CE - 010315000202302465001SENTENCIA20230616153807

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02465-00

Demandante: Luisa Fernanda Herrera Durán

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02465-00

Demandante: LUISA FERNANDA HERRERA DUR ÁN

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE RISARALDA Y OTRO

Temas: Contra providencia judicial, contra nulidad y restablecimiento del derecho – contrato realidad . Requisitos generales y específicos de procedibilidad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial , por la señora Luisa Fernanda Herrera Durán contra el Juzgado Primero Administrativo de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda, de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Luisa Fernanda Herrera Dur án interpuso acción de tutela contra el Juzgado Primero Administrativo de Pereira y el T ribunal Administrativo de Risaralda, por estimar vulnerado s los derechos fundamentales a la igualdad, al debido proceso y de acceso a la administración de justicia . En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

«De acuerdo con los fundamentos de hecho y de derecho consignados, respetuosamente solicito de manera comedida al señor Juez Constitucional que de la valoración que pueda realizar de forma íntegra a los medios de prueba, conforme con los criterios de omisión probatoria puestos a su conocimiento en extenso, concluye proceder declarar lo siguiente:

1. Que el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda en la Sala de Decisión conformada por los Magi strados Dr. Juan Carlos Hincapié Mejía, Dr. Leonardo Rodríguez Arango, y Dr. Ariel Riaño Morales, y el Juzgado Primero Administrativo de Pereira en decisión proferida por la Jueza Dra. Cristina Isabel Sánchez Brito, transgredieron los derechos fundamentales al debido proceso, la igualdad y acceso a la administración de justicia de la accionante con las decisiones de primera y segunda instancia contenidas en los fallos dictados el día 30 de junio de 2021 y 10 de noviembre de 2022, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 66001-33-33-001-201700222-01 (J-0654-2021), por

de noviembre de 2022, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho radicado bajo el No. 66001-33-33-001-201700222-01 (J-0654-2021), por incurrir en dichas decisiones en un defecto fáctico en el análisis probatorio, así como de un defecto por desconocimiento del precedente jurisprudencial.

2. Que como consecuencia de la declaración anterior, ordenar Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda en la Sala de Decisión conformada por los Magistrados Dr. Juan Carlos Hincapié Mejía, Dr. Leonardo Rodríguez Arango, y Dr. Ariel Riaño Morales y al Juzgado Primero Administrativo de Pereira Jueza Dra. Cristina Isabel Sánchez Brito dejar sin efecto las providencias referidas del 30 de junio de 2021 y 10 de noviembre de 2022, y en su lugar, produzcan unas nuevas providencias por medio de las cuales se acceda a las suplicas de la demanda, y en segunda instancia se haga una confirmación al fallo que se provea de manera favorable en la instancia inicial, atendiendo al estricto y correcto análisis de los medios de pruebaRadicado: 11001-03-15-000-2023-02465-00

Demandante: Luisa Fernanda Herrera Durán

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existentes en el plenario, así como del precedente jurisprudencial establecido en la

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existentes en el plenario, así como del precedente jurisprudencial establecido en la sentencia SUJ-025-CE-S2-2021».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se resaltan como hechos relevantes los siguientes:

La señora Luisa Fernanda Herrera Durán labor ó al servicio de la Dirección Seccional de Sanidad Risaralda de la Policía Nacional, desde el 4 de diciembre de 2013 hasta el 4 de octubre de 2016, siempre se desempeñó como técnico auxiliar de enfermería, prest ó sus servicios en las instalaciones de la Dirección Seccional de Sanidad de la Policía Nacional, de lunes a sábado y cumplía un mínimo de 48 horas semanales.

La actora presentó reclamación administrativa el 19 de abril de 2017 ante la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional, con el fin de solicitar el reconocimiento y pago de los derechos salariales y prestacionales, a que consideraba tenía derecho, solicitud que, en oficio S-2017-022661/JEFAT-ASJUR-1.10 del 9 de mayo de 2017, fue negada por la ex istencia de una relación laboral entre la demandante y la entidad demandada.

Por conducto de apoderado judicial, ejerció demanda de nulidad y restablecimiento del derecho contra el Ofició -2017-022661/JEFAT-ASJUR-1.10 del 9 de mayo de 2017, expedido por la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional con el fin de que se declarara la existencia de un contrato realidad por el tiempo que prest ó sus servicios como técnico auxiliar de enfermería y desempeñó funciones acordes

2017, expedido por la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional con el fin de que se declarara la existencia de un contrato realidad por el tiempo que prest ó sus servicios como técnico auxiliar de enfermería y desempeñó funciones acordes al objeto misional de la Dirección Seccional de Sanidad de la Policía Nacional.

