CE - 010315000202302496001SENTENCIA20230616154108

Radicado: 11001-03-15-000-2023-02496-00

Demandante: Andrea López Domínguez

1 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica : https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos /evalidador.aspx

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: MILTON CHAVES GARCÍA

Bogotá D.C., quince (15) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA Radicado: 11001-03-15-000-2023-02496-00

Demandante: ANDREA LÓPEZ DOMÍNGUEZ

Demandado: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUIND ÍO

Temas: Contra providencia judicial . Requisitos generales de procedibilidad

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

La Sala decide la acción de tutela interpuesta, mediante apoderado judicial, por la señora Andrea López Domínguez contra el Tribunal Administrativo del Quindío, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 º del Decreto 333 de 2021.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Andrea López Domínguez interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío, por estimar vulnerado s los derechos fundamentales al

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

La señora Andrea López Domínguez interpuso acción de tutela contra el Tribunal Administrativo del Quindío, por estimar vulnerado s los derechos fundamentales al debido proceso, a la seguridad social, a la igualdad y de acceso a la administración de justicia. En consecuencia, formul ó las siguientes pretensiones:

«1. Se declare que el TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL DEPARTAMENTO DEL QUIND ÍO en la sentencia proferida el día 20 de abril de 2023, en el expediente rad. No. 63001-3333-001-2022-0005502, transgredió los derechos fundamentales: AL DEBIDO PROCESO, DERECHO A LA SEGURIDAD SOCIAL, SITUACIÓN MÁS FAVORABLE AL TRABAJADOR EN CASO DE DUDA EN LA APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS FUENTES FORMALES DE DERECHO, GARANTÍA A LA SEGURIDAD SOCIAL, A LA IGUALDAD, ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, SEGURIDAD JURÍDICA, AL DESCONOCIMIENTO DE PRECEDENTE JUDICIAL VERTICAL, de la accionante, por considerar que las razones de la decisión no se ajustan a los postulados de la ley y a la abundante jurisprudencia constitucional y de este órgano de cierre en la jurisdicción contencioso administrativo, por lo que se encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva,

encuentra vulnerando los derechos fundamentales de la accionada.

Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene al TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO; dejar sin efectos la providencia referida en el numeral anterior y se profiera una nueva, atendiendo la multiplicidad de precedentes judiciales que sobre el tema edificó la Corte Constitucional en las sentencias SU 098 de 17 de octubre de 2018 y el de la Sección Segunda del H. Consejo de Estado mediante diferentes decisiones ordenando el reconocimiento y pago de la sanción por mora como fue solicitada en la demanda (…)».

2. Hechos

De la lectura del expediente, se resaltan como hechos relevantes los siguientes:

La señora Andrea López Domínguez , desde el 3 de mayo de 2011, labora como docente oficial del departamento del Quindío 1.

1 Según lo indica la providencia demandada.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02496-00

Demandante: Andrea López Domínguez

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La demandante mencionó que no fueron consignadas sus cesantías del año 2020 por parte de Ministerio de Educación Nacional al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) en el término legal establecido, esto es, a más tardar el 15 de febrero del 2021.

por parte de Ministerio de Educación Nacional al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (en adelante FOMAG) en el término legal establecido, esto es, a más tardar el 15 de febrero del 2021.

El 13 de julio de 2021, la señora Andrea López Domínguez solicitó al Ministerio de Educación el reconocimiento y pago de la sanción moratoria por consignación tardía de las cesantías del año 2020 en el respectivo fondo, con fundamento en el régimen establecido en la Ley 50 de 1990 y la indemnización por el pago tardío de los intereses de las cesantías, dicha entidad no se pronunció frente a lo solicitado, razón por la que se configuró silencio administrativo negativo.

Por lo anterior, la demandante ejerció medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la Nación, Ministerio de Educación Nacional, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, el departamento del Quindío y de la Secretaría de Educación Nacional, con el fin de que se declarara la nulidad del acto ficto producto del silencio de la administración ante la solicitud interpuesta y, en su lugar, se ordenara el reconocimiento y pago de la sanción moratoria contemplada en la Ley 50 de 1990, derivada de la tardanza en la consignación de la prestación anual.

