CE - 010315000202302338001SENTENCIA20230605170821

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-00

Accionante: MARCIAL HURTADO BURGOS y OTROS

Accionado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR y JUZGADO DOCE

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - SE NIEGAN LAS PRETENSIONES – No se configuran los defectos invocados

Sentencia de primera instancia

La Sala decide la acción de tutela presentada a través de apoderado judicial por los señores Marcial Hurtado Burgos1, Elvis Hurtado Bautista, Sirly Paola Hurtado Bautista y Sindy Paola Hurtado Bautista, en contra de las sentencias de 30 de junio de 2021 y de 12 de agosto de 2022, proferidas respectivamente por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena y por el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión N° 001.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Los ciudadanos Marcial Hurtado Burgos2, Elvis Hurtado Bautista, Sirly Paola Hurtado Bautista y Sindy Paola Hurtado Bautista, a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , cuya vulneración atribuyeron a las

Hurtado Bautista y Sindy Paola Hurtado Bautista, a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia , cuya vulneración atribuyeron a las sentencias de 30 de junio de 2021 y de 12 de agosto de 2022, proferidas respectivamente por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena y por el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión N° 001, dentro del medio de control de reparación directa número 13001-33-33-0122018-00094-00/01.

II. HECHOS

2. De conformidad con lo planteado por la parte accionante, los hechos que motivan la solicitud de amparo se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Relataron que, con fecha 18 de enero de 2006, el señor Marcial Hurtado Burgos les informó a miembros de la Infantería de Marina, ubicados en el

1 Quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores de 18 años Y.M.H.B., Y.D.H.B., J.D.H.B., S.J.H.B y L.M.H.B. 2 Quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores de 18 años Y.M.H.B., Y.D.H.B., J.D.H.B., S.J.H.B y L.M.H.B.2

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-00

Accionante: Marcial Hurtado Burgos

Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

corregimiento de Macayepo, sobre la presencia de «[…] rastrojos que indicaban movimientos de personal extraño […]», y tales infantes de marina obligaron al

Accionante: Marcial Hurtado Burgos

Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

corregimiento de Macayepo, sobre la presencia de «[…] rastrojos que indicaban movimientos de personal extraño […]», y tales infantes de marina obligaron al referido ciudadano a que los llevara al lugar de los hechos.

2.2. Indicaron que, una vez en el sector, los infantes de marina advirtieron que en el sector existían «[…] minas antipersona […]».

2.3. Manifestaron que uno de los infantes de marina activó, por error, una «[…] mina antipersona […]» y que, debido a ello, resultó herido el señor Hurtado Burgos en sus ojos.

2.4. Sostuvieron que, con ocasión de ello, desde el accidente en cuestión el actor ha padecido de un «[…] trauma ocular […]», y que, mediante el dictamen N° 13117 de 28 de noviembre de 2017, la Junta Regional de Calificación de Invalidez de Bolívar concluyó que el hoy accionante había padecido una pérdida de la capacidad laboral del 17,7%.

2.5. Adujeron que, con base en lo anterior, presentaron la demanda de reparación directa número 13001-33-33-012-2018-00094-00/01, en contra de la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Armada Nacional, con miras a que fueran reparados los daños padecidos por los demandantes con ocasión de las lesiones sufridas por el señor Marcial Hurtado Burgos.

2.6. Señalaron que, mediante sentencia de 30 de junio de 2021, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena declaró la caducidad del medio de control.

2.6. Señalaron que, mediante sentencia de 30 de junio de 2021, el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena declaró la caducidad del medio de control.

2.7. Indicaron que en contra de la decisión de primera instancia interpus ieron recurso de apelación, el cual fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar - Sala de Decisión N° 001 mediante sentencia de 12 de agosto de 2022, a través de la cual se confirmó la decisión de primera instancia que declaró la caducidad del medio de control.

2.8. Afirmaron que en las providencias proferidas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo se incurrió en un defecto sustantivo porque «[…] no aplicaron la norma correspondiente al caso en estudio, Responsabilidad extracontractual del Estado – Falla del servicio (Lesiones por mina antipersonal), las cuales se rigen sustantivamente por la normatividad dispuesta en la Sentencia SU312/20 […]».