El Juzgado Primero Administrativo de Pereira , en sentencia del 30 de junio de 2021, negó las pretensiones de la demanda porque, de las pruebas documentales y testimoniales, no se logró acreditar la relación laboral entre la señora Luisa Fernanda Herrera Durán y la Policía Nacional, para prestar el servicio de técnico auxiliar en enfermería en la Dirección Seccional de Sanidad Risaralda.

La parte demandante ejerció recurso de apelación en el que afirmó que se dejaron de valorar las declaraciones de las señoras Claudia Patricia Ba ñol y María Fernanda Henao Ladino y se le restó valor probatorio “de los documentos con suficiente fuerza probatoria expuestos en el expediente, pese a que de todas las pruebas practicadas en el plenario”, para lo cual insistió en los argumentos expuestos en el escrito inicial sobre el cumplimiento de horario laboral, la dependencia y subordinación .

El Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión, en sentencia del 10 de noviembre de 2020, confirmó el fallo de primera instancia porque no se encontró demostrada la subordinación y dependencia continuada que se exige en estos casos, bien sea con horarios impuestos a la demandante para ejecutar su labor, u órdenes, instrucciones o directrices sobre la manera en que debía ejecutarla, ni respecto de la forma y el tiempo en que debía desarrollar la actividad para la cual fue contratada.

labor, u órdenes, instrucciones o directrices sobre la manera en que debía ejecutarla, ni respecto de la forma y el tiempo en que debía desarrollar la actividad para la cual fue contratada.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la parte actora el Juzgado Primero Administrativo de Pereira y el Tribunal Administrativo de Risaralda incurrieron en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial porque n o se hizo la valoración, análisis y estudio adecuado de las pruebas existentes en el plenario, e incluso se les dio unRadicado: 11001-03-15-000-2023-02465-00

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sentido distinto a los medios probatorios y por el desconocimiento de la sentencia de unificación SUJ-025-CE-S2-2021.

En relación con el defecto fáctico, sostuvo que se les restó valor probatorio a las declaraciones realizadas por Claudia Patricia Ba ñol y María Fernanda Henao Ladino, así como también a los documentos “con suficiente fuerza probatoria expuestos en el expediente, pese a que todas estas pruebas practicadas en el plenario”.

Considera q ue las pruebas que obraban en el proceso era posible concluir con suficiencia que la señora Luisa Fernanda Herrera Duran debía cumplir un horario

el expediente, pese a que todas estas pruebas practicadas en el plenario”.

Considera q ue las pruebas que obraban en el proceso era posible concluir con suficiencia que la señora Luisa Fernanda Herrera Duran debía cumplir un horario fijo en la semana, el cual era fijado y supervisado por la entidad demandada, y establecido en las macro agend as, que, si bien las diseñaba la demandante y, en general, expuso que se acreditaba el cumplimiento de horario laboral, la dependencia y subordinación.

Señala en el escrito de tutela “me pregunto de nuevo, como se refiere que los testigos deponentes no manifestaban conocimientos o percepciones por sus sentidos (…)”, a su juicio, se evidenci ó y se corroboró con la declaración de María Fernanda Henao Ladino que, si percibieron circunstancias de subordinación, de manera general, expuso las inconformidades que le genera la valoración probatoria de los jueces de instancia. Agregó que se omitió el hecho que debía utilizar uniformes específicos, con los logos de la entidad y que era obligatorio el uso de escarapela o carnet dentro de las instalaciones de Sanidad.

Insistió en que las autoridades accionadas desconocieron el alcance de las versiones de los testigos, así como de las pruebas documentales , a su juicio, solo se limit aron a apreciar aspectos superficiales de las pruebas practicadas, sin realizar un análisis pormenorizado, integral o armónico de las pruebas documentales, los hechos efectivamente demostrados y de las declaraciones de los testigos, declaraciones en las cuales, afirma, todos y cada uno de los testigos declararon sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los

documentales, los hechos efectivamente demostrados y de las declaraciones de los testigos, declaraciones en las cuales, afirma, todos y cada uno de los testigos declararon sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, fueron concretas y certeras en establecer la real existencia de una dependencia y subordinación en la prestación del servicio.

Transcribió en extenso los testimonios de las señoras Claudia Patricia Bañol, María Fernanda Henao Ladino y reiteró que de los mismos era posible concluir la existencia del elemento dependencia.