El Juzgado Primero Administrativo de Armenia, en sentencia del 22 de agosto de 2022, negó las pretensiones de la demanda al considerar que la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al régime n especial de cesantías es incompatible, ya que el Fomag no es un fondo de cesantías, ni se administra de manera individualizada, que, en ese sentido, no es factible el derecho al reconocimiento y

artículo 99 de la Ley 50 de 1990 al régime n especial de cesantías es incompatible, ya que el Fomag no es un fondo de cesantías, ni se administra de manera individualizada, que, en ese sentido, no es factible el derecho al reconocimiento y pago de la sanción por mora por consignación extemporánea d e esa prestación laboral, como lo consagra e l artículo 99 de la Ley 50 de 1990, como tampoco el reconocimiento de la indemnización por pago tardío de los intereses a las cesantías establecida en el artículo 1 de la Ley 52 de 1975 .

La demandante apeló la m encionada decisión con fundamento en que, si bien, los docentes tienen un régimen especial, esa circunstancia no los excluye de la aplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990, más aún cuando la jurisprudencia de la Corte Constitucional, como del Consej o de Estado “ha restablecido sus derechos prestacionales, equiparándolos “a los servidores públicos bajo la modalidad de empleados públicos” y concediéndoles por favorabilidad derechos laborales con fundamento en el régimen general”, en general, insistió en que no está pidiendo el reconocimiento de la sanción por mora por consignación inoportuna de las cesantías, así como la indemnización moratoria por el pago extemporáneo de los intereses a las cesantías, basado en la interpretación de la Corte Constitucional sobre el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes afiliados al Fomag que cuentan con un régimen de cesantías anualizado.

El Tribunal Administrativo del Quindío, en sentencia del 20 de abril de 2023, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que en virtud del principio

anualizado.

El Tribunal Administrativo del Quindío, en sentencia del 20 de abril de 2023, confirmó la decisión de primera instancia, al considerar que en virtud del principio de inescindibilidad de la norma, no es admisible la aplicación por analogía ni favorabilidad del numeral 3º del artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a los docentes oficiales.

Concluyó que, no es posible hacer extensiva la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 a la señora López Domínguez, quien ha ocupado el cargo de docente oficial al servicio del Departamento del Quindío y se encuentra cubierta por el sistema anualiza do de cesantías regulado por la Ley 91 de 1989, porque no existe norma jurídica que así lo contemple según su situación específica, además no existe un precedente consolidado de obligatoria aplicación, y acceder a lo pretendido implicaría introducir un cam bio en la regulación del funcionamientoRadicado: 11001-03-15-000-2023-02496-00

Demandante: Andrea López Domínguez

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interno del Fomag en lo que respecta a la administración de los recursos – principio presupuestal de unidad de caja -, aspectos todos que de desconocerse excederían el propósito del legislador.

interno del Fomag en lo que respecta a la administración de los recursos – principio presupuestal de unidad de caja -, aspectos todos que de desconocerse excederían el propósito del legislador.

Al efecto, explicó que no existe un criterio unificado al interior del órgano de cierre de la Jurisdicción frente al tema aquí abordado, y los pronunciamientos que han determinado la procedibilidad de la sanción deprecada se han proferido en asuntos en los que han mediado supue stos fácticos que difieren de las circunstancias en las que se enmarca la situación jurídica de la demandante.

Que, por lo tanto, no existe una justificación amparada constitucional o legalmente para aplicar la Ley 50 de 1990, norma extendida a los servidores públicos con la Ley 344 de 1996, pues, si bien, los docentes están incursos en esta categoría, la misma norma dispuso que no puede obviarse las previsiones de la Ley 91 de 1989, y por ende no es posible acoger en forma fragmentada lo que aquella disposición introdujo. Además, porque, lo pretendido por la parte actora sí conllevaría a una transgresión al principio de inescindibilidad normativa, pues en este caso la aplicación de las Leyes 50 de 1990 y 344 de 1996 no deviene de la inexistencia de una disposición que delimite la consignación de las cesantías a los docentes.

