CE - 010315000202302217001SENTENCIA20230613000000

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023)

CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 11001-03-15-000-2023-02217-00

Referencia: Acción de tutela

ACTORA: MARÍA TRINIDAD RAMÍREZ DE RAMOS

TESIS: SE DECLARA IMPROCEDENTE LA SOLICITUD DE AMPARO RESPECTO AL

DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO FRENTE A AUTORIDADES JUDICIALES.

DENIEGA EL AMPARO SOLICITADO RESPECTO A LA MORA JUDICIAL ALEGADA, TODA VEZ QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL ACCIONADA NO HA INCURRIDO EN

MORA JUDICIAL INJUSTIFICADA.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DE PETICIÓN Y AL DEBIDO PROCESO

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

La Sala procede a decidir la acción de tutela promovida por la actora contra la SECCIÓN TERCERA -SUBSECCIÓN “A”- DEL TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA1 y su SECRETARÍA.

I – ANTECEDENTES

I.1. La Solicitud

1 En adelante el Tribunal2

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La señora MARÍA TRINIDAD RAMÍREZ DE RAMOS, actuando en nombre propio , en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, solicitó la protección de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, los cuales, a su juicio, le fueron vulnerados por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por incurrir en presunta mora judicial, por cuanto no se ha resuelto la segunda instancia dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 2021-00045-02, lo cual solicitó mediante escrito de 7 de marzo de 2023.

I.2. Hechos

Afirmó que desde el año 2010, mediante audiencia de conciliación celebrada ante la Comisaría de Familia del municipio de San Martín – César, le fue otorgada la custodia de sus nietos, los menores de edad JLLR y JKLR2.

Señaló que actualmente se encuentra e n trámite el proceso que promovió en contra de su hija, señora GLORIA ESPERANZA RAMOS RAMÍREZ, para solicitar que a aquella se le suspenda la

2 La Sala se reservará los nombres por protección a los menores de edad.3

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patria potestad de los menores de edad JLLR y JKLR.

Indicó que su hija, la señora RAMOS RAMÍREZ , actuando en nombre propio y en representación de sus hijos, JLLR y JKLR , menores de edad, promovió demanda ejecutiva en contra de la NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA – EJÉRCITO NACIONAL, con el propósito de exigir el pago de la condena judicial ordenada a su favor mediante la sentencia de 30 de octubre de 2015, proferida por el JUZGADO 33 ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ3, dentro del medio de control de reparación directa identificado con el número único de radicación 11001-33-36033-2012-00319-00.

Manifestó que mediante auto de 23 de septiembre de 2022 el JUZGADO decidió seguir adelante con la ejecución y, entre otros aspectos, consideró que pese a que no estuviera ejerciendo la representación judicial de sus nietos se le debía hacer entrega de los títulos reconocidos en favor de aquellos, dado que el pago no se les podía efectuar directamente, por su condición de menores de edad, situación que los legitimaba en la causa por activa.

3 En adelante el Juzgado4

títulos reconocidos en favor de aquellos, dado que el pago no se les podía efectuar directamente, por su condición de menores de edad, situación que los legitimaba en la causa por activa.

3 En adelante el Juzgado4

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Sostuvo que inconforme con la anterior decisión, la parte ejecutada interpuso recurso de reposición y, en subsidio, de apelación, bajo el argumento de que no se oponía a la entrega de títulos judiciales a favor de los beneficiarios, sino a la decisión de seguir adelante con la ejecución y el valor de liquidación del crédito.

Refirió que el conocimiento del proceso en segunda instancia le correspondió al TRIBUNAL que le asignó el número único de radicación 2021-00045-02 y, resaltó que pese a que el expediente fue radicado en esa Corporación hace más de seis meses, a la fecha no se le ha impartido trámite alguno.

Adujo que, a través de derecho de petición presentado ante la Secretaría del Tribunal el 7 de marzo de 202 3, solicitó a esa Corporación que confirmara la decisión cuestionada y anexó un oficio emanado del secretario del JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE AGUA CHICA en el cual informaba que en su calidad de guardadora de los menores de edad se encontraba habilitada para

emanado del secretario del JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE AGUA CHICA en el cual informaba que en su calidad de guardadora de los menores de edad se encontraba habilitada para recibir dineros en favor de aquellos.