Igualmente, invocó desconocido s: (i) el Oficio S-2016 011 / JEFAT – GASIS 29.25 emitido por el jefe de la seccional de sanidad, en el qu e se reportó qué auxiliares de enfermería, incluida la demandante, prestar ían el servicio de consulta, prueba con fundamento en lo cual, afirmó que se acreditó que no e ra autonomía del contratista, sino de la asignación de turnos es del ente contratante ;

(ii) el a nexo número 1 al contrato 86 -7-20225-13, por considerar que deja en evidencia que la entidad no t enía suficiente personal de pl anta para brindar el servicio;

(iii) la Resolución 103 del 22 de agosto de 2014, por la cual se justifica la contratación de la demandante y la necesidad del servicio a contratar, por un horario especifico diario, semanal y mensual ;

(iv) el Oficio S -2017-008796 / JEFAT – ASJUR – 1.10 del 21 de febrero de 2017, suscrito por el jefe Seccional de Sanidad Risaralda, mediante el cual certificó que

(iv) el Oficio S -2017-008796 / JEFAT – ASJUR – 1.10 del 21 de febrero de 2017, suscrito por el jefe Seccional de Sanidad Risaralda, mediante el cual certificó que en el artículo 54 del Decreto 1792 de 2000 se encuentra definido el horario de los empleados no uniformados, que, establece una jornada de trabajo de 8 horas;Radicado: 11001-03-15-000-2023-02465-00

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4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Considera que la exigencia de horario en la prestación del servicio, “maquilla una relación laboral por una d e prestación de servicios” , mencionó que aquí se obligó a la prestación del servicio en horas laborales diarias de 8 horas, 44 semanales y 190 mensuales, las cuales se asimilan a las horas que debe trabajar y laborar un empleado, para la prestación de serv icios misionales de atención al público en los horarios de atención habitual.

(v) Certificación suscrita por la jefe del grupo de talento humano de la Dirección de Sanidad de la Policía Mayor Brigitte Yasmin Higuera Rincón, que respuesta a la petición del 9 de febrero de 2017 informó que los factores salariales que devenga un funcionario de planta en el cargo de auxiliar de enfermería o personal asignado

Sanidad de la Policía Mayor Brigitte Yasmin Higuera Rincón, que respuesta a la petición del 9 de febrero de 2017 informó que los factores salariales que devenga un funcionario de planta en el cargo de auxiliar de enfermería o personal asignado en grado jerárquico que se asemeje a dicho cargo, les corresponde la asignación básica de técnico 27.

(vi) Oficio S -2019-032128 / JEFAT – ASJUR – 1.10 del 21 de mayo de 2019, suscrito por el jefe ESPAM Seccional de Sanidad de Risaralda, mediante el cual certifica el horario de atención de sanidad Risaralda, indicando que el servicio asistencial a los usuarios se da de lunes a viernes de 6am a 7pm y los sábados de 8am a 5pm, así como domingos y festivos de 8am a 2pm.

Insistió en que sí existe subordinación en el presente asunto pues el trabajo que desplegó estaba estrictamente ligado a la instrucciones y control de un superior y un supervisor, el trabajo que desplegaba era en beneficio de la institución Sanidad de la Policía Nacional y de sus integrantes o afiliados, siendo el mismo un servicio misional, también se acreditó que el servicio debía ser brindado de manera personal, al punto que no podía suplir ausencias con otra persona, que su servicio estaba atado a un horario que coincidía con el horario de atención al público de la entidad y que el puesto de trabajo era en el área de referencia y contra referencia , que, el servicio brindado no fue temporal, ni sus funciones o servicio requerían conocimiento especializados, pues , su relación laboral perduro por más de 3 años continuos y sus servicios los prestaba también personal de planta y era la entidad

que, el servicio brindado no fue temporal, ni sus funciones o servicio requerían conocimiento especializados, pues , su relación laboral perduro por más de 3 años continuos y sus servicios los prestaba también personal de planta y era la entidad quien suministraba los materiales para la prestación del servicio, en la sede de la entidad y bajo los requerimientos y formalismos de la misma .

Reiteró que las funciones cumplidas eran propias o inherentes al funcionamiento administrativo d e la entidad, necesarias para la entidad, m ás no transitorias o temporales; que se cumplieron de forma permanente desde el 4 de diciembre de 2013 y hasta el 18 de diciembre de 2016, que, en ese sentido su trabajo se prolongó por un lapso superior a 2 años, con lo que se desvirtúan las características del contrato de prestación de servicios que define la sentencia de la Corte Constitucional C-154 de 1997 y de que trata el artículo 32 de la Ley 80 de 1993.