En suma, dijo que no le asiste razón a la parte actora en sus razones de inconformidad con la decisión apelada, puesto que no existe una decisión de unificación frente al tema aq uí debatido y contrario a lo esgrimido en la alzada, se itera, la SU -098 de 2018 no resulta aplicable para resolver la controversia

inconformidad con la decisión apelada, puesto que no existe una decisión de unificación frente al tema aq uí debatido y contrario a lo esgrimido en la alzada, se itera, la SU -098 de 2018 no resulta aplicable para resolver la controversia planteada, al tener origen en una situación fáctica y jurídica distinta a la valorada en esta oportunidad.

3. Argumentos de la acción de tutela

A juicio de la actora, el Tribunal Administrativo del Quindío, con la decisión de segunda instancia, vulneró los derechos fundamentales invocados e incurr ió en los defectos sustantivo y por desconocimiento del precedente judicial, con fundamento en las razones que se pasan a señalar.

Manifestó que se incurrió en defecto sustantivo , pues, a su juicio, la autoridad demandada no tuvo en cuenta que el Decreto 1582 de 1998 2 extendió el sistema de cesantías del sector privado, esto es, la Le y 50 de 1990, a los empleados del sector público del nivel territorial, vinculados a partir del 31 de diciembre de 1996. Que, por lo tanto, los empleados públicos del nivel territorial quedaron cobijados por la sanción moratoria prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

Expresó que, si bien los docentes gozan de un régimen prestacional especial en virtud de los principios de favorabilidad, igualdad y condición más beneficiosa, a los docentes se les debe aplicar las normas del régimen general pues es en el que se establece la sanción moratoria, por consignación tardía de las cesantías en el fondo.

Respecto al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que se desatendió

establece la sanción moratoria, por consignación tardía de las cesantías en el fondo.

Respecto al desconocimiento del precedente judicial, manifestó que se desatendió lo estipulado por la Corte Constitucional en las sentencias de unificación SU-098 de 2018, SU -332 de 2019 y SU -041 de 2020 y las sentencias del Consejo de Estado, en las que se definió que la Ley 50 de 1990 le resulta aplicable a los docentes vinculados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y, por ello, tiene n derecho al reconocimiento de la sanción por mora derivada de consignación tardía de las cesantías anuales, entre ellas citó como desconocidas

2 Que reglamentó el régimen de cesantía de la Ley 344 de 1996, ley que la actora estimó aplicable por virtud del Decreto 1252 de 2000.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02496-00

Demandante: Andrea López Domínguez

4 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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las siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta Corporación del 6 de agosto de 2020 3, 24 de enero de 201 94, 29 de julio de 2019 5, 2 de diciembre de

las siguientes sentencias de la Sección Segunda de esta Corporación del 6 de agosto de 2020 3, 24 de enero de 201 94, 29 de julio de 2019 5, 2 de diciembre de 20196, 10 de junio de 2020 7, 22 de octubre de 2020 8, 12 de noviembre de 2020 9, 17 de junio de 2021 10, 4 de noviembre de 2021 11, 25 de noviembre de 2021 12, 11 de noviembre de 202113, 20 de enero de 202214, 3 de marzo de 202215, 28 de abril de 202216, 9 de mayo de 202217, 19 de mayo de 202218, 1 de julio de 202219, 22 de agosto de 202220 y 22 de septiembre de 202221.

Agregó que, el Consejo de Estado, en un reciente pronunciamiento del 23 de marzo de 2023 analizó un caso con u na idéntica naturaleza, en el que dio por superados los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela y, de manera específica, consideró que el juzgador de segunda instancia incurrió en desconocimiento del precedente, con fundamento en lo cual, solicitó se profiera sentencia de tutela en igual sentido dentro del presente asunto.

Adujo que las sentencias citadas no fueron tenidas en cuenta en la providencia objeto de tutela, ni sobre ellas hubo algún tipo de pronunciamiento al interior del proceso ordinario.