Finalmente, resaltó que pese a lo anterior el Tribunal no le ha dado5

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trámite al proceso y ha guardado sil encio respecto al derecho de petición presentado.

I.3 Fundamentos de la solicitud

A juicio de la parte actora, la autoridad judicial accionada incurrió en una mora judicial injustificada al no haber resuelto la segunda instancia del proceso ejecutivo y, además, omitir contestar el derecho de petición que presentó, lo cual vulnera sus derechos fundamentales invocados.

I.4. Pretensiones

La actora solicitó que se amparen sus derechos fundamentales invocados como vulnerados y, en consecuencia:

“[…] 2. Favor Ordenar a la Honorable Doctora Bertha Lucy Ceballos Posada, Magistrada del Tribunal Administrativo de CundinamarcaSección Tercera, entregar una respuesta a lo expuesto y solicitado el día 7 de marzo de 2023.

3. Favor Ordenar las demás pretensiones que el señor Magistrado Ponente, juez Constitucional considere indispensables para el restablecimiento de los derechos Constitucionales y fundamentales

el día 7 de marzo de 2023.

3. Favor Ordenar las demás pretensiones que el señor Magistrado Ponente, juez Constitucional considere indispensables para el restablecimiento de los derechos Constitucionales y fundamentales de mis nietos menores de edad J.L.L.R. y J. K. L.R. […]”.6

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I.5. Defensa

I.5.1.- El TRIBUNAL solicitó declarar improcedente la solicitud de amparo de la referencia o en el evento en que se estudie de fondo, denegar las pretensiones de la demanda por ausencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados por la accionante.

Manifestó que, en el presente caso, la tutela es improcedente, porque se refiere al contenido del proceso ejecutivo, por lo que debe sujetarse a los términos y etapas procesales de ese juicio, más no a las normas generales del derecho de petición.

Señaló que tampoco es cierto que el expediente se haya radicado en esa Corporación hace más de seis meses, como lo afirmó la accionante en la solicitud de tutela, pues el proceso fue repartido al despacho sustanciador el 7 de marzo de 2023 y , actualmente, se encuentra en turno para la definición de la apelación.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia7

despacho sustanciador el 7 de marzo de 2023 y , actualmente, se encuentra en turno para la definición de la apelación.

IV. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia7

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La Sala es competente para conocer del presente asunto, de conformidad con lo previsto en el artículo 1º del Decreto 1983 de 30 de noviembre de 2017 y en virtud del artículo 2º del Acuerdo número 377 de 11 de diciembre de 2018 de la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la distribución de las acciones de tutela entre las Secciones; y del artículo 13 del Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019 de la misma Sala, que asigna a esta Sección el conocimiento de las acciones de tutela.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley 2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

4 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".8

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se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio irremediable.

Caso Concreto

En el presente caso, la parte actora instauró acción de tutela con el fin de obtener el amparo de sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, los cuales estimó vulnerados por el TRIBUNAL y su SECRETARÍA, por presunta mora judicial, por cuanto no se ha resuelto la segunda instancia dentro del proceso ejecutivo identificado con el número único de radicación 2021-00045-02, lo cual solicitó mediante escrito de 7 de marzo de 2023.

En ese orden de ideas, corresponde a la Sala determinar si la autoridad judicial accionada vulneró los derechos fundamentales invocados por la parte actora, al incurrir en una presunt a mora judicial injustificada dentro del proceso ordinario aludido y al no dar respuesta a la petición de 7 de marzo de 2023.

Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente

judicial injustificada dentro del proceso ordinario aludido y al no dar respuesta a la petición de 7 de marzo de 2023.

Antes de abordar el estudio del caso concreto, resulta pertinente hacer algunas precisiones respecto del derecho de petición ejer cido9

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ante autoridades judiciales.