En cuanto al desconocimiento del precedente judicial indicó que, en la sentencia de unificación, del 9 de septiembre de 2021 proferida dentro del radicado número 05001-23-33-000-2013-01143-01 (1317 -2016), SUJ -025-CE-S2-2021, con fundamento en la cual, sostuvo que en el presente caso los elementos de la relación laboral están acreditados y pueden verse del análisis probatorio realizado en el escrito de tutela, para lo cual, reiteró idénticos argumentos en los que sustentó en defecto fáctico.

4. Trámite Previo

El despacho sustanciador , en auto del 15 de abril de 2023 , admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante, a los magistrados que conforman el

defecto fáctico.

4. Trámite Previo

El despacho sustanciador , en auto del 15 de abril de 2023 , admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante, a los magistrados que conforman el Tribunal Administrativo de Risaralda y al titular del Juzgado Primero AdministrativoRadicado: 11001-03-15-000-2023-02465-00

Demandante: Luisa Fernanda Herrera Durán

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de Pereira y a la Nación –Ministerio de Defensa , Policía N acional, como tercer o interesado en el resultado del proceso . Asimismo, publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados y ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo de Risaralda , por conducto del Magistrado Juan Carlos Hincapié Mejía, se refirió a la procedencia de la acción de tutela contra providencia judicial , para señalar que ninguno de los requisitos generales ni específicos de procedencia se cumplen.

Enfatizó en que en el presente caso no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional por tratarse de un asunto de interés económico y porque se ejercer como una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento

Enfatizó en que en el presente caso no se cumple con el requisito general de relevancia constitucional por tratarse de un asunto de interés económico y porque se ejercer como una instancia adicional al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

Con todo, precisó que la sentencia cuestionada realizó un análisis juicioso del acervo probatorio a la luz de las disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al asunto debatido.

El Juzgado Primero Administrativo de Pereira guardó silencio.

6. Intervención tercera interesado

La Nación –Ministerio de Defensa, Policía Nacional no se pronunció sobre los hechos que dieron lugar a la presente acción.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 .º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto ”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia

irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afectación manifiesta de los derechos constitucionale s fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de 31 de julio de 2012 , Exp. 2009 -01328-01, aceptó la acción la tutela contra providencia judicial y acogió el criterio de la procedencia excepcional 1 , para

1 La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo y las distintas Secciones que la componen, antes y después del pronunciamiento de 29 de junio de 2004 (Expediente AC -10203), han abierto paso la acción de tutela, de manera excepcional, cuando se ha advertido la vulneración de derechos constitucionales fundamentales. De ahí que en esa oportunidad - sentencia de 31 de julio de 2012 - se admita, que debe ac ometerse el estudio de fondo, cuando se esté enRadicado: 11001-03-15-000-2023-02465-00

Demandante: Luisa Fernanda Herrera Durán

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lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la

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lo cual aplicó la metodología desarrollada por la Corte Constitucional en la sentencia C-590 de 2005 para estudiar si, en un caso concreto, procede o no el amparo solicitado, mediante el empleo de las causales generales 2 y específicas 3 de procedencia de la acción de tutela.

Problema jurídico

Mediante el ejercicio de la presente acción la señora Luisa Fernanda Herrera Durán cuestiona la decisión del 10 de noviembre de 2020, mediante la que el Tribunal Administrativo de Risaralda, Sala Tercera de Decisión confirmó la sentencia del 30 de junio de 2021, con la que el Juzgado Primero Administrativo de Pereira negó las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho porque no se logró acreditar la relación laboral que adujo la demandante c on la Nación – Ministerio de Defensa, Policía Nacional.

A juicio de la parte actora, las autoridades judiciales demandadas incurrieron en los defectos fáctico y por desconocimiento del precedente judicial, ambos dirigidos a señalar que fue indebida la val oración probatoria que desplegaron los jueces de instancia, pues, a su juicio se acreditaron los elementos previstos en la sentencia de unificación del 9 de septiembre de 2021 SUJ -025-CE-S2-2021, para que se declarara la existencia de un contrato realidad.

Al efecto, corresponde a la Sala determinar si el cargo por defecto fáctico cumple con el requisito general de relevancia constitucional, seguidamente se pronunciará sobre el alegado defecto por desconocimiento del precedente judicial.