Finalmente, destacó que el tribunal demandado también desatendió sentencias dictadas por diferentes juzgados y tribunales administrativos del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.

dictadas por diferentes juzgados y tribunales administrativos del país, que, según dice, junto con las providencias ya citadas, reconocieron la aplicación de la Ley 50 de 1990 a los docentes públicos.

4. Trámite Previo

El despacho sustanciador , en auto del 16 de mayo de 2023, admitió la acción de tutela, ordenó notificar a la demandante y a los magistrados que conforman el Tribunal Administrativo del Quindío, al Juzgado Primero Administrativo de Armenia,

3 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 6 de agosto de 2020, Exp. 08001 -23-33000-201300666-01 (083316), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 4 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 24 de enero de 2019, Exp. 76001 -23-3100020090086701 (48542014), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 5 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 29 de julio de 2019, Exp. 11 001-0315000-201803499-01, C.P. Nicolás Yepes Corrales. 6 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 2 de diciembre de 2009, Exp. 08001 23 33 000 2014 00173-01 (168816), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas

7 Consejo de Estado, Sección Segunda, s entencia del 10 de junio de 2020 , Exp. 08001-23-33000-201400208-01(03242016), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 8 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de octubre de 2020, Exp. 08001-23-31000-201400254-01(49602017), C.P. William Hernández Gómez. 9 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 12 de noviembre de 2020 , Exp. 08001 -23-33000-201400132-01, C.P. William Hernández Gómez. 10 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencias del 17 de junio de 2021, Exp. 08001 23 31 000 2014 00815 01 (4979 – 2017), C.P. Gabriel Valbuena Hernández y Exp. 08001 -23-33000-201500331-01), C.P. César Palomino Cortés. 11 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 4 de noviembre de 2021, Exp. 19001 -23-33000-20150044502(0483-20), C.P. William Hernández Gómez. 12 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021 , Exp. 08001-23-33000-201401127-01 (1002-2021), C.P. Sandra Liseth Ibarra; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 25 de noviembre de 2021, Exp.

40001-23-40000-201700134-01 (2208-2020), C.P. William Hernández Gómez. 13 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021 , Exp. 080001-2340-000-201590008-01 (2387-2020), C.P. William Hernández Gómez; Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de noviembre de 2021, Exp. 080001-2340-000-201490022-01 (5154-2016), C.P. Gabriel Valbuena Hernández. 14 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 20 de enero de 2022, Exp. 080001-2333-000-201700931-01 (10012021), C.P. Gabriel Valbuena Hernández 15 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 3 de marzo de 2022, Exp. 080001-2333-000-201500075-01 (26602020), C.P. William Hernández Gómez. 16 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 28 de abril de 2022 , Exp. 76001-23-33000-201300756-01 (22242020), C.P. Carmelo Perdomo Cuéter. 17 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 9 de mayo de 2022, Exp. 080001-2340-000-201700795-01 (26592020), C.P. Rafael Francisco Suárez Vargas.

18 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-2333-000-201900359-01 (40042021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 19 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 19 de mayo de 2022, Exp. 47-001-2333-000-201900376-01 (44622021), C.P. Sandra Liseth Ibarra. 20 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de agosto de 2022, Exp. 08001-23-33000-201500509-01 (21402020), C.P. César Palomino Cortés. 21 Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 22 de septiembre de 2022, Exp 08001 -23-33000-201590124-01 (2394-2020), C.P. César Palomino Cortés.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02496-00

Demandante: Andrea López Domínguez

5 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

Señor ciudadano este documento fue firmado electrónicamente. Para comprobar su validez e integridad lo puede hacer a través de la siguiente dirección electrónica : https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8086/Vistas/documentos /evalidador.aspx

a la Nación – Ministerio de Educación Nacional, Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y al departamento del Quindío, como terceros interesados en el resultado del proceso . Asimismo, publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados y

Sociales del Magisterio y al departamento del Quindío, como terceros interesados en el resultado del proceso . Asimismo, publicar en la página web del Consejo de Estado la providencia para el conocimiento de todos los terceros interesados y ordenó notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado.