2.9. Adicionalmente, destacaron que las decisiones proferidas por los jueces de instancia desconocieron el «[…] resultado definitivo de la junta regional de calificación de invalidez de bolívar, de fecha 28 de diciembre de 2017, y de conocer de manera definitiva la lesión causada DEGENERACIÓN DE LA MACULA Y DEL POLO POSTERIOR DEL OJO [sic], con pérdida de disminución de la capacidad laboral en (17.70%) […]».3

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-00

Accionante: Marcial Hurtado Burgos

Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

Accionante: Marcial Hurtado Burgos

Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 1.- Que se amparen los derechos fundamentales vulnerados por la actuación arbitraria e ilegítima de la autoridad judicial, contraria al orden jurídico preestablecido y violatorio de las garantías Constitucionales y legales que integran los derechos fundamentales al debido proceso y a la correcta administración de justicia para el accionante. 2.- Como consecuencia del punto anterior que realicen los siguientes o similares pronunciamientos. a.-) Que se declare la nulidad de la sentencia judicial de fecha treinta (30) de junio de dos mil veintiunos (2021), proferida por la juez, Dra. Sandra milena Zúñiga Hernández, del juzgado doce administrativo del circuito de Cartagena, dentro del proceso acción de reparación directa de radicado 13-001-33-33012-2018-00094-00, demandante marcial hurtado burgos y otros, demandado nación – ministerio de defensa nacional – policía nacional – ejército nacional – armada nacional – el Carmen de bolívar. b.-) Que se declare la nulidad de la sentencia judicial de fecha doce (12) de agosto de dos mil veintidós (2022), proferida por el tribunal administrativo de bolívar, sala de decisión no. 001, magistrado ponente óscar Iván Castañeda daza, dentro del proceso acción de reparación directa de radicado 13-001-3333-012-2018-00094-01, demandante marcial hurtado burgos y otros, demandado nación – ministerio de defensa nacional – policía nacional – ejército nacional – armada nacional – el Carmen de bolívar.

33-012-2018-00094-01, demandante marcial hurtado burgos y otros, demandado nación – ministerio de defensa nacional – policía nacional – ejército nacional – armada nacional – el Carmen de bolívar. c.-) Que se ordene proferir nueva sentencia dentro de la demanda acción de reparación directa de radicado 13-001-33-33-012-2018-00094-00, demandante marcial hurtado burgos y otros, demandado nación – ministerio de defensa nacional – policía nacional – ejército nacional – armada nacional – el Carmen de bolívar, están incursa en vía de hecho por DEFECTO SUSTANTIVO, teniendo en cuenta Responsabilidad extracontractual del Estado – Falla del servicio (Lesiones por mina antipersonal), sustantivamente regidas por la normatividad dispuesta en la Sentencia SU312/20, que dispone: (…) […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. El consejero de Estado a cargo de la sustanciación del proceso , mediante auto de 9 de mayo de 202 3, admitió la presente acción de tutela . En la misma providencia se ordenó vincular, como tercero con interés directo en los resultados del proceso, «[...] la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Armada Nacional y Policía Nacional y al municipio de El Carmen de Bolívar […]».

V. INTERVENCIONES

5. Efectuadas las notificaciones a la autoridad accionada y a la s vinculadas, se allegaron las siguientes intervenciones:4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-00

Accionante: Marcial Hurtado Burgos

Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

allegaron las siguientes intervenciones:4

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-00

Accionante: Marcial Hurtado Burgos

Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

5.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar, por conducto del magistrado ponente de la sentencia, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la presente acción de amparo, con base en los siguientes argumentos:

[…] En la sentencia del 12 de agosto de 2022, de la cual fue ponente el suscrito, se estudió el precedente del H. Consejo de Estado en lo referente a la caducidad del medio de control de reparación directa y la calificación de pérdida de capacidad laboral. Sobre el tema, se citaron las sentencia del 24 de septiembre de 2020 y 4 de febrero de 2022, de la Sección Tercera de esa Corporación, en las que se determinó que en los casos de lesiones personales o enfermedades, al margen de su origen, los dictámenes proferidos por las juntas de calificación de invalidez no pueden constituirse como parámetro para contabilizar el término de caducidad, toda vez que, el análisis que dichos órganos efectúan no es de alcance diagnóstico de la enfermedad o de la lesión padecida, sino que se limita a calificar una situación preexistente y a determinar la magnitud de la enfermedad en relación con la capacidad del lesionado.

