara a la sociedad ZONA FRANCA DE RIONEGRO S.A, por haber permitido a la sociedad COLORLINK S.A.S realizar actividades diferentes a la calificada.

Adujeron que en la misma fecha la DIAN expidió el Requerimiento Especial núm. 190238419044002 , con el cual propuso que se sancionara a la sociedad COLORLINK S.A.S, porque realizó actividades diferentes a la calificada.

Apuntaron que, surtido el trámite administrativo respectivo, mediante resoluciones núms. 1902012410665023642 y 1902012410665023641, la DIAN las sancionó por las conductas que les fueron atribuidas y les impuso multas por valor de $30.800.000 y $12.320.000, respectivamente.

2 En adelante DIAN.4

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Comentaron que, agotados los recursos en sede administrativa promovieron un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN, con la finalidad de discutir la legalidad de

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Comentaron que, agotados los recursos en sede administrativa promovieron un medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la DIAN, con la finalidad de discutir la legalidad de los actos administrativos a través de los cuales fueron sancionadas.

Informaron que la demanda estuvo fundamenta da, entre otros aspectos, en el desconocimiento del artículo 197 de la Ley 1607 de 26 de diciembre de 20123 y de la Circular 175 de 2001 expedida por la DIAN, por cuanto esta entidad omitió analizar los principios de lesividad, proporcionalidad y gradualidad para la imposición de la sanción.

Agregaron que, en el proceso ordinario, también cuestionaron la existencia del daño que fundamentó la imposición de la sanción, por cuanto su existencia derivó de una diferencia interpretativa, conforme con los artículos 3 de la Ley 1004 de 30 de diciembre de 20054 y 647 del Estatuto Tributario.

Precisaron que el proceso aludido fue iden tificado con el número único de radicación 0500133330162017-00246-00 y atribuido para

3 “Por la cual se expiden normas en materia tributaria y se dictan otras disposiciones”. 4 “Por la cual se modifican <sic> un régimen especial para estimular la inversión y se dictan otras disposiciones”.5

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Comentaron que la autoridad judicial accionada “[…] no se pronunció de manera expresa sobre el punto exacto de la omisión en que incurrieron los funcionarios de la DIAN al no hacer en los actos administrativos ningún análisis ateniente a los test de lesivi dad, de proporcionalidad y de gradualidad […]”, dado que se limitó a “[…] exponer que la DIAN no violó los principios porque aplicó las sanciones consagradas por las normas […]”.

Argumentaron que la afirmación del TRIBUNAL sobre el aspecto aludido, “[…] significa una de dos cosas: (i) que el Tribunal definitivamente no quiso pronunciarse sobre ese deber o (ii) que en los argumentos expuestos se encuentra implícito el argumento de que en el caso de COLORLINK y ZONA FRANCA DE RIONEGRO los funcionarios estaban relevados de hacer esos test […]”.

Explicaron que cualquiera de las dos situaciones configura un defecto sustantivo, toda vez que si el TRIBUNAL omitió resolver sobre el reproche conllevaría una inaplicación del artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 y la Circular 175 de 2001 que imponen el deber a la DIAN de efectuar el test para la imposición de la sanción.

Agregaron que, igualmente, si lo dicho por el TRIBUNAL significó7

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Agregaron que, igualmente, si lo dicho por el TRIBUNAL significó7

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que la DIAN no estaba en el deber de efectuar el análisis a dichos principios, el defecto aludido también se configuró porque las normas referidas imponían el deber de la entidad de efectuar su estudio.

Adujeron que el TRIBUNAL incurrió en el defecto fáctico porque no valoró en debida forma tanto el memorial que presentaron como respuesta al requerimiento inicial que les hizo la DIAN, así como la demanda, alegatos de conclusión y apelación que presentaron en el proceso judicial, “[…] que prueban que (i) efectivament e concurren los presupuestos jurisprudenciales que configuran la diferencia de criterios a la que se refiere el artículo 647 del Estatuto Tributario y (ii) que la autorización que el usuario operador concedió a Colorlink para que ejerciera su actividad de usuario industrial de bienes transformando bienes de terceros se fundó en una interpretación sólida y razonable de la definición de usuario industrial de bienes […]”.