5. Oposición

El Tribunal Administrativo del Quindío y el Juzgado Primero Administrativo de Armenia guardaron silencio.

6. Intervención de los terceros interesados

La Nación – Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio afirmó que la acción de tutela es improcedente, dado su carácter residual y subsidiario y, que, en el caso concreto, la vulneración alegada no se encuentra probada.

Indicó que, si bien, l a accionante presenta la presunta vulneración del derecho al debido proceso y la transgresión de algunos principios de naturaleza constitucional, no logra edificar una fundamentación clara sobre la concreta relevancia constitucional y la necesidad de la intervención del juez de amparo para hacer cesar las presuntas vulneraciones a los derechos fundamentales invocados, pues, no basta con mencionar que se viola el debido proceso, sino que debe asumirse una carga argumentativa mayor que demuestre una real y co ncreta amenaza o vulneración a los derechos fundamentales, vale recordar que como lo establece sentencia SUJ-012-S2 de 18 de julio de 2018 del Consejo de Estado.

Afirmó que en el presente caso no se demostró que la vulneración alegada comprometa gravemente la existencia o supervivencia del accionante, ni el acceso a la administración de justicia y tampoco se acredit ó que exista una vulneración

Afirmó que en el presente caso no se demostró que la vulneración alegada comprometa gravemente la existencia o supervivencia del accionante, ni el acceso a la administración de justicia y tampoco se acredit ó que exista una vulneración indirecta de los derechos fundamentales de las personas naturales que tienen relación con la tardanza en la respuesta a sus solicitudes, tal y como lo ha expuesto la jurisprudencia de la Corte.

En este caso, considera que se presenta como debate procesal una controversia de naturaleza estrictamente económica, un litigio que involucra intereses privados, situación que excede la competencia del juez de tutela, por carecer de absoluta relevancia constitucional, por la cual debería declararse improcedente la presente acción de tutela.

Precisó que la sentencia SU -098 de 2018 tuvo su origen en la revisión que hizo la Corte Constitucional de una sentencia de tutela proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado que revoc ó la decisión que, en primera instancia, había proferido la Sección Cuarta de la misma corporación y orden ó a la Sección Segunda, Subsección B de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado emitir un nuevo fallo en el que se tuviera en cuenta las consideraciones referentes a la aplicación del principio de favorabilidad e interpretación conforme a la Constitución, esto es, en torno al derecho de los docentes al reconocimiento y pago de la sanción moratoria establecida en la Ley 50 de 1990. En cumplimiento de la anterior decisión, la Sección Segunda del Consejo de Estado emitió sentencia del 24 de enero de 2019 y, en su lugar, conden ó a título de restablecimiento del derecho al municipio de Santiago de Cali a realizar el reconocimiento y pago de la

de la anterior decisión, la Sección Segunda del Consejo de Estado emitió sentencia del 24 de enero de 2019 y, en su lugar, conden ó a título de restablecimiento del derecho al municipio de Santiago de Cali a realizar el reconocimiento y pago de la sanción moratoria “prevista en el artículo 99 de la Ley 50 de 1999, equivalente a un día de salario por cada día de retardo desde el 15 de febrero de 2007 hasta el 1 de octubre del mismo año porque el municipio de Cali no realiz ó la afiliación delRadicado: 11001-03-15-000-2023-02496-00

Demandante: Andrea López Domínguez

6 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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docente al FOMAG y, por ende, tampoco realiz ó la consecuencia consignación de las cesantías.

Señaló que debe prevalecer la independencia y autonomía de quienes cumplen la función judicial, de tal modo que verdaderamente se cumpla la esencia de la misión de administrar justicia.

Adujó la falta de legitimación en la causa por pasiva y solicitó ser desvinculado del trámite constitucional de la referencia, puesto que no es la responsable de los hechos y omisiones presentadas en el escrito inicial.