En ese orden, se aplicaron los criterios legal y jurisprudencialmente establecidos para determinar si se había configurado o no, el fenómeno de la caducidad en el caso del demandante. Así, se estableció que este tuvo

En ese orden, se aplicaron los criterios legal y jurisprudencialmente establecidos para determinar si se había configurado o no, el fenómeno de la caducidad en el caso del demandante. Así, se estableció que este tuvo conocimiento del daño el 18 de enero de 2006, mismo día en que ocurrió el accidente en que resultó lesionado; además, que el Instituto de Medicina Legal evaluó su condición en distintas oportunidades, entre los años 2006 y 2009, y que la demanda fue interpuesta 12 años después de ocurrido el hecho y 9 años después de la última revisión de Medicina Legal […].

5.2. La Juez Doce Administrativo del Circuito de Cartagena se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la presente acción de tutela, ya que en la decisión proferida por dicha autoridad judicial «[…] se acogió la línea jurisprudencial que en ese momento histórico se manejaba frente al tema de la responsabilidad administrativa del Estado por falla del servicio más específicamente frente al desarrollo jurisprudencial en materia de accidentes con minas antipersonales […]». Además, trascribió en extenso las consideraciones del fallo objeto de la presente acción constitucional.

5.3. La Policía Nacional, a través del jefe de la oficina jurídica de la entidad, se opuso a la prosperidad de las pretensiones de la solicitud de amparo, ya que las autoridades judiciales accionadas no habrían incurrido en los defectos señalados por los accionantes en el escrito de tutela.

5.4. En ese sentido, puso de relieve que el actor tuvo conocimiento pleno del daño desde que se elaboró el dictamen efectuado por el Instituto Nacional de Medicina

por los accionantes en el escrito de tutela.

5.4. En ese sentido, puso de relieve que el actor tuvo conocimiento pleno del daño desde que se elaboró el dictamen efectuado por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia de Forenses, lo que ocurrió el 11 de julio de 2006.

5.5. Por último, manifestó que la presente acción de tutela era improcedente, ya que no cumplía con el requisito de subsidiariedad y no estaba acreditada la configuración de un perjuicio irremediable.5

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-00

Accionante: Marcial Hurtado Burgos

Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VI.1. Competencia de la Sala

6. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente acción de tutela, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 19913, en concordancia con el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 26 de mayo de 20154, modificado por el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20215, y el Acuerdo N° 80 de 12 de marzo de 2019.

VI.2. Problemas jurídicos

7. Previamente a la definición de los problemas jurídicos que deberá resolver la Sala de Decisión, se debe precisar que, aunque el extremo accionante atribuyó la vulneración de sus derechos fundamentales tanto a la sentencia proferida en primera instancia como a aquella dictada en segunda instancia dentro del medio de control de reparación directa con radicado número 13001-33-33-012-2018vulneración de sus derechos fundamentales tanto a la sentencia proferida en primera instancia como a aquella dictada en segunda instancia dentro del medio de control de reparación directa con radicado número 13001-33-33-012-201800094-00/01. Sin embargo, se advierte que el presente análisis se centrará en determinar si en esta última providencia, esto es la sentencia de 12 de agosto de 2022, se incurrió en los defectos invocados, dado que esta decisión fue la que finiquitó la litis e hizo tránsito a cosa juzgada6.

8. De acuerdo con la situación fáctica planteada, la Sala debe establecer:

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Y si ello es así determinar:

b) Si la sentencia de 12 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar dentro del medio de control de reparación directa número 13001-33-33-012-2018-00094-00/01, vulneró los derechos fundamentales invocados por los accionantes, por haberse incurrido, presuntamente, en defecto sustantivo.

9. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos planteamientos respecto de: (i) los requisitos generales y especiales de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales; procediendo posteriormente a (ii) resolver el c aso concreto relacionado con los defectos alegados, siempre y cuando se superen los requisitos genera les y/o exigencias adjetivas.

3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

alegados, siempre y cuando se superen los requisitos genera les y/o exigencias adjetivas.

3 "Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política". 4 "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector justicia y del derecho". 5 “Por la cual se modifican os artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”. 6 Al respecto ver la sentencia del Consejo de Estado – Sala de lo Contencioso Administrativo – Sección Primera, sentencia de 3 de junio de 2022, expediente 11001-03-15-000-2022-01119-01, C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.6

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-00

Accionante: Marcial Hurtado Burgos

Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

VI.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales. Requisitos generales y especiales de procedibilidad

10. En sentencia de 31 de julio de 2012 7, la Sala Plena del Consejo de Estado cambió su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

11. Ahora bien, la sentencia C -590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte

fundamentales siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia jurisprudencia.