Del derecho de petición instaurado ante autoridades judiciales

Frente al derecho de petición que se ejerce ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se encu entra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones netamente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

La Sala así lo precisó en sentencia de 17 de noviembre de 20175, en la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de

la que se reiteró lo expuesto en providencia de 18 de junio de 2015,

5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 17 de diciembre de 2017, C.P. María Elizabeth García González, núm. único de radicación: 11001-03-15-0002017-02583-00.10

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proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el número único de radicación 11001-03-15-000-2015-01196-00:

“[…] En relación con el derecho de petición presentado ante autoridades judiciales, esta Sala ha sido enfática en considerar que su amparo no resulta procedente por vía de acción de tutela, cuando lo que se pretende es obtener pronunciamientos por parte de un juez durante el curso de un proceso, pues para ello el legislador previó los trámites para lograr dicho cometido. De igual forma, el operador constitucional se encuentra en la obligación de determinar si el contenido de la solicitud persigue cuestiones net amente judiciales o administrativas, pues en caso de que sea el segundo evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Mo reno,

evento, el amparo del mencionado derecho sí resulta procedente.

Así lo apreció la Sala en sentencia de 17 de julio de 2008, con ponencia del Magistrado doctor Marco Antonio Velilla Mo reno, proferida dentro de la acción de tutela radicada bajo el nro. 200800517, en la que se indicó lo siguiente:

En cuanto a la violación del derecho de petición, cabe resaltar que el criterio mayoritario de la Sala ha sido el de que no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal frente a autoridades judiciales en el curso de un proceso, por cuanto para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos; y que acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos a la administración de justicia, pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la de la actora en detrimento de la actividad judicial.

En efecto, en sentencia de 11 de agosto de 2005 (Expediente núm. AC -2005-00304, Actor: Jorge Ignacio Cano Montoya, Consejera ponente doctora María Claudia Rojas Lasso), la Sala sostuvo:

“Es necesario precisar que en el presente asunto no se trata precisamente del ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política sino de un derecho de petición en el caso de un proceso judicial.11

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Acerca del alcance del derecho de petición solicitado a autoridades judiciales en el curso de un proceso, la Corte

Constitucional ha expresado:

“El derecho de petición no procede para poner en marcha el aparato judicial o para solicitar a un servidor público que cumpla sus funciones jurisdiccionales, ya que es ta es una actuación reglada que está sometida a la ley procesal. Ahora bien, en caso de mora judicial puede existir transgresión del debido proceso y del derecho de acceso efectivo a la justicia; pero no del derecho de petición. Dentro de las actuaciones a nte los jueces pueden distinguirse dos. De un lado, los actos estrictamente judiciales y, de otro lado, los actos administrativos. Respecto de éstos últimos se aplican las normas que rigen la administración, esto es, el Código Contencioso Administrativo. P or el contrario, las peticiones en relación con actuaciones judiciales no pueden ser resueltas bajo los lineamientos propios de las actuaciones administrativas, como quiera que “las solicitudes que presenten las partes y los intervinientes dentro de aquél [del proceso] en asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de

asuntos relacionados con la litis tienen un trámite en el que prevalecen las reglas del proceso”. (Sentencia T-377 de 2000 MP

ALEJANDRO MARTINEZ CABALLERO)

Una cosa es el juez como autoridad administrativa y respecto de asuntos que no se encuentran bajo su estudio y decisión y otra muy distinta es el juez como autoridad judicial dentro del trámite de un proceso a su cargo.

En este último caso no es procedente el ejercicio del derecho de petición como tal, pues para ello el legislador ha establecido los procedimientos pertinentes mediante los cuales se tramitan los requerimientos de las partes en los procesos. Acceder al reconocimiento de derechos de petición por fuera de los cauces procesales llevaría al caos de la administración de justi cia pues implicaría destinar gran parte del tiempo a responder solicitudes como la del accionante en detrimento de la actividad judicial.

Así lo ha reiterado la Corte Constitucional:

“Desde luego, como ya lo ha señalado la Corte, esto no es aplicable a las autoridades judiciales en el curso de los procesos, ya que éstos se rigen por las normas legales propias de cada uno, sin que sea lo adecuado impulsarlos mediante la formulación de peticiones en cada uno de los momentos procesales.” (Sentencia T -178-00. MP JOSÉ GREGORIO HERNANDEZ GALINDO) […]” (Negrillas y subrayas fuera del texto).12

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Asimismo, en reiterada jurisprudencia, la Corte Constitucional ha explicado que la jurisdicción en general ha sido entendida como la potestad del Estado para administrar justicia en ejercicio de su soberanía, mediante el conocimiento y decisión de diferent es asuntos; por ello, es que todos los jueces ejercen jurisdicción en nombre del Estado, pero en el marco de su competencia, la cual hace referencia a la porción asignada a cada juez o Tribunal para su conocimiento.