Al efecto, corresponde a la Sala determinar si el cargo por defecto fáctico cumple con el requisito general de relevancia constitucional, seguidamente se pronunciará sobre el alegado defecto por desconocimiento del precedente judicial.

Requisito de la r elevancia constitucional como presupuesto general de procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

El requisito de relevancia constitucional tiene como finalidad proteger la autonomía e independencia judicial y evitar que el juez de tutela se inmiscuya en asuntos que le corresponde resolver a otras jurisdicciones.

En ese sentido, la Corte Constitucional ha señalado que la relevancia constitucional tiene tres finalidades: (i) preservar la competencia y la independencia de los jueces de las jurisdicciones diferentes a la constitucional y, por tanto, evitar que la acción de tutela se utilice para discutir asuntos de mera legalidad; (ii) restringir el ejercicio de la acción de tutela a cuestiones de relevancia constitucional que afecten los derechos fundamentales, e (iii) impedir que la acción de tutela se convierta en una instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces.

De acuerdo con los anteriores criterios y con los expuestos por la Sala Plena del Consejo de Estado en sentencia de unificación del 5 de agosto de 2014, para que un asunto goce de relevancia constitucional deben verificarse los siguientes elementos:

presencia de providencias judiciales que resulten violatorias de derechos fundamentales, observando al efecto los parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i)

parámetros fijados hasta el momento jurisprudencialmente . (Se destaca) 2 Causales genéricas de procedibilidad o requisitos generales de procedencia de la tutela contra providencia judicial son: (i) Que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional ; (ii) Que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada, salvo que se trate de evitar la consumación de un perjuicio iusfundamental irremediable; (iii) Que se cumpla con el requisito de la inmediatez; (iv) Cuando se trate de una irregularidad procesal ésta deb e tener un efecto determinante en la sentencia que se impugna y afectar los derechos fundamentales de la parte actora; (v) Que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos que se transgredi eron y que tal vulneración hubiere sido alegada en el proceso judicial siempre que esto hubiere sido posible y, (vi) Que no se trate de sentencias de tutela. 3 La configuración de una causal especial de procedibilidad, supone que la providencia controvertida haya incurrido en alguno de los siguientes defectos: (i) orgánico; (ii) procedimental absoluto; (iii) fáctico, (iv) material o sustantivo; (v) error inducido; (vi) decisión sin motivación; (vii) desconocimiento del precedente constitucional que establece el alcance de un derecho fundamental y, (viii) violación directa de la Constitución.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02465-00

Demandante: Luisa Fernanda Herrera Durán

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(i) Que el asunto objeto de estudio realmente involucre la amenaza o vulneración de derechos fundamentales. En principio, la acción de tutela no puede utilizarse para plantear situaciones inexistentes o para discutir asuntos eminentemente económicos o de mera legalidad, pues ese tipo de discusiones se alejan del objeto de la acción de tutela.

(ii) Que el interesado argumente de manera suficiente y razonable la relevancia constitucional por vulneración de derechos fundamentales. Debe tenerse en cuenta, para el efecto, que «no basta, entonces, aducir la vulneración de derechos fundamentales para cumplir este requisito de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales». Es necesario que el interesado exponga de manera clara las razones por las que considera que la providencia judicial amenaza o vulnera los derechos fundamentales.

(iii) Que los argumentos de la solicitud de amparo se acompasen con las razones de la decisión objeto de tutela. La discusión propuesta en la demanda de tutela debe referirse a las razones fundamentales de la decisión cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en

cuestionada, deben tener relación con la ratio decidendi. De modo que pueda abordarse el estudio con una expectativa de incidencia en el sentido de la propia decisión cuestionada.

(iv) Que no se propongan nuevos argumentos que no fueron expuestos en el proceso ordinario. La acción de tutela contra providencias judiciales no está concebida como un mecanismo que permita a las partes adicionar, completar o modificar los argumentos que dejaron de plantearse o proponerse ante el juez natural.

(v) Que la acción de tutela no se convierta en una instancia adicional del proceso ordinario en el que fue proferida la providencia acusada. Por más informal que sea la tutela, y aunque sus objetivos sean la salvaguarda de derechos fundamentales, el interesado está en la obligación de interponer la demanda con serios y fuertes argumentos para derribar las decisiones de los jueces, que se dictan previo agotamiento de los procedimientos reglados y conforme con una sólida razonabilidad. Es decir, no se trata de controvertir las decisiones de los jueces como si fuera una instancia adicional del proceso ordinario. Justamente por eso no se debe insistir en los argumentos que se ofrecieron en el proceso ordinario, pues ya fueron