11. Ahora bien, la sentencia C -590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

12. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los hechos causantes de vulneración y su alegación en el pr oceso, y vi) que la acción no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia SU-627 de 2015.

13. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez constitucional dejar sin efectos una providenci a judicial8, la sentencia C -590 de 2005 estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación, desconocimiento del precedente y violación directa de la

Constitución9.

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una

14. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de

7 Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González. 8 Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio. 9 «Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de jurisdicción o competencia para ello. Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido. Defecto fáctico , que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica sin existir evidencia probatoria de la misma. Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión. Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.

lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales. Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial. Desconocimiento del precedente , que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte Const itucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado. Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a las normas establecidas en la Constitución Política»7

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-00

Accionante: Marcial Hurtado Burgos

Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados , permitiéndole de esta manera “[…] dejar sin efect o o modular la decisión 10” que se encaje en dichos parámetros.

15. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este instrumento excepcional se convierta en una ma nera de desconocer principios y valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

16. El criterio expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sal a Plena de la Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-03-15-000-2012-02201-01.

VI.4. El caso concreto

17. Los ciudadanos Marcial Hurtado Burgos11, Elvis Hurtado Bautista, Sirly Paola Hurtado Bautista y Sindy Paola Hurtado Bautista, a través de apoderado judicial, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia, cuya vulneración atribuyeron a las sentencias de 30 de junio de 2021 y de 12 de agosto de 2022, proferidas respectivamente por el Juzgado Doce Administrativo del Circuito de Cartagena y por el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión N° 001, dentro del medio de control de reparación directa número 13001-33-33-0122018-00094-00/01

VI.4.1. Cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela

18. La Sala observa, en relación con los requisitos generales, que estos se cumplen, en razón a que: (i) se invoca la vulneración de derechos de orden fundamental como lo son el debido proceso y el acceso a la administración de justicia, y se encuentra satisfecha la carga argumentativa mínima ; (ii) la parte accionante no tiene otro medio de defensa judicial para la salvaguarda de los derechos fundamentales que aduce vulnerados con ocasión de la sentencia aquí enjuiciada; (iii) la acción de amparo fue promovida dentro un término razonable 12;

(iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela ; (v) no se alega la existencia

(iv) la situación a la cual se atribuye la vulneración de los derechos fundamentales fue debidamente puntualizada en el escrito de tutela ; (v) no se alega la existencia de una irregularidad procesal, por lo que no es necesario efectuar un análisis al respecto; y (vi) l a acción constitucional no se dirige contra una sentencia dictada en un proceso de idéntica naturaleza o índole.

10 Corte Constitucional. Sentencia T225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo. 11 Quien actúa en nombre propio y en representación de sus hijos menores de 18 años Y.M.H.B., Y.D.H.B., J.D.H.B., S.J.H.B y L.M.H.B. 12 Se precisa que la providencia objeto de esta acción constitucional fue notificada el 8 de febrero de 2023, mientras que la presente acción tutela fue radicada el 5 de mayo de 2023.8

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-00

Accionante: Marcial Hurtado Burgos

Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

VI.4.2. Análisis de los requisitos específicos de la presente acción de tutela

19. Encontrándose satisfechos y cumplidos los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela, la Sala abordará los requisitos especiales frente a la presunta vulneración de los derechos constitucionales fundamentales invocados por el accionante. En tal sentido, se pone de presente que en el caso sub examine, se alega la configuración de un defecto sustantivo. Sin embargo, en criterio de la Sala los argumentos que sustentan el citado defecto encajan dentro

por el accionante. En tal sentido, se pone de presente que en el caso sub examine, se alega la configuración de un defecto sustantivo. Sin embargo, en criterio de la Sala los argumentos que sustentan el citado defecto encajan dentro de la órbita del desconocimiento del precedente jurisprudencial contenido en la sentencia SU – 312 de 2020.

VI.4.2.3. Solución del defecto en el caso concreto

20. En el sub judice, la parte accionante indicó que en la sentencia de 12 de agosto de 2022, dictada por la el Tribunal Administrativo de Bolívar, se incurrió en un desconocimiento del precedente contenido en la sentencia SU – 312 de 2020, proferida por la Corte Constitucional, que en su sentir se desconocieron las

siguientes reglas jurisprudenciales:

[…] (i) Los interesados en la reparación patrimonial cuentan con un plazo razonable de dos años para acudir al aparato jurisdiccional y sati sfacer sus pretensiones, el cual no se cuenta necesariamente desde el momento del daño que origina el perjuicio, sino que sólo se inicia a contabilizar cuando el afectado tenga conocimiento de que el menoscabo fue causado por el Estado y se encuentre en la capacidad material de imputarle el mismo ante el aparato jurisdiccional; (ii) La procedencia de la demanda de reparación debe ser analizada por el juez contencioso administrativo competente, atendiendo a las particularidades de cada asunto en concreto; y (iii) La desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la compensación económica del daño causado por otras

particularidades de cada asunto en concreto; y (iii) La desestimación del medio de control de reparación directa por caducidad, no le impide al perjudicado obtener la compensación económica del daño causado por otras vías, como el incidente de reparación integral en el marco del proceso penal que se ad elante en contra del responsable material del delito de lesa humanidad o el trámite de indemnización administrativa […].

21. Por último, precisaron que también se habrían desconocido las sentencias T347 de 2020 y SU-659 de 2015 . Sin embargo, sobre estas providencias no se expusieron los argumentos por los que estimaban desconocido el precedente jurisprudencial. Por tal motivo la Sala se abstendrá estudiarlas de fondo.

22. Por otro lado, en la sentencia de 12 de agosto de 2022 el Tribunal Administrativo de Bolívar, al analizar la configuración de la caducidad en el sub

examine, puso de relieve lo siguiente:

[…] 5.5.1. Hechos relevantes probados

El 18 de enero de 2006, el hoy demandante resultó herido por una mina antipersonal. Los hechos tuvieron lugar en el corregimiento de Macayepo del Municipio de El Carmen de Bolívar.9

Radicación: 11001-03-15-000-2023-02338-00

Accionante: Marcial Hurtado Burgos

Accionado: Tribunal Administrativo de Bolívar

(…) El 18 de enero de 200619, a las 11:15AM, el hoy demandante fue ingresado de urgencias al Hospital Regional de II Nivel de Sincelejo. (…) Posteriormente, fue remitido al Hospital Univers itario de Sincelejo, donde fue

(…) El 18 de enero de 200619, a las 11:15AM, el hoy demandante fue ingresado de urgencias al Hospital Regional de II Nivel de Sincelejo. (…) Posteriormente, fue remitido al Hospital Univers itario de Sincelejo, donde fue atendido por oftalmología, dado su diagnóstico de trauma ocular, ulcera corneal en ojo y dolor ocular.

El 25 de enero de 2006, se hizo un primer reconocimiento médico legal por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal. Se estimó que como incapacidad definitiva 35 días. Mismo resultado arrojó el segundo reconocimiento medico legal de 28 de marzo de 200623.

El 11 de julio de 2006, el Instituto Nacional de Medicina Legal rindió informe técnico de lesiones con respecto al Sr. Hurtado burgos. Se estimó que como incapacidad definitiva 35 días. Este fue el tercer reconocimiento médico legal. (…) El 27 de oct ubre de 2009, el Instituto Nacional de Medicina Legal rindió informe técnico de lesiones con respecto al Sr. Hurtado burgos. Este fue el cuarto reconocimiento medica legal. No se requirió un nuevo reconocimiento médico legal. (…) El caso que ocupa la atención de la Sala, relata el episodio acontecido en enero de 2006, cuando el Sr. Marcial Hurtado Burgos -y un miembro de la Armada Nacional -, resultaron heridos luego del estallido de una mina antipersonal. En su demanda, el actor estima que el Estado es responsable de los daños sufridos en uno de sus ojos, toda vez que hubo negligencia en el procedimiento de desactivación de la mina.

La decisión de instancia no alcanzó a evaluar esa postura. Se consideró que

responsable de los daños sufridos en uno de sus ojos, toda vez que hubo negligencia en el procedimiento de desactivación de la mina.

La decisión de instancia no alcanzó a evaluar esa postura. Se consideró que el medio de control había caducado, en tanto el actor fue consciente de la magnitud del daño desde julio de 2006, cuando su condición fue evaluada por el Instituto de Medicina Legal, por lo que debió interponer la demanda antes de julio de 2008. Habiendo sido interpuesta em abril de 2018, consideró evidente la caducidad.

Inconforme con lo resuelto, la parte actora impugnó la decisión. Argumentó que solo hasta la determinación de la junta médica de calificación de 2017, fue que se tuvo certeza de la magnitud del daño, por lo que la demanda pudo habers e interpuesto incluso hasta 2019. Resaltó la naturaleza de las lesiones sufridos, insinuando que no operaba la caducidad en este tipo de asuntos.

La Sala coincide con l