Precisaron que “[…] las pruebas que obran en el proceso muestran que efectivamente existe una colisión interpretativa sobre el alcance del artículo 3 de la Ley 1004 entre el Usuario Operador de la Zona Franca de Rionegro y la DIAN […]”.8

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del artículo 3 de la Ley 1004 entre el Usuario Operador de la Zona Franca de Rionegro y la DIAN […]”.8

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Anotaron que el TRIBUNAL “[…] habría tenido que aceptar que sí existió una diferencia de criterios en la interpretación del derecho aplicable y que esa interpretación era sustentada y razonable, lo que demostraría que la conducta de COLORLINK y de ZONA FRANCA DE RIONEGRO no fue antijurídica, no fue lesiva a los intereses del estado porque no existió DAÑO […]”.

I.4.- Pretensiones

Como consecuencia de lo anterior, las actoras pretenden lo siguiente:

“[…] Respetuosamente le solicito que TUTELE el derecho fundamental al debido proceso que fue violado por el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE ANTIOQUIA y que en consecuencia, REVOQUE la sentencia proferida por esa Corporación y que en su lugar DECLARE LA NULIDAD DE LO S ACTOS ADMINISTRATIVOS impugnados por mis representadas por violar las normas consagradas por el artículo 197 de la Ley 1607 y por la Circular 175 de 2001 expedida por el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales por cuanto los funcionarios omitieron sus deberes al no realizar los test de lesividad, proporcionalidad y gradualidad y porque en el caso sub judice no existió ningún daño a los intereses del Estado y de la sociedad porque se configuró una diferencia de criterios sobre la

omitieron sus deberes al no realizar los test de lesividad, proporcionalidad y gradualidad y porque en el caso sub judice no existió ningún daño a los intereses del Estado y de la sociedad porque se configuró una diferencia de criterios sobre la interpretación del derecho aplicable […]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- La DIAN, vinculada en calidad de tercera con interés directo9

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en las resultas del proceso, manifestó que la presente acción de tutela es improcedente por falta de relevancia constitucional, comoquiera que está orientada a que se surta una tercera instancia, sobre un asunto ya definido por el juez natural.

Agregó que, en todo caso, no se configuran los defectos alegados , dado que la sociedad COLORLINK S.A.S sí efectuó actividades en servicio de un tercero, para lo cual no estaba autorizada “[…] luego no es cierto que la autoridad judicial hubiese realizado una errada interpretación, pues es claro que no existía autorización para maquilar […]”.

Agregó que “[…] la autoridad judicial realizó un análisis amplio y completo de cada una de las pruebas aportadas durante el proceso, contrario a lo que señala la parte accionante, la cual presenta, en realidad, un claro inconformismo por el fallo que fue contrario a sus intereses […]”.

I.5.2.- El TRIBUNAL y el JUZGADO, este último vinculado en

contrario a lo que señala la parte accionante, la cual presenta, en realidad, un claro inconformismo por el fallo que fue contrario a sus intereses […]”.

I.5.2.- El TRIBUNAL y el JUZGADO, este último vinculado en calidad de t ercero con interés directo en las resultas del proceso, pese a haber sido notificados en debida forma, guardaron silencio.10

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II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

La acción de tutela contra providencias judiciales

Un primer aspecto que interesa resaltar, es que la Sala Ple na de lo Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un

Contencioso Administrativo, en sentencia de 31 de julio de 2012 (Expediente núm. 2009-01328, Actora: Nery Germania Álvarez Bello, Consejera ponente doctora María Elizabeth García González), en un asunto que fue asumido por importancia jurídica y c on miras a unificar la jurisprudencia, consideró que es procedente la acción de tutela contra providencia judicial cuando se esté en presencia de la11

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violación de derechos constitucionales fundamentales, debiéndose observar al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente.

En sesión de 23 de agosto de 2012, la Sección Primera adoptó como parámetros jurisprudenciales a seguir, los señalados en la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, sin perjuicio de otros pronunciamientos que esta Corporación o aquella elaboren sobre el tema, lo cual fue reiterado en la sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, de la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del Consejero Jorge Octa vio Ramírez Ramírez (Expediente núm. 2012-02201-01).