Así lo consideró la Corte en sentencia C-154 de 2004:

“[…] Al respecto debe señalarse que la competencia de una autoridad judicial ha sido entendida como la porción, la cantidad, la medida o el grado de la jurisdicción que corresponde a cada juez o tribunal, mediante la determinación de los asuntos que le corresponde conocer, atendidos determinados factores (materia, cuantía, lugar, etc)6.

La Corte ha explicado, así mismo que la jurisdicción en general consiste en la potestad que tiene el Estado para administrar justicia en ejercicio de la so beranía de que es titular, mediante el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles, criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción

el conocimiento y decisión de las diferentes causas (civiles, criminales, administrativas, etc.) y, en tal virtud, es única e indivisible. Es por ello que todos los jueces ejercen jurisdicción

6 Sentencia C-040/97, M.P. Dr. Antonio Barrera Carbonell.13

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en nombre del Estado, pero circunscrita al ámbito propio de la competencia7 que le asigna la ley8 […]”.

En ese entendido, la Sala observa que lo pretendido por la parte actora en la solicitud presentada el 7 de marzo de 2023 es que el TRIBUNAL resuelva la segunda instancia de la demanda ejecutiva identificada con el número único de radicación 20 21-00045-02; sin embargo, ese pronunciamiento implica que la autoridad judicial accionada zanje una cuestión propia del proceso judicial que debe ser dirimida conforme a los procedimientos legales previstos para tal fin.

Consecuente con lo anterior, la Sala declarará improcedente el amparo solicitado respecto al derecho de petición alegado por la actora, como en efecto se dispondrá más adelante en la parte resolutiva de esta providencia.

7 Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las

resolutiva de esta providencia.

7 Los factores y las condiciones especiales que debe reunir la asignación de una competencia en particular, según lo anotado en la sentencia C-655 de 1997 M.P. Carlos Gaviria Díaz, presentan las siguientes características: “La competencia se fija de acuerdo con distintos factores, a saber: la naturaleza o materia del proceso y la cuantía (factor objetivo), la calidad de las partes que intervienen en el proceso (factor subjetivo), la naturaleza de la función que desempeña el funcionario que debe resolver el proceso (factor funcional), el lugar donde debe tramitarse el proceso (factor territorial), el factor de conexidad. La competencia debe tener las siguientes calidades: legalidad, pues debe ser fijada por la ley; imperatividad, lo que significa que no es derogable por la voluntad de las partes; inmodificabilidad por que no se puede variar en el curso de un proceso (perpetuatio jurisdictionis); la indelegabilidad, ya que no puede ser delegada por quien la detenta; y es de orden público puesto que se funda en principios de interés general”. 8 Sentencia C-392/00 M.P. Antonio Barrera Carbonell.14

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Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si el TRIBUNAL incurrió en una mora judicial injustificada al no haber resuelto el recurso de apelación en el proceso aludido.

De la mora judicial

Sin perjuicio de lo anterior, la Sala determinará si el TRIBUNAL incurrió en una mora judicial injustificada al no haber resuelto el recurso de apelación en el proceso aludido.

De la mora judicial

Esta figura ha sido definida como un “ […] fenómeno multicausal y estructural […] ”9 que impide el disfrute efectivo del derecho de acceso a la administración de justicia y que se presenta como resultado de acumulaciones procesales estructurales que superan la capacidad humana de los funcionarios a cuyo carg o se encuentra la solución de los procesos.

Sobre este tema, la Corte Constitucional 10 ha sostenido que el no cumplimiento de los términos procesales por parte de los jueces no implica per se la vulneración de los derechos fundamentales, habida cuenta que, pese a que es obligación de la autoridad judicial acatar los plazos establecidos por la normativa aplicable, también lo es dar prevalencia al derecho sustancial sobre el formal y no sacrific ar

9 Corte Constitucional, Sala Primera de Revisión, sentencia T-186 de 28 de marzo de 2017, M.P.: María Victoria Calle Correa. 10 Sentencia SU901 de 1° de septiembre de 2005, M.P Jaime Córdoba Triviño15

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irrazonablemente la justicia como valor superior y principio constitucional.