La Fiduprevisora S.A , en calidad de vocera y administradora del Patrimonio

trámite constitucional de la referencia, puesto que no es la responsable de los hechos y omisiones presentadas en el escrito inicial.

La Fiduprevisora S.A , en calidad de vocera y administradora del Patrimonio Autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, explicó que por disposición del artículo 2 del Decreto 1582 de 1998, las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990 podrán administrar en cuentas individuales los recursos para el pago de las cesantías, que, esta modalidad de administración corresponde exclusivamente a las entidades administradoras de cesantías creadas por la Ley 50 de 1990, no así para el Fomag, que se creó mediante la Ley 91 de 1989 bajo el principio de unidad de caja y, por tanto, las cesantías de los docentes no se administran en cuentas individuales.

Indicó que, la totalidad de recursos con que se constituye el Fomag conforman el patrimonio autónomo que se administra por medio de un esquema fiduciario al que se refiere la Ley 91 de 1989. En ese sentido, los recursos se administran conforme a las indicaciones de la mencionada ley, las cláusulas del contrato fiduciario y las determinaciones que apruebe el Consejo Directivo del F omag.

Que, de igual forma el artículo 57 de la Ley 1955 de 2019, dispone que “Para el pago de las prestaciones económicas y los servicios de salud, el Fondo deberá aplicar el principio de unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas en la ley, ...”, en ese sentido, el principio de unidad de caja permite que con el recaudo de todos los rubros se conforme una caja común destinada a atender el

unidad de caja con el fin de lograr mayor eficiencia en la administración y pago de las obligaciones definidas en la ley, ...”, en ese sentido, el principio de unidad de caja permite que con el recaudo de todos los rubros se conforme una caja común destinada a atender el pago de las obligaciones asumidas, en este caso, lo corre spondiente a las prestaciones económicas de los docentes (incluidas las cesantías y los intereses de las cesantías) y los servicios de salud.

Con fundamento en lo cual afirmó que, en primer término, en el Fomag no hay cuentas individuales para los docentes, y segundo, los valores que corresponden a las cesantías no se consignan, sino que ya están presupuestados y trasladados al fondo, desde el primer mes de cada vigencia.

Reiteró los argumentos de defensa que expuso la Nación – Ministerio de Educación Nacional.

El departamento del Quindío no se pronunció sobre los hechos que dieron origen a la presente acción.

7. Intervención adicional de la parte actora

El apoderado de la parte actora allegó escrito adicional en el qu e se opuso a las contestaciones que allegaron el Ministerio de Educación y la Fiduprevisora S.A., seguidamente, insistió en la aplicación del régimen de liquidación y pago del auxilio de cesantías para la totalidad de los servidores públicos del orden territorial, en los términos el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , en la motivación de la sentencia098 de 2018 de la Corte Constitucional, se refirió a la sentencia del 10 de julio de 2018

términos el artículo 99 de la Ley 50 de 1990 , en la motivación de la sentencia098 de 2018 de la Corte Constitucional, se refirió a la sentencia del 10 de julio de 2018 de la Sección Segunda, Subsección B del Consejo de Estado – CE-SJ2-012-18.Radicado: 11001-03-15-000-2023-02496-00

Demandante: Andrea López Domínguez

7 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601-350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co

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Reiteró que existe vulneración a l principio de favorabilidad por la inaplicación del artículo 99 de la Ley 50 de 1990.

En lo demás, señaló las razones por las que la acción de tutela de la referencia cumple con los requisitos de procedencia para cuestionar providencias judiciales.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

La acción de tutela está consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política, reglamentado por el Decreto 2591 de 1991, que en el artículo 1 .º establece: “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acció n o la omisión de cualquier autoridad

mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acció n o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos que señala este decreto ”.

Esta acción procede cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Acción de tutela contra providencias judiciales

En cuanto a la acción de tutela como mecanismo para controvertir providencias judiciales, se precisa que, de manera excepcional, se reconoce la procedencia cuando se advierte la afe ctación manifiesta de los derechos constitucionales fundamentales.

La Sala Plena de lo Contencioso A