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

En la mencionada sentencia la Corte Constitucional señaló los requisitos generales y especiales para la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial, así:

“[…] Los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales son los siguientes:

a. Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional. Como ya se mencionó, el juez constitucional no puede entrar a estudiar cuestiones que no tienen una clara y marcada importancia constitucional so pena de involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones[4]. En consecuencia, el juez12

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de tutela debe indicar con toda claridad y de forma expresa porqué la cuestión que entra a resolver es genuinamente una cuestión de relevancia constitucional que afecta los derechos fundamentales de las partes.

b. Que se hayan a gotado todos los medios -ordinarios y extraordinariosde defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable[5]. De allí que sea un deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de

deber del actor desplegar todos los mecanismos judiciales ordinarios que el sistema jurídico le otorga para la defensa de sus derechos. De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de vaciar las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desbord e institucional en el cumplimiento de las funciones de esta última.

c. Que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un término razonable y proporcionado a partir del hecho que originó la vulneración[6]. De lo contrario, esto es, de permitir que la acción de tutela proceda meses o aún años después de proferida la decisión, se sacrificarían los pri ncipios de cosa juzgada y seguridad jurídica ya que sobre todas las decisiones judiciales se cerniría una absoluta incertidumbre que las desdibujaría como mecanismos institucionales legítimos de resolución de conflictos.

d. Cuando se trate de una irregula ridad procesal, debe quedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que se impugna y que afecta los derechos fundamentales de la parte actora [7]. No obstante, de acuerdo con la doctrina fijada en la Sentencia C -591-05, si la irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse com o crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente

irregularidad comporta una grave lesión de derechos fundamentales, tal como ocurre con los casos de pruebas ilícitas susceptibles de imputarse com o crímenes de lesa humanidad, la protección de tales derechos se genera independientemente de la incidencia que tengan en el litigio y por ello hay lugar a la anulación del juicio.13

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e. Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos qu e generaron la vulneración como los derechos vulnerados y que hubiere alegado tal vulneración en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible[8]. Esta exigencia es comprensible pues, sin que la acción de tutela llegue a rodearse de unas exigencias formales contrarias a su naturaleza y no previstas por el constituyente, sí es menester que el actor tenga claridad en cuanto al fundamento de la afectación de derechos que imputa a la decisión judicial, que la haya planteado al interior del proceso y que dé cuenta de todo ello al momento de pretender la protección constitucional de sus derechos.

f. Que no se trate de sentencias de tutela [9]. Esto por cuanto los debates sobre la protección de los derechos fundamentales no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencia s proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por

no pueden prolongarse de manera indefinida, mucho más si todas las sentencia s proferidas son sometidas a un riguroso proceso de selección ante esta Corporación, proceso en virtud del cual las sentencias no seleccionadas para revisión, por decisión de la sala respectiva, se tornan definitivas.

… Ahora, además de los requisitos generales mencionados, para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judicial es necesario acreditar la existencia de requisitos o causales especiales de procedibilidad, las que deben quedar plenamente demostradas. En este sentido, como lo ha s eñalado la Corte, para que proceda una tutela contra una sentencia se requiere que se presente, al menos, uno de los vicios o defectos que adelante se explican.

a. Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providenc ia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello.

b. Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.

c. Defecto fáctico, que surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.14

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10]

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d. Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales[10] o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión.

f. Error inducido, que se presenta cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.

g. Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los servidores judiciales de dar cuenta de los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.

h. Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalm ente vinculante del derecho fundamental vulnerado.

1. Violación directa de la Constitución. […]” (Destacado fuera del texto)

En el caso bajo examen, l as sociedades actoras pretenden que se deje sin efecto la sentencia de 31 de octubre de 2022, proferida en segunda instancia por el TRIBUNAL, dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 050013333016 2017 00246 01 , por medio de l cual se confirmó la providencia en la que fueron denegadas las pretensiones de la demanda.15

de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 050013333016 2017 00246 01 , por medio de l cual se confirmó la providencia en la que fueron denegadas las pretensiones de la demanda.15

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La controversia tiene origen en una sanción que les fue impuesta a las sociedades ZONA FRANCA RIONEGRO S.A . y COLORLINK S.A.S, por parte de la DIAN, por incurrir en infracciones administrativas aduaneras, como usuaria operadora de zona franca y usuaria industrial de bienes, respectivamente.

Las actoras promovieron el medio de control aludido con la finalidad de discutir la legalidad de las sanciones que les fueron impuestas , entre otros aspectos, porque en su sentir la DIAN debía fijar la sanción a partir del análisis de los principios de lesividad, proporcionalidad y gradualidad, conforme con el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 y la Circular 175 de 2001, además de que no hubo ningún daño porque el problema devenía de una diferencia de interpretación, conforme con los artículos 3 de la Ley 1004 de 2005 y 647 del Estatuto Tributario.

Las actoras estiman que al proferir la sentencia de segunda instancia el TRIBUNAL incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, porque

y 647 del Estatuto Tributario.