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irrazonablemente la justicia como valor superior y principio constitucional.

En consecuencia, es ineludible analizar las causas de la mora, para determinar si esta es justificada o no , dado que es necesario que concurran determinadas circunstancias pa ra tenerla como injustificada.

Al respecto, la Corte11 ha manifestado en forma reiterada que:

“[…] para definir la existencia de una lesión de los derechos fundamentales ante el retardo judicial, se requería valorar la razonabilidad del plazo y el carácte r injustificado del incumplimiento, estableciendo que sí se da una mora lesiva del ordenamiento cuando se presenta: (i) el incumplimiento de los términos judiciales, (ii) el desbordamiento del plazo razonable, lo que implicaba valorar la complejidad del asunto, la actividad procesal del interesado, la conducta de la autoridad competente y la situación global del procedimiento, y (iii) la falta de motivo o justificación razonable de la demora 12. Advirtió, además, que (iv) el funcionario incumplido debía demostrar el agotamiento de todos los medios posibles para evitar el detrimento de las garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, concluyendo que:

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que son estos los criterios que se deben analizar para determinar si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por

“existe una relación de conexidad necesaria entre la noción del plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, al punto que son estos los criterios que se deben analizar para determinar si acontece o no una afectación o amenaza al debido proceso y por ende al acceso a la administración de justicia. En esa medida, la mora judicial se justifica cuando:

11 Ibidem. 12 «Estos tres primeros aspectos los remota de lo sostenido en la sentencia T -297 de 2006 (MP Jaime Córdoba Triviño - unánime)».16

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• Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera integral una diligencia razonable del juez que los atiende.

• Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e ineludibles.

Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.”13.

13.5. En la providencia T -230 de 201314, que abordó un caso de presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso

13.5. En la providencia T -230 de 201314, que abordó un caso de presunta mora judicial injustificada por parte de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral dentro de un proceso ordinario que tenía por objeto el reconocimiento de una sustitución pensional, la Sala afirmó que tal fenómeno, contrario a los derechos fundamentales y debido proceso, se evidencia cuando: (i) se presenta un incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial. Precisó la Sala, además, que ante casos de mora judicial injustificada, la acción de tutela era procedente cuando (1) se cumpliera el requisito de subsidiariedad y (2) se acreditara la existencia de un perjuicio irremediable, advirtien do que, (iii) el remedio, consistente en la alteración del turno, era excepcional15.

También hizo referencia la Sala de revisión a casos en los que la mora estaba justificada, encontrando que en algunos eventos la Corte (i) niega la protección constitucio nal16, en otros, (ii) ordena la alteración del turno, cuando quiera que se está ante sujetos de

13 «En esta providencia prosperó la acción constitucional invocada, por considerarse que en la providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada». 14 «MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime».

providencia judicial atacada la autoridad no había valorado que la mora en la que había incurrido el sancionado se encontraba justificada». 14 «MP Luis Guillermo Guerrero Pérez - unánime». 15 «Destacó la Sala que, según lo señalado por la Corte en la sentencia C -543 de 1992, en casos de mora judicial podía ordenarse al juez observar los términos judiciales o la resolución del caso, lo q ue implicaba una alteración del turno (MP José Gregorio Hernández Galindo, SV Ciro Angarita Barón, Eduardo Cifuentes Muñoz y Alejandro Martínez Caballero)». 16 «Citó como precedente las sentencias T-668 de 1996 (MP Hernando Herrera Vergara - unánime), T243 de 2000 (MP Fabio Morón Díaz - unánime), T-1249 de 2004 (MP Humberto Antonio Sierra Portounánime) y T-366 de 2005 (MP Clara Inés Vargas Hernández)».17

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especial protección y/o vulnerabilidad 17; y, en otros, (iii) dispone un amparo transitorio18.

13.6. Reiterando de manera importante el anterior precedente, la Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU -394 de 201619, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo

Sala Plena de la Corte Constitucional en la sentencia SU -394 de 201619, destacó que el derecho al debido proceso en un plazo razonable, por desconocimiento del término, es objeto de amparo constitucional cuando quiera que (i) se incurre en