Las actoras estiman que al proferir la sentencia de segunda instancia el TRIBUNAL incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, porque desconoció que conforme con el artículo 197 de la Ley 1607 de 2012 y la Circular 175 de 2001 la DIAN debía efectuar el análisis de l os principios aludidos, además porque no valoró en debida forma los escritos en los que pla nteó los argumentos que ilustraban que no16

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existió daño alguno.

Por lo anterior, la Sala debe determinar si el caso cumple con los presupuestos generales de procedibilidad de la acción de tutela y, de ser así, establecer si el TRIBUNAL vulneró los derechos deprecados e incurrió en los defectos sustantivo y fáctico, al haber proferido la sentencia de 31 de octubre de 2022 , dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el número único de radicación 050013333016-2017-00246-01.

Precisado lo anterior, la Sala examinará el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

providencias judiciales, según la jurisprudencia trazada por la Corte Constitucional, acogida por la Sala Plena de esta Corporación, en especial, el requisito de la relevancia constitucional.

De acuerdo con la sentencia C590 de 2005 antes transcrita, cuando la tutela se dirige contra una providencia judicial debe discutirse una cuestión de « evidente relevancia constitucional». Bajo esta expresión, la jurisprudencia constitucional ha explicado que la acción de tutela contra providencias judiciales no está diseñada como una tercera instancia, ni su objeto puede ser el de reemplazar los medios17

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de defensa ordinarios, por lo que la solicitud de amparo no puede encaminarse a reabrir un debate de legalidad, sino que es necesario que se ponga de presente el desconocimiento de garantías esenciales, propias del debido proceso constitucional6, de manera tal que «sólo aquellas vulneraciones comprometedoras de contenidos constitucionalmente protegidos de este derecho podrán ser examinadas en sede de tutela».7

Acerca de la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, la Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser

Sala Plena de esta Corporación8, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, sostuvo:

“[…] Relevancia constitucional

La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera instancia.

El segundo aspecto, esto es, la relevancia constitucional como requisito de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales, es el que interesa para efectos de esta

6 Cfr. Corte Constitucional. Sentencia T-061 de 2007, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 7 Cfr. Sentencia T-102 de 2006, MP: Humberto Antonio Sierra Porto. 8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, número único de radicación 11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ), CP: doctor Jorge Octavio Ramírez Ramírez.18

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sentencia.

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita

La relevancia constitucional como requisito de procedibilidad tiene dos cometidos fundamentales. Por un lado, protege “ el principio constitucional de la autonomía funcional de los jueces (artículos 228 y 230 de la Carta)” [9]; por otro, evita que la acción de tutela se torne en un instrumento para “involucrarse en asuntos que corresponde definir a otras jurisdicciones” [10].

Que el asunto “tenga relevancia constitucional”, que afecte “derechos fundamentales de las partes”, es un requisito de la acción de tutela que supone la conjunción de dos elementos necesarios [11].

El primer elemento dice relación con la carga argumentativa del actor para demostrar en sede de tutela que el asunto es de relevancia constitucional por la afección de sus derechos fundamentales. No basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales.

A juicio de la Sala, si bien es cierto que el Juez de Tutela debe motivar su de cisión, explicando por qué ella es de “relevancia constitucional”, no es menos cierto que el actor tiene la carga de argumentar el por qué su pretensión tiene tal atributo, para que el Juez pueda determinar si se cumple tal requisito, so pena del rechazar o declarar improcedente el amparo constitucional [12].

[9] “Sentencia T-173 de 1993. M.P. José Gregorio Hernández Galindo.” [10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra

[10] “Literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [11] “Esta exigencia se deriva del requisito general de procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales, contemplado en el literal a) del fundamento jurídico 24 de la sentencia C-590 de 2005.” [12] “En España por ejemplo, de tiempo atrás, esta es una carga del demandante, avalada por el Tribunal Constitucional, contenida en el último requisito establecido en numeral 1 del artículo 49 (“la demanda justificará la especial trascendencia constitucional del recurso” ) y en el literal a) del numeral 1 del artículo 50 ( “el contenido del recurso justifique una decisió n sobre el fondo por parte del Tribunal Constitucional en razón de su especial trascendencia constitucional, que se apreciará atendiendo a su importancia para la interpretación de la Constitución, para su aplicación o para su general eficacia, y para la determinación del contenido y alcance de los derechos